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20 de Enero del 2016
Historias
Lectura: 19 minutos
20 de Enero del 2016
Decio Machado
Entre colibríes y Foucault, la criminalización de la protesta asoma en Puyo

Fotos: Cortesía

La ciudadanía del Puyo se movilizó durante el levantamiento indígena y paro nacional del 13 de agosto.

 

“En medio del pánico y caotizado el centro de la ciudad por las bombas lacrimógenas, la gente que estaba en la movilización se dividió en pequeños grupos, los cuales fueron perseguidos por la policía y los militares, quienes detuvieron a gente en diferentes puntos de la ciudad”. Así narraba Andrés Tapia, uno de los ciudadanos asistentes a la manifestación, como finalizó la movilización del pasado 13 de agosto en el Puyo. Son 7 ciudadanos encausados en el Puyo por presunto terrorismo organizado, una figura penal que se aprobó con el COIP. Fueron acusados luego de las movilizaciones del 13 de agosto del 2015. Ellos tienen su audiencia este 26 de enero.

“En medio del pánico y caotizado el centro de la ciudad por las bombas lacrimógenas, la gente que estaba en la movilización se dividió en pequeños grupos, los cuales fueron perseguidos por la policía y los militares, quienes detuvieron a gente en diferentes puntos de la ciudad”. Así narraba Andrés Tapia, uno de los ciudadanos asistentes a la manifestación, como finalizó la movilización del pasado 13 de agosto en el Puyo.

Dicha movilización se realizó en el marco de las protestas nacionales que impulsaron la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el Frente Unitario de Trabajadores en agosto del 2015. Dichas protestas tuvieron su inicio en una marcha que partió el día 2 de agosto desde Tundayme –provincia de Zamora Chinchipe- y que culminó el 13 de agosto en Quito, aunque las acciones de protesta se prolongaron en diversos puntos del país hasta el 26 de ese mismo mes. Según un informe del Colectivo de Investigaciones y Acción Sicosocial Ecuador, hubo 229 “agresiones, detenciones, intentos de detención, y allanamientos en todos los territorios donde se realizaron movilizaciones y protestas”, en especial en las provincias de la Amazonía y Sierra sur del país. Según este análisis aproximadamente dos de cada tres personas víctimas de violencia estatal fueron detenidas, lo que da cuenta de una estrategia de control sobre la protesta.


Durante la tarde del 13 de agosto, los opositores al gobierno marcharon por el centro del Puyo.


Empiezan los incidentes en el cetro de la ciudad, cuando la marcha opositora y el acto oficialista se encontraron.


Un elemento de civil con armas policiales para reprimir a la población del Puyo.

Ya en 1975, el filósofo francés Michel Foucault escribiría en su emblemática obra Vigilar y Castigar, “el ejemplo se buscaba no sólo suscitando la conciencia de que la menor infracción corría el peligro de ser castigada, sino provocando un efecto de terror por el espectáculo del poder cayendo sobre el culpable”. Cuarenta años después, en el “país de los colibríes” -un ave que se adapta con suma facilidad a la vida en cautiverio- entraba en vigor un Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tipifica como terrorismo organizado, acciones propias de toda resistencia social. Es con esta herramienta, considerada por muchos juristas como punitiva, mediante la cual el Estado procederá a aplicar sentencias a los procesados de la movilización social más importante que ha habido hasta ahora en el Ecuador tras la aprobación de dicho código.

Es con esta herramienta, la de terrorismo organizado, la cual el Estado procederá a aplicar sentencias a los procesados de la movilización social más importante que ha habido hasta ahora en el Ecuador tras la aprobación del COIP.

