Alrededor de las 05:30 de la mañana del lunes 29 de agosto de 2016, el edificio principal de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en el centro norte de Quito, fue el blanco de la arremetida gobiernista. A esa hora llegaron dos buses, con más de un centenar de policías, quienes entraron por la fuerza y tomaron posesión del inmueble. ¿El motivo? Dar cumplimiento a la decisión oficial de acabar con la vida jurídica del gremio de profesores más grande y antiguo del Ecuador.

Dentro del edificio esperaban apenas una decena de maestros, liderados por Rosana Palacios, presidenta de la organización, quien ha sostenido a pulso esta pelea con el Gobierno. “Estamos aquí, de pie, defendiendo el patrimonio de los maestros, cumpliendo el mandato de los docentes que nos eligieron. Somos una organización legitima y así lo vamos a seguir siendo”, había expresado Palacios, solo unas horas antes del operativo policial.

Pero no se puede decir que esta acción tomó por sorpresa a los maestros. Era una situación que se veía venir, aunque no con estas características. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, anunció que el proceso de liquidación de bienes de la UNE iniciaría el jueves de la semana pasada. Eso no ocurrió, pero dejó a los docentes en permanente estado de alerta.

Video del ingreso de la policía en la sede de la UNE en Quito

Precisamente ese jueves, las protestas por la disolución de la UNE concentraron y acapararon la convocatoria una marcha opositora hecha por las centrales sindicales y otros sectores para que las organizaciones sociales retomaran la protesta callejera. 

Pasadas las 17:00, un grupo de manifestantes encabezados por dirigentes sociales como Mesías Tatamuez, Jorge Herrera, Rosana Palacios, Carlos Pérez Guartambel, Alberto Acosta, Gustavo Larrea, entre otros, salieron del edificio matriz del IESS, ubicado frente al parque de El Ejido, con dirección al Centro Histórico capitalino.

La marcha estuvo integrada por un nutrido grupo de militantes de la Unidad Popular (ex MPD) y de sindicatos de empresas públicas y privadas, cercanas a CEOLS y la UGT,y recorrió la calle Guayaquil de norte a sur, con dirección a la Plaza de Santo Domingo. Se pudo ver también pequeños grupos de indígenas y militares en servicio pasivo, así como de médicos, que se sumaron a la protesta.

La marcha avanzó por cerca de una hora por las calles del Centro Histórico, en medio de consignas en contra de la disolución de la UNE y en rechazo a las políticas del actual Gobierno.

Varios de los dirigentes, como Lourdes Tibán y Pérez Guartambel, comentaron ante los medios la propuesta del prefecto de Zamora, Salvador Quishpe, de que Tibán sea considerada como fórmula vicepresidencial del ex banquero.

Dirigentes políticos como Alberto Acosta participaron en la marcha de jueves.

Varios sindicatos se sumaron a la movilización, pero fue una de las más reducidas del año.

En las calles que conducen al Palacio presidencial, un fuerte contingente de Policías antimotines, apoyados por blindados, impedía el paso hacia la Plaza de la Independencia. En la Plaza, un grupo de simpatizantes de Alianza PAÍS se congregó en un festival de respaldo al Gobierno.Cerca de las 18:15, la marcha opositora llegó a la Plaza de Santo Domingo, en donde se había instalado una pequeña tarima. Mesías Tatamuez aprovechó para rechazar los acercamientos de algunos sectores indígenas con el ex banquero Guillermo Lasso, mientras Rosana Palacios y Jorge Herrera mostraron su repudio a la disolución del gremio magisteril, resuelta por el Gobierno.

Rafael Correa no deja de ser el personaje central de las protestas opositoras.

Por lo menos la mitad de la Plaza fue ocupada por los manifestantes, pero para las 18:30, la congregación empezó a disolverse. No se registraron choques con la Policía ni con los militantes del oficialismo que se encontraban en la Plaza de la Independencia.

