Cuando el país conoció con asombro que ocupaba el segundo lugar en América Latina en índices de embarazo adolescente, el Gobierno estableció la llamada Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes, Enipla.

Por decreto, las instituciones llamadas a ejecutar la estrategia fueron los Ministerios de Salud Pública, Educación e Inclusión Económica y Social, con la coordinación del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Estas instituciones trabajaron en cuatro ejes: Transformar las concepciones y prácticas machistas e inequitativas sobre sexualidad y reproducción. Garantizar el acceso a información científica, educación y asesoría sobre sexualidad y reproducción basadas en derechos, para la toma de decisiones. Garantizar el acceso a servicios integrales de salud sexual y salud reproductiva de calidad con servicios de planificación familiar y consejería para la toma de decisiones libres e informadas de hombres y mujeres y,  fortalecer la participación social de adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

El último informe oficial de la Enipla, para el periodo 2012-2013, destacaba que en prevención de embarazo adolescente se habían realizado capacitación a estudiantes y docentes, se había incrementado en un 15% las consultas previas y de morbilidad de adolescentes, había 26 espacios públicos de consejerías para los chicos y chicas en temas de sexualidad, cerca de 2 millones de adolescentes informados, y casi 400 000 sensibilizados.

En el objetivo de reducir el embarazo adolescente, la Enipla informó que más de 90 000 personas habían sido atendidas en el programa La Ruta de la Salud,  un programa de carácter general que ha recorrido diversas capitales de provincia. También se informó que hubo un 10% más en el número de atenciones en planificación familiar, sin especificar el número ni comparar con datos anteriores. Y luego se destacó que más de un millón de personas fueron "sensibilizadas en redes sociales", y un poco más de un millón de beneficiaras del bono, "también sensibilizadas". No se ha detallado qué se entiende por "sensibilización", en estos casos.

Los números más abultados provienen de la campaña mediática “Habla serio, sexualidad sin misterios” en los cuales se muestra que 3,5 millones de personas con acceso a televisor vieron la campaña y que 7 millones de personas vieron los cortos de EnchufeTV sobre el tema.

En el informe público no se especifican los gastos en la Estrategia ni el costo beneficio de la misma.

La falta concreta de resultados fue precisamente el argumento extraoficial que se usó para que la gerencia de la Estrategia pasara del marco interinstitucional al control absoluto del Presidente de la República. La emisión, con un bajo perfil, del decreto ejecutivo 491 desató la molestia de los sectores feministas del Gobierno, y fue la manera cómo el Presidente resolvió varias polémicas desatadas entre los grupos ultraconservadores en temas de derechos sexuales y las ministras responsables del proyecto y las organizaciones que apoyaron la Estrategia desde una visión de derecho a una sexualidad libre: echando reversa.

Sin embargo, más allá de los temas de moralidad y discrepancia, la Asesora Presidencial y hoy gerente de la Enipla, cuestionó en varios informes la efectividad de la estrategia empleada por los ministerios responsables  de la Estrategia. Sin embargo, también cuestionó que se aplicara la ideología de género, lo cual, según la asesora Mónica Hernández, va en contra de la política del presidente de la República, Rafael Correa.

En un memorando remitido a varios funcionarios del Ministerio de Salud, la asesora presidencial afirma que: 

"Sustento lo mencionado, ya que en los distintos Cuadernos (Metodológicos de la Caja de Herramientas para la Promoción de la Salud Sexual y la Salud Reproductiva, puestos en circulación por el ministerio de Salud. Ndlr.) hay un cruce amplio de mensajes propios de la Ideología de Género, corriente de pensamiento del Feminismo Radical, no científica, sino ideológica, además de estos temas ideológicos no consentidos, se da información sesgada e incompleta sobre métodos anticonceptivos, sobre las ETS; planteamientos frontales o sutiles sobre la terminación de un embarazo; así mismo, la mención a la responsabilidad de la familia para apoyar a sus hijas e hijos en lo que busca la Enipla es escasa, por no decir nula; se deja abierto o se menciona frontalmente que la homosexualidad es algo natural, -aunque defiendo tajantemente que nadie en el país, es decir, tampoco una persona de la diversidad GLBTI puede ser discriminada-. Como ya se ha expresado en repetidas ocasiones, el Presidente no está de acuerdo en que haya cuadros que impulsen la ideología de género, lo que textualmente ha dejado plasmado por escrito, mencionando además que su posición sobre estos temas y otros relacionados es que sea política de nuestro gobierno".

