El pasado lunes, 29 de agosto, el general de la Policía, Pablo Ramírez, apareció por última vez en un medio de comunicación como director del SNAI. En una entrevista con Gamavisión, dio las cifras más recientes relacionadas con el censo penitenciario, el primer proceso que usará una metodología del INEC para el levantamiento de la información sobre la población carcelaria.

Pero ese mismo día, desde la Policía Nacional, se ordenaba el cambio de altos oficiales a nuevas dependencias. En la lista estaba el nombre de Ramírez, quien pasaba a la Dirección Nacional Antinarcóticos. El documento se filtró en redes sociales y hasta el momento ninguna autoridad lo ha desmentido. En el chat de prensa del SNAI, se dijo que no había aún información oficial y que Ramírez, por lo tanto, seguía en funciones.

Pero después esa última entrevista, el funcionario dejó de tener agenda en medios. Incluso se canceló un conversatorio con la prensa escrita que estaba previsto para el pasado viernes. Desde el área de Comunicación del SNAI solo se informó que esperaban el pronunciamiento del presidente Guillermo Lasso y que hasta entonces la agenda estaba suspendida hasta nueva orden. La última aparición de Ramírez fue este martes, 6 de septiembre, en el Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que lo preside la Secretaría de Derechos Humanos.

Pablo Ramírez está al frente del SNAI desde el 8 de diciembre de 2021. Foto: Ministerio del Interior

De confirmarse la salida de Ramírez del SNAI, esta institución tendría su quinto director durante el mandato de Lasso. El general de la Policía en servicio pasivo (sp), Edmundo Moncayo, fue el primero y una herencia de Lenín Moreno, cuando lo nombró el 3 junio 2019. Moncayo estuvo en funciones hasta el 22 de julio de 2021. En esa fecha fue reemplazado por el exmilitar Fausto Cobo, quien estuvo al frente del SNAI hasta el 27 de septiembre de ese año, un día antes de la masacre más grande de presos: 122 en total. Bolívar Garzón, un teniente coronel (sp) del Ejército, asumió las funciones el día de esa masacre y renunció en medio de otra, el 14 de noviembre. Cobo volvió de manera temporal al cargo hasta el 8 de diciembre cuando fue nombrado Pablo Ramírez.

Edmundo Moncayo, Fausto Cobo y Bolívar Garzón, exdirectores del SNAI.

Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social, afirma que el SNAI es una de las instituciones más débiles a pesar de que es la administradora de las cárceles a nivel nacional. Su falta de personería jurídica incluso impide que los recursos del Ministerio de Finanzas le lleguen directamente.

La anunciada salida de Ramírez del SNAI se produce en medio del censo penitenciario, considerado como un hito histórico -por el propio Gobierno- para el sistema penitenciario. Con sus resultados se esperan políticas públicas para mejorar las condiciones de vida los interno y disminuir la violencia. Pero desde hace una semana, el silencio oficial ha vuelto a esta dependencia.

El censo inició, el pasado 24 de agosto, en las cárceles menos conflictivas, como las de Carchi y Loja, donde existen con 1.539 personas privadas de la libertad. Foto: Secretaría de Derechos Humanos

El censo tiene 150 preguntas y es voluntario

Hasta este 6 de septiembre, más de 6.000 personas habían sido censadas, según el SNAI. Se espera que, para principios de noviembre, el INEC informe los primeros resultados del censo en las 36 cárceles del país antes que empiece el censo nacional de población.

Antes de la información de su sorpresivo cambio, Ramírez visitó casi una decena de medios para contar cómo funciona el censo y los resultados esperados. Participan cuatro instituciones: el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Registro Civil y Criminalística de Policía Nacional y el SNAI. La metodología consiste en entrevistas cara a cara, con un tiempo estimado de 30 minutos con cada interno, en los módulos instalados de cada dependencia.

El mayor tiempo, 20 minutos, se toma el INEC, que levanta información socio demográfica de los presos. El Registro Civil revisa su documentación. Según Ramírez, encontraron internos sin cédula. Criminalística, en cambio, hace un registro dactiloscópico (huellas dactilares) y el SNAI revisa su estado legal dentro de la cárcel. En el censo participan 80 personas de las cuatro instituciones.

Zumárraga afirma que no se sabe exactamente cuántos presos existen en el país. Además, por fuentes carcelarias, conoce que incluso hay internos perdidos. Cita, como ejemplo, la fuga que hubo en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, el pasado 9 de mayo. En ese hecho, dice la experta, quedó la duda acerca de que si las personas que no aparecieron se habían fugado o estaban muertas. “Creo que toda la cárcel realmente se fugó, eso no aclaró el Gobierno. Dijo que hubo 40 muertos y fueron muchos más, esto se evidenció en videos”. Por eso, considera que este censo aclarará este tipo de situaciones.

Entre las preguntas del censo, también se indaga sobre la situación de su familia, niños y personas de tercera edad de su entorno e incluso habrá una intervención del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), adelantó Ramírez en su ronda de entrevistas.

Al 6 de septiembre, más de 6.000 personas habían sido censadas. Foto: SNAI

El cuestionario total llega a las 150 preguntas, dijo el funcionario. La participación de los presos es voluntaria, pero Ramírez dijo que hay buena actitud respecto al proceso, tras los tres meses de difusión del mismo en los centros. No negó que hubo escepticismo porque antes se hicieron cuestionarios para hacer traslados.

