José Carrión, funcionario de un organismo privado de desarrollo, domiciliado en Quito, se enteró que había graves problemas en el Ecuador cuando en el mostrador de Avianca del aeropuerto Jorge Chávez, de Lima, la mañana del 12 de marzo de 1999, rechazaron su tarjeta de crédito, emitida por un banco ecuatoriano. "No puedo aceptar esta tarjeta, porque la compañía ha dispuesto que nada se acepte con su país", le dijo una impávida señorita. Carrión se quedó de una pieza.

Esa no sería desafortunadamente su única sorpresa: al llegar a Quito se vio impedido de usar su dinero porque el gobierno de Jamil Mahuad había decretado, el 8 de marzo anterior, un feriado bancario. No había bancos, su dinero estaba incautado y no tenía efectivo para llegar a su casa. La crisis de liquidez duró cinco días, pero al amanecer del sexto, el país había cambiado para siempre.

No fue lo peor para José Carrión: como la mayoría del pueblo ecuatoriano él vio cómo, en menos de lo que canta un gallo, su patrimonio se redujo a la mitad de su valor, gracias a la devaluación de la moneda ecuatoriana en más de un 50%, la más alta del siglo. Para Carrión, la vida había cambiado definitivamente.

Desde mediados de 1998 se manifestó de manera brutal una crisis económica, social y política que se venía gestando en el Ecuador desde los inicios de la década. Ecuador vivió entonces un colapso, cuyas principales manifestaciones económicas fueron el inmanejable déficit fiscal, el estallido de la deuda externa y la quiebra y salvataje del sistema financiero. A todo esto se unió una crisis política muy grave, reflejada en un bajísimo nivel de popularidad del gobierno, que según las encuestas llegaba al 95%. Una cifra similar no creía en la palabra del primer mandatario.

Esta caída en picada de la credibilidad presidencial, de por sí grave, tuvo su inicio cuando el gobierno recién instalado eliminó el subsidio estatal al precio del gas de uso doméstico, para recuperar 300 millones de dólares para las arcas del Estado, y a la vez emprendió en un agresivo paquete de ayuda al banco más grande del país, Filanbanco, a través de una cifra similar y que terminaría sumando 849 millones de dólares, el equivalente al 70% de la reserva monetaria internacional.

La ayuda estatal al Filanbanco, en papeles uno de los más grandes bancos del país, destapó la crisis global del sistema financiero ecuatoriano. Fue además una de las razones principales para la crisis económica que soportaría el Ecuador, y, de acuerdo a declaraciones reservadas de autoridades económicas del momento, "uno de los más graves errores de política económica tomada por gobierno alguno". El caso del salvamento del Filanbanco fue, sin embargo, más una decisión política que técnica. A pesar de las recomendaciones de los funcionarios del Banco Central, que tenía entonces estatuto de autonomía, el gobierno resolvió ir en auxilio de este banco bajo supuestos temores a la reacción de sus 850 mil clientes y la probable caída en serie de todo el sistema financiero.

La prensa de fines del siglo empezó a contar los días del feriado bancario, incluso los suicidios que empezaron a ocurrir por la crisis económica.

Aunque diversas versiones señalaron que las razones del gobierno fueron sus pocos arrestos para resistir la presión de grupos poderosos de la Costa, no le faltaba razón cuando temía la reacción popular. En realidad, los clientes del sistema financiero venían siendo víctimas recurrentes de quiebras y estafas continuas de bancos y financieras desde 1995.

La caída hasta finales de 1998 de nueve bancos medianos y pequeños, de los 39 existentes, sumado a una serie de estafas en entidades financieras menores habían afectado a casi un millón de personas, mermado la confianza en la calidad moral de los banqueros y financistas y la credibilidad en la acción de la Superintendencia de Bancos, la entidad de control del sistema financiero.

El colapso de los bancos y financieras se debió esencialmente a la concentración de créditos en clientes y empresas vinculados: a los accionistas y administradores. Se dio el caso de un banco que había prestado a solo dos empresas, de amigos de los accionistas, uno de cada dos sucres de los clientes. Otro banco quebrado, el de Préstamos, cayó cuando sus dueños no pudieron atender sus compromisos con acreedores y clientes al haber perdido liquidez en sus empresas petroleras, a las cuales alimentaba con dinero de sus clientes.