El decreto transfiere a la Presidencia la rectoría, ejecución, competencia, funciones, representaciones y delegaciones que ejercían los tres ministerios mencionados de la Estrategia, “conferidas por leyes, reglamentos y demás normas”. 

El Presidente designó como directora del programa a la señora Mónica Hernández de Philips, en su calidad de asesora presidencial, “quien será la responsable de su ejecución y cumplimiento de objetivos, según las directrices que para el efecto imparta el Jefe de Estado”, dice el decreto.

A la par de esta decisión, se hacía público el Informe Sombra, que es un examen anual a cargo de la sociedad civil, que hace cada año para la Cedaw, la Convención para la Eliminación de toda  Forma de Discriminación contra la Mujer,  para evaluar el estado de los derechos de las mujeres a escala global. Cada país tiene un capítulo, y en este año, la Coalición Nacional de Organizaciones de Mujeres emitió 80 páginas de un texto plagado de denuncias e inconsistencias oficiales entre los derechos contemplados en la Constitución y las leyes y los actos de los funcionarios y las políticas públicas.

En el tema específico de derechos sexuales y embarazo adolescente, el Informe Sombra 2014 ratificó que Ecuador ocupa el primer lugar en la Región Andina y el segundo lugar en América Latina en índices negativos de embarazo en adolescentes. Estos datos, se dan porque “a pesar de que la Constitución vigente declara al país como Estado laico, la característica fundamental del más importante marco legal ecuatoriano expresa el dilema de un Estado garantista vs un Estado controlador, en el cual se vive en la cotidianidad la intromisión de grupos de oposición a los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR) y una influencia excesiva en el quehacer de la salud sexual y salud reproductiva, generando situaciones en las cuales no se logra operativizar en la práctica el acceso a estos derechos consagrados en la Constitución. Esta situación fue palpable en el proceso de elaboración y debate del Código Orgánico Integral Penal, vigente desde el 10 de agosto de 2014, estos últimos dos años, el mismo que no incorporó en su articulado el delito de aborto que sigue penado en el país, la salvedad de que no será punible en caso de violación”, dice el Informe Sombra.

Como “grupos de oposición a los derechos sexuales y reproductivos”, las organizaciones de la Coalición se refieren al grupo Somos 14 millones, que se han opuesto abiertamente ala aplicación de la Estrategia y a las políticas de los ministerios de Salud, Educación e Inclusión Social. En una carta al Presidente, esta organización, que representa un estamento conservador en torno a la educación sexual y a la protección de valores religiosos y "profamilia", pidieron el veto total del Presidente a cualquier reforma legal que despenalice el aborto, a las campañas mediáticas y escolares de prevención sexual, al matrimonio igualitario, a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. La carta estaba respaldada por centenares de firmas, encabezada por la del ex presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano. Todas las políticas exigidas por este grupo conservador y confesional fueron aceptadas por el presidente Correa. Pero aún se mantenía en vigencia la ENIPLA, con una serie de dificultades debido a la supuesta intromisión de estos grupos en las políticas de las ministras responsables.

