Era, supuestamente, la solución a los problemas de falta de medicamentos en la red pública de salud. Terminó siendo eliminada en los últimos días de 2021, por medio de un decreto del presidente Guillermo Lasso que canceló un esquema que nunca se pudo implementar.

El 16 de noviembre de 2020, el gobierno de Lenin Moreno informó sobre lo que llamó "Sistema de Compra Unificada de Medicamentos",  que supuestamente iba a garantizar "el acceso oportuno de la ciudadanía a fármacos de calidad, seguros y eficaces bajo un sistema tecnológico y moderno que responde a una planificación y trazabilidad de los productos, desde su prescripción hasta la entrega a los pacientes". El gobierno de Moreno había anunciado una reforma total a este tipo de procesos en el mes de mayo de ese año, que sin embargo no lograba implementarse hasta noviembre. 

En el anuncio del morenismo estuvieron el entonces presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated; el viceministro de Salud, Xavier Solórzano; la directora General del Servicio de Contratación Pública (Sercop), Silvana Vallejo; el director General del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), comandante Alejandro Vela; y, la jefa de Prestaciones Médicas del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), Evelyn Balseca.

Que todos los seguros estatales y el Ministerio de Salud estuvieran presentes se debía a la intención del gobierno de Moreno de que todas las instituciones estatales de salud participaran en el sistema. Se buscaba atender a por lo menos 3000 establecimientos de salud en todo el país y, supuestamente, había tomado todo un año la planificación del modelo. 

En la ocasión, Wated precisó que “se realizará una negociación en bloque, para comprar juntos la medicina, que se vaya entregando a la medida de las necesidades, a través de un operador logístico, que sepamos cuándo y a quién se entrega la medicina”. De su lado Solórzano, quien ejerció el viceministerio durante el año de la pandemia, sostuvo que el objetivo era negociar la compra de medicamentos a grandes escalas para obtener mejore precios.

La entonces directora del Sercop, Silvana Vallejo, dijo que pensaban ejecutar en fases "la Compra Unificada de Medicamentos cambia el modelo de gasto en fármacos. Pasaremos de una compra individual de 700 unidades de salud a una compra corporativa, que agrega la demanda de toda la Red Pública Integral de Salud”.

Un proceso de Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos debía iniciar el 4 de enero de 2021, cinco meses antes del fin de la administración de Moreno. Todo el esquema fue puesto en práctica, supuestamente, por medio del decreto 1033 del 5 de mayo de 2020, que básicamente fue una reforma al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, en lo referente a la adquisición de fármacos. 

Pero los pobres resultados del esquema implementado llevaron al actual Gobierno a suprimirlo. El 28 de diciembre de 2021, en Guayaquil, el presidente Lasso firmó el decreto 303 que trata sobre este tema. En él se precisa que el decreto 1033 de Moreno y el esquema que establecía nunca entraron en total vigencia, por lo que simplemente lo derogó. En lugar de eso, se evidenció un sistema de salud en un estado de desastecimiento crítico que afectó a las familias ecuatorianas en por lo menos USD 257 millones durante 2021, solo en concepto de gasto de bolsillo. 

Activistas protestan en las calles de Quito por la falta de medicamentos en el sector público. Foto: Twitter ANS

¿Cuántos medicamentos dejó Moreno?

El 12 de agosto de 2021, ya en esta administración, el Ministerio de Salud emitió un Informe Técnico Justificativo para el Abastecimiento de Medicamentos, previo a la declaratoria de emergencia que fue establecida por una resolución ministerial firmado por la actual ministra, Ximena Garzón. La resolución permitía iniciar procesos de compras masivas de medicamentos durante 2021, una de ellas solo del Ministerio de Salud y otra en conjunto con el IESS. De las compras quedaron fuera los institutos de seguridad social policial y militar. 

El informe del actual Gobierno pudo establecer que, a esa fecha, el abastecimiento de medicamentos en la red pública era del 52% y de dispositivos médicos del 65%. Entre las razones de este fenómeno, el documento señaló las progresivas reducciones de presupuesto que se realizaron durante el régimen de Moreno. 

