Se llama Protocolo para la manipulación y disposición final de cadáveres con antecedente y presunción de COVID-19 extrahospitalario. Y se hizo público al inicio de la última semana de marzo. Su objetivo era establecer los procedimientos previos, durante y posteriores para el manejo de cadáveres, para evitar el contagio y establecer el mecanismo de notificación y registro de casos fallecidos con certeza o sospecha de coronavirus que están fuera de un establecimiento de salud. 

Al ser una situación inédita, la Mesa Técnica de Salud y Atención Hospitalaria de la crisis debió realizarlo. Fueron 14 técnicos, de varias instituciones públicas, los que elaboraron este protocolo.

Sin embargo de la claridad de los procedimientos, empezaron a surgir los problemas, una vez que los textos se enfrentaron a la realidad. El protocolo dispuso que solo sean médicos del Estado los que acudan al domicilio y, luego de los protocolos de bioseguridad, firmen los certificados de defunción. Tarea que hacían antes los médicos privados, cuando los fallecimientos son en las casas.

En el punto 6 del protocolo se dice: se notificará al médico que llevaba el caso sospechoso o confirmado del Covid, para la respectiva emisión del certificado de defunción, y el certificado de defunción será emitido por un profesional de salud perteneciente al Distrito de Salud de residencia del fallecido. El certificado de defunción será emitido por un médico perteneciente al distrito de salud de residencia del fallecido. 

El punto 7 dispone que: Los familiares deberán contratar los servicios exequiales de cremación. Y el punto 8: El médico arribará al lugar para emitir el respectivo certificado de defunción y verificará que se han contratado los servicios exequiales de cremación previa entrega a familiares.

Una familia guayaquileña espera al lado de dos ataúdes colocados en plena calle cerca de un hospital. Reuters

Lo de la cremación fue la primera orden que no se pudo cumplir frente a la realidad de que en Quito y Guayaquil apenas había cinco funerarias que brindaban ese servicio, por el tiempo que demora una cremación y por el costo de la misma. Luego las autoridades hablaron de hacer fosas comunes, y finalmente de entierros individualizados en terrenos donados por empresas exequiales. 

En condiciones normales, son los miles de médicos privados los que firman las actas de defunción cuando estas ocurren fuera de un hospital público o no es una muerte violenta.  La disposición obligatoria de que era necesaria la presencia del médico-funcionario público terminó en un cuello de botella, porque para hacerlo se debía incrementar personal  en el ECU911 para la toma de los datos, y garantizar que eso se haga con mucha agilidad. Esta disposición del protocolo puso a cargo del ECU911 y de los médicos de las Zonales Distritales del MSP la emisión de los certificados de defunciones.

Igual, la disposición 8 de que el médico arribará al domicilio para emitir el certificado de defunción y verificará que se hayan contratado los servicios exequiales de cremación, previa entrega a familiares creo un nuevo cuello de botella.  Esto significaba que cada día había que enviar a más de 100 médicos por la ciudad emitiendo los certificados, y ese estaba a cargo del médico del Distrito de Salud o del que hizo el seguimiento de la enfermedad.  

El cambio de modalidad frente al retraso de recolección de fallecidos se dio en que ahora el ECU911 escucha al familiar, se hace una ficha y luego de hacer un triaje telefónico se escribe la causa de la muerte y se comunica de acuerdo a la geolocalización, al servicio . Y las FFAA y la Policía acuden hasta el domicilio, hacen el certificado y se lo entregan al familiar, para que haga el trámite normal. Pero además, los mismos uniformados son los que trasladan los cadáveres hasta los sitios dispuestos para velación y entierro.

El director del ECU911, Ing. Juan Zapata, dijo a Plan V que los certificados losestán dando policías y miembros de las fuerzas armadas: "a escala nacional estamos receptando la información de la presencia de un cadáver, sean en domicilio o una clínica y nosotros hacemos una ficha, articulamos a Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador o FFAA y en el caso de Quito vamos a coordinar con el Municipio por ofrecimiento del alcalde. El ECU911 solo articula: tengo una dirección, hago una ficha y envío a cualquiera de estas instituciones".

Zapata dice que la crisis en Guayaquil se dio porque "antes, cuando se daban los casos de fallecimientos en domicilio no las manejaba el Estado, sino las funerarias; pero ahora toda la carga va al Estado, y por ello los recursos colapsan, sobre todo en el número que se ha estado dando en Guayaquil. Ya estamos estabilizando la situación, incluso reforzamos con vehículos a Guayaquil. El tema es que las funerarias no quisieron apoyar y hasta cierto punto hay que analizar el tema del Estado de Excepción y se puede hacer la requisa de los vehículos privados. Hemos recibido 3500 llamadas respecto a cadáveres en Guayaquil. Pero eso no significa que ese sea el número de cadáveres, porque por uno puede haber varias llamadas e incluso puede haber datos falsos", dijo.

El retraso por el cuello de botella de los certificados fue tal que el 1 de abril, el Registro Civil había reportado la inscripción de 700 defunciones en Guayas, según informó diario Expreso.

Al desatarse la crisis de acumulación de los cadáveres, por este cuello de botella burocrático, pero además porque la mayoría de las cien funerarias en el Puerto Principal dejó de operar —por temor al contagio y por falta de personal y féretros— el gobierno cambió de modalidad. Los vehículos privados de las funerarias no estuvieron operando sino en muy bajo porcentaje.

En las muertes violentas no se presentaron esos problemas. Cuando estas suceden, se hacen cargo las autoridades de criminalística y Policía Nacional. Tampoco se dieron problemas con las muertes en hospitales y en centros de salud, porque el cuerpo sale de ahí con el acta de defunción y la causa de la muerte.