Después de que la Asociación de Profesores del Mejía fuera allanada por la Fiscalía y la Policía, Francisco Rojas, su presidente, se enfrenta a acusaciones de desacato, agresión verbal y proselitismo político.

Según cuenta el docente Francisco Rojas Avilés, cuando llegó a la oficina de la Asociación, un local ubicado en la planta baja del edificio del Colegio,  llamado por Augusto Espinoza, ministro de Educación, fue recibido con gritos y exigencias. "¡Abra la puerta!" gritaban el Ministro y los que le acompañaban. La sala de la Asociación de Profesores estaba siendo requisada por policías. Pasadas las 16:00  del 19 de septiembre, dos días después de la masiva marcha de los trabajadores y movimientos sociales, nadie se encontraba ahí. Fue entonces cuando los funcionarios del Gobierno llegaron para registrar las oficinas. Sin orden judicial y apenas con la disposición administrativa del Ministerio de Educación, irrumpieron en la sala, pero una de las puertas, la que da a la oficina de Francisco Rojas, estaba cerrada. Entonces se le llamó. Rojas llegó y se encontró con el conflicto.

Rojas relató que, en medio de la tensión, el Ministro -quien encabezó personalmente el allanamiento- no paraba de gritar y le daba “pequeños golpes en el brazo”, acusándolo de ser  militante del desaparecido Movimiento Popular Democrático (MPD) y  le decía que “la teta ya se acabó”.

En el local, los funcionarios encontraron un papel que invitaba a la movilización para exigir una recategorización de los docentes para tener una mejora salarial, una recategorización que se les prometió desde hace ya cuatro años, explica Rojas. El Ministro calificó a esa convocatoria  como “panfleto que conspiraba contra el Gobierno”. A Espinosa le pareció también subversivo el contenido de una pancarta del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano y algunas caricaturas sacadas de los diarios que sus compañeros maestros solían llevar al local.

Ahora, quien se enfrenta a la acusación de haber agredido verbalmente al ministro es Rojas, quien afirma:  “eso es falso, una falsedad absoluta, lo único que dijimos al Ministro es que no grite, que debe dar ejemplo”. Según explica el docente “un panfleto es algo que no tiene firma y que conspira contra el Gobierno, pero ese papel tenía firma y nombre, el de la Unión Nacional de Educadores (UNE), así se lo indiqué al ministro de Educación”.

Francisco Rojas es docente del Instituto Nacional Mejía desde hace 28 años. Nació en Latacunga y se crió en el barrio de San Sebastián de la capital de Cotopaxi. Hijo de Augusto Rojas y de Herminia Avilés, quienes mantenían una familia de siete hermanos mediante la venta de caramelos y golosinas que ellos mismo elaboraban. Rojas recuerda con agradecimiento que sus padres les inculcaron valores y dieron educación, así como una vida “no llena de cosas suntuosas, pero sí digna”, a él y a sus hermanos. Estudió en la escuela Isidro Ayora y luego en el colegio Vicente León, de su ciudad natal.

Cuando fue tiempo de ir a la universidad emigró a Quito, alquiló un cuartito con una pequeña cocina y entró a estudiar en la Facultad de Filosofía la especialidad de Física y Matemáticas. Cuando se graduó fue directamente a trabajar al Colegio Mejía. Durante dos años trabajó a contrato y cuenta que durante ese tiempo se sintió más que explotado, porque fue a sustituir a dos maestros y le pagaban mal. Luego tuvo la oportunidad de presentarse a un concurso de méritos y oposición, ganó y continuó trabajando en el Mejía, esta vez, con nombramiento. Cuatro de sus hermanos ahora son maestros, otro es economista y dos se dedicaron a la profesión de sus padres, de modo que el negocio familiar no se perdió. Hoy esas golosinas son muy populares y se venden muy bien, dice Rojas.

Este maestro se define como una persona inconforme, que toda la vida ha reclamado por lo que considera justo. Por esa razón ha salido a las calles, ha protestado y buscado mejores condiciones para los profesores ante el Gobierno de turno, pues considera que han sido “maltratados con un sueldo de miseria”. Ha sido presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Pichincha, también vicepresidente de la UNE nacional y ahora presidente de la Asociación de Profesores del Colegio Mejía. En la marcha del 17 de septiembre acudió al llamado del Frente Unitario de Trabajadores y confiesa que a él y los otros profesores les dolió llevar un cartel que decía “Asociación de Profesores del Mejía”, pero lo llevaron y pusieron una consigna en él. La consigna era: “La educación es más que un discurso”. Advierte que necesitaban acudir a ese llamado para exigir un salario digno y justo.

Francisco Rojas explica que la lucha de los profesores por una recategorización se debe a que el Gobierno dice haberles duplicado el sueldo, pero no es verdad, asegura. Lo único que les han duplicado es la jornada laboral. Después de 28 años trabajando como docente, Rojas cobra 817 dólares mensuales. También afirma que desde el año 2009 les vienen “engañando con una recategorización”, la cual hasta ahora no se cumple.