La visión del oficialismo sobre dichas movilizaciones, definida por las organizaciones indígenas y sindicales convocantes como “levantamiento indígena” y “paro nacional”, la posicionó el presidente Rafael Correa en un encuentro organizado por su partido en los días previos a la llegada de los movilizados a la capital. “Esto es parte de una estrategia continental contra los gobiernos progresistas, apoyada por grupos de extrema derecha de los países hegemónicos. Pero la prensa lo va a seguir negando ¿Quién va a decir soy golpista y quiero botar al presidente?”, sentenciaría el mandatario. El 12 de agosto, un día antes de la convocatoria nacional, el líder de la Revolución Ciudadana se reafirmaría en rueda de prensa, indicando: “quieren crear caos, quieren desestabilizar” y de paso “destruir lo que hemos construido”. La  definición del enemigo realizada por el presidente Correa recuerda a Cornelio Tácito –historiador y miembro del senado romano-, quien casi dos mil años antes y ejecutando una similar tarea de agitación que es mucho más nociva que la violencia misma, describiría a los judíos ante el pueblo romano de la siguiente manera: “consideran profano todo lo que nosotros tenemos por sagrado, y todo lo que nosotros aborrecemos por impuro es para ellos lícito”.  Como bien indicaría el semiólogo italiano Umberto Eco en una de sus últimas obras, “cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo”.


Elementos militares toman una tramo de la troncal amazónica para reprimir las movilizaciones.

Según Tapia, la asistencia a la manifestación del Puyo rebasó las expectativas de los convocantes: “éramos unos mil, lo que en una ciudad de 40 mil personas es mucha gente”. Según diversos testigos presenciales, la movilización transcurrió de forma pacífica y fue al llegar al centro de la ciudad cuando comenzaron los tumultos y enfrentamientos entre manifestantes, policías y miembros de las Fuerzas Armadas.

Los sucesos violentos del Puyo vienen marcados por una singularidad, y esta es el cambio de lugar -determinado a última hora por el gobernador de la provincia, el Ing. Milton Quito- para la realización de un evento de apoyo al régimen convocado por la propia Gobernación. Esta actividad pro-gubernamental, denominada Diálogo Público de Justicia y Equidad, que fue promocionada por el gobierno de la Revolución Ciudadana mediante spots radiales en el que se decían: “hola María, ¿cómo estás?; yo bien ¿y tú?; cuéntame vas a salir a las marchas; qué marchas ni que nada, yo prefiero buscar el diálogo y estar bien informado”, tras lo cual una voz en off manifestaba, “qué buena decisión María, entonces mejor te invito a ti y a toda tu familia a la gran feria por la paz (…) que se desarrollará este 13 de agosto en el Malecón del Río Puyo”, fue sorpresivamente trasladado a pocos metros de donde estaba convocado el fin de la marcha opositora.

Para Stalin Robles, uno de los detenidos en la tarde noche del 13 de agosto, el tema de responsabilidades se resume de la siguiente manera: “es el gobernador Martín Quito el verdadero responsable de los hechos que acontecieron el día de la movilización".

Sería la propia Policía Nacional - Sub Zona Pastaza, mediante un oficio fechado el día antes de los sucesos, con referencia No. 2015-2326-SZ-PASTAZA, la que solicitaría a Martín Quito, con escaso éxito, que dicho evento se desarrollara en el sitio que inicialmente se indicó, con el fin de evitar posibles enfrentamientos entre afines y opositores al régimen.

Para Stalin Robles, uno de los detenidos en la tarde noche del 13 de agosto, el tema de responsabilidades se resume de la siguiente manera: “es el gobernador Martín Quito el verdadero responsable de los hechos que acontecieron el día de la movilización, a nadie se le ocurre trasladar un acto progubernamental convocado inicialmente a kilómetro y medio de la protesta, sin previo aviso y el día de antes, a escasos metros de donde terminaba la manifestación”. En su narración de los hechos, Robles cuenta como la movilización transcurrió de forma pacífica hasta que llegados a la zona donde sorpresivamente se ubicaron las tarimas oficialistas, sus seguidores les profirieron ofensas de distinta índole, lanzando incluso los palos de las banderas. “No había vivido con anterioridad algo así, realmente el día 13 de agosto mientras ejercía mi derecho democrático a protestar, fuimos provocados”, denuncia este trabajador del servicio de limpiezas del municipio.

Pero sobre Martín Quito recaen también otras acusaciones. Según Margoth Escobar, cuyas imputaciones de Fiscalía y de la acusación particular promovida por el Ministerio del Interior fueron ya sobreseídas por el mismo juez que instruye este caso, los policías que la detuvieron una vez finalizada la marcha indicaron que lo hacían por orden del gobernador.

