Se estima que cerca del 90% de las denuncias formuladas ante las autoridades por presunta desaparición de personas han sido archivas debido a que, en la gran mayoría de los casos, quienes perdieron contacto con sus familiares o abandonaron sus hogares sin dar aviso de su paradero lo hicieron de forma premitada y voluntaria. 

Las causas, según sostienen la Policía y la Fiscalía son problemas familiares y económicos, y el porcentaje de personas que han sido localizadas sin vida es, en general, muy bajo. 

Según cifras de la Fiscalía General del Estado, a nivel nacional en el periodo 1 de enero 2013 a cinco de junio de 2015, se denunciaron por lo menos  29.309 casos de desaparición de personas, de los que han sido archivados la mayoría toda vez que las personas buscadas aparecieron o se pudo constatar la comisión de otros delitos. Se mantienen abiertos, de ese periodo, 1714 actos administrativos por desaparicion, perdida o extravio. Del total de las denuncias, se encontró a 29.160 personas vivas o muertas. En general, el porcentaje de los fallecidos es inferior al diez por ciento.

En 2014, la Fiscalía precisó que su explicación sobre las desapariciones involuntarias es que  “estarían vinculadas a actividades ilícitas como secuestro, tráfico de personas, homicidios, asesinatos y otros […] de los análisis de las causas detrás de las desapariciones del 93% de casos restantes se determino que en su mayoría es en forma voluntaria y responde a factores familiares, económicos, migratorios, especialmente en adolescentes”.

La Policía, por su parte, en información cortada a diciembre de 2014, sostuvo que "han registrado 4.481 denuncias de personas desaparecidas de enero a diciembre de 2014. De las cuales 4.056 fueron resueltas y 425 están en investigación. De las 4.056 personas localizadas, 3.943 fueron encontradas con vida y 113 sin vida". La mayor cantidad de personas desaparecidas en ese periodo fueron adultos jóvenes de más de 26 años de edad, seguidos de adolescentes de entre 15 y 20 años. 

Un alcance de las cifras policiales establece que entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2015 se han registrado 1.895 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales 1.114 son mujeres y 781 son hombres, de este total 47 han sido localizados sin vida, 1.596 con vida y 252 se mantienen desaparecidas, "que sumadas a la cifra de 2014 representan un total de 704 personas aun desaparecidas en el periodo 1 de enero 2014 a 20 de mayo de 2015" precisan la Inredh y la Asfadec, colectivos de derechos humanos y de familiares de las personas desaparecidas respectivamente, quienes comentan que la diversidad de cifras oficiales evidencia que "estas cifras, pese a no corresponderse unas con otras, ni estar debidamente consolidadas, permiten comenzar a comprender el fenómeno de desapariciones que se vive en Ecuador. Es preciso hacer hincapié sobre la obligación estatal incumplida relativa a la elaboración y análisis de estadísticas cualitativas y cuantitativas que permita al mismo Estado dimensionar las situaciones de riesgo que enfrentan sus ciudadanos y desarrollar medidas integrales de prevención y sensibilización".

Familiares de los desaparecidos realizan protestas en Quito. 

Los reparos de los colectivos llegan a la ONU 

Pero a pesar de las cifras oficiales, activistas de este tema y abogados que llevan algunos casos sostienen que la forma en la que tanto la Fiscalía cuanto la Policía procesan e investigan las denuncias tiene una serie de falencias. 

Así, por ejemplo, según María Espinosa, abogada de la Asfadec, en abril pasado se cumplieron varios años de la desaparición de por lo menos cuatro personas, sin que hasta la fecha las autoridades hayan podido determinar su paradero. 

Son los casos de Camilo Carlos Antonio Tobar Abril  (desaparecido el 17 de abril del 2012 en Quito), Cristian Antonio Acevedo Olaran (el 21 de Abril de 2014 también en Quito), de  Leonor Maria Ramirez Lopez (29 de abril de 2011 en Quito) y de la activista colombiana Carolina Garzon, quien desapareció en un barrio popular de Quito el 28 de abril de 2012.

