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27 de Julio del 2021
Historias
Lectura: 16 minutos
27 de Julio del 2021
Redacción Plan V
El relleno sanitario de Quito ha sobrevivido entre parche y parche
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Imagen panorámica del cubeto 9B del relleno sanitario tomada en junio de 2020. Se puede observar toneladas de basura que pasaron días sin ser enterradas. Foto: Archivo PlanV

 

Durante la administración de Jorge Yunda, la ciudad estuvo al borde de una emergencia ambiental por la demora en la construcción del cubeto 10 y por la falta de tratamiento de los lixiviados. En medio de contrataciones, calificadas como dudosas, la EMGIRS ha buscado manejar estos problemas a contrarreloj. La vida útil del relleno terminará en 2024 ¿y después qué?

 

La amenaza de los lixiviados

El tratamiento de los lixiviados ha sido la mayor piedra en el zapato para la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS) y una amenaza constante al entorno del relleno sanitario. Estos son los líquidos residuales que genera la descomposición de los desechos orgánicos junto a los inorgánicos, y que, además, son altamente contaminantes. De ahí su necesidad de tratamiento especializado para que estos puedan ser descargados a los afluentes.

Pero el relleno sanitario del Inga ha tenido permanentes dificultades para ese proceso. En junio de 2020, 10 piscinas estaban llenas con estos líquidos, según las imágenes que captó PlanV en esa fecha. Y las dos plantas de tratamiento estaban fuera de operación. Una de esas plantas es la PTL, que no tenía una empresa que la operara porque el contrato con esa compañía finalizó en diciembre de 2019. Es decir, la ciudad seguía arrojando basura en el relleno y acumulando sus lixiviados desde enero de 2020 hasta agosto de ese año.

Esto derivó en que la EMGIRS declarara la emergencia el 24 de junio de 2020. Durante el proceso de emergencia se adjudicó a la empresa Villacapria, la misma empresa que ha ganado esas licitaciones desde 2014. Pero al poco tiempo, la nueva gerenta de la empresa, María Gabriela Dávila, dio por terminado ese contrato de forma unilateral porque no había iniciado el tratamiento ni había cumplido con los parámetros técnicos, dijo la funcionaria.

Confirmó a PlanV que cuando llegó a la gerencia existía una acumulación de lixiviados bastante importante por falta de decisiones definitivas sobre este problema. En su administración, la EMGIRS decidió no contratar una empresa privada para este tratamiento, algo que lo había hecho desde hace 10 años. Aseguró que en el último año se capacitó a los empleados para asumir este proceso.

Uno de los principales cambios es el lugar del depósito de los lixiviados. Después de cumplir con los parámetros que establece la norma, la EMGIRS estaba autorizada para descargar esos líquidos tratados en el río El Inga sin contaminación. Sin embargo, la empresa municipal y Villacapria han sido cuestionadas por no cumplir esos parámetros. Pero el representante de esa empresa, Juan Carlos Villacís, en una entrevista con Notimundo dijo que entre 2014 y 2019, periodo que se encargó del tratamiento, no hubo denuncias, ni problemas ambientales. Afirmó que su compañía desarrolló una fórmula específica para la planta PTL.


El desborde de las piscinas de lixiviados fue una amenaza constante. Para aumentar su capacidad, se aumentó los muros de las piscinas. Fotos: Archivo PlanV

Ahora, la EMGIRS deposita los lixiviados en los mismos terrenos del relleno sanitario, en el espacio de los cubetos que ya cumplieron su vida útil. Dávila informó que el Ministerio de Ambiente les otorgó la licencia ambiental correspondiente, el pasado 13 de marzo. Esto implica que los lixiviados ya no pasan por un tratamiento más exigente, como lo establece la tabla 9 para los límites de descarga a un afluente. Con ese permiso, la EMGIRS puede cumplir únicamente la tabla 3, que establece los criterios de calidad de aguas para riegos agrícolas. La gerenta explica que el fin no es agrícola, sino realizar riegos y aspersiones en las áreas verdes que se están creando dentro del relleno.

¿Es adecuada esta solución? José Luis Solano, ingeniero químico, explica que ese mecanismo se llama recirculación y es una alternativa, pero no la más eficaz. Dice que esos líquidos aún tienen concentraciones altas de lixiviado para la restauración ecológica. Sostiene que los lixiviados necesitan un tratamiento fuerte. “Si tiene metales pesados igual siguen contaminando solo que en otro lado”. Ese sistema se suele usar en rellenos sanitarios pequeños que reciben 12 a 14 toneladas, pero no en uno de las dimensiones de El Inga, agrega. Carlos Matovelle, especialista en tratamiento de aguas y lixiviados, cuestiona el cambio a la tabla 3, pues es más permisible en la concentración y baja el número de parámetros a cumplir. Dice que sí es posible un tratamiento idóneo de los lixiviados, pero la operación de una planta de estas características es costosa.