Además, la figura de Mónica Hernández al frente ahora de la Enipla generó una serie de reacciones. En redes sociales se la “acusó”, de ser parte del ultraconservador católico Opus Dei, sin presentar evidencia alguna; pero, los detalles de la filiación neoconservadora de la señora Hernández se expresaron en una carta enviada al Presidente, el 7 de noviembre, cuyo texto tuvo acceso este medio digital:

“Su decisión de trasladar la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente (ENIPLA) a la Presidencia de la República, mediante Decreto Ejecutivo 491, del 26 de noviembre del 2014, atenta contra los derechos constitucionales establecidos en el Art. 66 numeral 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 10; el art. 18, 25, 32,  rompe con la institucionalidad y las políticas públicas establecidas en el Plan del Buen Vivir 2013 – 2017. Al quitarle la competencia sobre el tema a los Ministerios de Salud Pública, Inclusión Económica y Social, Desarrollo Social y Educación, y dejar en manos de una asesora presidencial, señora Mónica Hernández de Phillips, activista de la organización Rosario Provida, que responde a intereses confesionales promoverá los enfoques moralistas, religiosos y sectarios, en detrimento de los enfoques constitucionales de derechos, genero, interculturalidad e intergeneracionalidad. Legitimando así, la presencia de los grupos anti-derechos de las mujeres en las decisiones presidenciales y en la gestión de una política pública de la más alta prioridad para el país y en particular para las mujeres, adolescentes y jóvenes.

“La influencia  de las creencias religiosas de pocas personas en la construcción e implementación de políticas públicas, atenta contra el ejercicio de los Derechos Humanos y genera formas de discriminación y exclusión social.

“Como hemos visto en situaciones concretas como la discusión del COIP, se ha impuesto formas de disciplinamiento y control sobre legisladoras/es, decisoras/es y operadoras/es de política en relación a diferentes normativas y políticas públicas vinculadas con los derechos sexuales y los derechos reproductivos garantizados en la Constitución de la República y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el país. Lo cual tiene graves consecuencias para el ejercicio de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, y genera el riesgo de aumento del embarazo en adolecente, la morbi-mortalidad materna,  el aborto en condiciones inseguras, el suicidio en niñas, adolescentes y mujeres, entre otras”.

En el  plano profesional, Mónica Hernández es una reconocida experta en temas de microempresa y microfinanzas. Ha dirigido al Fundación Alternativa de apoyo a los pequeños y medianos emprendedores. También es catedrática universitaria y ha sido asesora del presidente Rafael Correa. Ella irá como delegada del gobierno a una Convención mundial pro familia, en Nueva York, este 5 de diciembre; evento al que también asistirá el asambleísta de Madera de Guerrero, el opositor y también conservador Luis Fernando Torres. La convención está auspiciada por entidades conservadoras como la Fundación Valores y Sociedad, National Organization for Marriage, Red Familia, Citizen Go, Alliance Defending Freedom, Global Responsability, Institute for Family Policy, Red de Acción Ética Política, entre otras.

La realidad

Son 18 las organizaciones de mujeres que conforman la Coalición Nacional de Mujeres. Estas firman como responsables del Informe Sombra. En la página 49 del texto, empieza el relato de la situación de las mujeres ecuatorianas en torno a los derechos reproductivos y a la sexualidad.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Inec, en el  2012, 20 de cada 100 hijos nacidos vivos fueron de madres adolescentes. La información señala que diez de cada 100 adolescentes de 12 a 19 años son madres en el Ecuador. Y que en los últimos 10 años, el incremento de partos de adolescentes entre 10-14 años fue del 78% y en adolescentes entre 15-19 del 11%. Además, 44 de cada 100 mujeres que son madres, tuvieron su primer hijo entre los 15 y 19 años.

El Informe Sombra señala que entre las múltiples causas que explican el embarazo adolescentes se incluyen: desconocimiento de la prevención del embarazo entre adolescentes a pesar de recibir en sus colegios materias referidas a educación sexual; dificultades para aplicar lo aprendido, sobre todo por la actitud hostil del personal de las farmacias que rechazan la posibilidad de que los y las adolescentes compren anticonceptivos; falta de confianza con los padres (madre y padre) por temor a ser criticados y juzgados.

