Tras un año en el cargo, el presidente Guillermo Lasso anunció que su Gobierno ha creado 350 mil empleos. El presidente aseguró que muchos de esos trabajos estaban en el sector informal, en el comercio o en la agricultura. Además, se confirmó que esa cifra correspondía a una recuperación de empleos adecuados y se reportaron 77 mil nuevos afiliados al Seguro Social.

El Observatorio del Campo Rural (OCARU) presentó algunas cifras que cuestionan la aseveración de Lasso: las personas afiliadas al Seguro Social decrecieron un 3% de 2019 a 2021, en ese mismo periodo, la tasa de participación en el empleo se redujo y el empleo propio se redujo.

OCARU recopiló cifras del INEC en donde asegura que el desempleo subió 0,4% y el subempleo un 4% de 2019 a 2021. La organización se refirió al anuncio de 350 mil empleos como un aumento que “ni siquiera logra ser un rebote equiparable a las condiciones laborales previas a la pandemia”. Hasta 2019 cuatro de cada diez ecuatorianos eran pobres por falta de ingresos.

La producción rural abastece a un 70% del consumo en el Ecuador. El sector agropecuario representa un 9% del PIB. En la ruralidad, la agricultura es la actividad que más gente emplea, cerca de 63%, y la actividad que reporta menores ingresos. En promedio, los trabajadores del agro ganan $221, es decir, menos del 50% de lo que cuesta la canasta básica. Dentro del agro, la ganadería es la actividad que concentra mayor fuerza laboral.

Otro hallazgo de OCARU es que sectores exportadores como el camaronero o el florícola experimentaron un crecimiento en sus ventas, y a pesar de eso tienen cada vez menos trabajadores. Algo preocupante si se toma en cuenta que el agro es la fuente de trabajo de 2 de cada 3 personas en la ruralidad y que ambos sectores suelen emplear a personas de las localidades cercanas.

Según la organización, el aumento de empleos en el Gobierno de Lasso solo es un efecto de la liberalización de medidas restrictivas de la pandemia que no logran equiparar los niveles de empleo previo a la llegada del virus.

Al Mercado Mayorista, al sur de Quito, llegan cada día cientos de productores de todo el país. La actividad comienza de madrugada con las ventas al por mayor.

El Estado en deuda en pandemia

Tres informes de FIAN, OCARU, CEDOCUT y el Instituto de Estudios Ecuatorianos investigaron la realidad que atravesó la Agricultura Familiar y Campesina (AFCI) desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad. Desde el cierre de ferias campesinas y mercados populares, hasta la falta de transporte, acceso a la salud y a un seguro social fueron patrones comunes que atravesó la población en el campo.

Ante la ausencia del Estado, las comunidades establecieron protocolos propios de control de la pandemia, así como tratamientos con medicinas alternativas. El informe alerta sobre el aumento de la carga laboral de la mujer rural. Según la investigación, el Estado favoreció a los gremios en contraste con el abandono a los pequeños productores.

Según FIAN, “entre los años 2007 y 2017 la reforma institucional del Estado en materia agropecuaria elaboró normativas que facilitan la extranjerización de la tierra, la privatización del recurso hídrico, el ingreso de transgénicos, la firma de tratados de libre comercio”.

Mientras se consolidaron los rubros de exportación, a nivel local no se respetaron precios de sustentación y hubo retraso de pagos a los productores. Lo que generó una falta de liquidez en la producción que desencadenó  problemas de abastecimiento. En las fronteras, el contrabando de productos como la leche en polvo afectó a la competencia de los productores locales.

Al inicio de la pandemia, el sector exportador fue el primero en contraerse. Productos como el camarón, que tiene como uno de sus principales clientes a China, redujeron sus exportaciones en 70%. Otros sectores como el florícola corrieron con la misma suerte por lo que llegaron los despidos masivos a nivel local. Por ejemplo, según este informe, en ese sector se desvinculó a 55 mil trabajadores.

