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7 de Septiembre del 2020
Historias
Lectura: 16 minutos
7 de Septiembre del 2020
Redacción Plan V
"Esto se ha manejado de acuerdo con la imaginación de fiscales y policías", dice la madre del desaparecido David Romo
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Alexandra Córdova denunció que la Fiscalía le amenaza con procesarla a ella, aunque no tiene ningún indicio sobre la desaparición de su hijo.  Foto: Luis Argüello. Archivo PlanV

 

La madre del joven estudiante desaparecido en un bus al norte de Quito en 2013 denuncia amenazas de la Fiscalía por supuestamente "revelar información reservada" aunque hasta el momento la fiscal del caso no ha encontrado nada nuevo, afirma. Córdova y su abogado, Álex Bonifaz, destacan que en su última llamada, el muchacho dijo que dos sospechosos con aspecto de policías lo estaban siguiendo esa noche en el bus. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido información sobre el caso.

La noche del 16 de mayo de 2013, David Romo, un joven universitario quiteño, desapareció sin dejar rastro. Había subido al bus N. 4 de la compañía Trans Hemisferios después de salir de sus clases en la Universidad Central. El muchacho vivía con su madre, Alexandra Córdova, en la Mitad del Mundo y había estudiado la secundaria en un colegio municipal del sector. Poco después de las 22:00, habló por teléfono con su madre por última vez. En ese diálogo le dijo que dos sospechosos, con aspecto de policías, lo vigilaban en el bus. No se supo nada más de él desde entonces, pero las palabras del estudiante son ahora el indicio más fuerte que la familia y su defensa tienen para resolver el caso de su desaparición. 

Tras la denuncia de la madre por la desaparición del joven, la Fiscalía y la Policía iniciaron hace siete años varias investigaciones que, dijeron en su momento los uniformados, habían logrado "resolver el caso". Así, procesaron primero por asociación ilícita a tres operarios del bus en el que viajaba David esa noche y a un familiar de uno de ellos, en donde la policía dijo haber encontrado el celular del joven. El controlador del bus fue sentenciado a un año de cárcel por el hurto del teléfono, aunque no dio ningún indicio de qué pasó con el chico. 

Poco después de las 22:00, habló por teléfono con su madre por última vez. En ese diálogo le dijo que dos sospechosos, con aspecto de policías, lo vigilaban en el bus. No se supo nada más de él desde entonces.

Las investigaciones de la Fiscalía llevaron luego a los dueños de una clínica clandestina para adicciones, el centro Unión y Esperanza, en Pisulí, donde una supuesta fuente de los fiscales dijo que había visto al chico. Los dueños fueron detenidos y condenados por "trata de personas".

¿Muerte en Pisulí?

La Policía, citando a supuestos "informantes" aseguró que el chico había sido asesinado y su cuerpo enterrado en la casa del barrio Pisulí en donde funcionaba la Clínica, sin que se entendiera qué móvil pudo tener el supuesto asesinato. Excavaciones en la casa y en el pozo séptico no dieron con ningún resto humano, así que para sostener su truculenta tesis, los policías dijeron que el cuerpo de David no aparecía porque fue incinerado y hasta llegaron a hacer una "pericia" quemando un cerdo con sopletes en el Camal Metropolitano.

La versión de la Fiscalía se parecía cada vez más al caso de Ayotzinapa en México, en donde 43 estudiantes normalistas desaparecieron y el fiscal general de ese país presentó como "verdad histórica" que todos habían sido asesinados e incinerados en un basurero cercano. 

Pero en el caso de David Romo, los dueños de la clínica fueron sobreseídos en el juicio por asesinato, el 23 agosto de 2018, cuando los jueces no creyeron las supuestas "pruebas" presentadas por los fiscales y policías. En diálogo con este portal en octubre de 2017, Carlos Alberto Londoño y Blanca Fueres, cuyo centro de tratamiento de adicciones en Pisulí fue allanado el 7 de noviembre de 2013, acusados primero por la ex fiscal Tania Moreno de "tráfico de personas" y luego de "asesinato" admitieron que se dedicaban al faenamiento y a la venta de vísceras en el mercado de Cotocollao, así como tener una clínica en donde "rehabilitaron" de manera empírica a no menos de 18 jóvenes. 


En esta casa de Pisulí funcionaba una clínica clandestina y criadero de cerdos. La pareja acusada de supuestamente matar a David Romo fue exculpada por falta de pruebas.  Fotos: PlanV

Los dueños de la clínica fueron sobreseídos en el juicio por asesinato, el 23 agosto de 2018, cuando los jueces no creyeron las supuestas "pruebas" presentadas por los fiscales y policías.

