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19 de Julio del 2021
Historias
Lectura: 21 minutos
19 de Julio del 2021
Redacción Plan V
El retrato de un país que encarcela niñas por abortar
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De 148 casos analizados por HRW, 33 mujeres y niñas estuvieron en prisión por aborto. Foto: Luis Argüello. PlanV

 

En Ecuador, no solo se procesa a mujeres sino también a niñas por abortos. No solo judicializa a quienes decidieron interrumpir voluntariamente su embarazo, sino a aquellas que sufrieron abortos espontáneos, emergencias obstétricas o necesitaban atención postaborto. Hay mujeres que fueron a prisión por años sin sentencia. Otras fueron convencidas para que se declaren culpables. A otras, en cambio, las llevaron casi desnudas ante un juez para sentenciarlas. Esto es lo que revela una investigación de Human Rights Watch.


“Lucía fue violada mientras volvía de la escuela y, en junio de 2015, dio a luz sola en el baño de su casa. El bebé murió. Tenía 15 años cuando fue imputada por aborto y homicidio, y fue condenada a cinco años de prisión por homicidio. Pasó cuatro años y tres meses en una institución de menores luego de haber sido llevada ante un tribunal de adultos”. Ese es uno de los testimonios que trae la investigación ¿Por qué me quieren volver hacer sufrir?: El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador ,que Human Rights Watch (HRW) publicó la semana. Sus resultados se derivan del análisis de 148 casos de personas judicializadas por aborto entre 2009 y 2019.

Hasta ahora, es el estudio más completo sobre este tema en el país y ahonda en las situaciones que han pasado menores de edad y mujeres jóvenes. El 12% de esa muestra correspondió a menores de edad, es decir niñas y adolescentes que fueron procesadas y llevadas ante la justicia por abortar como Lucía, quien sufre ahora inseguridad, miedo y ansiedad. A su corta edad no entendía lo que le estaba pasando. “¿Por qué quieren culparme a mí si yo intenté salvar a mi hijo?”, le dijo la adolescente a su terapeuta, según cita HRW. Pero la violación de Lucía no fue investigada.

Lo mismo ocurrió con Fernanda, de 15 años. El informe dice lo siguiente: “fue condenada a 3 meses de tratamiento psicológico y recibió una advertencia verbal por aborto consentido. Fernanda quedó embarazada luego de haber sido violada en una fiesta y no deseaba seguir adelante con el embarazo. Se realizó un aborto con medicamentos. “Yo soy la que sufrió; ¿por qué me quieren volver hacer sufrir?”, le dijo a su terapeuta”, cita el estudio, cuya autora fue Ximena Casas, abogada e investigadora para las Américas de la división de Derechos de la Mujer de HRW.

Una de sus principales conclusiones es que en Ecuador ha judicializado no solo a mujeres y niñas que han deseado interrumpir voluntariamente un embarazo, sino también quienes tienen abortos espontáneos, emergencias obstétricas, o requieren atención postaborto. De los 148 casos analizados por Casas (ver entrevista), 38 cumplieron pena de prisión, 33 eran mujeres y niñas, y otros tres casos implicaban a dos mujeres y a una niña acusadas de homicidio tras una emergencia obstétrica.

“Tanto Delfina, de 17 años, como Josefa, de 21, ambas afroecuatorianas, sufrieron abortos espontáneos y debieron acudir al servicio de emergencias para recibir atención médica. Las dos fueron denunciadas a la policía por el personal médico y acusadas del delito de aborto consentido. Delfina fue condenada a 3 meses de arresto domiciliario, pero pasó 18 meses en esa situación mientras se desarrollaba su juicio. Josefa fue condenada a 7 meses de prisión y cumplió la totalidad de la pena”, son otros dos casos que además sostiene una de sus conclusiones: las mujeres y niñas judicializadas por abortar eran desproporcionadamente indígenas y afrodescendientes, casi todas pobres.

“Damarys, de 16 años, y María José, de 23, quienes se identificaron como miembros de comunidades indígenas, decidieron interrumpir sus embarazos no deseados. Damarys acudió a una clínica privada y María José tuvo una interrupción voluntaria del embarazo utilizando medicamentos. Ambas fueron acusadas de aborto consentido. Los defensores públicos que les asignaron les aconsejaron que se declararan culpables pues les dijeron que era la única forma de lograr condenas breves o incluso de evitar el encarcelamiento. Ambas aceptaron asumir su culpa y dieron su consentimiento para un procedimiento abreviado.  Ambas tuvieron una suspensión condicional de la pena, en donde se incluyó el cuidado infantil y la terapia psicológica para ayudarlas a aprender a ser “madres”, con el objeto de corregir un comportamiento, puesto que consideró que las mujeres necesariamente deben querer ser madres. El razonamiento judicial para la imposición de estas condiciones (en los casos en los que se explicitó), en general se basa en estereotipos sobre las mujeres como cuidadoras con una vocación natural de maternidad, y sobre las adolescentes o mujeres jóvenes como personas inmaduras que necesitan de orientación correctiva”.