La reducción en las exportaciones florícolas tuvo un impacto directo en las cifras de empleo. 

Un acuerdo ministerial dio la potestad al empleador para reducir o suspender las jornadas laborales. La Ley de Apoyo Humanitario permitió contratos especiales de emergencia por dos años y condiciones de “común acuerdo” entre el empleador y el empleado. La Defensoría del Pueblo denunció atropellos a los derechos de los trabajadores con ese marco legal.

En el sector bananero, sindicatos denunciaron falta de condiciones de bioseguridad en la pandemia. Falta de distanciamiento en el transporte y las fincas, apenas la entrega de mascarillas sencillas y enfermedades respiratorias por la presencia de fumigaciones fueron parte de las denuncias.

El banano es uno de los productos locales que se articula al sistema agroalimentario global y depende de las fluctuaciones en los precios del mercado. 

El sector palmicultor atravesó plagas, el sector cacaotero problemas de transporte que afectaron la comercialización del producto. Estos sectores son el tercer y primer rubro en términos de superficie en el Ecuador.

El cierre de ferias libres y mercados populares llevó a un acaparamiento de productos por parte de distribuidores. Con ello se hizo imposible para el Estado que se respeten los precios y se generó un fenómeno de especulación. En el campo, un racimo de plátanos podía costar 0,50, mientras que en una tienda cada plátano se llegó a vender hasta en 0,20.

El Mercado de San Roque fue una de las ferias cerradas durante los inicios de la pandemia en Quito.

Solidaridad comunitaria

“Randi randi”, es una expresión indígena que significa  brindar apoyo y compartir. En la ruralidad, las comunidades se cuidaron por si solas. En la pandemia iniciaron mecanismos de trueque y donaciones que reactivaron sus economías locales. Pero no fue suficiente y muchos agricultores tuvieron que viajar a las ciudades a emplearse en el sector informal para subsidiar su actividad campesina.

En el Centro Histórico se ven cada día cientos de vendedores ambulantes. Los comerciantes en los mercados se quejan de que las autoridades han fomentado las ventas informales al cerrar las ferias en tiempos de pandemia.

El Gobierno de Lenin Moreno también intentó subirse al tren de la solidaridad y lanzó la campaña “Dar una mano sin dar una mano”. La campaña recopiló más de $1 millón en donaciones de la ciudadanía que fueron canalizadas en una alianza con las principales cadenas de supermercados del país. Pero la Alianza de los Derechos Humanos de Ecuador denunció que los kits contenían alimentos que “no duran más de un día y no son nutritivos”.

Las promesas de Lasso en el aire

El nuevo Gobierno se ha dedicado a “poner la casa en orden”. Ha enfocado sus esfuerzos en eliminar el déficit fiscal y a atraer inversión extranjera bajo el lema “más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador”. Paralelamente ha incentivado al sector exportador empresarial mediante el impulso de tratados bilaterales de comercio y ha marcado una nueva tendencia de relaciones con el Fondo Monetario Internacional.

La principal promesa de Lasso en campaña para el agro fue “$1000 millones en créditos al 1% de interés con 30 años plazo”. El ministro de Agricultura habló de condiciones como la asociatividad de los productores para recibir estos créditos, aunque se ha conocido en la prensa que el trámite puede durar más de 3 meses, tiempo durante el cual el productor pierde su oportunidad de trabajo.

La orientación del Gobierno de Lasso se ve reflejada en la composición de sus carteras de Estado. Así están conformadas las instituciones relativas a la agricultura:

“El financiamiento del sector es rol del Gobierno, no de la empresa privada” 

Oscar Calahorrano, presidente de ProPalma y miembro del Directorio de la Fedexpor, conversó en entrevista para PlanV sobre la visión del sector exportador. “Vemos como una gran necesidad que el Gobierno materialice una de sus grandes promesas de campaña que fue atender al agro. No existe en este momento un fomento agrícola” dijo Calahorrano.

