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13 de Mayo del 2019
Historias
Lectura: 13 minutos
13 de Mayo del 2019
Susana Morán
Gaby: cuando la justicia obliga a una niña a ser madre
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Fotos: Luis Argüello

Es frecuente que las niñas madres llegan a las casas de acogida con signos de maltrato y desnutrición.

 

Una adolescente, violada por su padre, tuvo un niño a sus 12 años. Ella manifestó un profundo rechazo a su hijo. Su caso llegó a un juez, pero este negó separarla definitivamente del niño porque hacerlo sería “atentar contra la familia”. Un caso más de maternidad forzada y las nulas opciones que tienen las menores violadas para dar en adopción a sus hijos.

‘Me dicen señora’

—  ¿Cómo te sientes al ser mamá?
—  No me gusta, a mi hijo le tengo un poquito de rechazo, en el colegio me dicen señora y no tengo amigos, nadie me quiere ni quiere llevarse conmigo, yo no quería ser mamá, no sabía lo que me pasaba.

El testimonio pertenece a Gaby (nombre protegido), una adolescente que vive en Quito que hoy tiene 17 años. Pero a los 11 años fue violada por su padre y un año después dio a luz a un niño. Su relato, que reposa en un expediente judicial, lo dice todo:

“Es que no sabía que estaba embaraza, porque fue feo. Yo me he querido matar y les he dicho, todo esto ocurrió en mi casa, en mi cuarto, yo le conté a mi mami después de un mes. Mi papi vende pescado, mi papá es muy celoso conmigo, mi papi es muy violento, mi mami le tiene mucho miedo, mi papá no nos deja salir a ningún lado. Ese día mi mami se peleó con mi papi, yo recuerdo que estaba con una licra no recuerdo el color, era en la noche, en la fecha de mi cumpleaños, yo estaba viendo la televisión (...) me dijo que quería tener un hijo conmigo, al principio me dio miedo, él me jaló al suelo, me desvistió, me sacó la licra, yo no sabía que pasaba, estaba prendida la cocina haciendo arroz y estaba nerviosa y triste. El último ocurrió en séptimo de básica, me siento mal porque en la escuela nadie quiere ser mi amigo, dicen que soy una señora”. 

Obligada a ser madre

Gaby es un adolescente muy tímida. Las preguntas las responde con pocas palabras. Recoge su cabello con un moño. Tiene una discapacidad intelectual del 66%. Gaby ingresó a los 14 años a una casa de acogida para niñas y adolescentes madres en la capital. Llegó con su niño que para entonces ya tenía dos años. Su padre había sido sentenciado por violación, lo que le significó quedarse sin familia. Su madre negó los hechos. Así que Gaby debió enfrentar una maternidad sola. Según la evaluación sicológica que le hicieron, la niña tenía pesadillas, insomnio, ansiedad cuando recordaba esos episodios, sentimientos de culpa, deseos de muerte. Y también presentó rechazo y desprecio a su hijo que a diario le recordaba a su padre y a su agresiones.

Eso lo manifestó desde el primer momento que Gaby tuvo contacto con las funcionarias de la casa de acogida. Lo cuenta la abogada Mayra Tirira, de la organización Surkuna, que ha apoyado a la menor. Entonces, las trabajadoras sociales solicitaron por primera vez a la justicia que separe al niño de su madre. Ante esta solicitud, un juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito respondió que no lo podía hacer porque es deber del Estado mantener a las familias unidas y por lo tanto él no iba a separar a un hijo de su madre. “El separarlos a otros centros de acogimiento, se estaría atentando a la familia que consagra la Constitución de la República del Ecuador; además se estaría atentando el de mantener lazos de afectividad, cariño y amor, que debe existir entre madre e hijo”, dice su sentencia del 22 de junio de 2017.

Solo meses después, ante un episodio de violencia de Gaby hacia su niño, se vuelve a solicitar al juez que separe al menor de la madre de forma definitiva. Pero el juez fue revictimizante con la adolescente. En una reunión le preguntó: ‘¿por qué usted no quiere a su hijo?’, recuerda la abogada Tirira.  “Como si fuera normal que las madres quieran a su hijos aún cuando son producto de violación”, agrega. Solo después de ese incidente, el juez accedió a separar temporalmente a Gaby de su niño, pero disponiendo terapias para que ‘la niña supere el trauma sufrido y acepte a su hijo’.

Según la evaluación sicológica que le hicieron, la niña tenía pesadillas, insomnio, ansiedad cuando recordaba esos episodios, sentimientos de culpa, deseos de muerte. Y también presentó rechazo y desprecio a su hijo.


Al día, 7 niñas menores de 14 años son madres en Ecuador. Eso significa más de 2.700 niñas por año.

En diferentes audiencias se ha solicitado la separación definitiva con el fin de que se pueda realizar la declaratoria de adoptabilidad y que el niño pueda tener una familia, un derecho básico del menor. Sin embargo, el juez ha dicho que esto no lo va a realizar. Según la abogada, la única y última opción que ha dejado la justicia en este caso es solicitar una privación de la patria potestad (derechos y obligaciones de los padres con sus hijos) de Gaby con su hijo. Pero para pedir esa privación, “hay que demostrar que Gaby ha sido negligente en su cuidado, es decir que la única posibilidad que tiene Gaby para dar en adopción a su hijo es asumir ella misma la responsabilidad por una maternidad no deseada”, explica Tirira. En otras palabras, la menor debe aceptar ante la justicia no solo que no quiere a su hijo, sino que es negligente en su cuidado.