Los abogados del colectivo Asfadec han enviado a las Naciones Unidas una reclamación contra el Estado ecuatoriano, pues consideran que los casos de desapariciones que no son investigadas oportunamente por la Policía y la Fiscalía configuran una serie de violaciones de derechos.

El documento, enviado al Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, formula una serie de observaciones al trabajo de las instituciones nacionales. El reclamo internacional se fundamenta en el Artículo 3 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, suscrita por el Estado del Ecuador. 

Entre estas están: 

En primer lugar, que las instituciones de la ONU "soliciten informacion al Estado ecuatoriano sobre los hechos denunciados en este informe". Dicho informe, argumentan los reclamantes, "debería debería incluir datos sobre la forma en la que el Estado prohíbe y procesa las conductas que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado".

Las organizaciones reclaman que, cuando se presenta una denuncia por desaparición de una persona, se abre en la Fiscalía un "acto administrativo", que, en su opinión, no estaría lo bastante reglamentado para en cuanto a sus plazos. Por ello "sugerimos se solicite al Estado informe de manera detallada sobre el alcance del acto administrativo; de manera particular se explique: ¿en qué norma,código o ley esta descrito el acto administrativo?, ¿en que consiste el acto administrativo?, ¿cuál es su duración y alcance?, ¿cuáles son las acciones de investigación que pueden llevarse a cabo en el mismo?, ¿cuáles son las obligaciones del Estado en el desarrollo de este acto administrativo?, ¿cuáles son los derechos que tenemos los familiares de las víctimas en este proceso?".

En el documento enviado a la ONU, se pide que el organismo internacional "solicite al Estado el envío de información actualizada, detallada y cierta, acerca de la situación de personas desaparecidas, de acuerdo al Art. 3 de la Convención y del cumplimiento de la “Convención contra desapariciones forzadas”. Esta información incluye datos estadísticos claros sobre el número de personas desaparecidas en la última década, desagregada por sexo, edad, etnia, condición migratoria, condición socio económica".

Colectivos como Asfadec cuestionan los procedimientos de la Policía y la Fiscalía. 

Así mismo, se pide "el detalle de la situación actual del caso, y si estos han sido archivados, cerrados o enviados a otras unidades la explicación detallada y motivada de cada uno y el detalle de la atención que se ha dado a cada caso de manera individual".

Según los denunciantes, "para la respuesta que deberia enviar al Estado se deberia recomendar la realizacion de amplias consultas, entre otros actores a las organizaciones de familiares de las víctimas, los defensores de los derechos humanos que se ocupan de la cuestión de la desaparición y las organizaciones no gubernamentales (ONG)".

En otro apartado, el documento pide que se "insten al Estado ecuatoriano para que cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de desaparición de personas, según lo estipula el Art. 3 de la Convención contra las desapariciones forzadas, a fin de combatir efectivamente la impunidad que prima en estos casos".

Se pide también que la ONU "recomiende al Estado ecuatoriano que adopte medidas de carácter urgente a fin de evitar que hechos como los denunciados en este informe se sigan repitiendo".

El envío de una misión al Ecuador para verificar estos casos también es mencionada: el "objeto será conocer la situación actual de personas desaparecidas, examinar el estado de las investigaciones, las medidas adoptadas para prevenirlas, erradicarlas y combatir su impunidad, así como temas relativos a la verdad, la justicia y la reparación".

Finalmente, los colectivos piden a la ONU que "recomiende al Estado que elabore una base de datos nacional sobre personas desaparecidas cuyo diseño, implementación y seguimiento cuente con la participación de la sociedad civil y que favorezca un control estadístico y transparencia sobre esta situación", así como que "se establezcan protocolos de actuación unificados y más efectivos en materia de investigación de los hechos y persecución de los responsables de este delito".