Según el presidente de ProPalma, el énfasis debería estar en la gran necesidad que tiene la cadena productiva para salvaguardar el abastecimiento local y las exportaciones de los sectores productivos.

“El campo ha avanzado gracias a su esfuerzo propio. Pensar que la actividad agrícola puede ser financiada con crédito privado es inviable, es un rol del Gobierno”, mencionó el directivo. “No vemos materializado el crédito de las oportunidades.

En lo respectivo al sector palmicultor, Calahorrano habla de una crisis de la cadena productiva por la plaga de pudrición del cogollo (PC) que ha exterminado más de 110 mil hectáreas en el Ecuador. Esto generó que la producción pase de un año récord más de 604 mil toneladas de aceite crudo de palma a tener un año con 380 mil toneladas, más del 40% se ha perdido.

La palma tiene como principal provincia productora de producción a Esmeraldas. Según la Fedexpor esta industria genera 7 plazas directas de trabajo por cada 10 hectáreas y emplea a cerca de 40 mil personas a nivel nacional.

Para Calahorrano hay varios factores necesarios de poner sobre la mesa. “Tenemos una plaga que no tiene cura, avanza hasta exterminar toda la plantación. La reducción de producción de aceite de palma fue una realidad a nivel mundial, ya sea por casos climáticos o la guerra en Ucrania, que borró del mapa un 58% de la producción global”.

Según el dirigente el incremento en los precios del aceite y los derivados da un alivio a los productores. “La cadena productiva de palma se caracteriza por tener mano de obra calificada, un empleo de estabilidad a largo plazo y alineado con la legislación nacional”. Desde el sector empresarial se habría propuesto al Gobierno Nacional articular una inversión de $25 millones cuyo principal rubro será para tumbar las palmas afectadas por la plaga.

Pero el campo y la producción agrícola tienen sus propios rostros. Del campo los productos llegan a Quito atravesando largas carreteras y en horas de la madrugada. En el Mercado Mayorista, al sur de la capital, conocimos a tres vendedoras que sirven de puente entre los campesinos y los consumidores urbanos.

“El alcalde cerró las ferias e inundó las calles de ventas ambulantes” - María Vega.

María Vega vende papayas en el Mercado Mayorista de Quito. Su producto es traído de Santo Domingo. María tiene más de 30 años en su puesto, junto a otras decenas de vendedores son una de las asociaciones en el mercado que inician las ventas a la 01h00am.

A tempranas horas de la madrugada llegan a este centro de acopio compradores al por mayor y proveedores de mercados minoristas de la ciudad. María cuenta que hace falta la presencia de la Policía, ya que los asaltos y robos son constantes. Los delincuentes le piden el dinero de sus ventas o roban el producto a sus clientes.

María Vega lleva más de tres décadas como comerciante en el Mercado Mayorista. Su puesto de venta es parte de una asociación de comerciantes que traen sus productos de Santo Domingo. 

De madrugada, el Mayorista está completamente lleno. El mercado tiene alto tráfico con camiones que arriban para  dejar productos que llegan de todas las regiones del país. Mientras la ciudad duerme, la industria alimentaria trabaja de lunes a domingo para abastecer a la capital.

En plena pandemia, María se contagió de covid, por lo que pasó toda la cuarentena viviendo en el mercado. Pasó más de 90 días usando los baños del establecimiento para asearse. Hacía fogatas para cocinar el día a día.

Son meses de bajas ventas, según cuenta la vendedora, por las vacaciones escolares. Durante la pandemia, el Municipio restringió el acceso al mercado. Aunque según cuentan los vendedores, no lograron cerrarlo en su totalidad debido a la resistencia de las asociaciones. “El alcalde le hizo un mal al comercio, cerró las ferias e inundó las calles de vendedores ambulantes”, recuerda María.

