Mientras pasa el labial negro por su labios, Casandra sacude su larga cabellera y toma el corset de cuero del armario, lo aprieta a su cintura y amarra los cordones de sus botas puntas de acero. Sus ojos delineados con pintura negra, su rostro cubierto por una base de maquillaje clara y sus pulseras con el nombre de su banda favorita Lacrimosa, delatan su estilo.

Da una patada y una carcajada se confunde con el ruido de la puerta. En la acera, sus amigos de infancia -con quienes comparte el gusto por la música y el arte gótico- la esperan. Mientras Casandra saluda con un beso en la mejilla, uno de ellos sostiene en sus manos el afiche del concierto “Encuentro gótico Ultratumba 2008” al que irán en unas horas. Rápidamente se lo quita de sus manos y en voz alta y con emoción dice:
- Hempírika, Amghelis, Vendimia, Trovador Depresivo, Zelestial,  Lamento. Además...la proyección del 1er. video - documental del Gótico y las14 mejores representantes del género en el país.

Eran las 15h30, y el grupo llega a las instalaciones de la discoteca Factory Dance Industry, ubicada en un galpón en la avenida Maldonado, al sur de Quito. Al entrar, las paredes de zinc, el techo decorado con telas de poliéster y el cuadrilátero de metal montado en el centro del galpón, dan la bienvenida en un ambiente lúgubre.

Alrededor de 300 jóvenes, de entre 16 y 25 años, asistieron al evento, mientras una a una las bandas subían a la tarima. A las 16h00 de ese sábado, ya se habían presentado las bandas Hempírika y Lamento,  al tiempo que Vendimia preparaba su presentación.

Las velas alrededor del escenario marcaban el inicio de su presentación, y ya en el quinto tema dos personas a los extremos, con bengalas en sus manos se preparaban para lanzarlas. Casandra se acercaba más, para no perderse un solo detalle y captaba cada momento con su cámara. Dos de sus amigos decidieron ir a comer y de esta manera, esperar afuera a otros conocidos que asistirían al concierto.

“¡Fuego, fuego!” gritaba Casandra, cuando los demás asistentes, invadidos de pánico, trataban de correr de un lado hacia otro en busca de la entrada principal; pero las llamas quemaban la piel, cabello y ropa, obstaculizando su salida.

Casandra buscó la salida de emergencia, ubicada a un extremo de la tarima, pero estaba cerrada con candado. Gritos, llanto, y gente ya incinerada por el fuego que crecía con el pasar de los minutos, la rodeaba. Sus amigos, de regreso al concierto, veían el humo que cubría el entorno del galpón, y los primeros asfixiados alcanzaban a salir por el ajustado y casi restringido acceso de la entrada principal, que media no más de dos metros cuadrados. Otros trataron de romper las paredes de Factory, en busca de Casandra. Era imposible entrar, ya que el fuego se apoderaba del galpón mientras que el monóxido de carbono llenaba los pulmones de los asistentes.

Las planchas de esponja se derretían y caían sobre los asistentes. Un lado de la pared se abría por la acción de los que estaban en el exterior del concierto, lo cual ayudó a salir a algunos; pero no todos sobrevivieron.

Los bomberos no tardaron en llegar, e inmediatamente abrieron un hueco en la pared para socorrer a los rockeros. Las ambulancias trasladaban a los heridos, la mayoría de gravedad, a las casas de salud más cercanas. Casandra, con quemaduras de segundo y tercer grado no logró salir, mientras sus amigos, que casi no la reconocen, miraban las pulseras de la banda favorita de su amiga, que inconsciente subía a la ambulancia, y no podían creer la tragedia.

En el lote donde se encontraba la discoteca, hay un parque y un memorial de los fallecidos. 

Según los testimonios de los sobrevivientes Daniel Calderón y Andrés Cárdenas , guitarrista y baterista de Zelestial, el fuego se inició cuando Patricio Lestat, cantante de Vendimia, ordenó a un miembro de su staff soltar las bengalas que desataron el desastre. Sobre ellos, y sobre Patricia Cajo y Orlando Mena, representantes de Ensemble of Shadows, organización productora del evento, se han dirigido parte de las acusaciones.