Los defensores públicos que les asignaron les aconsejaron que se declararan culpables pues les dijeron que era la única forma de lograr condenas breves o incluso de evitar el encarcelamiento.

El documento de HRW encontró ese trato estigmatizante no solo en declaraciones realizadas por personal médico o policías, sino también en las decisiones de los jueces. No es la primera vez que un estudio halla este tipo de trato hacia las mujeres. En 2018, las investigadoras Mayra Tirira y Susana Godoy revelaron los prejuicios de los jueces en sus sentencias sobre femicidios. En resoluciones sobre aborto, el informe de HRW cita la siguiente resolución: “... la condeno como autora del delito de quitar la vida a un feto que vivía en su vientre materno, delito tipificado y reprimido en el Art. 149 del Código Orgánico Integral Penal”. Esa fue la condena para Rosa, una mujer de 18 años, quien acudió a un servicio de urgencias en 2015 con un aborto incompleto. El juez la condenó a 60 días de prisión.

En el caso de las niñas, la justicia ecuatoriana les ha impuesto penas que las obligan a recibir terapia psicológica y prestar servicios comunitarios en orfanatos o centros infantiles, dice el estudio. Esto también le pasó a Mónica, de 17 años, quien fue condenada a tres meses de orientación y apoyo familiar. Ella estaba embarazada de cuatro semanas cuando tomó un medicamento llamado Cytotec porque “no sabía qué hacer”. “Mónica les dijo a los médicos que había encontrado información en Internet sobre cómo usar las pastillas para inducir el aborto. Compró las pastillas por 30 dólares. Una hora después de tomarlas, comenzó a experimentar sangrado vaginal y contracciones. Mónica se asustó y llamó a una amiga, que la acompañó al hospital. El personal médico del hospital llamó a la policía, y Mónica fue acusada de aborto consentido”.

En el caso de mujeres jóvenes, estas han debido cumplir condenas en la cárcel incluso sin tener una condena. “Marta, una mujer de 25 años, probablemente de ascendencia indígena, acudió al servicio de urgencias en 2010 con una infección renal grave, tuvo un parto prematuro y el neonato falleció. Fue denunciada a la policía por el personal médico. Los médicos indicaron que había inducido el aborto con misoprostol. Marta pasó ocho años en prisión preventiva mientras se investigaba la denuncia en su contra por aborto consentido. La causa prescribió y Martha quedó en libertad sin ser juzgada”.

Elena, en cambio, fue condenada a 12 meses de prisión y tras siete meses fue puesta en libertad por buena conducta. Tomó medicamentos para interrumpir su embarazo y esto fue lo que le dijo al juez: “Sí, me apliqué las pastillas, pero fue por ocultar mi honra, yo no quería tenerlo porque era producto de una violación, yo no quería que mi familia se enterara de lo que había hecho”.

Otro hallazgo del estudio es que en el 58% de los casos, los defensores públicos aconsejaron a mujeres y niñas a que se declararan culpables para evitar un juicio, y acogerse a un proceso abreviado. El 81% de las acusadas en procedimientos abreviados cumplieron penas de prisión y el 19% restante enfrentó un juicio. Cecilia fue parte de esa mayoría que se declaró culpable. Tenía 22 años cuando decidió interrumpir su embarazo de 16 semanas. Tomó un medicamento que le provocó dolores y un sangrado. Fue al hospital y el personal médico la denunció a la policía, quienes le tomaron su declaración sin la presencia de un abogado. Fue condenada a cuatro meses de tratamiento psicológico y cuatro meses de servicio comunitario dos veces por semana. También se le exigió que se presente periódicamente ante la Fiscalía y que no cambie de domicilio.

A Jessica, en cambio, la denunciaron los dueños de casa. Tenía 18 años cuando se practicó un aborto con medicamentos con la ayuda de una amiga Karla. Ambas fueron detenidas y acusadas de aborto consentido. Estuvieron 17 días en prisión antes de declararse culpables, dice el informe. Aceptaron el proceso abreviado y fueron condenadas a recibir tratamiento psicológico, presentarse periódicamente ante la fiscalía, hacer trabajo comunitario y pagar una multa. En Ecuador, el aborto está penado con 1 a 3 años de prisión, con excepción en los casos que se practique para salvar la vida de una mujer o por violación, este último recién despenalizado por la Corte Constitucional. El personal médico denunció a Elena a la Policía y en ese momento empezó su calvario. Pero no fue la única.