El Ing. Martín Quito, un activo del oficialismo en la provincia que con anterioridad ya había ocupado cargos como director provincial del MAGAP y también del IESS, aunque con escaso éxito en sus aspiraciones políticas sometidas a sufragio universal, negaría tales hechos en la prensa local. “Yo no tengo nada que ver con los detenidos o como señalan en las redes sociales que yo he ordenado que se detenga a cierta persona, están equivocados (…), yo no tengo competencia para liberar a nadie y tampoco ordenar que se capture a ninguna persona”, declararía Quito ante las acusaciones vertidas en los social media.

Algo huele mal en el Oriente

Si William Shakespeare hubiese hecho nacer a Hamlet en la Amazonía ecuatoriana, seguramente sería famosa la frase “algo huele a podrido en el Puyo”.

Más allá de las incógnitas en torno a porqué el gobernador Quito –siendo el responsable de la seguridad ciudadana en la provincia– propició que la violencia se desatase, los hechos del 13 de agosto y el proceso judicial contra los siete ciudadanos del Puyo acusados con cargos de “ataque y resistencia a la autoridad” (Art. 283 del COIP) están rodeados, siguiendo con terminología shakesperiana, por una “densa y profunda tiniebla”.

Son múltiples los testimonios de ciudadanos puyenses que denuncian la violencia desarrollada por las fuerzas de seguridad, durante el allanamiento de establecimientos comerciales y la detención de personas que consideraron implicadas en las movizaciones de ese día. De los 34 ciudadanos que fueron detenidos en la tarde y noche de ese 13 de agosto –algunos de ellos cuando salían del hospital del Puyo, tras ser asistidos por heridas causadas por los cuerpos de seguridad del Estado– la mayoría de ellos fueron liberados sin cargos en el transcurso de esa misma madrugada.


 El hijo de Margoth Escobar registra sus heridas con una cámara para denunciar la represión de la cual fue objeto su madre. La señora Escobar sufrió prisión y vejámenes luego de las protestas.

Según Stalin Robles, en su detención intervino el Ab. Pablo Herrera, entonces comisario nacional de Policía de Pastaza y quien recientemente ha sido premiado con el nombramiento de director de Salud en esta provincia. “Cuando ya estaba de retirada, horas antes de que terminara la movilización pues por motivos profesionales tengo que levantarme muy temprano, Herrera me abordó en la calle, indicándole a la policía que me detuviera”, asegura Robles, y prosigue diciendo “cuando pregunté porqué y ante las dudas de los uniformados, este señor dijo, faltando a la verdad, que yo le había agredido”.

El mismo Robles, al igual que Patricio Meza, Pilatax Segundo y otros encausados, aseguran que, en algunos casos mediante terceras personas y otros directamente por parte de los defensores públicos, han sufrido un constante asedio para que se declaren culpables y se acojan al procedimiento abreviado. Al respecto cabe indicar que dos de los procesados (José Rodrigo Tubón y Elvis Guamán Cuvi) se acogieron al dicho procedimiento, aunque posteriormente el juez no les aceptó la negociación de la pena.

En la audiencia que tuvo lugar durante los días 8 y 9 de diciembre, el juez Luís Miranda tan sólo aceptó las pruebas de cargo, no acogiendo ni una sola de las pruebas de descargo presentadas por los abogados defensores de los encausados.

Para Meza, “este proceso es de locos”. Este técnico ambiental, autor de uno de los escasos inventarios sobre lo que queda de cóndores en el país, que fue detenido un mes después de los hechos y procesado por “vinculación” denuncia lo que para él supone una grave irregularidad en el proceso: “hay una mala tipificación del delito, no hemos cometido un delito sino en todo caso una contravención por alterar el orden público, el juez ignora que estamos amparados bajo el derecho constitucional a la resistencia”.

Más allá de esto, resulta chocante que la acusación particular -impulsada por el propio Ministerio del Interior- llegase al juzgado el 13 de octubre, el día que se cerraba la instrucción fiscal, pero sin embargo el reconocimiento de rúbrica y firma que debe acompañar dicho procedimiento se hiciera dos días después de pasado el plazo. De igual manera, resulta anómalo que el informe de identificación facial proporcionado también por el Ministerio del Interior fuese entregado también quince días después de cerrada la instrucción fiscal y que el juez la aceptase sin mayor inconveniente.