Desde entonces, Factory Dance Industry enlutó a la escena rockera en Quito, y puso en evidencia irregularidades en cuanto al manejo del espacio público, así como se abrió el debate alrededor de las culturas urbanas presentes en la ciudad, su identidad y estigmatización.

Hubo 19 muertos: Claudia Noboa, Mauricio Machado, Pablo Bernal, Paola Fletcher, Paúl Calderón, José Barragán, William Valenzuela, José Luis Trujillo, Diego Subia, César Corral, Diego Freire, Juan Carlos Cárdenas, Andrés Rivadeneira, Cristian Porate, Marco Condo, Julio Chipantasig, Bolívar Alarcón, Danilo Lara y Fidel Calderón y más de 35 heridos.

Irregularidades en el manejo del espacio público

La tragedia en Factory solo fue la “gota que derramo el vaso” de las irregularidades que desde el Municipio se venían realizando, como la entrega de permisos a negocios que no cumplían con normas de seguridad y además violaban con las disposiciones establecidas en las ordenanzas municipales.

Según Fernando Lara, abogado del caso Factory, luego de dos meses de la tragedia, se inicio una investigación paralela sobre el siniestro, la cual duró seis meses, hasta que el Municipio entregó la documentación que solicitaron, entre ella estaban permisos municipales y los controles que el Municipio realizó en Factory.

La investigación llegó a establecer que “el negocio no tenia los permisos de usos de suelo y que el trámite que se inició en la Administración Zonal Eloy Alfaro (AZEA), para obtener dicho permiso, fue rechazado dos veces por esta entidad, indicando que ese tipo de negocios no pueden ser implantados a menos de 200 metros de centros educativos y hospitales. Y cerca de Factory se encuentran tres centros educativos, a menos de 100 metros, entre ellos la Escuela 5 de junio, Martha Martínez  y el Liceo del Sur, es por eso que la administración le negaba el permiso del uso del suelo”, argumentó Lara.

En 2006, el comisario municipal realizó la inspección del permiso del uso del suelo, y a pesar que la discoteca no contaba con este documento, no fue clausurada: “Cuando la Ley dice que si no se exhibe este permiso se debe clausurar el local, tampoco lo hicieron”, afirma Lara.

Por lo que Paul Jauregui, propietario de Factory Dance Industry y dueño de las principales discotecas de la ciudad, en 2007, se dirigió, al Municipio de Quito de la Zona Centro de la ciudad, y presentó una solicitud ante la Comisión de Clasificación y Nomenclatura, integrada por cinco concejales: Alfonso Laso Bermeo, María Cárdenas Rivadeneira, Patricio Ruiz Rivera, Sergio Garnica Ortiz y Pablo Ponce, comisión que según la investigación de Lara, otorga el permiso emitiendo un informe favorable al pleno del Concejo Municipal, integrado por todos los concejales y el alcalde Paco Moncayo.

Para Lara “El informe no tienen ningún sustento técnico por que va contra la ordenanza municipal”-

Después de obtener el permiso del uso de suelo,  Factory ya en funcionamiento, recibe quejas de moradores del sector por el ruido que genera la discoteca, por lo cual la ingeniera Alexandra Jami Tapia, jefe ambiental de la AZEA, mide los decibeles internos y externos, los cuales exceden la norma, y en su informe, según la investigación de Lara,  afirma que se va a colocar colchones de esponja de 10 centímetros de grosor.

Después de esta acción una nueva inspección determina que todavía exceden los decibeles, por lo que proceden a poner más esponjas “Aún cuando la ordenanza contra incendios dice que en los sitios de concentración pública, jamás debe colocarse material inflamable”.

Si se violó la ordenanza contra incendios y se permitió que se colocara material altamente inflamable como son las esponjas, el Cuerpo de Bomberos al realizar el control correspondiente, pudo haberse percatado de esto y negar el permiso.  Sin embargo, Lara afirma que en la investigación de dicha entidad también se presentaron irregularidades.

Tras realizar la inspección en la discoteca, los bomberos entreganron el permiso contra incendios, pero se obvió la ordenanza municipal, en otro punto más, ya que se establecía que el local que tenía capacidad para 1.200 personas y debía tener dos puertas de entrada y tres puertas de salida, con dimensiones predeterminadas; además la tubería contra incendios debía tener acometida directa a la red principal de agua. No se cumplía con esta disposición.

