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5 de Abril del 2021
Historias
Lectura: 12 minutos
5 de Abril del 2021
Redacción Plan V
Experto: el Gobierno toma decisiones con datos tardíos, no hay prevención
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En febrero había 1.717 camas de hospitalización exclusivas para COVID. En marzo, aumentó a 1.867 camas, pero la ocupación es alta. Foto: EFE/José Jácome

 

Para el epidemiólogo Daniel Simancas, el estado de excepción es una medida necesaria, pero el Gobierno la tomó a destiempo. Con las pocas pruebas y la nula vigilancia epidemiológica, no es posible prevenir la saturación del sistema sanitario. En la actualidad, el rango de espera para una cama en UCI es de 100 a 170 pacientes.


Cerca de la medianoche del pasado jueves, la Presidencia publicó el Decreto Ejecutivo N. 1282 con nuevas restricciones del país por la pandemia. Pero además de las medidas, el documento contiene los más recientes datos que el Gobierno ha hecho público sobre la crisis sanitaria, todos ellos indicadores tardíos de la crisis antes que preventivos, según un experto.

Por ejemplo, la ocupación de camas fue una de las primeras cifras que sirvió al Régimen para justificar un nuevo estado de excepción y toque de queda.  En el último mes, el 72% del total de camas destinadas para pacientes COVID está ocupado, mientras que el porcentaje de ocupación de puestos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) es del 92%. Esto ocurre en toda la Red Pública Integral de Salud (RPIS).

Estos datos constan en el “Informe resumen para la focalización de acciones en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID en el Ecuador” que el Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias (SNGRE) remitió al Ejecutivo. Este fue la base para la declaratoria del estado de excepción. Según la Corte Constitucional, que abrió la posibilidad a esta medida después de su resolución del pasado 31 de marzo, la suspensión del derecho a la libertad de tránsito y un nuevo toque de queda debía ser focalizado y “debidamente justificado”.

Pero el rango de espera es un indicador tardío de la crisis. Para el epidemiólogo de la Universidad Técnica Equinoccial, Daniel Simancas, no hay medidas preventivas sino reactivas que llegan a destiempo. Afirma que las últimas restricciones tendrán pocos efectos a corto plazo y su impacto podría verse en un mes o mes y medio.

Simancas dice que el estado de excepción es una decisión “lamentable, necesaria, pero insuficiente”. Cree que no solo se debe confinar y limitar la movilización de las personas, sino tomar otras medidas como bajar el costo de las pruebas o incrementar las pruebas gratuitas, hacer vigilancia epidemiológica proactiva, es decir “salir a buscar los casos y controlar los brotes” a través del aislamiento de los enfermos en etapas tempranas, el rastreo de los familiares contagiados y su aislamiento.

En el último mes, el 72% del total de camas destinadas para pacientes COVID está ocupado, mientras que el porcentaje de ocupación de puestos en UCI es del 92%.

Pero esto es difícil, cuando en Ecuador se hacen muy pocas pruebas: 61 por cada 1.000 habitantes, cuando en Chile, por ejemplo, se realizan 590 por cada 1.000 habitantes. “Chile ha testeado al 60% de la población, nosotros el 6% y por una sola ocasión. Deberíamos tener una positividad del 5% y estamos entre el 30% y 40%. Eso quiere decir que de cada 100 pruebas, entre el 30% y 40% salen positivas, eso son muchas personas”. Aclara demás que esos registros son solo de las personas sintomáticas, no hay datos sobre los asintomáticos.

También el experto cree que es importante habilitar más UCI y contratar masivamente personal médico, en lugar de desvincularlo. Pero según los mismos datos oficiales, hay menos camas en UCI. Antes del feriado de Carnaval y posterior al proceso electoral se registraron 475 camas a escala nacional, de las cuales el 84% estaba ocupado. Para el 24 de marzo, hubo 467 camas UCI y su porcentaje de ocupación fue del 88%.