En el proceso por trata de personas, Londoño fue condenado a dos años en calidad de autor, luego de que se ventilara el pésimo manejo de la clínica. Dos internos y un terapista recibieron la pena de un año como cómplices. Blanca Fueres fue declarada inocente y salió en libertad después de 11 meses.

Algunos de los internos en el lugar -dijo la Policía- habían afirmado que vieron ahí a David Romo, cosa que nunca se pudo comprobar. Inclusive, el fiscal general de la época, Galo Chiriboga, pidió disculpas: “Quisiera ofertarle a esa familia (los Londoño) las disculpas públicas de la Fiscalía General del Estado. Era una información que venía de personas de adentro pero que no ha sido debidamente comprobada”. 

Pero la historia del supuesto secuestro en la clínica de los Londoño no tuvo realmente asidero, y los comerciantes del mercado de Cotocollao, que declararon que fueron presionados por los policías para que se responsabilizaran de la muerte, fueron finalmente liberados. 

En aquella ocasión, el Tribunal pidió que se investigue tanto a policías como a fiscales. Esta sentencia fue apelada por la Fiscalía y una jueza de la Corte Provincial de Pichincha, que debía conocer la apelación, fue amenazada. Las "fuentes humanas" de la Policía  y de los fiscales nunca han sido identificadas. 


David Romo estudiaba comunicación social en la Universidad Central del Ecuador. 

Amenazas de la nueva fiscal a la madre 

Alexandra Córdova no se ha rendido y ha insistido en que los fiscales y policías saben más de lo que admiten. El pasado 19 de febrero de 2019, pidió a la Fiscalía que oficie a Movistar para que envíe el detalle de las llamadas de David, el día de su desaparición. Ese detalle lo habían omitido, pero lo que no se les olvidó fue declarar la "reserva" del caso, con lo que los policías y fiscales se negaban a dar información a la madre sobre las supuestas investigaciones que realizan, por lo menos desde 2015.

La semana pasada, la madre denunció en redes sociales haber recibido una amenaza de la nueva fiscal a cargo del caso, por supuestamente "violentar las investigaciones de la Fiscalía". Por lo menos 26 fiscales han pasado por la investigación sin encontrar ningún rastro convincente del muchacho, en especial, luego del fiasco del juicio por asesinato contra los dueños de la clínica y matadero de Pisulí.

Por lo menos 26 fiscales han pasado por la investigación sin encontrar ningún rastro convincente del muchacho, en especial, luego del fiasco del juicio por asesinato contra los dueños de la clínica y matadero de Pisulí.

Con el fiasco de Pisulí, el caso volvió a fojas cero. Y la Fiscalía ha establecido, nuevamente, que se encuentra en investigaciones "reservadas" por lo que la madre ha recibido una notificación de que podría ser procesada por revelar el contenido del expediente, que, destaca, en rigor no contiene nada de nuevo. 

"Como madre sigo manteniendo la esperanza de encontrarlo con vida", dice en diálogo con este portal Alexandra Córdova. "El Estado no está preparado para enfrentar estos temas de desapariciones y no están concientes de que los ciudadanos tenemos derechos", afirma Córdova, quien destaca que por lo menos 1500 personas han desaparecido en el país mientras sus familiares buscan verdad y justicia.

Siete años y tres meses después de la noche de su desaparición, la madre reclama que le devuelvan a su hijo, y, además, que los responsables por acción y omisión, sobre todo en la Policía y la Fiscalía, sean sancionados. Córdova cree que el Estado pudo ubicar al muchacho por medio de su celular y que nunca lo hicieron. Reclama que hay fiscales que no conocen sobre la problemática de la desaparición forzada y de derechos.

En un impulso fiscal, la nueva fiscal del caso, Vanessa del Pozo, amenazó con procesar por un delito sancionado con uno a tres años, por supuestamente revelar información confidencial, a la madre del joven desaparecido. "¿Qué información puedo revelar si en ese expediente no hay absolutamente nada?" se pregunta la madre, pues hasta el momento la Fiscalía no ha logrado determinar en dónde estaba el joven en el momento en que tuvieron su última conversación por celular esa noche.

"Todo esto proceso se ha manejado de acuerdo con la imaginación de fiscales y policías", reclama Córdova, pues hasta el momento no hay pruebas objetivas sobre qué pudo ocurrir con el joven. La madre denunció que la fiscal está investigándola a ella, aunque no es la primera vez que los fiscales investigan a la familia, admite. 

Para la madre, fue "muy doloroso" conocer la teoría del supuesto asesinato y la tesis de los policías de que el cuerpo había sido completamente incinerado, aspecto que luego no pudieron probar. Admite que desde 2015 se ha "divorciado" totalmente de la acción de los fiscales que investigan qué pudo ocurrir esa noche de 2013 con el muchacho. Afirma que ha realizado acciones por su cuenta para intentar encontrar a su hijo, pero teme que policías y fiscales solo intentan promover la impunidad y que el caso se olvide. 