Sobre la irrupción en la Asociación de Profesores del Colegio Mejía, Rojas cree que “la Revolución ciudadana se llenan la boca diciendo que tenemos derecho al sindicalismo y nos hacen esto”. También explicó que la sala está abierta a todos los compañeros que trabajan en la institución, lo mismo que su oficina. “Todas las instituciones tienen su asociación, no hacemos daño a nadie, más bien buscamos guiar, orientar y defender a quienes representamos, además de atender a padres y madres de familia, a estudiantes, a profesores y todos los trabajadores de la institución”. Pese a su labor, en varias ocasiones, se les ha pedido desalojar, pero con acuerdos habían conseguido quedarse. Cuando Rojas llegó a presidir la Asociación, el rector envió un oficio pidiendo que aceptara la disposición del Ministerio de Educación de desalojar, pero también llegaron a un acuerdo para sacar el rótulo que dice Asociación y no volvieron a insistir. El nuevo rector, Jaime Torres, pidió a Rojas que desocupen la sala acogiéndose a un acuerdo del Ministerio de Educación y de igual forma acordaron que devolverían la sala de la bodega al Colegio, para que las chicas bastoneras pudieran cambiarse de vestido, e incluso la arreglaron y el asunto quedó zanjado, hasta la irrupción de los funcionarios del Gobierno.

El día de la “invasión” en la Asociación de Profesores, Francisco Rojas no abrió su oficina y después de los gritos consiguió llegar a un acuerdo. Los funcionarios pondrían un candado y otro los profesores, hasta el momento en que desalojen. Sin embargo, “en la noche rompen los candados, allanan la asociación y hacen el montaje que presentaron en la sabatina del día 20 septiembre”, cuenta Rojas.

Según señaló el Ministro del Interior, José Serrano, en esas oficinas se encontraron: materiales para preparar bombas molotov, figuras que dan la apariencia de ladrillos que Rojas explica “los estudiantes las realizan, en el laboratorio de actividades prácticas del Mejía, como actividad técnicas, estas cerámicas muestran símbolos que ponen las los muchachos, en ocasiones neonazis, pero no solamente eso, también pone el sello del colegio, el de su equipo favorito, ponen corazones, flores, lo que quieran y eso lo procesa finalmente en un horno”. También dijeron haber encontrado bolas de yeso y naftalina y botellas de cerveza con “mecha en la punta”. Ante todo esto, Francisco Rojas dice que nada de lo que supuestamente se encontró estaba en la sala de profesores, ni su oficina, “todo fue un montaje para dañar mi imagen”, puesto que él es “un maestro que jamás ha sido llamado la atención de forma verbal o escrita y peor ha sido sancionado. Al contrario es un maestro respetado por padres de familia, compañeros y estudiantes de varias generaciones”.

El día martes 23, cuenta Rojas, desalojaron la Asociación a las siete de la noche, rompiendo otra vez los candados, porque ya no tenía las llaves y hasta ahora no les ha devuelto las cosas. Se llevaron todo lo que había en la oficina: muebles, el televisor, un microondas, sillas, escritorios, dos computadoras, unos 400 calendarios que sobraron del año anterior y estaban en su oficina; se llevaron las sillas de su oficina, el escritorio, archivos, un mueble en el que tenía una vieja máquina de escribir, otro pequeño escritorio y todos los libros y agendas. Dicen que las cosas están en la ex escuela Sonia Ugarte.

Tras el incidente, Francisco Rojas se enfrenta a tres acusaciones en proceso de sumario administrativo, llevadas por Alejandro Valencia Valencia que es el director del Distrito 4 de Quito. Las acusaciones son por desacato al no haber desalojado el local. “Les dije que no había desalojado porque había un pacto de caballeros, un acuerdo de palabra” . También se le acusa de haber agredido verbalmente al Ministro de Educación y de haberse burlado de él con las caricaturas que encontraron alrededor de la sala. La otra acusación es por hacer proselitismo partidista dentro en la institución, y la prueba son los supuestos panfletos.

Cuando Rojas hizo público en los medios de comunicación su caso y pidió su derecho a la réplica, esperaba que el Gobierno ofrezca disculpas por qué lo único que él ha hecho, afirma, “es trabajar, defender el pan que lleva a casa y reclamar sus derechos”. Ahora se siente un perseguido político y le parece injusto que todos los que piensan diferente sean perseguidos. Se siente afectado, por eso también ha presentado una queja por violación a sus derechos humanos a Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. También ha puesto una queja ante el Consejo de Participación Ciudadana, y está presentando una a la Defensoría del Pueblo, porque considera que de alguna forma tiene que defenderse. Además cuenta que vive una psicosis a nivel familiar, con su esposa y sus cuatro hijos. Pues ellos también estuvieron cuando “les trató mal del Ministro de Educación”.

Junto con su abogado, Rojas se prepara para defender su caso. Está seguro de que no hay nada por lo cual le puedan acusar. Se siente respaldado por su familia, amigos, vecinos, alumnos y compañeros y se defenderá “hasta lo último”, porque afirma ser inocente. “No soy ningún terrorista, ni lo he sido jamás. Lo único que he hecho ha sido estar dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias cuando se trata de defender mis derechos”.

Contó que también hay temor en su familia porque “ellos dicen que el Gobierno tiene todas las de ganar, pero yo les digo que la razón me asiste para decir que no he cometido ningún tipo de violencia en el país, más bien he recibido violencia desde arriba”.