Sobre las camas de hospitalización para pacientes COVID sí ha habido un incremento, pero su saturación es inmediata. El reporte del SNGRE detalló que antes del 15 y 16 de febrero, a nivel nacional se registró un total de 1.717 camas de hospitalización exclusivas para COVID, de las cuales el 41% estaba ocupado. Para el 24 de marzo pasado, aunque hubo más camas disponibles, también hubo más ocupación. Para entonces, el 55% de las 1.867 camas ya estaba ocupado.

Para Simancas, el Estado no ha aprendido las lecciones que dejó la pandemia en los primeros meses -marzo y abril- cuando fue el mayor pico de contagiados y fallecidos. “No sabemos cuándo confinar, no hemos entendido la necesidad de las pruebas y de las vacunas, no hay una vigilancia epidemiológica comunitaria activa”. Tampoco hay capacidad en el país para detectar de forma eficiente las nuevas cepas.

Sobre las pruebas, dice que estas ayudan a tener mayor certeza sobre dónde está el virus y clasificar a los fallecidos. En su opinión, el Gobierno debería cruzar los datos de la emergencia con los del Registro Civil.  Según esta entidad, en el 2020, fallecieron 6,63 personas por cada 1.000 habitantes. Su proyección para el año 2021, hasta el 25 de marzo de 2021, fue de 5,91 personas fallecidas por cada 1.000 habitantes en el país. Además dice que existe un incremento de defunciones del 35.1%.

Simancas explica que, según datos del Registro Civil, hay 54.440 muertes en exceso, es decir aquellas que se producen por encima de lo normal en un periodo determinado y sobre la base de los promedios históricos. Pero oficialmente, el Gobierno ha reconocido 16.956 muertes por COVID, hasta el 4 de abril. “Es decir, en este país tan solo se registra 1 de cada 3 muertes (con COVID) y eso es espeluznante”, explica.

5,91 personas han fallecido por cada 1.000 habitantes en lo que va del 2021. el año pasado, fallecieron 6,63 personas por cada 1.000 habitantes, segú el Registro civil.

Al no tener una curva epidemiológica de contagios y de muertes, los únicos indicadores que el Estado tiene son la saturación del sistema sanitario, el exceso de fallecidos y la lista de espera de pacientes.

Justamente, el informe del SNGRE  revela que el rango de espera para hospitalización en el periodo diciembre de 2020 a marzo 2021 es de 7 a 20 pacientes siendo febrero el mes que registró el pico más con un incremento del 150% en relación a enero. Mientras que el rango de espera para una cama en UCI, en el mismo periodo, fue de 100 a 170 pacientes. Eso quiere decir, según Simancas, que la gente está muriendo en casa o en los hospitales, pero en salas adaptadas, porque no pueden acceder a UCI.

Según el SNGRE, Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha y Santo Domingos de los Tsáchilas son las provincias que presentan las cifras más alarmantes en cuanto a la lista de espera en unidades de cuidados intensivos y hospitalización, hospitalización sobre el 60%, mayor incremento de muertes durante el primer trimestre del 2021, mayor número de eventos suspendidos, entre otros puntos.

La saturación en los servicios de hospitalización y puestos de UCI se ha incrementado en un 51,17%, pasando del 21,91% en el 2020 al 78,09% para el 2021, dice el informe.


Las Unidades Cuidados intensivos están ocupadas en un 92% y la lista de espera ha llegado hasta las 170 personas a escala nacional, según cifras oficiales. Foto El Telégrafo

Pacientes con COVID y sin COVID, gravemente afectados

“El Sistema de Salud Pública se encuentra gravemente congestionado, afectando la atención inmediata no solo de pacientes con COVID sino también de pacientes con otras enfermedades que requieren atención hospitalaria”, dice el informe.

