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9 de Octubre del 2013
Historias
Lectura: 16 minutos
9 de Octubre del 2013
Decio Machado
En este Monte Sinaí no se ama al prójimo (parte I)

Fotos: Andrés Loor

Tres mujeres pobladoras de Monte Sinaí conversan mientras esperan a los miembros de la Misión Internacional de verificación de acceso a la vivienda.

 

Lorena Zárate de HIC sonríe para el lente de la cámara

 

Sonnia España habitante de Monte Sinaí y lideresa comunitaria conversa con los medios de comunicación.

 

Tres niños de la Cooperativa Thalía Toral de Monte Sinaí juegan.

 

Entre los escombros de las casas destruidas asomó un temeroso minino que al notar nuestra presencia huyó despavorido. 

Una mujer refugiada desde su portal nos conto como se vivió el desalojo en Thalía Toral.

 

Madre e hija juntas en la reunión de visita de la MIV en Nueva Prosperina.

 

Moradores de Nueva Prosperina escuchan a unos sus vecinos en la reunión con la MIV.

 

Las mujeres jefes de hogar, con niños pequeños, son las principales víctimas de los desalojos. 

 

Una casa en condiciones precarias comparte vecindad con el Centro Comunitario Andrés Quiñones.

 

El mítico Monte Sinaí es célebre por su importancia en el libro bíblico del Éxodo. Ahí fue donde supuestamente Dios entregó a Moisés los diez mandamientos. Su versión guayaquileña más bien se asemeja a una especie de purgatorio para una multitud de familias moradoras. Lea la primera parte de este revelador reportaje.

Los desalojos de este año se hicieron en las zonas de Thalía Toral y Las Marías, y según indican varios pobladores, la brutalidad con la cual se realizaron fue premeditada: para que mucha gente se marchara sin necesidad de que derribasen sus casas.

PRIMERA PARTE

El 28 diciembre del 2010 se expide el decreto presidencial 607, por el cual se declara área de reserva de seguridad a 9300 hectáreas, en la zona donde se desarrollan los actuales asentamientos informales,  que incluye una zona crítica de 444 hectáreas ya "invadidas". El presidente Correa anunciaba de esta manera el hecho: "Se ha declarado zona de seguridad las riberas, los costados de los canales del trasvase, en realidad todo el sistema hidráulico que abastece a la península, presa de Chongón, etc. y un zona muy amplia del norte de Guayaquil para evitar que se sigan extendiendo invasiones". En la práctica, las 3622 familias entonces asentadas en la zona serían reubicadas en planes habitacionales promovidos por el Estado, aunque el anuncio presidencial disparó la construcción de viviendas precarias en los lotes desocupados, los cuales han ido siendo violentamente desalojados por parte de las autoridades, según denuncian los moradores.

En Monte Sinaí, fuera de la zona reservada, lo que se denomina como zona consolidada, se legalizarán 750 hectáreas, en las cuales se mejoraran viviendas y se harán infraestructuras y servicios básicos, entre ellos un hospital de 400 camas y varias delegaciones ministeriales. En palabras de los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Miduvi: "allá se va a construir ciudad".

En la zona reservada, donde vivían más 3600 familias, ya no quedan en la actualidad más de un millar. Los desalojos de este año se hicieron en las zonas de Thalía Toral y Las Marías, y según indican varios pobladores desalojados, la brutalidad con la cual se realizaron fue premeditada: se hizo para que mucha gente se marchara sin necesidad de que derribasen sus casas.

María Sevillano, una de las personas desalojadas en mayo del 2013 recuerda aquel episodio: "Llegaron a las 7:30 horas de la mañana, en mi caso ni siquiera teníamos aviso de desalojo. Tuvimos que dejar las cosas en la calle toda la noche. Una retroexcavadora arrasó con nuestro hogar mientras nos sobrevolaba un helicóptero. Eran cientos de militares y policías, venían armados hasta los dientes. Yo vivía de dar comidas en mi casita, tengo tres hijos y desde entonces ya no dispongo de ningún ingreso". Su relato no difiere en dramatismo respecto de otros afectados. Vanessa G., colombiana con estatus de refugiada, relata entre sollozos cómo su casa fue destruida en ese mismo desalojo: “Nunca vi a tanto niño llorar mientras quemaban sus casas.  Aunque mi esposo compró la tierra en 2008, construimos y vivimos acá desde hace dos años y medio. Tan solo pude salvar tres paredes de mi casa, la cual estoy pagando aun al Hogar de Cristo. Dormí dos semanas en la calle frente a lo que había sido mi casa en una carpita que me fabriqué, no tenía a donde ir, pero la policía llegó y me obligó a marcharme. Éramos tres familias viviendo juntas, nunca nos llegó la notificación. Vine a este país refugiada desde Colombia, nunca pensé que en Ecuador el Ejército fuera a tumbarme mi casa. Hasta mi hija de nueve meses se enfermó de los ojos por el humo de los incendios de las viviendas desalojadas. Mi esposo es tanquero, no aplica para el Plan Vivienda, no sé qué vamos a hacer y a donde ir”.

