En la década del ochenta, el antropólogo Jorge Casanova preguntó a los indígenas Siekopai —a quienes antes se llamaba secoya— las razones por las cuáles migraron desde Lagartococha hasta el Cuyabeno. Le explicaron que escucharon los disparos de los enfrentamientos entre Ecuador y Perú, por lo que huyeron. Un dato que reafirmaba la información recogida por el antropólogo William Vickers alrededor de 1974. Estos recuerdos de esta migración abren una grieta en la historiografía sobre el conflicto, que no estudia el efecto de la guerra sobre los pueblos indígenas fronterizos.

Los indígenas Siekopai han tenido históricamente el hábito de migrar, como muchos pueblos amazónicos. La muerte de un chamán, una alianza matrimonial o la búsqueda de más recursos del bosque impulsó muchos de sus traslados, podían estar tres o cuatro años en un sitio para volver a partir. Pero si se mira el asunto de forma más amplia, si se considera la Amazonía de Sudamérica, se observará que la transhumancia —o el traslado periódico de un lugar a otro— es una patrón común entre muchos pueblos indígenas. Como quedó plasmado en el paradigmático estudio Mobility and Migration in Indigenous Amazonia editado el 2009 por Miguel Alexiades, el comercio de larga
distancia, las exploraciones, el nomadismo, la demanda de trabajo o desplazamiento forzado han creado flujos incesantes en los pueblos indígenas amazónicos.

Este último tipo de desplazamiento —el forzado— tuvo lugar en 1941. Fue un traslado que no surgió por un deseo interior, ni por un hábito, sino por la coerción, por el miedo a las armas de los ejércitos peruanos y ecuatorianos. Ante la amenaza, los indígenas abandonaron Lagartococha o Pëkëya —en el idioma de los Siekopai— para ir al Cuyabeno, en un área más accesible a la influencia misionera y estatal.

A mediados del siglo XX, el Estado ecuatoriano entendía que existía “el problema del indio”. En la literatura política y jurídica de la época era común la descripción de los pueblos indígenas como un peso que retrasaba el avance del país. Una carga que era más pesada si los indígenas no eran cristianos, no hablaban español y no eran sedentarios. Para este sólido racismo de Estado fue bien vista la intervención del Instituto Lingüístico de Verano estadounidense, que prometía aculturizar a los pueblos indígenas, por lo que se firmó 1952 un convenio para que actúe en las selvas de Ecuador. Pero en esta organización, los misioneros no solo estaban pertrechados con una biblia, sino que tenían formación en antropología, medicina, lingüística y contaban con avionetas y medios de comunicación que les permitían actuar en los puntos más apartados de América Latina.

En 1955 llegaron a los asentamientos Siekopai en el Cuyabeno dos de estos misioneros estadounidenses. Los misioneros atacaron las prácticas chamánicas y los asentamientos dispersos, fomentando la concentración de la población alrededor de una pista de aterrizaje en la que ofrecían atención médica y una escuela. La atracción de la población a un espacio central hacía más fácil modificar hábitos culturales y al mismo tiempo reducía el área de ocupación indígena. El interés de volver sedentarios y concentrar a los pueblos indígenas en un espacio, fue una técnica muy usada para preparar la futura desposesión de sus territorios con la llegada de nuevos actores. Ofreciéndoles un lugar con tierras menos pantanosas, los misioneros les propusieron trasladarse a los indígenas Siekopai hasta San Pablo, en Shushufindi en 1973, un sitio en el que se acababa de descubrir una de las mayores reservas petroleras de Sudamérica.

Ecuador siempre añoró poblar el oriente, pero solo a partir de los sesenta, creó el Instituto de Reforma Agraria y Colonización que tenía entre sus principales propósitos otorgar títulos de propiedad a campesinos en zonas selváticas. Aunque los primeros programas fueron dirigidos a Santo Domingo, con el descubrimiento de petróleo en 1967, la Amazonía se convirtió en el principal destino. Tras la apertura de la carretera en 1972, grandes olas de personas migraron a Lago Agrio que era el epicentro de la explotación, pero luego se dirigieron a Shushufindi. Entonces, los indígenas Siekopai se vieron en la paradójica posición de pedir un título de propiedad al instituto de colonización.

Vickers acompañó a los indígenas Siekopai en el trámite, pero el funcionario Salvador Cevallos pidió paciencia, los colonos tenían prioridad porque les costaba adaptarse: “es más difícil para ellos que para los indios, por lo tanto, los indios tendrán que esperar”. Durante esa demora, en las zonas que cazaban los indígenas Siekopai, se asentó en 1977 la pre-cooperativa de colonos Pantera y la compañía Palmeras del Ecuador recibió una concesión de 9.850 hectáreas. Pero mientras ocurría este proceso de arrinconamiento, el trámite lentamente avanzó, hasta que obtuvieron en 1978 un título por 7.043 hectáreas, un espacio menor que el que controlaba la empresa de palma africana. La razón fue que los funcionarios del IERAC buscaban nuevamente concentrar a la población en un espacio acotado, porque como señala Vickers los funcionarios “no entienden o rechazan la posibilidad de proteger el patrón indígena de usar el terreno, que está basado en cultivos rotativos, caza, pesca, y poblados en un extenso territorio natal”.

Una característica de la configuración del espacio para los pueblos indígenas amazónicos —como explica el referido Alexiades— es que el territorio no necesariamente es un bloque continuo y unitario, sino que puede estar determinado por relaciones sociales o simbólicas con espacios distantes. La  Corte de Sucumbíos resolverá la petición de los indígenas Siekopai de sumar a sus territorio un área ubicada en Lagartococha en la que estuvieron asentados, que han visitado periódicamente para tomar yagé y en el que construyeron un centro espiritual. El caso revierte complejidad porque están presentes pueblos kichwa en el sector, pero, en el criterio que usen los magistrados deberán ponderar la historia Siekopai y su forma propia de transitar en la selva.