En los medios, recordó como antecedente que en el 2004 hubo un levantamiento de información en las cárceles hecho por la entonces Dirección Nacional de Rehabilitación. En esa ocasión encontraron personas con doble identidad o que reemplazaban a otras dentro de los centros. No descartó que esas situaciones se hayan mantenido hasta la actualidad.

Para confirmar la identidad, Ramírez informó que además de tomar las huelas dactilares, el SNAI hace un registro del rostro y del iris, que ni la Policía Nacional la tiene. Este será un avance para el sistema penitenciario que inició sus registros en libros y ahora lo hacen únicamente en Excel.

Zumárraga, quien fue directora de Rehabilitación Social en el 2010, recuerda que la Policía en esa época si tenía ese registro dactiloscópico, pero no entiende por qué dejó de usarse en el sistema penitenciario. “Al día siguiente de llegar (a la cárcel), le toman las huellas y ahora resulta que está perdido eso. Muchas personas están subregistradas y ese es un problema muy grave”.

Ella es una de las voces que cuestionan la entrega de la dirección de las cárceles a la Policía desde el gobierno de Lenín Moreno. Sostiene que, en ese momento, empezó a ingresar a la cárcel las armas de alto calibre y ese fue el inicio de las masacres.

En el Cento de Privación de Libertad del Azuay N°1, 122 mujeres internas participaron en el censo. Foto: SNAI

Las cárceles de Guayaquil serán las últimas en el censo

El censo terminará a finales de octubre en el complejo penitenciario de Guayas, donde está el 40% de la población carcelaria, dijo Ramírez. Allí se encuentran la Penitenciaría del Litoral y la cárcel Regional de Guayaquil, donde están los líderes de Los Choneros y sus subgrupos que están en confrontación.

El SNAI dejó para el final del censo a estas cárceles, protagonistas de amotinamientos y masacres, para corregir o mejorar este proceso hasta llegar a esos centros. Julio Ballesteros, exviceministro de Justicia, cree que el censo no debería demorar más de tres días en estas cárceles, caso contrario podría haber complicaciones por su alta peligrosidad. Es más, los internos deben estar inquietos por el tipo de preguntas y considera que existe un riesgo de que la información no sea totalmente cierta. “Es posible que vayan a esconder algunos privados de libertad para que no den información más allá”, alerta.

Con la información del censo, el Gobierno busca establecer políticas para mejorar la calidad de vida de los presos y bajar la violencia en los centros penitenciarios. Foto AP/José Sánchez

La CIDH y otros organismos internacionales han observado el dominio de los líderes en las cárceles y sus privilegios. Ramírez reiteró en varias entrevistas que ahora ya no llaman caporales o cabecillas a los líderes de las bandas que existen en las cárceles, sino gestores de paz penitenciaria. Dijo que en tres centros han firmado compromisos de paz: Loja, Turi y Santo Domingo, en todos dos últimos se produjeron matanzas en este año. “Existe de voluntad de paz”, manifestó.

Un nuevo enfrentamiento se produjo el pasado 2 de septiembre, en la Penitenciaría del Litoral, que dejó tres heridos leves, incluido un guía penitenciario. Al día siguiente hubo una requisa. Foto: Twitter La Historia

Pero Zumárraga dice que faltan más acciones. “El Gobierno no tiene ninguna intención de incomunicarlos (...) quizá con el objeto de que se delaten entre ellos y haya más incautaciones de droga. Quizás esa sea su estrategia”. Por eso le llama la atención el paso de Ramírez a Antinarcóticos. “Las incautaciones de droga suben y al final las masacres también se incrementan porque el que delata va a morir”, dice la experta.

Tras el censo, el SNAI prevé clasificar los centros según cuatro aspectos: infraestructura, recursos humanos y logísticos, población objetivo y nivel de seguridad. De acuerdo a esos criterios, las cárceles serán denominadas como de máxima, mediana y mínima seguridad. Y dentro de cada cárcel, se ubicarán los presos en los pabellones según la gravedad de sus delitos. Ramírez confirmó que una persona sentenciada por un delito menor iba a máxima.

“La clasificación no ha sido por el nivel de peligrosidad sino por el grupo al que pertenece”, agregó. En un conversatorio con medios internacionales, el funcionario dijo que de los 32.500 presos que existen, 11.000 se identifican con una de las 10 bandas que existen dentro de las cárceles.

Ballesteros sostiene que uno de los principales problemas es la ubicación de los presos dentro de las cárceles. Él estuvo en el Ministerio de Justicia -hoy extinto y que estuvo a cargo de las cárceles- entre 2018 y 2019. En esos años, recuerda que no había claridad sobre por qué había más o menos privados de libertad en cada pabellón. Por ejemplo, cuando no había espacio, los nuevos internos iban a máxima seguridad. Esa ubicación permitió que las bandas reclutaran más integrantes.

Una adecuada ubicación de los presos ayudaría a su rehabilitación y a la aplicación de la progresión. “Es decirle, usted tiene este delito, antecedentes y condiciones (adicciones), por eso debe ir a mediana seguridad y luego pasar a mínima para que pueda aplicar a un beneficio penitenciario”, explica el experto. Pero cree que una de las mayores ausencias en el sistema penitenciario y en la rehabilitación es el entorno familiar de los presos. “A los privados de libertad, el Estado lo único que les brindó fue la cárcel y la discriminación a sus familiares”.