Estas últimas semanas han sido de enorme agitación política para España. Al cúmulo de errores cívicos y éticos, irresponsablemente propiciados por los partidos políticos que se encuentran en una confrontación intestina con miras a las elecciones del 10 de noviembre y que tiene semi paralizada a la administración pública, se han sumado, para complicar el panorama, dos eventos de singular importancia para la vida democrática y memoria colectiva de ese país: el traslado de la momia del dictador Franco desde el Valle de los Caídos al cementerio familiar, y la decisión judicial del Tribunal Supremo que dictaminó una sentencia entre 9 y 13 años de prisión a varios dirigentes catalanes, situación que ha profundizado la ira nacionalista y remarcado el proyecto independentista en la comunidad mediterránea que sigue convulsionada desde hace más de 10 días hasta estos momentos.

Para las personas que no conocen, el Valle de los Caídos es una basílica católica construida con mano de obra de presos políticos y otros trabajadores entre 1940 y 1958. Reposan en ese sitio los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera y más de 30.000 combatientes de ambos bandos de la Guerra Civil española. Desde el año 1975 acoge al ataúd del Generalísimo como solían decirle, y su presencia momificada ha suscitado más de una controversia ética y política, pues resulta aberrante observar en el mismo campus al perpetrador y a sus víctimas, todos los esqueletos bajo un espacio compartido, simbólico, ritual y visitado. Algo así como que estuvieran enterrados en lugares conjuntos Pinochet y Allende, Somoza y Ernesto Cardenal, Galtieri y los hijos de las madres de la Plaza de mayo. La basílica es administrada por frailes benedictinos que poseen capacidades económicas sui géneris y despliegan una rara interpretación de autonomía que no responde a la autoridad eclesial local. Habría que preguntar a El Vaticano.

Los restos del Generalísimo fueron retirados de la basílica que mandó construir.  Foto: José Luis Roca / El Periódico

Dependiendo del cristal político con el cual se mire, los actos burocráticos y administrativos del Gobierno español relacionados con la momia del dictador Franco llegan en el mejor o peor momento electoral. Adecuado para los socialistas que aparecen como reivindicadores históricos de los derechos humanos de los olvidados en un momento de posible inflexión partidaria. Conveniente para las derechas de distintas modalidades, pero sobre todo para el novísimo partido Vox que postulando ideas extremas, racistas, xenófobas y antiglobalización ha gritado a los cuatro vientos que se trata de una “profanación” y que la acción gubernamental es una afrenta contra el sentimiento católico de la población; dicho sea de paso, este partido hace apología del franquismo y no esconde sus tendencias facistoides.

La amplificación necrófila resulta negativa para las izquierdas políticas de Unidos Podemos y los partidos regionales que, a más de oponerse a la utilización electoral y mediática del pasado autoritario, miran absortos el reposicionamiento irracional de las ideas nacionalistas contra la integración europea y los discurso anti España que podrían minimizar su representación en los sufragios de noviembre. No han entendido algunos partidos que es insuficiente exponer la razón tecnocrática, el debate mesurado sobre la crisis en torno a la falta de empleo y las medidas económicas para mejorar la calidad de vida de la población. No basta con esgrimir argumentos a favor de la modernidad y el multiculturalismo anclados a una concepción nacional de identidad inclusiva, diversa y tolerante. El otro nacionalismo, de “ellos”, representa un sentimiento muy peligroso cuando transita de la reivindicación autonómica a la autodeterminación, y de ahí al proyecto independentista como está sucediendo actualmente en tierras catalanas.

En este campo, el inadecuado manejo del “problema catalán” por parte de las autoridades de Madrid ha intensificado el conflicto político antes que minimizarlo. Pareciera que existe una recurrente y añorada costumbre española de torear los conflictos. Franco sostenía que se debe “hacer podrir los problemas políticos”; el gallego conservador Rajoy, en sus cálculos personalistas, tuvo el desatino de no escuchar a tiempo las demandas emitidas desde Barcelona porque estaba tratando de opacar los escándalos de corrupción de su Partido Popular; y ahora, el PSOE, en su afán de preservar su condición de primera fuerza electoral, no ha logrado establecer consensos mínimos para lograr la investidura y el normal funcionamiento del aparato estatal.