El defecto principal del sistema se encontraba en la permisiva Ley del Sistema Financiero, promulgada en 1994 con el empuje de la ministra de Finanzas de Mahuad, economista Ana Lucía Armijos, y por entonces directora del Banco Central. En esencia, la ley permitía que los bancos pudieran usar hasta el 30% de su patrimonio técnico en créditos vinculados, y hasta el 60% del mismo con garantías especiales. Además, la Ley despojaba a la Superintendencia de Bancos de sus capacidades para intervenir en entidades financieras en problemas.

Sin embargo, el ex secretario de la Administración de Sixto Durán Ballén (1992-96), Carlos Larreátegui Nardi, dijo al autor que el proyecto de Ley en mención "fue despedazado en el Congreso", por diputados vinculados a la banca, que, además, actuaban en consonancia con el gobierno. Cuando se aprobó esta Ley, corrió champaña en el Parlamento, a cuya sesión asistieron algunos banqueros. Lo mismo sucedió cuando se creó, mediante una Ley, la Agencia de Garantías de Depósitos, AGD, cinco años después. El marco legal, pues, se había concebido y aprobado. El círculo estaba cerrado.

Jamil Mahuad había sido un exitoso alcalde de Quito, y llegó a la presidencia con grandes expectativas de la clase media. Luego de su gobierno no ha podido regresar el Ecuador.

La AGD se creó en la madrugada del 28 de noviembre de 1998, cuando la mayoría en el Congreso, conformada por la Democracia Popular —partido en el gobierno—y el Partido Social Cristiano (mayoría denominada La aplanadora) aprobó una ley, que según fuentes parlamentarias fue pulida en las oficinas de los beneficiarios. El meollo del asunto era que, por los bancos que entraban en la nueva figura de “saneamiento”, el Estado tendría que responder por el 100 por ciento de los depósitos bancarios, incluso en sus oficinas fuera de costa, u off shore. Tres días después, Filanbanco pasaba a manos del Estado y luego de este banco, la mazorca se fue desgranando hasta cuando la mayoría pasó a manos de la Agencia, es decir, del Estado, al que le tocaba responder a los enfurecidos clientes y acreedores.

En la práctica, la Ley del Sistema Financiero, de 1994, con el pretexto de potenciar los recursos depositados en los bancos para beneficio de la economía en general, terminó por desatar la codicia e irresponsabilidad de banqueros inescrupulosos: la mayoría de los grandes accionistas de los bancos tenían intereses en decenas y hasta centenares de empresas, que iban desde el cultivo y exportación del camarón hasta la inversión en telecomunicaciones y medios de información. Como ejemplo, Roberto Isaías, principal accionista de Filanbanco y cabeza del llamado Grupo Isaías, dueño de al menos 150 empresas.

El grupo incursionó en áreas como las telecomunicaciones, empresas de televisión por cable, telefonía celular, mensajeros electrónicos, transmisión de datos, etc. Invirtió también en banano, explotación de oro, cerveza, e industria gráfica, entre otras. Muchas de estas empresas habían recibido préstamos con el dinero de los depositantes. A octubre de 1998, las empresas vinculadas al grupo debían al banco alrededor de 60 millones de dólares, siendo las deudas más voluminosas las de La Troncal, Agrícola Chimborazo y Agrícola Nortensa, empresas agroindustriales. Filanbanco acumuló el 30% de los 487 millones de dólares de la cartera vencida del sistema financiero ecuatoriano, a esa fecha, según informes de la Intendencia de Bancos.

El salvamento de Filanbanco causó grave impacto en la economía nacional. Según informes de consultores del Fondo Monetario Internacional, fue la causa principal del colapso del Estado ecuatoriano al acumular préstamos del Estado por la cifra de 850 millones de dólares a marzo 5 de 1999, dinero que sirvió fundamentalmente para atacar al sucre, causarle una macrodevaluación y finalmente su desaparición en enero del 2000. Lo paradójico de todo esto es que en el caso del Filanbanco, el Estado no se garantizó con los bienes y propiedades de los accionistas gracias a que la propia alianza DP-PSC en el Congreso impidió esa medida.

Lea en la segunda parte: LA CUARESMA MALDITA