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23 de Septiembre del 2019
Historias
Lectura: 15 minutos
23 de Septiembre del 2019
Redacción Plan V
Furukawa: se alarga la pesadilla de los abacaleros
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Foto: Luis Argüello / PlanV

El abacalero cobra salarios menores al básico. Eso lo ha condenado a la pobreza desde hace décadas. 

 

Un nuevo informe sobre la situación de los abacaleros de las haciendas de Furukawa fue publicado. Es considerado como el peor caso de violación de DDHH conocido hasta el momento en el Ecuador, con más de 1.200 víctimas. Pero a siete meses de la primera denuncia, los abacaleros han sido desalojados, estigmatizados y no encuentran trabajo. El Estado sin respuestas.

Sobre Furukawa, las historias son interminables. La semana pasada un grupo de trabajadores de esa empresa, de capital japonés, salió para dar su testimonio. Lo hicieron cojeando o con muletas. En la rueda de prensa que dieron lloraron y temblaron. Su indignación no podía ser más visible. Pues contar sus vivencias y mostrar sus cuerpos cortados o deformados por el uso de las máquinas desfibradoras son sus principales herramientas para exigir sus derechos que les han sido negados por décadas dentro de las haciendas de Furukawa. Ahora esos insumos han sido parte de un nuevo informe de varias organizaciones nacionales e internacionales después de su visita el pasado del pasado 15 de agosto. Se trató de una misión de verificación a la que asistió un representante del presidente de la Asamblea. 


Protesta de los trabajadores de Furukawa por sus derechos. Foto: Twitter Furukawa nunca más

De esa visita, las organizaciones elaboraron un informe de 15 páginas, que refuerzan los hallazgos de la Defensoría del Pueblo, publicados en febrero pasado. Las organizaciones sociales que firmaron el reporte fueron la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que es una ONG internacional de defensa de los derechos humanos desde 1922; Acción Ecológica, la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas y la Red coordinadora de organizaciones sociales del norte de Esmeraldas. Estos son sus principales conclusiones: 


El pasado 9 de septiembre. El asambleísta Jaime Olivo explicó al presidente de la empresa Furukawa, Hugo Chalem (de sombrero), que las violaciones de derechos humanos le facultan para hacer la visita. Foto: Diego Cazar Baquero/ La Barra Espaciadora

Extrema pobreza, vida indigna y sin identidad

Esa situación es provocada, según el informe, por las bajas remuneraciones sin contratos laborales, la falta de servicios básicos y acceso a agua segura. Agrega que el analfabetismo profundiza la dificultad histórica de estas personas de poder cambiar su condición. Es una condición que sucede desde hace décadas y que lo han vivido familias por generaciones. "Las personas que habitan o habitaban dentro de las haciendas de Furukawa no han logrado durante todos estos años poder cambiar de situación. Aquellos que dejan de vivir y trabajar en las haciendas, muchas veces regresan y otros tiene graves dificultades para rehacer sus proyectos de vida". Entre los testimonios que recogió la misión está el de Wilmer (nombre protegido), un trabajador de la empresa que tiene 70 años. "Llegó desde Esmeraldas a las haciendas de la Concordia hace 40 años. Perdió en la empresa a su mamá, papá, dos hermanos y un hijo, por las condiciones extremas de trabajo forzado". Asimismo, se ha encontrado que familias completas no cuentan con inscripciones de nacimiento y menos documento de identidad, lo que dificulta aún más que estas personas consigan otro trabajo o vivienda. 


Así lucían los precarios cuartos donde vivían familias completas de abacaleros. 

Abacaleros denunciantes sin trabajo y estigmatizados 

Dice la misión que la empresa Furukawa construyó campamentos insalubres, con infraestructuras deplorables. Allí viven familias enteras, incluido niños y adultos mayores, que en su mayoría son afrodescendientes, lo que implica también discriminación racial, según las conclusiones de las organizaciones. De hecho, dice el reporte, toda la familia trabaja para extraer fibra de abacá que están obligados a entregar exclusivamente a la empresa Furukawa a cambio de una remuneración baja que no alcanza a cubrir la canasta familiar vital. 

La Misión afirma que la relación laboral está fijada mediante acuerdos firmados con un intermediario que también vive y trabaja en los campamentos, pero sobre todo están basados en la “costumbre” que perenniza acciones de precarización laboral. Este hecho se repitió en el acuerdo de comodato suscrito por la empresa y Walter Sánchez, el mismo día que se realizaba la visita de la Misión de verificación. A este acuerdo la Misión lo ha calificado de ilegal pues supone -dice- revictimización y perennización de esta actividad sin que las autoridades tomen medidas para frenar estos abusos.  La Misión denunció que los abacaleros que han reclamado por sus derechos no han logrado “conseguir empleo en otros lugares, pues la empresa se ha encargado de deslegitimar su trabajo y de estigmatizarlos. Las haciendas cercanas no contratan a personas que han trabajado anteriormente en la empresa Furukawa”.