Ante la alta cantidad de lixiviados acumulados, las últimas gerencias decidieron aumentar los bordes de las piscinas para aumentar su capacidad. Estas medidas, dice Dávila, han permitido controlar la situación.


Maquinaria pesada se encarga de compactar la basura en el relleno sanitario, con el objetivo de aprovechar mejor el espacio.

José Luis Solano, ingeniero químico, explica que ese mecanismo se llama recirculación y es una alternativa, pero no la más eficaz. Dice que esos líquidos aún tienen concentraciones altas de lixiviado para la restauración ecológica.

Pero esta administración tampoco ha estado exenta de denuncias por contaminación de lixiviados. El pasado 20 de julio, se conoció que vecinos del relleno presentaron documentación a la Defensoría del Pueblo y un pedido para que se investigue posibles afectaciones por los lixiviados. Leonel Ramírez, presidente de la comunidad de El Inga, dijo a medios que las comunidades han sido afectadas por los malos olores; mientras que Jorge Piedra, presidente de la comunidad Itulcachi, afirmó que estos líquidos estaban siendo arrojados al río. Entre los materiales, están videos donde se observan descargas al río.

Pero Dávila sostiene que en esas imágenes no pertenecen a cómo hoy está el relleno, pero dijo que no puede confirmar la veracidad o no de las mismas. Para la gerenta, las denuncias de la comunidad se dieron después de que la Contraloría emitiera el informe DPPch-0032-2021, aprobado en abril pasado. Este examinó la asignación de los recursos provistos por la EMGIRS al Fondo de Compensación creado en favor de las comunidades afectadas directamente por el relleno sanitario de El Inga. Ese informe concluyó que 121 proyectos de compensación o inversión social fueron desarrollados sin aplicar procesos de contratación pública. Dávila dice que emitió una resolución que cambia la forma de entrega de esos recursos. “Ya no va a ser una entrega directa al dirigente para que de su cuenta contrate a quien crea conveniente, sino que debe pasar por un proceso de compras públicas”. Anuncia que la misma empresa los capacitará.

La empresa municipal realiza todos los meses, según la gerenta, análisis aguas arriba y abajo del río, en la zona de influencia del relleno. El Ministerio del Ambiente ha realizado tres inspecciones en los últimos meses, uno de ellos con los líderes comunitarios, para confirmar si existe una afectación o no.

Los cubetos y la sombra de la contratación

La construcción de un nuevo cubeto que reciba la basura de la ciudad también ha pasado de incendio en incendio. En junio de 2020, ya estaban prendidas las alarmas de que el cubeto 9B estaba por concluir su vida útil y no había otro espacio adecuado para la recepción de entre 2.200 y 2.300 toneladas de basura diarias de la capital.

La empresa había pasado por dos procesos de licitación para la construcción del cubeto 10, pero estos fueron declarados desiertos. Finalmente, Dávila firmó un convenio interinstitucional con la Empresa Metropolitana de Obras Públicas (EPMMOP), cuya legalidad también ha sido cuestionada.

Dávila afirma que debió priorizar que el servicio no sea interrumpido y acelerar la construcción del cubeto. “Pero nadie habla que ahorré un millón de dólares”, sostiene la gerenta.

El 18 de mayo pasado, el Concejo Metropolitano aprobó una resolución para una auditoría técnica sobre la construcción del cubeto 10. Lo hará el Colegio de Ingenieros de Pichincha. Asimismo solicitó que se oficie a la Contraloría para que realice un examen especial a la contratación y ejecución de esa construcción, y a la Procuraduría para que realice un control de legalidad del convenio interinstitucional.

En esa misma sesión, un dirigente del Comité de Empresa de los Trabajadores de la EMGIRS informó sobre riesgos de la construcción. Dijo que hubo un derrumbe en el talud occidental por la cercanía a la piscina de lixiviados y que había filtraciones.

El cubeto 9B se cerró en diciembre pasado. Sin embargo, el cubeto 10 no terminaba su construcción. Hasta que esa obra concluyera, la EMGIRS usó el espacio entre los cubetos 4 y 6 para depositar la basura. El cubeto 10 se concluyó en febrero, pero empezó a funcionar en abril pasado y recibirá la basura por un tiempo aproximado de 12 o 14 meses.