El documento agrega que la capacidad de respuesta de los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) se encuentra dividida en flujos de atención para pacientes COVID y No COVID. “Esta división se ha establecido, ya que la demanda de atención de los servicios hospitalarios no se ha reducido, y por la flexibilidad de las restricciones las atenciones relacionadas con patologías diferentes a las del COVID se han incrementado y los pacientes COVID no han reducido sino por el contrario han ido en aumento”.

El reporte relata que las provincias de Guayas y Pichincha, pese a contar con los hospitales de mayor nivel de complejidad, tienen índices de ocupación sobre el 90%. Estas provincias tienen el mayor número de disponibilidad de camas de UCI para pacientes con COVID. Guayas recibe pacientes provenientes de provincias aledañas como El Oro, Santo Domingo, Manabí. Mientras que pacientes de Tungurahua, Cotopaxi, Esmeraldas e Imbabura son derivados a Pichincha.

Estas provincias cercanas geográficamente a Guayas y Pichincha también tienen porcentajes de ocupación superiores al 90%. “Lo que claramente evidencia la saturación en los servicios de UCI tanto COVID y No COVID, limitando capacidad de respuesta para recepción en el caso de requerir el traslado de los pacientes”.

En los hospitales del IESS, la situación también es compleja, según el informe: “La lista de espera en los meses finales del 2020 no superaba los 67 pacientes, no así a inicio del año 2021 hasta los últimos días de marzo, donde la lista de espera no ha sido menor a 118 pacientes”.

“Lo que claramente evidencia la saturación en los servicios de UCI tanto COVID y No COVID, limitando capacidad de respuesta para recepción en el caso de requerir el traslado de los pacientes”, sostuvo el Gobierno en el último decreto.


Guayas y Pichincha, pese a contar con los hospitales de mayor nivel de complejidad, tienen índices de ocupación sobre el 90%. Foto: Archivo PlanV

El momento más crítico en la red del IESS ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando se registró un total de 252 pacientes en lista de espera a escala nacional, de los cuales el 85% necesitaban una cama en UCI. En marzo, el número mínimo de pacientes en lista de espera fue de 171.

Desde enero pasado se observó nuevamente un aumento de fallecidos por COVID hasta llegar a los 543 decesos. En febrero fueron 509 y en lo que va de marzo ya son 392 fallecidos, de ellos el 76% murió por patologías respiratorias.

Según el Gobierno, “debido a las características imprevisibles y sobrevinientes propias de la enfermedad” ahora hay nuevos grupos etarios afectados como la población dentro del grupo económicamente activo e incluso niños y niñas que han presentado nuevos síntomas y nuevas cepas de COVID. “Esto último conjuntamente con la desobediencia ciudadana e inobservancia dolosa de las medidas de prevención dispuestas, han decantado en una situación agravada de la COVID en el Ecuador, misma que por las graves consecuencias que tiene en la población del país y el riesgo que supone para la vida humana y la salud pública, constituyen una calamidad pública”.

De acuerdo con el SNGRE, el 36% de los cantones ha permitido el funcionamiento de bares; 35% ha permitido el funcionamiento de discotecas; 37%  ha permitido que operen centros de tolerancia. En 13 provincias del país se encuentra  el mayor número de eventos suspendidos; 50 cantones (que representan el 22,62% de la población a nivel nacional), no cuentan con ordenanzas para el uso obligatorio de mascarillas; y desde el 1 de enero al 26 de marzo, se han suspendido 1.272 eventos.

Entre el 1 de diciembre y el 25 de marzo pasado, el ECU 911 ha atendido 1,2 millones de emergencias, de las cuales 160.831 emergencias (13%) tienen que ver con la gestión sanitaria. En el mismo periodo, se han registrado 84.343 alertas relacionadas a aglomeraciones de 30 o más personas; 22.280 emergencias relacionadas a fiestas clandestinas y en viviendas; 132.873 emergencias relacionadas a libadores; 108.219 emergencias relacionadas a escándalos en espacios público y privado.

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