"A nivel presupuestario, el Ministerio de Salud Pública desde el año 2018, ha recibido limitados recursos para la partida presupuestaria correspondiente a medicamentos; en ese año tuvo un asignado de 352.66 millones de dólares; mientras que, en 2021 se recibió apenas 117 millones de dólares, que significa el 77% menos en su presupuesto asignado. En cuanto al codificado, comparando con el año 2018, lo recibido en el 2021 corresponde a un 30% menos". Es decir, a pesar de que el país está en pandemia desde 2020, las asignaciones a la salud pública han tenido reducciones significativas.

"En cuanto a dispositivos médicos -prosigue el informe- el Ministerio de Salud Pública desde el año 2018, ha recibido presupuesto que de igual forma ha disminuido anualmente. En el año 2018 tuvo un asignado de 241 millones de dólares; mientras que, en 2021 se recibió 209 millones de dólares, con una disminución del 14%. En cuanto al codificado, comparando con el año 2018, lo recibido en el 2021 corresponde a un 32% menos". 

En pandemia, pero sin recursos

"En el año 2018, se asignaron 595 millones de dólares; mientras que, en 2021 se recibió 327 millones de dólares, que significa el 45% menos de su presupuesto asignado. En cuanto al codificado, comparando con el año 2018, lo recibido en el 2021 corresponde a un 31% menos", sostiene el documento, que confirmó que la emergencia sanitaria no motivó que se destinen mayores recursos a la salud: "el Ministerio de Economía y Finanzas durante la emergencia sanitaria contra la COVID - 19, en el año 2020, no asignó recursos adicionales para enfrentar la misma, y se exhortó a esta Cartera de Estado a utilizar los recursos asignados en el presupuesto del Ministerio de Salud". 

Pero no solo que no había dinero extra, a pesar de la pandemia, sino que entre 2019 y 2020, por lo menos el 75% de los procesos de compra de medicamentos y dispositivos médicos fueron declarados desiertos por falta de oferentes. 

Según explicó el informe del Ministerio, el impacto de este fenómeno termina afectando a la población: "el declarar desierto los procesos, conlleva una dilatación considerable del tiempo previsto para la adquisición de dispositivos médicos, toda vez que se debe generar un nuevo cronograma de proceso, tardando dos meses o más para la suscripción del contrato, dando como resultado el rompimiento de stock de seguridad de los dispositivos médicos y medicamentos conllevando al desabastecimiento de las casas de salud del MSP, vulnerándose el derecho a la salud de la población".

La falta sobre todo de implementos médicos, afecta a la realización de procedimientos quirúrgicos Para el 5 de julio del año 2021, se estimó en 7213 los procedimientos que estaban pendientes debido a la falta de insumos médicos. El Ministerio estimó también que los pacientes deben comprar los medicamentos e insumos a un precio que es el 30% mayor que el que se ofrece a los hospitales del Estado, al lo que hay que sumar márgenes de ganancia de los proveedores y también el impacto que pueden tener la escasez de determinado producto. Para las familias ecuatorianas, el llamado "gasto de bolsillo" que es lo que se estima invierte una persona en medicamentos e insumos cuando no los recibe oportunamente, sumó en 2021 por lo menos 257 millones de dólares. 

Aunque el gobierno anterior había fijado una Política Nacional de Medicamentos para 2017-2021, nunca logró cumplir su objetivo. En medicamentos aspiraban a tener el 90% cubierto y dejaron el 52%, mientras que en dispositivos médicos debían tener el 80% y dejaron el 65%. En el caso de medicamentos, el Ministerio estimó que el desasbatecimiento tenía un nivel "crítico". 

Las acciones del actual Gobierno

Hasta el momento, el Gobierno ha realizado dos procesos para compras de medicamentos. Si se revisa la lista, el grueso de ellos son antibióticos, analgésicos y medicamentos contra el cáncer. Tras el diagnóstico de mediados de año, el primer proceso de compra de medicamentos se efectuó entre agosto y octubre de 2021. Luego, en diciembre, se realizó una nueva compra. En la lista aparecen medicamentos de uso básico, desde aquellos que se toman para controlar la presión, pasando por analgésicos, hasta una provisión de tratamientos contra el cáncer. 

De los 123 fármacos se adquirieron inicialmente adquirido 83 (67%) y los 40 restantes debieron esperar una nueva convocatoria. 