Los ojos de la Comunidad Europea también se encuentran puestos sobre suelo catalán. Bruselas ha sido enfática en mencionar que no reconocerá a nuevos Estados que sean producto de ilegalidades constitucionales o incumplan normativas expresas. Se viene encima el brexit y hay pocas respuestas emitidas desde España que mantiene una fuerte dependencia turística con el Reino Unido, así como continúa latente el irresuelto tema de la soberanía territorial y marítima sobre el peñón de Gibraltar con Gran Bretaña.

Nacionalismos van y nacionalismos vienen; intereses geopolíticos y comerciales se cocinan ahí y se fríen allá, y mientras eso sucede, la gente observa atónita como comienzan a aparecer voces más fuertes que exigen la aplicación del artículo constitucional 155 y la ejecución de Ley de Seguridad Nacional para aplacar el proyecto independentista catalán, es decir, utilizar la fuerza castrense en un contexto complejo donde la policía local —los mossos de esquadra— está bajo control de la autoridad llamada Generalitat, ósea el gobierno autonómico que dice representar la voluntad del independentismo popular. Este asunto debe mirarse con mucho cuidado en esa comunidad porque han sido varios los casos de descoordinación entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y las fuerzas públicas encargadas del orden y la seguridad en las ciudades de Cataluña. 

Lamentablemente el diálogo de sordos ha ganado terreno. La negativa del Presidente de Gobierno Pedro Sánchez de hablar con las autoridades comunitarias acrecienta la incertidumbre y el riesgo. Afirmar que su administración “hará lo que tenga que hacer porque la autodeterminación no existe” satura el espectro político y legitima la incomunicación en un contexto que es aprovechado por los distintos partidos para sus posicionamientos electorales. Haber sentenciado a los representantes políticos catalanes a un tiempo mayor de prisión respecto a las penas que se les impuso a los golpistas de 1982, constituye un factor que está siendo asumido por las nuevas generaciones como una venganza a su deseo separatista.     

Con varios representantes de la causa catalana exiliados en Bélgica y Suiza y más allá de los debates jurídicos e institucionales, existe de por medio la real construcción popular de héroes y villanos que intervienen en este ring político de las identidades nacionales. Madrid está mirando de mala forma que hayan aparecido organizaciones con pretensiones terroristas y que fueron arrestados in fraganti con explosivos hace pocas semanas. El uso del concepto radicalización, atribuido hasta ahora para señalar a las amenazas yihaidistas o salafistas, podría ser desplazado al accionar de algunos grupos violentos como los Comités de Defensa Republicana CDR que según algunas fuentes de inteligencia mantienen colaboración con anarquistas italianos y franceses.         

La democracia española arrastra varios pecados de omisión. La transición fue construida con inercias derivadas del período dictatorial e incorporó retazos de ese pasado reciente. También diseño un sistema de partidos y una clase política que tiene rasgos muy similares a sus pares latinoamericanos. Por añadidura ha mantenido vigente a una iglesia católica que adolece de amnesia autoinducida; de hecho, la memoria colectiva española sobre el período dictatorial del nacional catolicismo sufre de encapsulamientos selectivos porque mira a la vez dicho problema con miopía y presbicia. Todo un embrollo reticular.     

Debatir sobre la responsabilidad de la Iglesia católica, apostólica y romana en el pasado dictatorial del generalísimo Francisco Franco constituye un tema tabú. Esto representa un grave problema a resolver porque la memoria colectiva se presenta con lagunas mentales que tienen consecuencias en el sistema educativo al propiciar un conocimiento social con versiones disímiles y hasta contradictorias de esa etapa histórica. Docentes consultados mencionan que el problema es mayor debido a la fragmentación de los textos escolares en cada comunidad autonómica, ya que de cada 10 estudiantes comprendidos entre los 19 y los 32 años, seis de ellos tienen un conocimiento más que superficial respecto a los 40 años dictatoriales. Parte de esa generación es precisamente la que acudirá a las urnas en noviembre, muchos de ellos participan de forma activa y violenta en las manifestaciones catalanas, y un segmento reducido, pero con tendencia incremental, está gritando en las calles consignas favorables a la falange facista creada por el extinto José Antonio Primo de Rivera.

De esa manera, la memoria histórica desarrollada por las instituciones españolas a lo largo de todos estos años no contempla la reparación, la rendición de cuentas y la dignificación de las víctimas. Tratada con amnesia selectiva, constituye un cóctel peligroso para la democracia porque continúa utilizando una fórmula relativamente caduca que mezcla de manera hibrida un sui géneris federalismo licuado con monarquía constitucional.