Niños escondidos durante las inspecciones 

Según los testimonios que han recabado, al menos tres generaciones completas trabajaron en las haciendas de la empresa. La Misión confirmó que existe trabajo infantil y que este se da desde los 8 años. Y empiezan con la actividad conocida como ‘burreo’ que consiste en el traslado de la fibra en burros hasta la máquina desfibradora de abacá. Además, denuncian que cuando se realizaban las inspecciones por parte de las autoridades, los niños y niñas que trabajan o trabajaban en las haciendas eran escondidos por disposición de la empresa para evitar ser sancionado, según el informe. “Juan (nombre protegido) trabajador de la empresa que tiene cinco hijos, cuenta que la empresa le pedía esconder a sus hijos cuando las autoridades estatales realizaban las inspecciones. Juan es uno de los trabajadores que además no tiene identidad y sus hijos tampoco”, es uno de los testimonios. 

Dos horas de camino para ir a la escuela 

Al menos 1.244 personas viven en las haciendas, según un censo de la Secretaría de la Política. La mayoría de la población no recibió educación formal y son analfabetos, dice el informe de la Misión, que además explica que esa situación ocurre porque la “condición de servidumbre a la que están sometidas las familias, propiciaba la incorporación temprana a las actividades de cosecha y extracción de la fibra de  abacá de niños y niñas, alejándolos de la posibilidad del ejercicio adecuado del derecho a la educación, lo que además profundiza la pobreza y rusticidad a la mayoría de las personas”. Un padre, que vive en el kilómetro 42, contó a la Misión que su hijo de nueve años está recién en primero de básica. Es decir, el menor ha perdido cuatro años de educación porque su padre no tuvo los recursos, además de vivir lejos del centro educativo. La Misión explica que en muchos casos las familias deben caminar dos horas a pie hasta la vía principal Quevedo-Santo Domingo donde acceden a transporte público.  Alejandro (nombre protegido) fue otro trabajador de Furukawa. Tuvo 10 hijos y vivía en el kilómetro 42. “A los cinco primeros logró llevarles a la escuela caminando todos los días dos horas de ida y dos horas de vuelta, a los cinco últimos no logró llevarles; todos los días llegaba tarde a las clases y le tocaba pedir de favor al profesor o profesora para que les permitiera entrar a clases a sus hijos”. 

Desalojos y campamentos demolidos 


Imagen de uno de los campementos derrumbados por Furukawa después de las denuncias. 

La Misión describió así a los campamentos: “Lugares insalubres y húmedos, los techos viejos de zinc en muchos casos tenían orificios o estaban oxidados. Las condiciones de vivienda son infrahumanas, pues las personas viven o vivían hacinados durmiendo en el piso o en tablas”. Confirmaron la falta de servicios básicos y que las puertas de acceso a los campamentos están controladas por la empresa. Denuncia que en los últimos meses la empresa ha desalojado a los abacaleros de esos campamentos sin tener donde ir a vivir. “Las personas son obligadas o presionadas para abandonar los campamentos, sin tomar en cuenta que no tienen condiciones para poder arrendar en otros lugares, pues no tienen dinero y/o documentos de identidad”. Está el caso de Juan (nombre protegido) y su familia, quienes fueron abandonados en Camarones, provincia de Esmeraldas. Dice la Misión que la mayoría de los campamentos ya han sido demolidos por la empresa. 

Mutilados, ciegos e inválidos 


La máquina desfibradora ha mutilado ha decenas durante años. 

Dice la Misión que las personas dedicadas a la cosecha y extracción de fibra de abacá enfrentan graves afectaciones físicas a la salud, derivadas de cortes, mutilaciones y accidentes laborales provocados por cuchillos, machetes y las máquinas que operan. Incluso hay niños trabajadores que han enfrentado accidentes laborales. “La empresa no garantiza el acceso a servicios de salud dentro de sus propiedades y no cubre los gastos de salud de ninguno de sus trabajadores”. La Misión dijo observar decenas de personas mutiladas, inválidas, ciegas, o con alguna afectación a la salud, así como personas con problemas respiratorios o mujeres con infecciones vaginales serias.

