El Estado ecuatoriano fue denunciado en la sede de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, como parte del Examen Periódico Universal, EPU, por espionaje y seguimiento ilegales a ciudadanos disidentes del gobierno, políticos y periodistas. La denuncia incluye violaciones al derecho universal y constitucional a la privacidad. La denuncia la presentó la Coalición por la defensa del derecho a la privacidad y seguridad digital, conformada por la Fundación Milhojas y Usuarios Digitales, entidades de la sociedad civil. 

Las entidades estatales denunciadas fueron la Secretaría Nacional de Inteligencia, Senain, y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Este es un resumen de tres casos que se presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU:

El actual régimen creó una entidad centralizada de inteligencia la Secretaría Nacional de Inteligencia Senain, con dependencia directa de la Presidencia de la República.  La Senain -dice el informe- ha enfocado su atención en las organizaciones de la sociedad civil, periodistas y políticos opositores al régimen, a quienes percibe como una amenaza.

La actividad de espionaje de la Senain sobre objetivos políticos, sin investigación penal dirigida por la Fiscalía, abarca tanto seguimientos, grabaciones y filmaciones, como el espionaje digital con intercepción y adulteración de comunicaciones en varias plataformas, así como el monitoreo de las actividades de sus objetivos en redes sociales.

Para sus actividades la Senain ha contado con la colaboración de otras instituciones del Estado, sobre todo la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, Dinardap, creada en el 2010 mediante la Ley del Sistema de Registro de Datos Públicos como la institución llamada a “consolidar, estandarizar y administrar la base única de datos de todos los Registros Públicos".

La poderosa Dinardap: lo saben todo de tí

La ley que crea el Sistema, del cual la Dinardap es parte, afecta el Derecho a la Privacidad pues confunde el derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información que sobre ellos tengan las entidades públicas con el uso que las autoridades puedan hacer de la información de los ciudadanos que esas entidades posean. La ley unifica todos los Registros Públicos y busca realizar un control cruzado de la información.

La ley habla, de Registros Públicos e incluye los registros o bases de datos privados que contienen información de “naturaleza pública”, sin explicar la naturaleza de los datos públicos y personales. Hoy en día la Dinardap reúne los datos del registro civil, movimientos migratorios, seguridad social, todos los archivos de las bases de registros de la propiedad, societario, mercantil y civil de todos los ecuatorianos en el portal datoseguro.gob.ec. Se promociona que el ciudadano puede acceder a su información gracias a una clave única, pero quien maneja el sistema también puede hacerlo.

A partir del 2012, la Dinardap asumió la administración del Registro de Datos Crediticios y es la única dependencia pública que presta el servicio de referencias crediticias. Anteriormente, los entes privados de prestación de servicios financieros manejaban la información crediticia de sus clientes. La Dinardap señala que esa información se manejaba sin ningún tipo de regulación y control y el ciudadano no era propietario de ella ni conocía cuando las entidades financieras la consultaban. Ese manejo lo realiza ahora el Estado.

A través de la información del Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Registro de Datos Crediticios, la Dinardap puede acceder a detalles de consumo de cada ciudadano del Ecuador, pues tiene acceso incluso a sus facturas. Tiene también acceso a su patrimonio personal.

Información de ciudadanos considerados opositores al régimen, almacenada en estos registros, ha sido exhibida públicamente por funcionarios públicos, sobre todo por el Presidente de la República y utilizada como mecanismo de escarnio, asegura la denuncia ante la ONU.

Entre mayo, junio y julio del 2015, Plan V publicó varias historias de seguimientos y espionaje gubernamental a activistas, periodistas y personajes de la oposición. Luego, el 4 de agosto del 2015, el portal aliado www.ecuadortransparente.org publicó, dice la denuncia ante la ONU, 31 piezas documentales de información, provenientes de la Senain, fechadas entre el 2012 y el 2014, mostraban el espionaje.

Las fichas de la Senain mostraban seguimientos y espionaje de datos personales de: Mauricio Rodas, Mery Zamora, Andrés Páez; de los ecologistas extranjeros Matt Finer, Joke Baert, Sigmund Thies y Kevin Koening y de la periodista María Josefa Coronel. Además hay fichas e informes de seguimientos al partido político CREO (que auspicia la candidatura presidencial de Guillermo Lasso, y al proceso de recolección de firmas de Yasunidos para llamar a una consulta popular que decida sobre la explotación petrolera o no en el Parque Nacional Yasuní.

Entre los documentos publicados por el portal Ecuador Transparente también se encuentran peticiones de información sobre 16 ciudadanos ecuatorianos, realizadas por agentes de la Senain a la plataforma gubernamental datoseguro.gob.ec, estas peticiones de información no se fundamentan en investigaciones judiciales ni cuentan con la respectiva orden judicial. Las personas sujetas a esta investigación son empresarios, políticos y periodistas, asegura el documento de denuncia ante la ONU. 

La veracidad de los documentos filtrados por la Senain fue indirectamente aceptada cuando la empresa española AresRights, en nombre de Rommy Vallejo, titular de la Senain, interpuso una queja a greeenhost.com -hosting de Ecuador Transparente- solicitando que bajen estos documentos cuya autoría pertenecía a la Secretaría de Inteligencia y constituían secreto de Estado.

