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16 de Octubre del 2017
Historias
Lectura: 16 minutos
16 de Octubre del 2017
Susana Morán
Los estudiantes bajo ataque

Foto: Hernán Ulloa

El viernes 13 de octubre se realizó el reconocimiento del lugar de los hechos en el colegio Réplica Aguirre Abad de Guayaquil.

 

El caso del colegio Réplica Aguirre Abad desnuda una vez más el aumento de los casos de violencia sexual en los establecimientos y la falta de acciones oportunas del Estado. Tres instancias internacionales han pedido celeridad en las investigaciones para evitar la impunidad.

Las madres y los padres ahora son la seguridad del colegio Réplica Aguirre Abad de Guayaquil. Hacen turnos para vigilar los baños del plantel. Entran a la misma hora que sus hijos y salen con ellos. Es un grupo que se ha organizado a raíz de las denuncias de abuso sexual en ese establecimiento y que, según la fiscal de Guayas, Patricia Morejón, el número de víctimas es “incalculable”.

Pero hasta el momento, cuatro denuncias han llegado hasta la Fiscalía. Como suele suceder en estos casos, las investigaciones son impulsadas por los progenitores. Por ejemplo, fue el caso de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra) de Quito, donde 41 estudiantes fueron abusados sexualmente entre 2010 y 2011. Una madre que encontró moretones en los brazos de su hija fue la que prendió las alertas. De igual forma, en el Aguirre Abad, de Guayaquil, una madre hizo la primera denuncia. Ella notó cambios de comportamiento en su hijo: falta de amor con su familia, agresividad con sus compañeros, bajas calificaciones, llegaba con los cuadernos vacíos.

El Ministerio de Educación dispuso la evaluación psicométrica de los docentes y personal administrativo del colegio Réplica Aguirre Abad; la valoración psicológica de todos los estudiantes del plantel; la atención personalizada de ayuda psicológica a las víctimas y el acompañamiento a los padres denunciantes.

Un abuso sexual en un institución educativa ocurre en lugares insospechados. En Aampetra se dio en la misma clase de las víctimas y por su propio profesor. En el Aguirre Abad, en cambio, la violencia se dio en los baños. El testimonio de un niño refiere que dos profesores le llevaron al baño, que en ocasiones le hacían tomar orina, le daban caramelos que le hacían doler la cabeza, le amarraban las manos, le ponían el pene en la nalga y en la boca. La madre logró esta narración después de varias terapias sicológicas a su hijo, según recuerda su abogado, Hernán Ulloa.

La madre, impresionada, conversó con Mónica Pérez, presidenta de los padres de familia del aula, para que más familiares hablen con sus hijos. Así hallaron más historias que coincidían y que señalaban a los mismos maestros. Los menores tienen entre siete y ocho años, de tercero de básica, y pertenecían a la jornada vespertina. Pero los profesores sospechosos daban clases en los cursos de bachillerato. Ellos engañaban y amenazan a los menores para cometer los abusos.

“¿Cómo nadie se dio cuenta?”, se preguntan los padres de los niños, cuyos testimonios han salido en la prensa. Mónica Pérez, en entrevista con Plan V, explicó que frente a los baños estaba incluso la oficina del Inspector. Su hijo, por ejemplo, recuerda que los profesores sospechosos caminaban por ese lugar hablando por teléfono. “Ellos anduvieron merodeando a las criaturas”. Más aún cuando en la escuela solo había profesoras. “¿Cómo es posible que no los vieron’”, se vuelve a preguntar. “Tengo entendido que los baños permanecían cerrados, porque a la final allí les estaban haciendo daño a las criaturas”.

Por eso los padres han armado esta cuadrillas de vigilancia porque ya no confían en la institución. Al igual que en el colegio particular Aampetra, las denuncias fueron desmentidas. En una reunión que tuvieron con la exrectora de Aguirre Abad, Patricia Cuenca, la madre recuerda cómo la autoridad les negó cualquier posibilidad de un hecho así en el colegio. En la cita estuvo una de las madres afectadas, que invitó al resto de padres para que asistan a la Fiscalía y escuchen los testimonios de los niños. No tuvieron ningún apoyo.

Un abuso sexual en un institución educativa ocurre en lugares insospechados. En Aampetra se dio en la misma clase. En el colegio Réplica Aguirre Abad de Guayaquil pasó en los baños de la institución.