Miguel Moreira, viceministro de Atención Integral de Salud,  explicó que los medicamentos comprados en esa primera etapa fueron para tratamientos oncológicos, antibióticos, inmunosupresores y sedoanalgésicos. “Son para patologías que no podemos seguir manteniendo en déficit, ya que el riesgo de mortalidad y complicaciones severas es alto”, declaró el funcionario. 

Para septiembre, se habían adjudicado 42 ítems, en donde constan antibióticos, como la claritromicina o ciproflaxacino, medicamentos para la presión como el losartán, anestésicos para cirugías como el sevoflurano o el propofol, medicamentos contra el cáncer como la gemcitabina o contra la impotencia como el sildenafilo (Viagra). 

La ministra de Salud, Ximena Garzón, asegura que los nuevos mecanismos acabarán con el desabastecimiento. 

Entre las empresas que aparecen en esa adjudicación están Mastercorp, Laboratorios Chalver, Corporación Magna, entre otros. 

Para diciembre de 2022, durante una comparecencia en la Asamblea Nacional, en la Comisión del Derecho a la Salud  la ministra Garzón habló de un “desabastecimiento sistemático” de fármacos entre 2018 y 2021, es decir, durante el gobierno de Moreno, a lo que atribuyó la crisis de medicamentos en el país. 

La ministra explicó que un 90 por ciento de medicamentos del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) no están catalogados; que los productores y distribuidores tienen una limitada capacidad de oferta y que el sistema de trazabilidad y auditoría no funciona. 

La ministra sostuvo que entre 2018 y 2021 disminuyó del 98 al 52 por ciento la provisión de fármacos se redujo de manera sustancial el presupuesto de salud y se pararon las compras. La ministra dijo también que el Gobierno busca apoyo internacional para la provisión de medicamentos.

En un principio, el Gobierno había planteado reformar el decreto 1033 que había dejado Moreno. El Ministerio de Salud llegó a preparar un documento que contenía una serie de recomendaciones sobre cómo se podía reformar el esquema, que evidentemente no había funcionado. En esa misma línea, en el IESS, se planteaban opciones al respecto, según sostuvo el presidente del Directorio de la entidad, Francisco Cepeda, en diálogo con este portal. Pero la decisión que tomó el presidente Lasso fue salomónica: simplemente se derogó el decreto y las cosas volvieron a como estaban antes de la fallida reforma. 

El 16 de diciembre de 2021, se publicó en el portal de compras públicas un nuevo proceso de compra de fármacos, de manera conjunta, con el IESS. Se adoptó una nueva fórmula: la compra por medio de una empresa pública universitaria, de manera conjunta con el IESS. La inversión fue de 20 millones de dólares e incluyó 149 ítems de fármacos. En la lista de medicamentos están analgésicos, antibióticos, drogas para la diabetes, antirreumáticos, antivirales, entre otros.

Las farmacias privadas entrarían a surtir recetas públicas

En su entrevista semanal desde Palacio de Carondelet, el pasado 25 de enero, el presidente Lasso anticipó su intención de establecer un esquema que permitiría que los pacientes de la red de salud concurran a las farmacias privadas para que ahí les surtan las recetas. Luego, el Estado realizaría una compensación con los proveedores de medicamentos privados. El presidente no anticipó más detalles del mecanismo, pero dijo que debería eliminar los problemas de abastecimiento de medicinas. 

Sin embargo, ello no significaría que los hospitales de la red pública dejen de tener farmacias propias para atender emergencias y hospitalización.

En el IESS se informó que la provisión de medicamentos ha incrementado al 78%, frente al 47% que se registraba en septiembre de 2021. Se pretende llegar al 85% en los primeros meses de este 2022. 

El IESS señaló que el presidente de la entidad, Francisco Cepeda, trabaja en conjunto con el Sercop para que por lo menos 786 medicamentos ingresen al catálogo electrónico. Este es un problema señalado tanto por el Ministerio de Salud cuanto por el IESS: mientras el Sercop no haga sus ingresos en el catálogo electrónico, la adquisición de fármacos se complica.

La titular del Sercop, María Sara Jijón, se ha comprometido a agilitar el proceso. Jijón sostuvo también que es importante la capacitación en temas de contratación pública, que se realizará en instituciones como el Ministerio de Salud y el IESS.