"Una pista muy valiosa"

Álex Bonifaz Montalvo es el nuevo abogado de la madre. El jurista asumió el caso en el 2018 y destaca que la última llamada de David a su madre puede ser una pista muy valiosa. Pero en lugar de analizarla, "la policía se inventó pruebas fraudulentas" que llevaron a los procesos por asociación ilícita, robo del celular, ocultación de cosas robadas, trata de personas y asesinato y destrucción del cuerpo por incineración. Bonifaz destaca que el jefe policial Víctor Aráuz declaró públicamente que había "resuelto el caso" mientras que el fiscal del caso llegó a pedir que se suspenda una audiencia por haber supuestamente ya había encontrado el cuerpo en Calderón, cosa que no ocurrió. 

Bonifaz cree que se han usado por parte de policías y fiscales pruebas "prefabricadas y fraudulentas", por lo que ahora lo que se está investigando es una desaparición forzada, "como debió hacerse desde el principio", afirma. 

Pero, ¿quién querría desaparecer al estudiante y por qué? El abogado sostiene que en la última llamada, el muchacho le dijo a su madre que "hay dos tipos que parecen policías que lo quieren bajar del bus", por lo que sus sospechas ahora apuntan hacia la propia policía. En esa época, afirma Bonifaz, ni siquiera intentaron rastrear el teléfono del joven para ubicarlo. Actualmente, se está investigando a los policías que participaron en el caso por una "omisión por desaparición forzada", lo que, dice el abogado, "significa irse contra el Estado por no haber dado las garantías adecuadas para la tutela de los derechos de la madre". 

Según el abogado, además, el teléfono celular que la policía presentó como de David Romo, por cuyo hurto se condenó al controlador, "no es de David Romo, sino que la Policía lo mete como prueba aunque es de otra persona. Ese fue el primer engaño con la complicidad de fiscales y jueces para aceptar una prueba que no era tal", reclama el letrado. 

Bonifaz tampoco cree que se haya cometido el supuesto asesinato pues la Policía nunca ha dado con el cuerpo del joven. "David era un chico extraordinario", dijo el abogado, quien destaca que los casos de desaparición en Chile y Argentina y el propio caso Restrepo en Ecuador evidencian que "hay la estupidez y tozudez de la fuerza policiaca de desaparecer a alguien porque se les ocurre". "David era un joven que, sin pertenecer a ningún movimiento político, realizaba críticas al gobierno de Correa", sostiene el abogado, quien recuerda casos de persecuciones judiciales del correato como los diez de Luluncoto, Fausto Lituma, el general de la FAE Jorge Gabela. "No es necesario que sea una persona importante para que le eliminen, basta revisar la historia en países como Argentina, Uruguay, Brasil", asegura el abogado. 

El defensor de la familia cree que es obligación de la Policía, que sostiene que se le asesinó, entregar el cuerpo del joven, lo que no ha ocurrido. Reprocha que no se ha usado de manera eficiente la tecnología de la que dispone el país para encontrar al estudiante de Comunicación de la Universidad Central. Que haya 25 fiscales hasta ahora, para Bonifaz, sería una muestra de que se está ocultando algo. "No quieren rastrear el teléfono de David Romo", afirma, y asegura que se sigue investigando si el estudiante estaba involucrado en drogas o qué tipo de persona era. 

La  familia ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aceptó la petición contra el Estado y ha pedido información sobre la violaciones cometidas en la investigación. El Estado tiene hasta el 12 de septiembre para responder.

Para Bonifaz, es perfectamente posible ubicar el celular de una persona como ocurrió en el caso Sandoval, cuando un joven quiteño fue asesinado tras un robo en el sector de La Mariscal. Lo mismo ocurrió cuando fue baleado un abogado en Guayaquil y en otros casos en que se rastreó el teléfono celular. "No pueden venir a engañar gente y a manipular pruebas y a buscar chivos expiatorios. Este es el caso de David Romo".

Aunque la familia se ha comunicado con el presidente Lenin Moreno y con el Ministerio de Gobierno para la conformación de una comisión especial, similar a la del caso Restrepo, no ha obtenido ninguna respuesta de la actual administración, que se ha limitado a enviar el caso a la Fiscalía. Por ello, la familia ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aceptó la petición contra el Estado y ha pedido información sobre la violaciones cometidas en la investigación. El Estado tiene hasta el 12 de septiembre para responder al pedido de información de la Comisión.

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"Esto se ha manejado de acuerdo con la imaginación de fiscales y policías", dice la madre del desaparecido David Romo
 


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