Según Lorena Záratem, presidenta de Habitat International Coalition, organización colaboradora de Naciones Unidas  que estuvo en una misión de supervisión internacional en la zona, "ser tratado como delincuente porque eres pobre es muy triste, este tipo de acciones con desproporcionada violencia se hace hoy en muy pocos países, los cuales además son altamente cuestionados por su carencia de talante democrático".

En la actualidad, efectivos de la Policía Nacional controlan los accesos a Monte Sinaí. No permiten el paso de materiales de construcción, tras la orden de cierre a todos los establecimientos que los comercializaban. Francisco Cedeño, uno de los afectados por esta medida, nos indica: "yo vine en un programa retorno de inmigrantes desde España, invertí mis ahorros en adquirir unos lotes acá y monté también una ferretería; en la actualidad mi establecimiento está cerrado, tuve que despedir a los trabajadores y ahora me dicen que para tener buen vivir me tengo que ir a una casita adosada de 36 metros cuadrados y abandonar mi terreno y vivienda".

A pesar de las facilidades ofrecidas por el gobierno para la reubicación, la respuesta de las familias sorprende a las autoridades: de las 3622 familias favorecidas, solo 421 han presentado sus solicitudes.

Según el estudio realizado por la Fundación Hogar de Cristo, “Monte Sinaí: La herencia de los vulnerados”, realizado con una muestra de 8.012 personas socias a esta fundación, casi el 30% de la población que vive en la zona percibe un ingreso menor a los USD 40 per cápita, el 48% de hogares dispone de un solo trabajador, y en el 16% de las familias ningún miembro trabaja. Además, el 85% de familias que participaron en el estudio, tiene un ingreso per cápita entre 0 y 120 dólares mensuales. Del total de familias registradas, un 89.6% depende del trabajo femenino.

Estas condiciones imposibilitan a la mayoría de las familias de la zona poder acceder a una vivienda en los planes habitacionales generados por el Miduvi. El ejemplo de esto se da en el complejo habitacional Ciudad Victoria, modelo a seguir, donde la vivienda más económica que se ofrece, tiene un costo de USD 12 500 y un área de 40 m2, con un subsidio habitacional de USD 6000. Para la adjudicación de dichas viviendas se exige un ahorro de USD 1250 y un crédito aprobado por instituciones financieras de USD 6250, a pagarse entre 10 y 12 años, en cuotas de USD 56 mensuales en promedio. Sin embargo, a pesar de las facilidades ofrecidas por el gobierno para la reubicación de los beneficiarios, la respuesta de las familias sorprende a las autoridades; de las 3622 familias favorecidas con la reubicación, solo 421 han presentado sus solicitudes.

Billy Navarrete, presidente del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), denunció que "se han registrado múltiples casos de moradores que denuncian haber sido desalojados sin que exista un aviso previo, notificación, sobre el operativo que se ejecutó en sus viviendas. También se tiene evidencias de notificaciones en las cuales no consta el nombre del propietario de la vivienda, sino las siglas N.N., lo cual significa una violación a las normativas al respecto". Por otro lado, las observaciones al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señalan que los estados firmantes -entre ellos Ecuador- se comprometen a dar salidas jurídicas y alternativas a los pobladores cuando se realice un desalojo forzoso.

De igual manera, un reciente estudio realizado en Monte Sinaí y denominado "Malestar y consecuencias subjetivas: el desalojo y la incertidumbre", auspiciado por la CDH, destaca entre sus conclusiones que los desalojos y la incertidumbre de las familias que viven en Monte Sinaí ha conllevado consecuencias subjetivas al conjunto de la población sin importar las edades de los implicados. En este informe se destaca que: "El impacto del desalojo, trae consigo efectos para los pobladores del Monte Sinaí, tales como problemas en el dormir, descensos en el rendimiento académico, intensificación de enfermedades anteriores, quebrantos emocionales y respuestas violentas por la brotada ansiedad y angustia relacionada al suceso".

Este hecho coincide con las declaraciones de Roberto Borja, otro de los moradores de la zona, quien indica que el miedo se ha adueñado de la población: "los niños, cuando pasa un helicóptero salen de las casas llorando y pensando que ya vienen a desalojar nuevamente". El miedo cundió incluso entre moradores que todavía no están afectados por el desalojo. Ese es el caso de Ángel Pavón, vecino de la cooperativa Esfuerzo Propio, quien llegó en el 2009 invirtiendo USD 2500 en un terreno de unos 100 m2. "Vendo agua, cepillos y otros productos por las calles de Guayaquil. Con cuatro hijos, uno de ellos de apenas seis años, ¿a dónde vamos a ir? Tengo osteoporosis, no consigo un trabajo formal, todavía le debo algo de dinero al Hogar de Cristo por la casita de caña en la cual vivo, y a pesar de no estar aún notificado tengo miedo, todas mis ilusiones de construir un futuro digno para mi familias se han ido al traste".

Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador y vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos, señala que "el derecho a la vivienda es un tema fundamental, pero debemos entender que no estamos hablando solamente de las paredes o el techo de la vivienda, hablamos del acceso a la salud, a la educación, a los servicios, y todos los derechos que tenemos a vivir dignamente. Estamos hablando del derecho a la vida digna, sin miedos y sin traumas".

En Guayaquil, la informalidad urbana es un fenómeno que compromete al 65,47% de su población, siendo 7 de cada 10 viviendas construidas por el esfuerzo propio de las familias.

Una ciudad de invasiones

Según un informe elaborado por la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, Guayaquil sería el cantón más afectado por las invasiones. Este hecho es corroborado por diversos urbanistas guayaquileños, los cuales coinciden en que la ciudad ha crecido en función de estos asentamientos irregulares, los cuales desde la década de los noventa han sido controlados por traficantes de tierras.

La arquitecta Patricia Sánchez, experta en mercados informales de suelo,  dice: "el sector marginal urbano ha carecido de otras formas de acceder a la vivienda que no sea a través de los traficantes de tierras, pues ni el Ministerio de la Vivienda ni la Municipalidad han ofrecido alternativas adecuadas a las condiciones económicas y sociales de la población, no dando respuestas al grave problema habitacional que sufre la ciudad". En este sentido, cabe destacar que en Guayaquil, la informalidad urbana es un fenómeno que compromete al 65,47% de su población, siendo 7 de cada 10 viviendas construidas por el esfuerzo propio de las familias, lo que constituye la forma predominante de crecimiento urbano. Según datos del INEC –Censo 2010-, la población urbana de Guayaquil es de 2 278 691 habitantes, de los cuales el 70% es pobre. El Municipio estima que unas 6.465 familias humildes demandan vivienda anualmente, lo que viene a significar unas 39 000 viviendas en los últimos seis años. Sin embargo, según los datos extraídos del estudio Mercado de suelo informal y políticas de Hábitat de suelo en la Ciudad de Guayaquil realizado por esta misma arquitecta para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), los bonos para nueva vivienda entregados en toda la provincia del Guayas entre 2007 y 2012 suman 12 360, siendo la vivienda construida por el Municipio de la ciudad en ese mismo período de apenas 3145 viviendas. En resumen, durante la gestión del actual gobierno no se habrían cubierto las necesidades generadas en materia de vivienda durante en ese mismo período, agravándose más aun la situación de déficit habitacional en la ciudad, calculada en el 2006 en unas 750 000 viviendas.

Los barrios urbano marginales de Guayaquil, tienen su origen tras la crisis cacaotera de los años 30 y asumen importancia a partir de los años 50, con la formación del Suburbio Oeste. A finales de los 70, el crecimiento de barrios informales se dirige hacia el norte en los sectores Mapasingue y Prosperina, y por el sur con la ocupación de los Guasmos. Será ya a mediados de los años 80, cuando las ocupaciones avanzan por la vía a Daule, con una lógica en la que con consentimiento de sus propietarios, o bajo amenaza de “invasión”, se vende la tierra a través de “dirigentes barriales y/o promotores informales”. Esto dió paso a los mercados informales de suelo. Así surgen Juan Montalvo, Bastión Popular y Flor de Bastión, en donde a más de los intereses económicos de la venta de la tierra, está el control social y político de sus ocupantes. 

En los años 90 se ocupan las tierras aledañas a la vía Perimetral con las cooperativas Flor de Bastión, Paraíso de la Flor, Balerio Estacio,  Zenaida Castro y Sergio Toral. Las actuales ocupaciones desarrolladas a partir del 2000, en el noroeste de la ciudad –Monte Sinaí, Marcos Solís, Ciudad de Dios, Tierra Prometida, Israel, etc-, son motivadas por una mezcla de intereses mercantiles y redención evangélica.

Desde 1967 la ciudad vivió una ambigüedad política frente a los asentamientos informales, habiéndose impulsado periódicos decretos de legalización hasta el 2010. Sin embargo, es en diciembre de ese año cuando el presidente Correa declara públicamente la “guerra” a los traficantes de tierras, manifestando su voluntad de no permitir ningún asentamiento irregular más a partir de entonces.

Con el fin de hacer cumplir los pertinentes desalojos que dicha decisión conlleva, se crea la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, poniendo al frente de esta al funcionario Julio César Quiñonez, quien había ejercido con anterioridad como Intendente de Policía del Guayas. Él abandonó la Intendencia durante el episodio de denuncias por presunto abuso de autoridad en contra de diversos comisarios de Policía en abril del pasado año.

Las intervenciones de desalojos –bajo responsabilidad de la Secretaría de Asentamientos Irregulares- y dependiendo de los casos de reubicación –bajo responsabilidad del Miduvi-, tienen focalizado su actuación en este momento sobre dos sectores geográficos de Guayaquil: Monte Sinaí y Estero Salado.

LEA MANAÑA: los desalojos con justificación "ecológica"

 

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