A esto se suma la violencia sexual, que se ensaña con las adolescentes. El informe Sombra determina que 961 niñas menores de 14 años denunciaron haber sido violentadas sexualmente el año 2014 según datos de la Fiscalía y esta misma entidad receptó 271 denuncias de delitos sexuales en el ámbito educativo. Nada menos que 380 000 mujeres han sido violadas u obligadas a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, más del 80% de estas agresiones son perpetradas por hombres que se encuentran en el entorno más cercano de las mujeres víctimas.

Las huellas de este tipo de agresión afecta el bienestar físico, mental y sexual de las mujeres, así como su vida afectiva, familiar, laboral y social, es decir afecta su derecho a la salud integral87 y genera riesgos como el suicidio: en 19 de las 24 provincias ecuatorianas, el suicidio es la primera o segunda causa de muerte entre jóvenes de entre 10 y 19 años.

Entre las tres primeras causas de suicidio entre jóvenes de 10 a 19 años están las depresiones causadas por violencia, embarazos precoces y relaciones amorosas; lo que significa que hay un alto número de embarazos no deseados y abortos en condiciones de riesgo, en un país en el cual abortar es delito penal, incluso en caso de violación. La probabilidad de un embarazo producto de una violación es una certeza que se da hasta en un 30% de casos.

El aborto es un delito penal en el Ecuador. Al respecto, el Informe Sombra agrega que “a partir del tratamiento del Código Orgánico Integral Penal en su fase de segundo debate, se empieza a conocer de casos de mujeres denunciadas por la Policía y el personal del Ministerio de Salud al Sistema de Administración de Justicia, por presuntos abortos. Los expedientes demuestran una serie de violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres, tales como el derecho a la intimidad personas y familiar, el derecho a que la información de salud no sea divulgada (secreto profesional), al debido proceso y al derecho a la vida.

Al respecto las organizaciones de la Coalición Nacional de Mujeres dicen contar con testimonios de mujeres que huyeron de los servicios de salud, sin recibir atención al saber que podrían ser encarceladas. Uno de ellos, se refiere al testimonio de una adolescente de 17 años, que llegó con aborto incompleto a un servicio de maternidad, en el cual fue maltratada y amenazada con ser conducida a la cárcel de menores infractores, custodiada por un policía de la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niñez y adolescencia-Dinapen.

La información de patrocinio de causas llevadas adelante por la Defensoría Pública, señala que desde el 2009 al 2014 se atendieron 58 casos, correspondiendo a aborto consentido, aborto letal, aborto no consentido y aborto preterintencional. En el 2013, se patrocinaron un total de 21 casos y hasta agosto de 2014, se patrocinaron 15 casos.

La doctora Hernández sí tiene quien la defienda

Amparo Medina dirige la Red Vida y Familia. Ella reaccionó casi de inmediato en su cuenta de facebook a las críticas feministas por el nombramiento de la Dra. Mónica Hernández. Su posición frente a la polémica es la siguiente:

La Red Vida y Familia ante la polémica suscitada por el nombramiento de la doctora Mónica Hernández como directora del programa Enipla (Estrategia intersectorial de prevención de embarazo adolescente y Planificación Familiar", es decir, entrenamiento y entrega de anticonceptivos y abortivos a niños y adolescentes desde los 12 años, en colegios, centros de salud y proyectos de educación no formal del gobierno, exponemos lo siguiente:

Es el momento de dejar las discusiones ideológicas a un lado, es el momento de ver hacia atrás, el éxito o fracaso del programa en éstos últimos años, para darnos cuenta si es necesario o no un cambio radical en el manejo de estos programas.