Por último, los reclamantes piden que "se recomiende al Estado ecuatoriano que destine mayores recursos para la capacitación y contratación de personal calificado, así como recursos humanos y herramientas especializadas para la investigación de casos de desaparición de personas".

Los casos más polémicos presentados ante la ONU

Francisco Javier Cagigas Botina

El 17 de Noviembre de 2015 Francisco Javier, de nacionalidad colombiana, de 32 años de edad, solicitante de refugio y residente de la ciudad de Ibarra desapareció luego de que 5 agentes policiales lo detuvieran en las calles Flores y Salinas, posteriormente su cuerpo fue encontrado sin vida el 30 de noviembre en inmediaciones de la laguna de Yahuarcocha en la ciudad de Ibarra.

Carolina Garzón 

Estudiante colombiana que ingresa a Ecuador el 19 de marzo de 2012 por la frontera en la provincia de Sucumbíos y se instaló en una casa con varios extranjeros en el barrio Paluco, en la ciudad de Quito. Según sus familiares, se encontraba en Ecuador de paso, ya que su objetivo era llegar a Brasil para participar de un evento estudiantil. Desapareció el 28 de abril de 2012 en Quito.

Leonor Ramírez

Desapareció el 29 de abril de 2011 entre 15:00 a 16:00 cuando se dirigía de la calle 5 de Junio y Tejada, sector La Recoleta hacia La Tola en el centro histórico de Quito. Desde ese momento se desconoce su paradero. Al momento de su desaparición, tenía 73 años. 

Camilo Tobar, Leonor Ramírez, Christian Acevedo y Carolina Garzón

Juliana Campoverde 

Desapareció el 7 de julio del año 2012 en la ciudad de Quito. Su religión era evangélica y asistía a la Iglesia Evangélica Oasis de Esperanza. El día de su desaparición caminaba con su madre Elizabeth Rodríguez hasta las calles Ajaví y Mariscal Sucre, en el sur de Quito, donde se separaron para dirigirse a sus respectivos trabajos. Ese día, la joven no llegó al centro naturista donde laboraba. Tenia 19 años.

Telmo Orlando Pacheco

Desapareció el 3 de noviembre de 2011 en la ciudad de Loja y fue visto por última vez en el Barrio Clodoveo Jaramillo, Calle Iquitus y Córdova de esa ciudad.  Tenia 30 años. El jueves 27 de 2011 de octubre en horas de la noche, Telmo Orlando salió rumbo a Loja acompañado del señor Daniel Mora. El motivo del viaje a Loja fue asistir a un encuentro religioso de la iglesia “Alianza Cristiana Evangélica Misionera”.

Camilo Tobar

Desapareció después de salir de su trabajo el 17 de abril de 2012. Trabajaba en la Panadería “El Parque”, en Cumbayá, Provincia de Pichincha. Contestó su celular a las 16h00 por última vez el mismo 17 de abril de 2012. En esa llamada indicó que estaba ocupado y que más tarde llamaría nuevamente. A partir de ese momento nunca volvió a contestar los teléfonos, que estuvieron activos por dos días. 

Luis Velásquez

Desapareció el 2 de septiembre de 2012 por el Barrio San Virgilio, sector La Armenia en la ciudad de Quito. A la fecha de su desaparición tenía 22 años de edad y era jornalero. Una familiar de Luis recibió una llamada telefónica en la que le dieron a entender que su desaparición tenía que ver con una venganza. 

Alexander Adrián Romo Basantes

Es un niño de dos años que desapareció el 6 de noviembre de 1994 en el antiguo terminal de Cumandá, en el Centro Histórico de Quito. Desde ese día su madre María Eugenia Basantes denuncio el hecho ante la fiscalía y policía; pero el caso fue cerrado al no encontrar rastro alguno de Adrian.

Luis Daniel Sigcho

Desapareció el 4 de octubre de 2008, alrededor de la 01:30 de la madrugada presumiblemente entre el sector del Centro Comercial San Luis y El Triángulo tras salir de la discoteca El Palco luego de festejar el cumpleaños de su hermano menor Byron.