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28 de Mayo del 2018
Historias
Lectura: 16 minutos
28 de Mayo del 2018
Redacción Plan V
El Reglamento a la Ley contra la Violencia a la mujer crea polémica

La violencia contra la mujer provoca reacciones encontradas en el país y en el exterior. 

 

El presidente Lenin Moreno expidió el Reglamento a la Ley, que precisa las medidas cautelares que se podrán aplicar en caso de violencia contra la mujer. Estas no se circunscriben al ámbito doméstico e incluyen la posibilidad de encarcelar a un presunto agresor tomando en cuenta solo la palabra de víctima, así como crear un Registro de agresiones en el que los datos de las presuntas víctimas son reservados, pero no los de los agresores.

Si se lee rápido el Reglamento de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres,que el presidente Lenin Moreno emitió el 15 de mayo del 2018, queda la duda sobre si la norma respeta criterios como la presunción de inocencia o si se refiere a las relaciones de pareja o a cualquier ámbito en que se relacionen hombres y mujeres. 

En efecto, la norma legal, que cuenta con 56 artículos, ocho disposiciones transitorias y una disposición final, reglamenta la Ley, que fue aprobada el 25 de noviembre del 2017, pero ha llamado la atención de algunos sectores. 

La norma legal, que cuenta con 56 artículos, ocho disposiciones transitorias y una disposición final, reglamenta la Ley, que fue aprobada el 25 de noviembre del 2017, pero ha llamado la atención de algunos sectores.

En el texto legal se precisa que las medidas administrativas de protección, entre las que se encuentra la detención de un presunto agresor, se concederán "con el solo relato de la víctima" o de cualquier persona solicitante, en un esquema que recuerda a la de la antigua Ley 103, cuyas medidas cautelares -que incluían la expulsión de su casa del supuesto agresor- fueron en gran medida derogadas con la aprobación del Código Integral Penal. 

En efecto, durante el correísmo, las medidas cautelares de la Ley 103 desaparecieron, pues se consideró que si se cometían delitos en el ámbito de las relaciones de pareja, éstos debían ser investigados por la Fiscalía y ser procesados por la justicia penal, con las respectivas valoraciones de las pruebas y testimonios. 

Pero el riesgo de las víctimas, dice la  nueva norma, será valorado de acuerdo con criterios como la existencia de amenazas a la "dignidad e integridad" de las posibles víctimas, y otros aspectos como la posibilidad de que el agresor se lleve a los hijos o animales domésticos de la víctima. 

El hecho de que la persona agresora tenga "formación militar o policial" también podrá valorarse en su contra. En el último literal quedó el que el presunto agresor tenga acceso a armas de fuego y sepa cómo usarlas. 

El mero temor de que una mujer pueda ser víctima de un ataque contra ella o sus dependientes, o que haya dependencia económica de la víctima también deberá ser valorado por la autoridad que concederá estas medidas, en este caso, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos en los municipios y las tenencias políticas en las parroquias. 

La norma restablece la salida del hombre de su hogar si llega a convertirse, a criterio de las denunciantes, en "una amenaza para la integridad física, sicológica o sexual o para la vida de la mujer", con lo que se vuelve al esquema de la antigua Ley 103, que permite sacar de su casa a los hombres sin considerar si tienen medios o condiciones para mudarse. Aunque el Reglamento evita usar la palabra "hombre" y la reemplaza por "persona agresora", muchas oraciones se refieren exclusivamente al caso de las mujeres presuntamente agredidas por sus parejas masculinas. 

Para presentar las denuncias, se deberá entregar toda la información posible sobre la "persona agresora", lo que incluye "Sexo, edad, autoidentificación étnica, situación socio-económica, identidad de género, orientación sexual, nivel de instrucción, condición migratoria, estado civil", entre otros. También la relación entre la persona agresora y la "víctima o posible víctima", lo que sacaría el tema del ámbito de las relaciones de pareja y podría llevarlo a relaciones laborales, de estudio o hasta de naturaleza profesional o política. También se deberá precisar el "tipo de violencia", lo que deja abierto el abanico de intepretación sobre qué conductas pueden considerarse violentas de manera subjetiva. 

Estas medidas, sin embargo, tendrán un control judicial, con la realización de una audiencia en la que un juez podrá revocar o confirmas las medidas.

Para la notificación, según la norma aprobada, no será necesaria una personal, pues bastará con enviar un correo electrónico a la dirección del denunciado. 