A estas irregularidades en Factory se suma la poca apertura, que hasta entonces, se tenía al público rockero ya que los trámites para sacar los permisos de funcionamiento eran y siguen siendo tediosos y largos.

Según Carlos Hidalgo , representante de la organización Show Factory, “hace diez años, cuando decidimos profesionalizar los conciertos underground todo era diferente. Desde la imagen con la que se promocionaban los conciertos, el sonido, la organización, la seguridad, etc.”. Sin embargo la realidad no ha cambiado en estos siete años y la falta de espacios todavía sigue siendo un problema: “ahora las cosas han cambiado, pero el estigma de la sociedad se mantiene y con ello la falta de espacios seguros y dignos para desarrollar conciertos de rock, asegura Hidalgo.

Mientras que según Diego Brito, promotor de la organización Al Sur del cielo, llevan 27 años realizando eventos en Quito y en todo ese tiempo ha visto trabas para la realización de conciertos de rock.

La dificultad para sacar los permisos y el tiempo son, para Brito, uno de los factores para que varias organizaciones opten por realizar conciertos underground. “La gente no tiene la paciencia ni el dinero para cubrir todos los trámites, como el del SAYCE que es el mas complejo”, y considera que “mientras no se tenga una visión de generar eventos seguros, mientras la comunidad con las Instituciones no gestionen espacios para eventos, y mientas la cultura sea la ultima rueda del coche van a pasar peores tragedias”.

Veeduría ciudadana del caso Factory

Después del incendio en Factory, según la entrevista realizada a Marcelo Negrete , amigo de dos fallecidos, la veeduría, que duró alrededor de seis meses, con reuniones de una o dos veces semanales, se dividió en dos grupos. La primera conformada por heridos, familiares y amigos y el otro, por organizaciones de eventos rock, como  Al sur del Cielo y Diabluma.

Según la ex concejal y actual secretaria de Inclusión del Municipio, Margarita Carranco, quien formó parte de la veeduría, lo primero que se hizo fue levantar información de todos los fallecidos, “y se descubrió que muchos eran cabezas de hogar, tenían hijos, estaban estudiando etc. por lo que se empezó la reparación de derechos a través de la entrega de becas. En otros casos se les dio espacios en los centros comerciales ABC, se cubrió los gastos de las quemaduras, en algunos casos tenían que irse al exterior a realizarse las cirugías necesarias. Además se canceló las cuentas de las clínicas particulares donde se encontraban los sobrevivientes. Es decir, que cumplimos con lo que corresponde".

Sin embargo, luego de los seis meses según Negrete “el Municipio se convirtió en juez y parte. Ellos enviaban los abogados, hasta que en un momento determinado trataron de hacernos firmar un documento, donde se decía que no debemos responsabilizar al Municipio sobre el caso”.

Según Fernando Lara, abogado del caso, “el Municipio de Quito presentó la denuncia en contra de las dos personas sentenciadas (Patricia Cajo y Gabriel Riera) y querían que los familiares se sumen a esa demanda, pero no estuvieron de acuerdo por que ellos fueron dos de los responsables. Abajo se encontraba toda las falencias e incumplimiento del Municipio”.

Mientras que según Gloria Cruz , madre de Diego Freire, fallecido en Factory, en las reuniones “dijeron que iban a caer las cabezas que otorgaron los permiso pero eso no pasó. La gente se sentía utilizada, por que no había resultados y decidieron ya no asistir a las reuniones con el Municipio”.

Fue entonces que el grupo de la veeduría salió del Municipio y se empezó a reunir en la casa de Lara, dando inicio a la Fundación Factory.

Fundación Factory 19 de abril y rupturas internas

Marcelo Negrete, quien presidió a la Fundación Factory 19 de abril, en sus primeros años, junto con Andrea Madrid, cuanta que las primeras acciones que realizaron fue la división de tres comisiones. La primera trató el tema legal y de justicia, la segunda la seguridad de los espacios públicos y centros culturales, mientras que la tercera comisión se enfocó en el tema de las becas para los niños.

