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9 de Junio del 2020
Historias
Lectura: 14 minutos
9 de Junio del 2020
Redacción Plan V
El veto del Gobierno institucionaliza una jornada de 12 horas para el teletrabajo
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El Gobierno se tomó 24 días para analizar y vetar parcialmente, el proyecto de Ley Humanitaria, que vuelve a la Asamblea Nacional para que el Legislativo se allane a las observaciones presidenciales o insista en su texto original, para lo que tiene otros 30 días. Varias puntualizaciones a la nueva norma legal constan en el documento enviado por el Ejecutivo hoy.

A pesar de que se tomó su tiempo, más de 20 días, el Gobierno realizó pocos cambios en el texto de la Ley Humanitaria, aprobada por el Legislativo el pasado 15 de mayo luego de intensos debates. Tras abandonar su intento de imponer una "contribución" a empresas y trabajadores, el Gobierno logró la aprobación de un texto con escaso margen en la Asamblea.

El veto parcial tiene 32 observaciones. El Gobierno  hizo algunas precisiones en lo referente al teletrabajo, si bien ratificó que la jornada en esa modalidad será, en la práctica, de 12 horas y no las ocho que conformaban la jornada laboral habitual. Esta consideración, que ya constaba en la Ley aprobada por la Asamblea, establece que una persona en teletrabajo tiene 12 horas de "desconexión", lo que significa que en la práctica trabaja las otras doce. La norma propuesta por el Ejecutivo precisa que el teletrabajo no se efectuará en los días de descanso -es decir, fines de semana y feriados- en las vacaciones o en los permisos.

En una reforma al Código del Trabajo, el Gobierno habla de un teletrabajo permanente, parcial y ocasional. Aunque se trate de teletrabajo, precisó el régimen, los trabajadores deberán gozar de los mismos beneficios que cualquier otro trabajador, pues la diferencia radica en que no se trabaja en un local de la empresa contratante. Así, el teletrabajador permanente puede hacerlo en su casa o en otro lugar, sin la obligación de asistir a los locales de la empresa. El teletrabajador parcial, en cambio, deberá ir a la oficina determinados días y el teletrabajador ocasional lo hará con esa modalidad solo en ciertas circunstancias acordadas. Quien decide dónde trabaja es el propio trabajador, por lo que se puede instalar en su casa o en cualquier otro lugar, de ahí que no es teletrabajo si el empleador decide el lugar en donde se trabaja.

La norma propuesta por el Ejecutivo precisa que el teletrabajo no se efectuará en los días de descanso -es decir, fines de semana y feriados- en las vacaciones o en los permisos.

Pero el hecho de que no se vaya a una oficina no significa que el teletrabajo valga menos, pues los salarios, como de costumbre, serán pactados entre el empleador y el trabajador. Los equipos de trabajo -como por ejemplo la computadora, el celular o el mobiliario- no deben correr por cuenta del empleado, sino del empleador, según precisa la norma.

En el sector público, el teletrabajo estará regido por una reforma que el Ejecutivo propone en la Ley Orgánica del Servicio Público. Serán las unidades de Talento Humano de las entidades públicas las que determinen si se puede aplicar el teletrabajo, tanto en contratos y nombramientos nuevos, cuanto en los que estén en vigencia actualmente.

Pero al igual que en el sector privado, en el público la jornada del teletrabajador será de por lo menos doce horas, pues el "derecho a la desconexión" será de solo doce horas consecutivas en un plazo de 24 horas. En la práctica, esto significa que un teletrabajador del sector público deberá estar trabajando en linea, por ejemplo, entre las 08:00 y las 20:00 de corrido, de lunes a viernes. 

En la práctica, esto significa que un teletrabajador del sector público deberá estar trabajando en linea, por ejemplo, entre las 08:00 y las 20:00 de corrido, de lunes a viernes.