Llevadas a la cárcel casi desnudas

De los 148 casos analizados por HRW, el 73% se iniciaron después de que un profesional de la salud denunciara a la paciente ante la policía, violando el secreto profesional. Pero el informe además narra cómo las mujeres fueron llevadas ante un juez casi desnudas y con su salud aún frágil. “Todavía sangrando debido a un procedimiento para quitarle restos de tejido del útero, Sara (38 años), desnuda salvo por la bata que tenía puesta, y con unas pocas compresas higiénicas, fue trasladada por la policía a una unidad de detención en medio de la noche y acusada de aborto consentido”, relata el documento. Y sigue: “Todavía con la bata del hospital, mareada y sangrando, Sara se encontró rodeada de hombres: el juez, la policía y el defensor público, mientras acataba los consejos del abogado y se declaraba culpable. Al mediodía, ya estaba camino a una cárcel en la localidad de Latacunga para cumplir una pena de un año y ocho meses. Luego de un año encarcelada, la hija de Sara se contactó con una abogada particular que pudo interponer un recurso que permitió que Sara cumpliera parte del resto de la pena fuera de la cárcel”.

A Soledad (38 años) también la llevó la Policía detenida a la cárcel de Latacunga, pese a que aún sangraba. “El doctor dijo que estaba bien, pese a que yo me paraba y me bajaba sangre y me dieron una toalla sanitaria. Mi esposo se arrodilló pidiendo que no me lleven, pero me llevaron. Estaba muy asustada y les pregunté: ‘¿Adónde me llevan? ¿Por qué me llevan?’ Al salir del hospital caminando, sentí mareos. Y así como estaba, me fui en la patrulla”. Ella fue al hospital después de sufrir una fuerte hemorragia y allí se enteró que había dado a luz de manera prematura en el baño de su casa. Pero la acusaron de homicidio agravado.  “Cuando llegué a Latacunga, fue tres noches sangrando. Estuve empapada de sangre hasta la espalda. Les pedí que llamaran a los médicos; [les dije] que me iba a morir, y la policía me decía ‘silencio’”. Estuvo cinco meses en la cárcel, antes de ser declarada inocente.

Historias increíbles de abortos inseguros

El informe de HRW pone énfasis en la falta de acceso a información sobre salud sexual y reproductiva y a servicios de salud por las que pasan mujeres jóvenes, que viven situaciones precarias y pertenecen a grupos marginados. Esto las deja vulnerables a  abortos inseguros que ponen en riesgo su salud.

La historia de Mabel revela las consecuencias de esas limitaciones. En 2014, ella se introdujo un cuchillo en el abdomen para intentar poner fin a un embarazo no deseado. Era madre soltera de un niño de 4 años y trabajadora del hogar. Fue llevada a urgencias y condenada a realizar un tratamiento psicológico, prestar servicio comunitario y cumplir con visitas regulares de supervisión en la fiscalía, según HRW.

Otro caso levantado por la organización es el siguiente: “En 2009, Gladis, una mujer identificada como indígena, se inyectó en el abdomen “Perrofin”, un veneno que se utiliza para matar animales callejeros, con el fin de interrumpir un embarazo no deseado. Más tarde se presentó en una sala de urgencias, donde los médicos la denunciaron ante la policía. Gladis fue condenada a dos meses de prisión por aborto consentido”.

   Entrevista   

Legislar un tema de salud esencial como la interrupción legal del embarazo, no es la manera adecuada

Ximena Casas,

abogada e investigadora para las Américas de la división de Derechos de la Mujer de HRW

¿Qué es lo que más le sorprendió de Ecuador durante su análisis sobre la criminalización del aborto?

Uno de los temas que me llamó la atención fue descubrir que las mujeres y las niñas del Ecuador no solo están siendo judicializadas por interrumpir su embarazo voluntariamente, sino quienes tienen abortos espontáneos, emergencias obstétricas y requieren atención post aborto. Y me llamó la atención porque en el 2019, en el debate legislativo, uno de los argumentos fue que las mujeres no están siendo judicializadas. Al hacer esta investigación profunda, hay un récord. Los datos de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y del Consejo de la Judicatura demuestran que las mujeres y niñas sí están siendo judicializadas. 