Estas medidas, sin embargo, tendrán un control judicial, con la realización de una audiencia en la que un juez podrá revocar o confirmas las medidas. Sin embargo, en la audiencia se prohíben las "revictimizaciones" y las "confrontaciones" entre la denunciante y el denunciado. Y aunque el juez podría derogar las medidas, estas podrán ser nuevamente presentadas a criterio de la presunta víctima. 

Los reparos sobre la presunción de inocencia

El Reglamento dispone la creación de un Registro Único de Violencias contra las Mujeres, que contendrá todos los datos de las presuntas víctimas y de los presuntos agresores, pero establece que habrá confidencialidad solo sobre los datos de las víctimas, sin mencionar la misma reserva para los presuntos victimarios, aunque el Registro se nutrirá de las denuncias que luego serán sometidas a control por parte de la justicia. 

Para el abogado Salim Zaidán, quien es un crítico de los esquemas legales que provocan alienación parental, en especial, para los padres divorciados, hay algunos aspectos cuestionables en el Reglamento aprobado por el presidente Lenin Moreno. 

Para Zaidán, se deberían revisar los alcances del artículo 14, que crea el Registro. Zaidán precisa que se establece un Registro de potenciales agresores sin que se haya comprobado si las denuncias son o no ciertas.

Destaca también que este tipo de denuncias, según el nuevo Reglamento, podrían extenderse a otros ámbitos y no solamente a las relaciones de pareja, cosa que sí estaba claramente especificada en la antigua Ley 103.

Zaidán cuestiona que se manejaron categorías en la Ley como la "violencia obstétrica" sin tomar en cuenta ningún tipo de criterio médico y científico, y cree que se  podría plantear demanda de inconstitucionalidad contra  la Ley y el Reglamento, pues las dos normas crean una división peligrosa entre hombres y mujeres.

Para Zaidán, la norma no se socializó con los hombres y no hay presunción de inocencia de las parejas masculinas de las mujeres, en especial, ya que cualquier testimonio es dado por auténtico por presunción del Reglamento. 

Para Salim Zaidán, la norma no se socializó con los hombres y no hay presunción de inocencia de las parejas masculinas de las mujeres, en especial, ya que cualquier testimonio es dado por auténtico por presunción del Reglamento.

Zaidán admite que aunque es cierto que la medida cautelar puede ser urgente, en especial en casos de violencia doméstica, no hay ninguna sanción para denuncias falsas, porque hay reserva de las denunciantes, y no hay ninguna responsabilidad ulterior en caso de que se trate de acusaciones maliciosas. Al mismo tiempo, se persiste con estereotipos como el de los hombres violentos y las mujeres víctimas, y se omite a hombres que pueden ser violentados por sus mujeres. 

Para el abogado, un criterio fundamental en este tema debe ser el de la verosimilitud de la denuncia, y se debe analizar el caso de la flagrancia, en especial, si esta procede o o no. Zaidán cree se está copiando modelo de Argentina y España así como criterios dudosos del #metoo norteamericano, que fue denunciado por intelectuales francesas como una campaña moralista y conservadora.

"Pero es la característica del puritanismo tomar prestado, en nombre de un llamado bien general, los argumentos de la protección de las mujeres y su emancipación para vincularlas a un estado de víctimas eternas, pobres pequeñas cosas bajo la influencia de demoníacos machistas, como en los tiempos de la brujería", dijeron en su momento las intelectuales francesas. 

"Esta fiebre para enviar a los "cerdos" al matadero, lejos de ayudar a las mujeres a empoderarse, en realidad sirve a los intereses de los enemigos de la libertad sexual, los extremistas religiosos, los peores reaccionarios y los que creen -en nombre de una concepción sustancial de la moralidad buena y victoriana- que las mujeres son seres "separados", niñas con una cara de adulto, que exigen protección", agregaron. 

El comunicado de las intelectuales francesas precisó también que "como mujeres, no nos reconocemos en este feminismo que, más allá de la denuncia de los abusos de poder, toma el rostro del odio hacia los hombres y la sexualidad. Creemos que la libertad de decir no a una propuesta sexual no existe sin la libertad de importunar. Y consideramos que debemos saber cómo responder a esta libertad para importunar de otra manera que encerrándonos en el papel de la presa".

Finalmente, Salim Zaidán sostiene que este tipo de normas pueden servir para obstruir vinculos parentales, al impedir con el argumento de la supuesta violencia que los padres separados tengan una relación normal con sus hijos. 