La Fundación también gestionó la realización de conciertos en homenaje a los fallecidos en Factory. Gloria Cruz, actual presidenta de la Fundación Factory, afirma que se entregó un poder a dos de sus miembros, para que los representen, por lo que ellos realizaban los proyectos para la realización de los conciertos. Cruz afirma que “el poder lo utilizaron y gestionaron a nombre de la Fundación y de los padres, lo cual fue un error”.

Hasta el 2011 se realizaron cuatro eventos. “En el 2008 como veeduría Factory el primer concierto llamado “Factory Nunca Más”; en el tema académico trabajaron en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, varias temáticas alrededor del rock”, manifiesta Negrete.

Cruz cuenta a su vez que se empieza a hablar sobre la toma del espacio de la ex discoteca Factory y se exigió centros culturales al Municipio. De igual manera, se llevó a cabo en Flacso un debate sobre el tema de seguridad y justicia. Y se realiza el segundo concierto, para el cual, se invita a Los pibes de Crogmañon, de Argentina, quienes contaron su experiencia en el caso del incendio en la discoteca Crogmañon, en Buenos Aires, donde murieron 200 personas.

Finalmente para el tercer año, en el concierto anual de Factory, vino al Ecuador la banda argentina Tren Loco y comenzaron los problemas internos, según la versión de Negrete, “porque había un interés no solo de la gente de la Fundación sino de personas externas, porque nosotros estábamos demandando al Municipio que tenia que indemnizar a los muertos, por que Fredy Heredia hizo plataforma para luego ser Concejal y porque se nos hizo entender que nosotros teníamos que ceder con el Municipio y quitar las demandas”, afirma.

Pero para Gloria Cruz, los problemas internos empezaron cuando, en el 2011, asumió la presidencia de la Fundación y pidió a los exdirectivos el informe de su gestión, ya que los conciertos que ellos realizaban contaba con el auspicio, y apoyo de varios ministerios, acción que los familiares desconocían.

Fernando Lara, abogado del caso dijo que “ellos no tuvieron autorización ni conocimiento de la Fundación de que recibían fondos de ministerios, por lo que Fredy Heredia investigó y pidió a todos los ministerios un informe de los fondos que destinaron a la Fundación”.

Entonces se empezó a mandar oficios a todas las entidades “para que se aclare quien es la nueva directiva y la única que puede representar a la Fundación,  especificando que los chicos (Negrete y Madrid) ya no los representaban”, aclaró Cruz.

Gloria Cruz, dijo que no hubo rendición de cuentas de esos fondos y hasta la fecha se desconoce su destino. “La Fundación también prestó entre 13 y 15 mil dólares para pasajes de bandas de México y Argentina y jamás devolvieron el dinero”, afirma. Actualmente ningún ministerio apoya a la Fundación.

Pero para Negrete, la rendición de cuentas se la realizo cinco veces: “rendimos cuentas como cinco veces, pero había un tema de mala fe, ya que cuando lo hacíamos decían que estaban incompletas. Era un dinero, que ni siquiera era de la Fundación. Por qué cuando se trabaja con el Estado, tú tienes que poner, y después el Estado te paga. Incluso era plata nuestra”, aseguró.

Negrete además añadió que “la propuesta amplia que teníamos se derrumbo por una visión adultocéntrica”. Sin embargo la Fundación presidida por Cruz y las 18 familias,  siguen realizando el concierto anual en Factory:  “con mínimas cantidades empezaron hacer los conciertos con la ayuda del Municipio. Y de la vicealcaldesa Daniela Chacón, con la que se ha venido trabajando, además de plantones ante la Corte cada semana”, dice Cruz.

Mientras que el espacio de Factory se ha cristalizado y actualmente El Parque de las Diversidades, se encuentra en su primera etapa. “Con Mauricio Rodas nosotros llevamos el informe a todos los concejales y secretarias y nadie puso trabas, y la vicealcaldesa gestiono el proyecto del Parque de las Diversidades. Mientras que la administración Eloy Alfaro, colectivos, y vicealcaldía están trabajando en un modelo de gestión”, informó Cruz.