Pensiones de colegios y universidades privadas

Pero como la ley contiene disposiciones muy variadas, el veto se refiere a varios otros temas. Así,  en lo referente al pago de pensiones sobre todo en colegios y universidades privados, se dispone que los centros de desarrollo infantil, instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales del Sistema Nacional de Educación y las instituciones del Sistema de Educación Superior "otorgarán rebajas de hasta veinticinco por ciento (25%) a los representantes de los alumnos, de acuerdo a la justificación que presenten, demostrando haber perdido su empleo o de forma proporcional si han disminuido sus ingresos".


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Además, las instituciones de educación "no podrán suspender, bajo ninguna forma, el servicio educativo, la asistencia, el registro de asistencia y evaluación a dichos alumnos" y se agrega que "en los casos en los que exista incumplimiento de pago de hasta seis (6) meses, sin que las partes logren un acuerdo de pago, el Estado brindará las facilidades para que los estudiantes se mantengan dentro del sistema educativo, garantizando un cupo en una unidad educativa del sector público para el siguiente quimestre".

Las instituciones de educación superior particulares, durante la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno, "podrán ampliar el porcentaje de becas a sus estudiantes matriculados regulares en un 10% adicional de lo ya establecido en el artículo 77 de la Ley orgánica de Educación Superior, en cualquiera de los niveles". En 15 días, desde la promulgación de la Ley, "el ente regulador autorizará a las instituciones de educación superior, que así lo soliciten y cumplan con los requisitos, que su oferta de carreras y programas de educación superior pase, total o parcialmente, a modalidad virtual".

Facilidades de pago al IESS, controles de precios y de tarifas de servicios básicos

El veto consideró algunas facilidades de pago para los empleadores que no han hecho el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2020 "sin la generación de intereses, multas ni recargas" y sin que se genere "responsabilidad patronal".

Los afiliados del seguro voluntario que no hayan pagado también tendrán facilidades, pero esto deberá resolverlo el Consejo Directivo del IESS.

Por otro lado,  los servicios básicos (incluyendo telefonía y telecomunicaciones) no podrán subir sus tarifas hasta seis meses después de la vigencia del Estado de Excepción. Asimismo, se prohíbe la suspensión del servicio por no pago, hasta 30 días después de la vigencia de esta ley, lo que en la práctica puede significar que si bien no suspenden el servicio, empresas de internet simplemente han limitado la velocidad a a clientes en mora valores prácticamente inútiles para el uso cotidiano, aspecto que el veto no prohíbe.

Empresas de internet simplemente han limitado la velocidad de clientes en mora a valores prácticamente inútiles para el uso cotidiano, aspecto que el veto no prohíbe.

Entre tanto, con un Decreto Ejecutivo, se fijará la política para el control de precios de la canasta básica familiar, hasta diciembre del 2020 con el fin de evitar la especulación.

Otra norma se refiere a los seguros privados de salud: "Las compañías aseguradoras y/o de medicina prepagada no podrán cancelar o dar por terminadas las pólizas de seguro de salud ni los contratos de medicina prepagada ni suspender la cobertura de las mismas si es que se presentasen atrasos en los pagos del titular del contrato de hasta 60 días adicionales a los que establezcan los contratos respectivos". "Esta prohibición se aplica solo a los atrasos incurridos durante el tiempo que dure el estado de excepción por la emergencia sanitaria del covid-19".

Sobre la polémica medida de permitir vuelos directos internacionales a las Islas Galápagos, el veto establece que serán las autoridades involucradas, entre ellas los ministerios de Ambiente, Turismo, Salud y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, quienes elaboren informes técnicos en los que se evalúe la factibilidad de esta opción.

El veto propone que se deje de pagar las pensiones vitalicias a los ex mandatarios de la República que no concluyeron su periodo por las causales dispuestas en la Constitución o por haber sido sentenciados en delitos como cohecho, peculado y otros.

En otro tema, el veto propone que se deje de pagar las pensiones vitalicias a los ex mandatarios de la República que no concluyeron su periodo por las causales dispuestas en la Constitución o por haber sido sentenciados en delitos como cohecho, peculado y otros, lo que afectaría directamente -si se llega a aplicar de forma retroactiva- a personajes como Abdalá Bucaram o Jamil Mahuad (en el primer caso se declaró su "incapacidad mental para gobernar" y en el segundo su "abandono del cargo") y eventualmente podría afectar al ex presidente Rafael Correa, sentenciado en el caso Sobornos.