Al momento el hijo de Gaby tiene 4 años. Las posibilidades que tiene para ser adoptado cada vez son menores. Y las oportunidades de Gaby también. A sus 17 años, aún no ha terminado la escuela. Se han hecho rifas y solicitado donaciones para que ella pueda pagar sus uniformes. Por su situación, ella tiene el derecho de acceder al Bono de Desarrollo Humano, pero el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha dicho a la abogada que la menor no puede recibir doble beneficio del Estado. Ese primer beneficio es estar en una casa de acogida. Pero hay otro argumento: “Sobre los bonos, nos han dicho que al ser una menor de edad no puede cobrar su bono, lo cual es contradictorio. Es suficientemente adulta para que le obliguen a ser madre, pero no puede cobrar su bono. Algo que nos parece gravísimo en relación a los derechos de Gaby”, manifestó Tirira.

Es una callejón sin salida, la maternidad forzada es o es en nuestro país (...) Sin duda es tortura y atenta contra la dignidad humana de las niñas.

Mayra Tirira / abogada

Gaby tiene sueños. De los talleres que recibe en la casa de acogida su predilecto es el de costura. “Me servirá cuando salga”. También quiere estudiar ciencias y ecología para dar charlas sobre el medioambiente y defender la naturaleza y los animales. ¿Pero quién repara a un menor que ha sido violada y obligada a ser madre? Su abogada espera que el Estado pueda garantizar a Gaby no solo una educación adecuada sino acceso al mercado laboral.

Al día, 7 niñas menores de 14 años son madres en Ecuador. Eso significa más de 2.700 niñas y adolescentes por año. Y el 2% de ellas tuvo un segundo hijo en la adolescencia, según la Fundación Desafío. Por eso el movimiento feminista promueve la despenalización del aborto por violación. Este debate se encuentra en la Asamblea. El cambio está planteado en las reformas al Código Penal Integral (COIP), cuyo informe para un segundo debate en el pleno del Legislativo se aprobó el pasado 9 de mayo. Los grupos pro vida se han opuesto duramente a ese cambio.

En este caso, según la experta, al niño se le ha vulnerado su derecho a tener una familia. Mientras que a la adolescente, se le ha quitado su derecho a la integridad sexual y sicológica, a no ser revictimizada y a no ser juzgada con estereotipos de género. ¿Casos como el de Gaby son recurrentes? Tirira asegura que sí. Por un lado no existen jueces capacitados en violencia de género y, por otro, en el Ecuador la legislación restringe la posibilidad de adopciones. “Por ejemplo, no se pueden realizar adopciones prenatales. Eso está completamente prohibido. Es decir si una niña o mujer víctima de violación quiere dar en adopción a su hijo desde cuando se encuentra en el vientre para hacer los trámites, no lo puede realizar porque la adopción solo se prevé para los niños nacidos. Ese es una de las principales dificultades que tiene el Código de la Niñez y Adolescencia”.

A este contexto se agrega que en el Ecuador una mujer que abandona a su hijo puede ir a la cárcel hasta por tres años. “Es una callejón sin salida, la maternidad forzada es o es en nuestro país (...) Sin duda es tortura y atenta contra la dignidad humana de las niñas”, dice la jurista.


Las niñas madres tienen trabas para dar en adopción a sus hijos que son el resultado de una violación. 

el movimiento feminista promueve la despenalización del aborto por violación. Este debate se encuentra en la Asamblea. El cambio está planteado en las reformas al COIP.

Cronología del caso
Fuente: Surkuna

2013. A sus 11 años es violada por su padre biológico. Este hombre siempre agredió física y verbalmente a Gaby y a su madre. Viven bajo constantes amenazas de muerte.

2014. A sus 12 años, al cursar el quinto grado da a luz a su bebé como producto de la violación. Se pone en conocimiento el delito de violación en la Fiscalía.

2016. A sus 14 años ingresa a una casa de acogida, donde psicólogas y trabajadoras sociales detectan
el rechazo de la adolescente al niño. Gaby expresa que su hijo es idéntico a su padre, lo cual le genera sentimientos de angustia y que además en su escuela la excluyen y la llaman señora.

2017. A sus 15 años se solicita por primera vez la separación de su hijo con el fin de garantizar el interés superior de ambos. El juez negó la causa, argumentando que tal separación “estaría atentando a la familia”. Ordena que la adolescente se someta a terapia psicológica a fin de “superar el posible trauma psicológico y propenderá que la madre adolescente acepte a su hijo”.

2018. A sus 16 años ante un episodio de violencia de Gaby hacia su hijo, el Centro de Acogida solicita nuevamente al juez que revise la medida dada y ordene la separación definitiva. El juez ordena una separación temporal y recuerda que “el Estado garantiza y protege a la familia como célula fundamental de la sociedad”. En mayo de 2018, el padre de Gaby recibe una sentencia condenatoria de 29 años 4 meses por el delito de violación, una multa de 800 salarios básicos (dinero destinado para el Estado) y 1.000 dólares como reparación integral para Gaby y su hijo. En agosto de ese mismo año se convoca a una audiencia con nuevos informes que demuestran el bienestar de Gaby sin su hijo y de los progresos del niño sin su madre. Se solicita nuevamente al juez la separación definitiva de ambos y que el niño ingrese en un proceso de adopción. Aún se espera el dictamen.

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