La empresa tiene previsto actualizar una consultoría de 2017 para saber el estado del relleno sanitario para la construcción del último cubeto, el número 11. La empresa espera que esté listo a mediados del próximo año. Una vez que este se llene, se usará el domo final para depositar los desechos y terminar el nivelado total del relleno y posterior a eso, su cierre técnico. La vida útil del relleno sanitario terminará en 2024.


Quito genera entre 2.200 y 2.300 toneladas de basura diaria y apenas se recicla en 5% o 6% de esa cantidad. Todo lo demás se entierra. 

Yunda, el ausente

En medio de la crisis, ¿qué hizo el entonces alcalde Yunda? El concejal Eduardo del Pozo dice que el exburgomaestre no estuvo pendiente de los asuntos prioritarios de la ciudad. “No se veía un liderazgo, un norte, una línea de acciones respaldadas por el exalcalde. No era parte de los directorios, ni tampoco estaba pendiente de lo que pasaba con la empresa. Por eso, existió esa crisis inmensa que hubo al inicio y que entre parches y parches logró ser solucionada”.

Yunda designó a Hernán Alvarado, quien dirigió la empresa desde junio de 2019 hasta el 1 de junio de 2020 cuando salió en medio de críticas a su gestión. Para el concejal, este primer gerente de la EMGIRS fue negligente.

Uno de los principales cuestionamientos contra Alvarado fue no haber contratado una empresa para la construcción del cubeto 10. Esa demora desembocó en que la tercera gerencia (a cargo de Gabriela Dávila) deba saltarse procesos contractuales y hacer un convenio con la EPMMOP para alcanzar a construir el cubeto y evitar una crisis, dice Del Pozo.

Pero también durante la gestión de Alvarado no se contrató una empresa que se encargue del tratamiento de los lixiviados. La empresa que se dedicaba a tratamientos de otro tipo de aguas no de lixiviados, pero no pudo cumplir con ese trabajo. Para Pozo, este fue otro contrato dudoso. Además, recuerda que ni siquiera se compraron los filtros que necesitaba una la planta de ósmosis inversa, que es una tecnología de membrana que permite eliminar la salinidad del agua. ¿Por qué algo tan básico en un relleno sanitario, de esas dimensiones, como el tratamiento de los lixiviados ha sido tan accidentado? El concejal dice que además de la negligencia, “pudo haber la intención de generar una crisis para contratar a dedo”.

Yunda aceptó la renuncia de Alvarado y fue reemplazado por Xavir Sinche, quien estuvo poco tiempo al frente de la EMGIRS. En diciembre pasado, Alvarado se convirtió en asesor del exalcalde.

“Una mala administración de una empresa, sumamente técnica, puede desencadenar en una crisis ambiental”, afirma el concejal.

Yunda designó a Hernán Alvarado, quien dirigió la empresa desde junio de 2019 hasta el 1 de junio de 2020 cuando salió en medio de críticas a su gestión. Para el concejal, este primer gerente de la EMGIRS fue negligente.


La vida útil del relleno sanitario finalizará en 2024. Las autoridades están concientes que es necesario el cambio a un modelo más sustentable. Pero los recursos son escasos.

Quito después de El Inga

Las autoridades municipales entienden que es necesario cambiar de modelo para que el manejo de los desechos sólidos sea más sostenible. La administración de la EMGIRS está en la búsqueda de nuevos predios una vez que finalice la vida útil del relleno de El Inga y espera contar antes de 2024 tecnología que priorice el reciclaje, como por ejemplo biodigestores.

Dávila dice que está a la espera de los lineamientos que determine la Secretaría de Ambiente sobre las tecnologías a adquirir. “No todas las tecnologías funcionan para América Latina, porque la composición de la basura de Europa o de Estados Unidos es muy distinta a la nuestra”. Descarta que se usen procesos de incineración de la basura.

Del Pozo afirma que el Municipio no tiene el presupuesto para un proyecto de estas dimensiones que sobrepasa los 100 millones de dólares. Por eso en la mesa de discusión está una alianza estratégica público-privada.

La mayor parte de los residuos de la capital es orgánica. La EMGIRS ha presentado un proyecto a la cooperación internacional para generar compostaje por aireación forzada. “Nosotros queremos que solo el 10% de la basura se deba enterrar”, dice Dávila.

La gerenta cree que la piedra angular en el cambio de modelo es la separación en la fuente. En la actualidad, esta empresa ha creado pastillas comunicacionales en sus redes sociales para incentivar el reciclaje. Tiene un eco centro, que funciona en el sur de Quito, donde se reciben desechos orgánicos, se procesan y convierten en abono orgánico, entre otras iniciativas.

Pero, ¿eso es suficiente para llegar a la meta de solo enterrar el 10% de la basura de la capital? La funcionaria reconoce que es necesario ampliar esa campaña, pero los recursos son escasos.

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