Esta posición, además, se hizo pública cuando Cuenca impidió el acceso a la Fiscalía y la Policía al colegio, lo que provocó la fuga de uno de los sospechosos. Los agentes tuvieron que subirse por las puertas para poder ingresar. Cuenca fue separada del cargo y ahora la Fiscalía la investiga por fraude procesal. Para el abogado de las víctimas, Hernán Ulloa, habría faltado al deber de denunciar, como lo establece el Código Penal Integral. Esta normativa, en su artículo 422, dispone que los directores, educadores u otras personas responsables de instituciones educativas están obligados a denunciar en casos de presuntos delitos cometidos en dichos centros.

Pero el hermetismo era normal. Según Mónica Pérez, solo después del escándalo, los padres pudieron ingresar al plantel para hacer estas vigilias. “Antes solo podíamos ir cuando teníamos una citación”. Los padres tienen pánico de que esto nuevamente ocurra, dice el abogado Ulloa. Por eso harán una marcha este sábado 21 de octubre, desde las 10:00 en la avenida 9 de Octubre, en Guayaquil.

Mientras tanto esperan que las investigaciones avancen y que se dé con el paradero de uno de los profesores denunciados, por quien el Ministerio del Interior ha ofrecido USD 10.000 de recompensa. La defensa de los padres ha solicitado además que se recepte testimonios anticipados a los niños para evitar su revictimización, la reconstrucción de los hechos y la evaluación psicológica de las víctimas, padres, docentes y sospechosos de esa institución.

Hasta el momento hay tres profesores implicados detenidos y uno prófugo. Un teléfono de los detenidos ha dado alarmantes pistas. “Tenemos un teléfono en el que presuntamente habría imágenes de muchos niños. No sabemos sin son 10, 30, 50 o 100 niños, las víctimas son incalculables”, afirmó la fiscal distrital del Guayas, Patricia Morejón.

La larga espera por una reacción estatal

Después del caso del colegio Aguirre Abad, el Ministerio de Educación informó que las denuncias de abusos sexuales en los establecimientos llegaron a 882 entre 2014 y 2017; de estas, 46.4% (321) fueron cometidos por personas externas al sistema educativo y el 63,6% (561) por personas vinculadas al sistema educativo. Las cifras de la Fiscalía también muestran un panorama desolador. Entre 2015 y 2016 registró 554 denuncias, pero de ellas solo 15 llegaron a una sentencia.

La falta de una respuesta efectiva en el aparato judicial es un reclamo de larga data que viene desde organismos internacionales como la ONU. El Comité de DDHH de la ONU, en julio de 2016, informó sobre su preocupación por “el bajo número de sentencias condenatorias alcanzadas en relación con el elevado número de denuncias relativas a delitos sexuales en el ámbito educativo registradas y la presunta impunidad de algunos perpetradores de tales actos”. En el último Examen Periódico Universal (EPU), también se pidió celeridad en las investigaciones.  

Pero en el 2015, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) fue más enfático aún. “Constituyen motivos de alarma para el Comité las informaciones acerca de la violencia sexual y el hostigamiento de niñas en las escuelas, que contribuyen a una elevada tasa de embarazos y de deserción escolar de adolescentes en el Estado parte”. En esa ocasión, el organismo recomendó realizar, sin demora, una campaña nacional para eliminar la violencia sexual contra las niñas en el sistema educativo.

A raíz del caso del colegio Aampetra, denunciando entre mayo y junio de este año, el ministro de Educación, Fánder Falconí, emitió un Acuerdo Ministerial para “regular los procedimientos para la prevención, atención y acompañamiento a los/las niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas que se vean afectados por infracciones de tipo sexual; así como orientar respecto a la actuación administrativa y judicial frente a este tipo de infracciones”. También la Asamblea creó una comisión llamada “Aampetra” para investigar casos de abuso sexual en los establecimientos.

Pero las denuncias de abuso sexual no son recientes y han llegado hasta la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH). Se trata del caso Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador. Paola era una adolescente de 16 años que fue víctima, durante cuatro años, de violencia sexual por parte del Vicerrector del establecimiento donde estudiaba. La menor resultó embarazada, lo que provocó a sus vez el suicidio de la joven en el 2002. Según recuerda el libro, “Democracia, DDHH e instituciones en Ecuador”, la familia de Paola denunció inmediatamente los hechos ante las autoridades competentes, sin embargo la ineficacia de sistema judicial y administrativo mantienen el caso en la impunidad.

Lo mismo ocurre en otros casos denunciados. Por ejemplo, se ha denunciado la fuga de José V., sentenciado a cinco años por la violación de una niña de 11 años en el colegio La Condamine de Quito. También la joven que fue víctima de una violación por parte de Jorge Glas Viejó, padre del actual Segundo Mandatario, fue detenida por 20 horas por presuntamente estar cerca a cinco fundas de heroína en un colegio de Durán. Ella tuvo un hijo producto de la violación. Su detención se dio después de que miembros del Comité de la ONU contra la Tortura, preguntara al Estado cómo había sido reparada. Según su defensa, nunca fue reparada ni psicológica ni económicamente.