Según Patricio Meza, los encausados sufren una serie de violaciones sobre sus derechos. Más allá de subjetividades, lo que es innegable es que en la audiencia que tuvo lugar durante los días 8 y 9 de diciembre, el juez Luís Miranda tan sólo aceptó las pruebas de cargo, no acogiendo ni una sola de las pruebas de descargo presentadas por los abogados defensores de los encausados.

A pesar de que ninguno de los policías y militares que declararon hasta ahora en el proceso son capaces de reconocer a ninguno de los acusados, la acusación particular promovida por el Ministerio del Interior solicita a los encausados el abono de 150 mil dólares, mediante un peritaje en el que se inventaría incluso las bombas lacrimógenas que fueron lanzadas contra los manifestantes. A Pilatax Segundo, un albañil con mujer y seis hijos que dependen únicamente de su sueldo, le resulta imposible comprender como el Estado puede solicitarle que pague el conjunto del armamento que los cuerpos represivos del Estado utilizaron contra los manifestantes.


Activistas del movimiento indígena y de movimientos sociales protestan frente a la Corte Provincia durante la audiencia de los 7 procesados del Puyo.

Por su parte Margoth Escobar, quien gerencia un local donde vende “chucherías”, denuncia que se siente acosada por los funcionarios locales del SRI, el Ministerio de Trabajo y el IESS. Esta activista habitual en las movilizaciones en el Puyo contra las políticas extractivistas del Gobierno, considera que de no haber “escapado” del país “tras que me negaran seis veces permiso para ir a declarar a Washington ante una invitación de la CIDH”, seguramente aún estaría detenida en la cárcel de Cuenca. “Mucha gente considera que la presión les venció”, indica la activista de Saramanta Warmikuna.


Margoth Escobar, Stalin Robles, Patricio Meza y Segundo Pilotax.

Por último, mientras diversos detenidos del 13 de agosto en el Puyo denunciaron, con escaso éxito, agresiones policiales; cuantro meses despúes, quien dirigiera los operativos policiales de aquella noche, estrellaba su vehículo contra un poste de luz mientras conducía en estado etílico. El parte policial levantado a raíz del accidente vehicular del hasta entonces intendente general de la Policía de Pastaza, el Ab. William Muñoz, indicaba que el accidentado tenía “aliento a licor”, aunque no fue traslado a la cárcel según dice la ley. Sería el mismo gobernador Quito quien, solidarizándose con su excolaborador, contaría en un medio de televisión local cuáles hechos sucedieron ya en la mañana, luego de algún festejo personal del ya dimitido exjefe de la policía provincial, cuando este ya se retiraba a descansar.

Un proceso listo para sentencia

Volviendo al “país de los colibríes”, sería el argentino Tomás Negri quien en 1941 a través de su Estudio Histológico de los Trochilidae, demostraría que a pesar de la adaptabilidad de los colibríes a la vida en cautiverio, existe un porcentaje de estos a los que podemos considerar “inadaptables”, que “decaen y mueren en los primeros días de cazados”.

Los procesados del Puyo no manifiestan haber leído a Foucault, pero viven en sus propias carnes lo que el francés sentenciaría en otra de sus obras: “el poder disciplinario es un poder discreto, repartido; es un poder que funciona en red y cuya visibilidad sólo radica en la docilidad y la sumisión de aquellos sobre quienes se ejerce en silencio”.

Es por ello que, preguntado por el futuro, el “inadaptado” Stalin Robles no guarda silencio y manifiesta: “sé que el día 26 de enero, fecha de nuestro juicio, seremos sentenciados, no confiamos en la justicia de nuestro país”. Según Robles, es una cuestión de dignidad, “me iré preso, pero no voy a aceptar culpas sobre cosas que no he cometido”.

Los siete del Puyo, se suman así a una larga lista de procesados por las movilizaciones de agosto del 2015, entre los que están diez acusados de Saraguro, otros siete más en Pastaza, nueve en Orellana, dieciséis en Morona Santiago, uno en Zamora Chinchipe, los veintiuno del Arbolito; además los líderes comunitarios de San Pablo de Amalí, el chófer guayaquileño del monigote, el líder comunitario del Intag, y otros tantos más con procesos aún pendientes en el país.

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