Lo segundo que me llamó la atención es que la judicialización y la criminalización afecta a todas, pero en particular a aquellas que están en situaciones de vulnerabilidad: las mujeres jóvenes en situación de pobreza, especialmente indígenas y afrodescendientes. Más del 60% de los casos, fueron contra menores de 24 años y un 12% fueron contra menores de edad.

Este ha sido un trabajo que ha profundizado en los casos de niñas judicializadas por abortos, ¿qué podría destacar al respecto?

Me llamó mucho la atención porque van muy en línea con lo que se hace muchos años se discutió y, que ahora está en la resolución de la Corte Constitucional, sobre cómo era importante poder garantizar la interrupción legal del embarazo para víctimas de violencia sexual, especialmente de niñas. Ecuador tiene altos índices de violencia sexual contra niñas y después de todas las investigaciones de organizaciones locales, se dieron cuenta de la afectación de esas maternidades forzadas y de cómo se irrumpían proyectos de vida. Como el caso de Lucía, por esa falta de educación y acceso de información, tuvo un parto sola. Entonces vive esa situación y después es judicializada, ella misma decía que no entendía lo que le estaban haciendo. Esos cuatro años y tres meses que pasó en una institución de menores generó un gran impacto en su salud mental. Es importante que la Asamblea debata sobre legislar más allá de los casos de violencia sexual como lo dice la Corte.

"Tanto la conducta de los fiscales como las decisiones de los jueces a menudo reflejaron estereotipos de género y consideraciones religiosas".

¿Cómo caracterizas el trato de la justicia ecuatoriana hacia estas mujeres y niñas?

El informe da cuenta de que las mujeres y niñas experimentaron violaciones a sus derechos como el secreto profesional, al debido proceso y han enfrentado obstáculos significativos para poder acceder a una representación legal de calidad. De los 148 casos, el 73% se inició después de que un profesional de la salud denunciara a la paciente a la Policía. La Policía además interrogó a la mujer en el hospital sin un abogado, algo contrario a las normas ecuatorianas. En un 58% de los casos, los defensores públicos aconsejaron a las mujeres a declararse culpables. Pero el 81% de las mujeres que se acogieron a un procedimiento abreviado, cumplieron penas de prisión. Tanto la conducta de los fiscales como las decisiones de los jueces a menudo reflejaron estereotipos de género y consideraciones religiosas. En varios de los casos las mujeres fueron condenadas a realizar labores comunitarias en orfanatos o terapias orientadas a convertirlas en buenas madres. Esto lo vi en los casos de las menores de 25 años. Es una justicia llena de estereotipos y por eso una de las recomendaciones es trabajar en la capacitación tanto de fiscales, policías y jueces en temas de género. Es una justicia que está violentando derechos, protegidos por la legislación ecuatoriana.

¿Cuál es la situación de Ecuador respecto a la región en este tema?

Paradójicamente, Ecuador tiene una de las legislaciones más progresistas de la región. Tiene una Constitución que protege derechos fundamentales, incluida la salud sexual reproductiva. Tiene un código penal en que se reconoce la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer está en riego y tiene una reciente sentencia de la Corte Constitucional que permite el aborto por violación. Sin embargo, del papel a la realidad hay un gran trecho. Ese es el gran reto. Ecuador, pese a que lleva muchísimos años teniendo aborto legal para las niñas y mujeres cuando está en riesgo su vida y salud, en realidad son muy pocas las que pueden acceder. Hay muchas barreras y una de ellas es la interpretación restrictiva que se hace al derecho a la salud, donde solo se tiene en cuenta la afectación a la salud física y no a la salud mental y social.

Pero este tema de judicialización no es único en Ecuador. Ocurre en la región. Es verdad que en otros países está más visibilizado porque hay sentencias mucho más altas como en El Salvador. Aunque tengan sentencias más o menos de cuatro meses, es muy parecido a lo que se ve en países como Colombia. La región en este momento está en un debate sobre si las legislaciones en nuestros países sobre aborto, que están hace más de 100 años, son las más adecuadas o no. Por eso, desde el 2000 vemos que más de 28 países a nivel global han cambiado sus legislaciones. En América Latina van por dos ejes: uno por causales como fue el caso de Colombia y otros han decidido despenalizar por todas las causas como en Argentina. Legislar un tema de salud esencial como la interrupción legal del embarazo, no es la manera adecuada, porque estamos criminalizando un servicio netamente de salud. Los legisladores y el gobierno del presidente Guillermo Lasso espero que tomen esta oportunidad de poner fin a una política cruel y se sumen a los países de todo el mundo que están introduciendo estas reformas en sus legislaciones.

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