Las recomendaciones de los organismos internacionales:

EPU 2017

  • Recolectar sistemáticamente datos sobre la violencia contra las mujeres, la violencia sexual y tráfico (Suecia).
  • Continuar implementando medidas administrativas y judiciales para la protección efectiva de mujeres y niñas contra la violencia y el abuso sexuales, así como el castigo de los perpetradores (Brasil).
  • Asegurar que los maltratos y la violencia sexual contra los niños en el sistema educativo se investiguen con prontitud, eficiencia e imparcialidad. Que los perpetradores sean llevados ante la justicia, que las víctimas reciban reparación y cuenten con la protección y el apoyo que requieren (Bélgica).

Examen del Comité de DDHH de la ONU (2016)

Abusos y violencia sexual en centros educativos:

  • El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para prevenir, erradicar y sancionar los casos de abuso y violencia sexual en centros educativos. Sin embargo, mientras toma nota de los trámites ingresados al Ministerio de Educación y resueltos entre febrero 2015 y junio de 2016 relacionados con violencia sexual, le preocupa la información que consta en el informe del Estado parte (CCPR/C/ECU/6, párr. 139) sobre el bajo número de sentencias condenatorias alcanzadas en relación con el elevado número de denuncias relativas a delitos sexuales en el ámbito educativo registradas y la presunta impunidad de algunos perpetradores de tales actos (arts. 7 y 24).
  • El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir, combatir y sancionar de manera eficaz los abusos y la violencia sexual en los centros educativos. Al respecto, debe intensificar sus esfuerzos para facilitar y fomentar que las víctimas presenten denuncias y velar por que todos los casos de abuso y violencia sexual sean investigados sin demora y de manera exhaustiva, independiente e imparcial; por que los autores sean llevados ante la justicia y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos; y por que las víctimas reciban reparación integral, incluyendo rehabilitación.

Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 2015)

Constituyen motivos de alarma para el Comité las informaciones acerca de la violencia sexual y el hostigamiento de niñas en las escuelas, que contribuyen a una elevada tasa de embarazos y de deserción escolar de adolescentes en el Estado parte. Observa también con preocupación que, a pesar del acuerdo ministerial para someter a juicio los casos de violencia sexual y del Plan Nacional para Erradicar la Violencia Sexual en el Sistema Educacional, el número de procesos y de condenas de los autores sigue siendo bajo. Teniendo en cuenta que las niñas que asisten a la escuela están en una situación especial de dependencia, el Comité observa con profunda preocupación que las fuerzas del orden y el público en general reaccionan ante esa violencia en forma pasiva, lo que da lugar a la impunidad de hecho de los agresores y aumenta más el peligro de que niñas y mujeres sean víctimas de la violencia sexual.

El Comité insta al Estado parte a que:

a) Prepare y ponga en práctica sin demora una campaña nacional para eliminar la violencia sexual contra las niñas en el sistema educacional y se cerciore de que las niñas y las mujeres tengan recursos efectivos para denunciar actos de violencia sexual, así como de que tengan información sobre sus derechos sexuales y reproductivos;

b) Establezca en las escuelas grupos multidisciplinarios de trabajo para prevenir casos de violencia sexual y hostigamiento sexual y hacerles frente, vigile muy de cerca la situación, y reciba las denuncias sobre actos de violencia sexual o de otras formas de violencia contra las alumnas en particular y actúe cuando sean formuladas;

c) Se asegure de que las víctimas de hostigamiento y violencia sexual en el sistema educacional tengan acceso a reconocimientos médicos y asistencia sicológica y social, la posibilidad de cambiar de escuela dentro del sistema educacional y acceso a servicios de asesoramiento psicológico, incluso para los padres;

d) Imparta formación obligatoria e instrucciones a los jueces, los fiscales, la policía y el personal docente sobre la investigación, el procesamiento y la condena prontos y efectivos de los autores de actos de violencia sexual en las escuelas; y

e) Agilice los procedimientos judiciales que ya se hayan interpuesto contra imputados por actos de violencia sexual en las escuelas, agilice las investigaciones de oficio con arreglo al acuerdo concertado entre el Ministerio de Educación y la Fiscalía General de la Nación y adopte medidas de reparación, que incluyan una indemnización económica para las víctimas y sus familias.

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