Hubo críticas a la norma también provenientes de movimientos católicos. En la red social Twitter, Amparo Medina, del grupo denominado #ConMisHijosNoTeMetas, dijo que “el decreto 397 de @Lenin entrega aborto químico a adolescentes, adoctrina a nuestros hijos con ideología de género, imponiendo diversidad de mujeres y nuevas masculinidades, olvidando que solo se nace hombre y mujer, señor presidente #conmishijosnotemetas”, advirtió la activista católica. El grupo reunió el año pasado concentraciones de creyentes en especial en Guayaquil para denunciar lo que consideran es una "ideología de género". 

La crítica de los movimientos católicos se centra en la transitoria Quinta del Reglamento, que fija un plazo de 180 para que el sistema educativo incluya en las mallas curriculares "la transversalización de género, nuevas masculinidades, mujeres en su diversidad, prevención y erradicación de la violencia contras la mujeres, cambio de roles y eliminación de estereotipos de género".

Cuestión de vida o muerte

Desde el feminismo, en cambio, se celebró la promulgación del Reglamento. En declaraciones al diario El Comercio, Virginia Gómez de la Torre, de la Coalición Nacional de Mujeres, sostuvo que el Reglamento y sus medidas reducirán las muertes de mujeres que son asesinadas en su casa por maridos, convivientes o ex parejas. 

La dirigente sostuvo también que las campañas en redes sociales de los grupos católicos están erradas, pues se quiso posicionar que el Reglamento autoriza al uso masivo de la píldora del día después.

Gómez de la Torre  de la Coalición de Mujeres criticó  a los grupos católicos, que “no se manifestaron con rapidez respecto al tema de abuso sexual y violaciones en la Iglesia Católica” y sus argumentos son una“calumnia”. “Ni el Reglamento ni la Ley están planteando la mentira que están diciendo… entregar las pastillas de aborto químico a las niñas”.

Gómez de la Torre criticó  a los grupos católicos, que “no se manifestaron con rapidez respecto al tema de abuso sexual y violaciones en la Iglesia Católica” y sus argumentos son una“calumnia”. “Ni el Reglamento ni la Ley están planteando la mentira que están diciendo… entregar las pastillas de aborto químico a las niñas”. La activista agregó  que "lo importante es que se hagan los trámites necesarios para incluir los temas de prevención de violencia en el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados" según reseñó El Comercio.

La aprobación de la Ley, un proceso que había sido iniciado en 2014, pretende combatir la desigualdad entre hombres y mujeres y los estereotipos de género, se dijo desde el feminismo. 

La postura del MIES

En enero de este año, la ministra de Inclusión Social, Berenice Cordero, presentó un Acuerdo Ministerial sobre el tema. El acuerdo se refiere a violencia sexual, violencia por discapacidad, violencia contra los adultos mayores, violencia contra la niñez y la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

“Nosotros buscamos que en el proceso de atención de las víctimas se considere seriamente el relato de la víctima, el derecho que tiene a ser escuchado y que se tomen en cuenta sus opiniones en todas las etapas del procedimiento administrativo en el ámbito de la confidencialidad que debe garantizarse”, había advertido la ministra.

La ministra de Inclusión Social, Berenice Cordero, cree que el Estado debe brindar acompañamiento a las mujeres. 

La secretaría de Estado anunció la implementación de un proyecto denominado Escuelas de familia y su Ministerio de Inclusión Social (MIES) se comprometió a "la atención y acompañamiento a la víctima por medio de los profesionales". El registro de casos había sido una de las propuestas de la ministra, con el objetivo de darles seguimiento. 

“El 80% de los casos de abuso sexual se producen en el entorno de la familia, el perpetrador es alguien muy conocido, muy querido y la víctima le tiene confianza, respeto y cariño. El perpetrador abusa de esa condición e impone el silencio a la víctima”, sostuvo la ministra. 

También publicó una investigación sobre abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes en el Ecuador en el año 2009, según la cual un 21,4% de los menores entre 0 y 18 años habrían sufrido abuso sexual. El maltrato extremo en la familia en el año 2000 se situó en un 35%, en el 2010 subió al 45% y en 2015 la cifra bajó al 38%, según una encuesta que realizó el Observatorio de los Derechos de la Niñez, citado por la Ministra.

En el caso de las normas del Ministerio de Inclusión, se dispuso la confidencialidad sobre la información personal de la persona afectada. 

Este portal solicitó una entrevista con la subsecretaria del MIES, Rocío Rosero, para recoger sus criterios sobre esta polémica, pero no obtuvo respuesta. 

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