Agrotóxicos y contaminación 

El informe también establece que hay violaciones contra los derechos de la naturaleza: “Las plantaciones de abacá de Furukawa se asientan desde hace 60 años en una zona que para entonces eran bosques húmedos tropicales de altísima biodiversidad y suelos de extraordinaria fertilidad. Esos bosques fueron reemplazados por monocultivos, que implican la utilización de un coctel de agrotóxicos para el control de plagas y enfermedades que pueden afectar al abacá, y que significan una contaminación muy grave y procesos de deterioro de la calidad del suelo y de la calidad de agua, lo afecta directamente a la salud humana de las personas que la consumen”. 

Cronología 

17 de febrero. La Defensoría del Pueblo emite un informe de sus visitas a Furukawa y concluye que existen familias enteras sometidas a servidumbre de la gleba, una de las formas de esclavitud moderna prohibidas por las Naciones Unidas desde la década de los 60. Luego del informe, el Ministerio del Trabajo clausura la empresa por 90 días.

04 de abril.  Nueve mecanismos especializados de DDHH de Naciones Unidas solicitaron información al Estado Ecuatoriano. El 09, la Defensoría emitió el primer Informe de seguimiento en el que alertó la falta de actuación concreta del Estado Ecuatoriano.

16 de abril.  La Secretaría de la Política, hoy Ministerio de Gobierno, inició una mesa de diálogo. Trabajadores y organizaciones han afirmado que esta no obtuvo ninguna respuesta real y más bien demostró que la posición del Gobierno de “proteger a la empresa”.

16 de abril. La Asamblea Nacional emitió una resolución aprobada por unanimidad en el Pleno, donde se reconoce “que de acuerdo al informe realizado por la Defensoría del Pueblo el 18 de febrero de 2019 las familias que viven y trabajan dentro de las haciendas de Furukawa enfrentan condiciones de servidumbre que podrían constituir una forma de  esclavitud moderna”.

22 de abril. La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) envía una comunicación a la Secretaría de la Política y Ministra del Interior, María Paula Romo; al entonces Ministro de Producción, Pablo Campana; y al Ministro de Trabajo, Andrés Madero.  Allí, el gremio de exportadores dice que manifiesta su profunda preocupación por ese caso. “Especialmente debido al nefasto precedente que podría significar para la agroindustria de exportación y la seguridad jurídica para el crecimiento del empleo y la inversión en nuestro país”.

23 de abril. El Ministerio del Trabajo autorizó la reapertura de la empresa. Pero las organizaciones de DDHH reclamaron porque no hubo una sanción adecuada. Afirman que la empresa volvió a operar sin resolver los incumplimientos de salud ocupacional y de seguridad laboral por los que fue sancionada. 

Julio. Las organizaciones denuncian que el Ministerio de Trabajo avaló la firma de actas con compensaciones económicas individuales que no superaban los 5.000 dólares a cambio de la salida de los campamentos, reconocer que no son trabajadores de la empresa y renunciar a sus derechos.

15 de julio. La CEDHU, CDES y Coordinadora Campesina Eloy Alfaro viajaron al territorio para hablar con las víctimas. De acuerdo a la información emitida por las organizaciones la Policía Nacional, el gerente de la empresa, Iván Segarra, uno de los abogados y seguridad privada se encontraban resguardando el campamento donde aún viven los trabajadores. Además, la empresa hostigó a los trabajadores y en acuerdo con la Policía, impidió el paso de un periodista a verificar la situación al interior de los campamentos, dice el informe de la Misión. 

15 de agosto. Viaja la Misión de verificación. Ese mismo día, la empresa y Walter Sánchez, que fue representante de los trabajadores, firman un acuerdo de comodato en el que se obliga a presuntamente 63 representados a renunciar a varios derechos.

03 de septiembre. El Juez de la Unidad Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas concede medidas de protección para 103 víctimas, legitimadas por la CEDHU.

06 de septiembre. Se desarrolla la Visita oficial de la Comisión Legislativa de Derechos Colectivos, el Defensor del Pueblo y el Director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. La empresa obstaculizó el paso de vehículos oficiales e intentó ocultar a trabajadores.

09 de septiembre. El Grupo Parlamentario de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional se pronuncia a favor de las acciones de la Comisión Legislativa de Derechos Colectivos.

12 de septiembre. Trabajadores del kilómetro 33 se declararon en huelga en las afueras de la empresa, en el kilómetro 37, debido a incumplimientos en pagos por el tiempo trabajado anteriormente. Decidieron retirarse debido a que la empresa nuevamente les ofreció la entrega de los pagos en 15 días.

 

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