La decisión del gremio era seguir luchando, resistiendo pacíficamente la embestida oficial, pero la acción de esta lunes cambió el escenario. Las acciones también pudieran tomar otro rumbo, con los llamados actos de resistencia, pero el escenario internacional es el que mejor resultados puede dar al gremio.

Rosana Palacios se dirige a los concentrados en la Plaza de Santo Domingo.

Mesías Tatamuez, dirigente nacional obrero, durante la movilización.

Juan Diego Gómez, secretario de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), estuvo en el país la semana pasada. Aterrizó desde Bogotá, Colombia, con un objetivo claro: armar la estrategia internacional que buscará impedir que la UNE desaparezca. No llegó solo. Estuvo en el Ecuador como representante de una misión conformada por tres grandes organizaciones: la Internacional de Educación (IE), la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y la ISP. Se trata de un frente sólido, que agrupa a más de un centenar de sindicatos e instituciones a lo largo del continente. Su misión será llevar al plano internacional, una pelea que en el Ecuador ha sido desigual.

Se puede decir que el gobierno de Rafael Correa ha sacado ventaja hasta el momento. Con una institucionalidad volcada a acabar con la UNE, un aparato propagandístico propio y una campaña político –mediática de más de nueve años en contra de las organizaciones sociales, era previsible que el oficialismo cumpliera su objetivo dentro del país. Pero nada está dicho. Porque el segundo round cambiará de escenario. Será un ring donde el Ministerio de Educación ya no puede fungir como árbitro. El segundo round se peleará fuera del Ecuador, en la cancha de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por eso, aunque el primer round todavía no termina, la UNE ya piensa en el segundo.

El primer golpe de este segundo round ya se dio. Gómez entregó una carta a Augusto Espinosa, ministro de Educación, con tres pedidos claros, que buscan dar oxígeno jurídico de la UNE, pero sobre todo dar la voz de alerta a los funcionarios del gobierno:

1. Suspender la ejecución de la resolución de disolución del gremio de los maestros.

2. Abrir un diálogo entre los representantes del oficialismo y los afectados, pero con el acompañamiento de este poderoso frente de organizaciones sindicales del continente y la asesoría técnica de la OIT.

3. Revisar en conjunto las normas y recomendaciones expresadas por los órganos de control de la OIT, para que se conviertan en las líneas macro de negociación. Es decir, entrar a discutir con la normativa internacional en la mano y no sujetarse únicamente a un entramado legal manejado por el gobierno.

¿Cuál es el principal argumento de la UNE en esta nueva etapa de su pelea por no desaparecer? Que el gobierno está violando flagrantemente el Convenio 87 de la OIT, un instrumento internacional plenamente reconocido por el Estado ecuatoriano, acerca de la libertad sindical y la protección al derecho de sindicación. Este documento trae consigo varias disposiciones que fácilmente pudieran desbaratar la argumentación oficialista que busca acabar con la UNE, entre ellas las siguientes:

Artículo 3:

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.
2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
Artículo 4: Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa.

Artículo 8:

2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio.

Y la lista de disposiciones pudiera continuar. Por eso, aunque el gobierno de Rafael Correa sacó ventaja en el primer episodio de esta pelea, todo hace creer que el resto de la contienda cambiará de matiz. Los más de 100 mil maestros agremiados en la UNE aguardan, mientras la estrategia internacional sigue su marcha. Rosana Palacios seguirá liderando la estrategia interna, que consiste básicamente en  resistir pacíficamente, haciendo movilizaciones a lo largo del país y dando declaraciones públicas que visibilicen la postura oficial contraria a los maestros.

Pero, ¿qué pasaría si el gobierno persiste en su objetivo? Gómez responde así: “se enfrentaría a una gran presión internacional, que evidenciaría los abusos que se están cometiendo en el Ecuador. Porque en ningún país puede haber verdadera democracia, si los trabajadores no tienen plena libertad de sindicación o asociación”.