Estos políticos y periodistas, cuyos datos personales fueron entregados por esta plataforma gubernamental son: Álvaro Noboa, Alberto Acosta, Eduardo Bonilla, Carlos Crespo, Carlos Vera, Patricio Gualinga Jipa, Gilmar Gutiérrez, Xavier Bonilla "Bonil", Nicolás Obando Issa, Dalo Bucaram, Patricio Donoso, Arturo René Dávila, Fernando Balda, Inés María Manzano, Fernando Villavicencio y Mario Pazmiño.

Violación a la intimidad e ilegal difusión pública de información personal

El gobierno ecuatoriano ha hecho pública información privada (correos electrónicos) de la ciudadana Martha Roldós en relación a una solicitud subvención de la NED (National Endowment for Democracy. Enero 2013): el periódico gubernamental El Telégrafo publicó correos obtenidos por hackeo sobre un posible financiamiento entre a NED y Martha Roldós (Enero 2014), originando en los meses siguientes, una campaña de desprestigio hacia ella, en medios públicos (Agencia de Noticias Andes, Radio pública), a través de ataques de trolls (financiados con recursos del Estado) y un especial televisivo llamado Tentáculos de la CIA en el Ecuador en canales gubernamentales utilizando para ello, la imagen de su padre el ex presidente Roldós, en donde el argumento central decía que “Martha Roldós se vendió a los asesinos de sus padres”.

El propio Presidente de la República exhibió los correos hackeados de Martha Roldós, publicados en el diario gubernamental El Telégrafo (bajo su control) durante el Enlace Ciudadano #356 del 11 de enero de 2014. Además, se impidió a Roldós hacer uso de la Ley de Comunicación en su demanda a la Fiscalía por acciones legales sobre el derecho a la privacidad, honra e intimidad personal (Enero, 2014). Al mismo tiempo el Presidente de la República, en el enlace semanal ciudadano #358 señala “la doble moral” de la afectada, al señalar que ésta no tendría derecho a demandar usando la Ley de Comunicación. En febrero del 2014 se archiva la denuncia presentada a la Fiscalía y hasta la fecha ninguna autoridad ha dado paso a la investigación del caso.

El 6 de junio del 2016, la cadena de televisión Telesur, con sede en Caracas y Miami, retoma el tema de la presencia de la CIA en Ecuador inculpando a periodistas independientes que hacen parte de los medios digitales de periodismo de investigación en el país. Para ello, al igual que con Martha Roldós, como "prueba" de una supuesta estrategia de conspiración contra el gobierno, se hacen públicos correos electrónicos privados del periodista de investigación, Juan Carlos Calderón con una ONG estadounidense, con la cual se estaba negociando la financiación de un proyecto periodístico.

En el especial de Telesur La CIA en el Ecuador -para inculpar a periodistas, políticos y activistas ecuatorianos de ser parte de una red que, mediante sus reportajes sobre la corrupción gubernamental, pretendería desestabilizar al gobierno- se utilizaron tomas de seguimientos que evidenciaban una amplia operación de espionaje del gobierno sobre estos personajes, sin mediar orden judicial ni un proceso al respecto.

Las "pruebas" presentadas por la cadena pública que estrenaba sede principal en Ecuador, eran tomas de seguimientos a personas en diferentes encuentros en lugares públicos con quien la cadena denuncia como reclutadora de la CIA, la guayaquileña Karen Hollihan, con Martha Roldós, Fernando Villavicencio y Mario Pazmiño. También existen fotos y seguimiento de encuentros de los políticos Gustavo y Marcelo Larrea con funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Ecuador, reuniones de Víctor Rojas de la NDI (National Democratic Institute) con Ruth Hidalgo, de Participación Ciudadana y Mauricio Rodas, alcalde de Quito.

El especial mevidenció la realización de seguimientos a objetivos ecuatorianos en otros países, como las fotos de vigilancia a Martín Pallares, periodista del portal 4Pelagatos.com, durante un viaje a Washington DC, con un detallado recuento de su agenda durante esa visita. Además, fotos del asambleísta de Andrés Páez en varios eventos en EEUU y un evento de seguridad digital realizado en un hotel de la ciudad de Panamá al que asistieron miembros de varias plataformas digitales de investigación periodística del Ecuador.

Pese a su formato de video sin responsabilidad, en el que el especial de Telesur sobre la CIA en Ecuador fue lanzado,  este fue replicado por los medios gubernamentales y retransmitido como parte de una cadena nacional, donde los comentaristas invitados eran funcionarios y asambleístas del partido de gobierno. Quienes lo impulsaron en redes sociales con la etiqueta #LaCIAenEcuador fueron cuentas gubernamentales, lo cual deja muy pocas dudas de la responsabilidad detrás y cómo se obtuvieron las piezas de espionaje. 

No se realizó ninguna acción legal contra las personas mencionadas en el "reportaje", pese a que se llegó a hacer acusaciones de instigación al magnicidio. El especial funcionó como un mecanismo de escarnio. Tampoco se entregaron pruebas, lo único evidente fue que periodistas, activistas y políticos eran espiados en el Ecuador y en otros países. La única acción legal realizada a partir de la difusión del documental es la demanda de Karen Hollihan a Telesur, En Miami, por las afirmaciones realizadas en su contra.