Proceso legal

La "responsabilidad culposa", según el abogado del caso, es de los cinco concejales miembros de la comisión que otorgó el permiso, emitiendo un informe favorable al pleno del Concejo Municipal, y otros 17 imputados. Sin embargo la Fiscalía General del Estado, "terminó culpando solamente a dos personas y no dio paso a las demás demandas, a lo que Lara calificó como “una arbitrariedad por parte de esta entidad”.

El 9 y 10 de noviembre de 2009 se informaba que el Tribunal Octavo de lo Penal de Pichincha consideró que Patricia C., organizadora del evento, y  Gabriel R., quien supuestamente habría encendido la bengala, “son culpables de conformidad al artículo 459 y 460 del Código Penal”, condenándolos como los responsables del hecho, incurriendo en un homicidio inintencional, es decir, “por falta de previsión o de precaución, pero sin intención de atentar contra otro”.

Franklin Guamán, abogado defensor de Patricia C., argumentó para la prensa en ese mismo año, que no hay una prueba contundente para acusarla: “Es injusto que las personas que debían ser procesadas no fueran imputadas”.

Sin embargo la condena no fue aceptada por el público rockero, quienes reclamaban se investigue a funcionarios del Municipio, y además pedían la renuncia del entonces alcalde Paco Moncayo.

Ernesto Machado, hermano de Mauricio Machado, vocalista del grupo Zelestial, quien falleció en el lugar, no está de acuerdo con la medida tomada por la justicia. Él dice que en un inicio se acusó a 25 personas, entre los que estaban autoridades municipales, Cuerpo de Bomberos y la Intendencia de Policía, quienes, según él, también son responsables indirectos del siniestro, al otorgar los permisos de funcionamiento.

“A esta sentencia los dos culpables presentaron el recurso de casación y en la Corte Nacional de Justicia, les modificaron la sentencia a dos años, ante lo cual los sentenciados presentaron el recurso extraordinario de protección en la Corte Constitucional”, argumentó. Y desde el 2011, hasta hoy esto no se resuelve.

A esto se suma que, como están sentenciados a dos años, y este tiempo ya paso, los sentenciados pidieron la prescripción de la pena. El abogado calificó al caso como de  “total impunidad”.

Lo que esperan Lara y las 18 familias es que cuando el proceso pase de la Corte Constitucional, se pueda presentar una demanda contra el Estado ecuatoriano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se espera que la Comisión “establezca la responsabilidad penal del Estado ecuatoriano y conmina al Estado a iniciar acciones legales contra las otras personas; con esa sentencia se considera un delito de lesa humanidad, por ende ya no entran en los plazos de prescripción y se pueden iniciar el proceso para que se sancione a los responsables”, explicó.

Paralelamente, en junio del 2015 se iniciaron los procesos contenciosos administrativos contra el Municipio, por la responsabilidad civil, juicios que están en pleno tramite, y esperan que se dicte la sentencia en el Tribunal Contencioso; pero Lara dice que este proceso se refiere a reparaciones patrimoniales, antes que responsabilidades penales, es decir las indemnizaciones por las 18 muertes. 

Margarita Carranco, de su parte, mencionó su descuerdo frente a las indemnizaciones, pues “si el Municipio hubiera sido el causante en un sitio o en un evento organizado por este, donde no se hubiera tomado las precauciones, correspondería indemnizar; en este caso corresponde  indemnizar a la discoteca que no tomo las precauciones”.

Frente a lo cual, el abogado del caso argumentó que “en toda la humanidad no se ha establecido ningún otro mecanismo de reparación civil que no sea  la reparación económica. No se trata de pedir disculpas. Esta claro que nada va a compensar la muerte de una persona, y la única manera de reparar el daño a una persona es devolviéndole la vida y eso no hay como, por lo que el siguiente mecanismo es la reparación económica”.

Los sobrevivientes de Factory, cuenta el abogado Lara,  fueron invitados para que formen parte de la Fundación y así empezar con los juicios; sin embargo no lo hicieron, ya que en ese momento se encontraban en proceso de recuperación en las diferentes casas de salud y el Municipio cubría los gastos, por lo cual ellos no podían demandar a esta entidad: “el problema es que después de salir del hospital, viene la rehabilitación, proceso que el Municipio ya no cubre, por lo que perdieron el tiempo que da la Ley para presentar la demanda y actualmente tienen que financiarse por sus propios medios”.