Ante una evaluación exhaustiva de los datos del mismo Ministerio de Salud que se han gastado 23 millones de dólares aproximadamente en este proyecto, vemos que el resultado no es malo, es pésimo, se ha quintuplicado el embarazo adolescente (los mismos funcionarios lo reconocen), se estima que el 46% de adolescentes y jóvenes que viven una sexualidad activa están contagiados de una enfermedad de transmisión sexual, el inicio sexual ha bajado de 16 o 17 años a 12 y 13 años, las cifras de contagio del VIH/SIDA siguen creciendo, la distribución y consumo de pastillas mal llamadas de emergencia o del día después en centros de salud siguen creciendo y sus daños a las consumidoras también.

Los padres de familia ante el programa "Sexualidad sin Misterios" hemos quedado relegados a meros observadores y/o dispensadores de anticonceptivos, sin posibilidad de opinión y decisión ante imágenes de nuestras hijas adolescentes colocando condones a penes de plástico en plazas públicas y/o talleres del ministerio de salud o municipios, o ver con indignación y tristeza a nuestros hijos adictos a la pornografía, a la masturbación o víctimas del abuso sexual entre amigos y compañeros.

Por otro lado, podemos constatar como estas campañas de sexualidad, carecen totalmente de sentido educativo y pedagógico, son simples programas de entrenamiento en el uso de anticonceptivos y en el uso del sexo, sin una visión integral, sin conceptos antropológicos, sociales, culturales y sobre todo científicos, llegando al punto de confundir embarazo con enfermedad y condón con seguridad o responsabilidad.

Esta propuesta actual de Enipla, no respeta el desarrollo de cada ser humano, entrega la misma educación a todos por igual, sin respeto alguno a su desarrollo biosicosocial, a su cultura, a sus valores, a sus necesidades, no es lo mismo educar en la Costa que en la Sierra, o educar a un niño de 10 años que a un joven de 17 años, por eso opta esta propuesta gubernamental en entregar anticonceptivos a diestra y siniestra, sin sentido alguno, por eso no es educación.

Constatamos también el creciente número de chicos contagiados de enfermedades de transmisión sexual que se transmiten piel a piel como el virus de papiloma humano, herpes, etc. Estas son enfermedades que no tienen ninguna relación con el condón y que se transmiten con el simple sudor de la piel.

Es momento de parar el mito que los anticonceptivos son saludables, ya que la ciencia ha comprobado el daño que causan a la salud de la mujer, además que no existe ningún anticonceptivo que prevenga ninguna enfermedad de transmisión sexual, ahí están las cifras que desenmascaran este engaño.

Ante estos resultados tan nefastos, nos admira que exista gente que siga defendiendo un programa que nunca, en ningún país a traído resultados exitosos, por el contrario se ha comprobado que es un fracaso total y que solo sirve para dejar millonarias ganancias a la industria del sexo, que es la única que gana, con fieles compradores y consumidores de sus nefastos productos desde los 12 y 13 años.

Felicitaciones a quienes propusieron este cambio, esperemos y confiamos que la Dra. Mónica Hernández sea la líder de una propuesta que traiga resultados exitosos con una verdadera educación sexual, que respete a la familia, con una visión de desarrollo integral e integradora. Estimada señora Mónica Hernández, solo con resultados como bajar el número de adolescentes embarazadas, de adolescentes y jóvenes contagiados de un tipo de enfermedad sexual o de evitar que los chicos inicien su vida sexual a los 12 y 13 años, con un programa educativo que tome en cuenta y respete la patria potestad de nosotros los padres de familia. Solo con una propuesta de esa magnitud, se podrá silenciar a gente que difunde propuestas sin valor científico.

Por otro lado, doctora Hernández, no se deje amilanar, ni amenazar, ni discriminar con instituciones como el UNFPA o la ONU, mire su informe general de la reunión de Panamá en el 2012, en donde admite ser la institución que lidera la venta de anticonceptivos en el mundo entero, entonces podrá comprobar que su preocupación es de tipo económico mas que de educación o salud, le adjunto el mencionado informe.

Finalmente, es importante recordarle a toda esta gente que recibe fondos de instituciones que viven de la venta del sexo, que hablar de evitar la promiscuidad, no es cuestión de religión, es un tema de salud pública.