“No le tengo miedo a las enfermedades, si llega me he de morir” - Luz Calderón

Luz Calderón vende guineos provenientes de Echeandía, Bolívar. Su núcleo familiar organiza viajes tres veces por semana para traer directamente el guineo de los productores. Son 6 horas de viaje con camiones vacíos, con productos se demora más. Esos trayectos recorren cada día los camiones que llegan a la capital para vender sus productos.

Esta vendedora sabe que hay una gran competencia dentro del mercado, y en otros centros de Quito por la venta de su producto. Por eso cuida a sus clientes, “de ellos vivimos”, dice. Por la mañana, llegan clientes minoristas a regatear por racimos de guineo. Luz regatea, escucha ofertas y conversa con sus clientes. La gente le comenta que en otros puestos venden más barato.

Luz Calderón organiza entre dos o tres viajes por semana a Echeandía para abasterce con banano. Los productores emprenden viajes diarios de al menos 6 horas para vender el banano en Quito. 

Este tipo de productos no tienen un precio fijo por lo que la relación entre el vendedor y el cliente determina si se concretan las ventas. “Es imposible ponernos de acuerdo, así lo hiciéramos perderíamos con los otros mercados que se bajen”, cuenta.

En la pandemia Luz no se quedó en casa, “no le tengo miedo a las enfermedades, si llegan me he de morir”, dice. Tanto en pandemia como en el paro hubo buenas ganancias para los comerciantes que salieron. Aunque sus hijos le reclamaban Luz no ha cesado de trabajar en las varias décadas que lleva en el mayorista.  

“Me gusta mi trabajo, la relación con el cliente, sentirme querida” - Marta Mena

Marta Mena vende papas hace más de 40 años en el Mercado Mayorista. Llegó al establecimiento cuando eran apenas unos pocos comerciantes. Hoy cuenta que hasta el Mayorista llegan compradores de todo el país. Dependiendo de la temporada incluso llegan de Loja o Cuenca cada día camiones.

La perca, la chola o la única son algunas de las variedades que más se venden. Mara cuenta que hay una sobreproducción por lo que los precios están bajos. Pero las ventas también, la temporada de vacaciones escolares también se hizo sentir en esta industria, “los niños consumen mucho la pera que es para las salchipapas, aunque no parezca los niños consumen bastante”, narra la comerciante.

Según Marta hay una actual sobreproducción debido a que “todos decidieron producir al mismo tiempo”. Los fertilizantes están caros así que para los productores que no tenían acceso a capital les fue imposible trabajar hace unos meses.

Marta Mena trabaja desde las primeras horas de la madrugada en la venta de papas carchenses.

La comerciante tiene clientes de años. Abastece directamente a hoteles y restaurantes de la capital. “Me gusta mi trabajo, me gusta la relación con los clientes, sentirme querida, como de la familia”, dice.  Marta vela por sus clientes y les avisa cuando hay precios bajos. Como otras comerciantes dice, “de ellos vivimos”.

Prácticamente todas las papas vienen del Carchi. Desde Tulcán o El Ángel salen diariamente camiones hacia la capital. Marta coordina esas llegadas con su núcleo familiar en el puesto del mercado. De “esto comemos todos en la casa”, dice. En este como en otros puestos se repite un patrón. Mujeres que sostienen una estructura. Acá emplean mano de obra con hombres que se encargan de manejar los costales de producto.

Durante el paro nacional el Gobierno impulsó el mensaje “yo no paro, yo trabajo”. El mensaje alentó las estigmatizaciones a los trabajadores del campo y de escasos recursos. Pero nuestra visita al Mayorista reportó gente que ha puesto su trabajo de lunes a domingo desde tempranas horas de la madrugada. Con productores que envían camiones a largas horas de viaje a la capital. Con comerciantes que tienen que pelear por mejores condiciones en el establecimiento, “tuvimos que hacerle la guerra al administrador para que pavimente adentro, no sabemos que está haciendo los peajes que se cobra a los autos porque aquí no se queda”, cuenta Marta.