Jornadas más cortas y salarios reducidos

En lo referente a los cambios laborales, el Gobierno dijo que los empleadores podrán acordar con sus trabajadores la reducción de máximo el 50% de la jornada laboral, lo que, obviamente, significa que les pagarán solo las horas trabajadas, algo que en la práctica ya empezaron a hacer empleadores en todo el país durante la pandemia, alegando la situación económica provocada por la cuarentena. En el texto aprobado por la Asamblea ya constaba -y el Gobierno solo lo ratificó- que la reducción del salario no podrá ser menor al 55% del sueldo fijado previo al acuerdo. Es decir, si un trabajador gana el sueldo mínimo de USD 400, su jornada se reduce a la mitad, y le pagarán solamente las horas trabajadas, tomando en cuenta el valor del 55% del salario. La norma incluye que esta reducción debería haberse producido por fuerza mayor "debidamente justificada". Además, si se realizan despedidos se debe tomar como base el último sueldo vigente antes de la reducción de la jornada laboral. 

En este ámbito, el Gobierno estableció que esta nueva modalidad, que significará en la práctica la reducción de los ingresos de miles de personas, podrá realizarse por un año con la posibilidad de hacerlo por otro año, es decir, no menos de dos años. Los legisladores habían aprobado algo aún más severo: que el acuerdo dure dos años y se extienda dos más, es decir, cuatro años. 

Una definición de "fuerza mayor" que coincide con la de algunos empresarios

El régimen hizo algunas precisiones en la cuestionada figura de la "fuerza mayor" que consta en el Código del Trabajo y a la cual se han acogido empleadores para despedir a personas con varios años de antigüedad sin tener que pagar lo que hubiera costado un despido intempestivo. Según un númeral del artículo 169 del Código, se puede despedir por razones de fuerza mayor o caso fortuito. La revisión de los miles de casos de la dudosa aplicación de esta norma deberá realizarla un juez, es decir, los perjudicados de esta manera deberán demandar primero ante la justicia. En una de sus consideraciones, el Gobierno estableció que si un juez determina que se invocó "de manera injustificada" esa causal, entonces el empleador deberá de todas formas pagar la indeminización por despido intempestivo multiplicada por 1.5. En este tema, precisó también que se aplicará cuando "el contrato se torne inejecutable", sea por "la naturaleza de la actividad o la característica del servicio convenido". Así mismo, se precisa que el empleador podrá determinar qué relaciones laborales se han vuelto, a su criterio, "imposibles de ejecutar", en "una línea o unidad de negocio específico". Además, se considerará que hay fuerza mayor cuando haya "prohibición expresa de autoridad competente ejecutar la actividad o servicio" que está prevista en el contrato de trabajo. 

La nueva ley contiene un blindaje para las personas que no puedan pagar sus deudas, creando un mecanismo especial para el cobro. De ahí que el veto presidencial incluye la prohibición de que se dicten medidas otros medidas cautelares, coactivas, judiciales o administrativas contra personas y empresas que no puedan pagar sus deudas, mientras dure el plazo previsto en la ley. Estos son los acuerdos preconcursales, que se podrán iniciar con una declaración ante notario durante por lo menos los próximos tres años. 

Sobre la figura del nuevo contrato especial emergente, se precisó que “se celebra para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en situaciones emergentes o para nuevas inversiones o líneas de negocio, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del negocio, modificación del giro del negocio, incremento en la oferta de bienes y servicios”. Podrá tener una duración de un año, con mínimo 20 horas semanales y máximo de 40, distribuidas en un máximo de seis días a la semana, sin sobrepasar las ocho horas diarias y tener 24 horas consecutivas de descanso. El Gobierno propone que en caso de que se requiera renovar esta contratación, pasará a ser definitiva.

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