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30 de Noviembre del 2021
Historias
Lectura: 18 minutos
30 de Noviembre del 2021
Redacción Plan V
Gobierno Abierto: la información pública en un click
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Foto: John Schnobrich. Fotomontaje: PlanV

 

El país forma parte de una iniciativa internacional que propugna un mayor acceso de la población a información pública por medio de la internet, lo que cuenta con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y de varias universidades. Por lo menos diez avances en el tema se produjeron en este año.

La propuesta es que la ciudadanía se involucre más en el trabajo de lo público, la rendición de cuentas, la confianza en la democracia y la generación de cambios sociales. Se trata del proceso de Gobierno Abierto en Ecuador, que tuvo en este año 2021 por lo menos avances importantes, según explicó Marcelo Espinel, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Se trata de acciones que en el país están vinculadas a la iniciativa global denominada Alianza Mundial por el Gobierno Abierto, que cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas y se presentó en 2011. Se busca que, basándose en las nuevas tecnologías y sobre todo en las grandes posibilidades que tiene la difusión de la información por internet, los estados puedan modernizar su gestión. Por lo menos 78 países y 76 gobiernos locales en todo el mundo, entre ellos el Ecuador, forman parte de esta propuesta. 

El país se sumó a la iniciativa internacional en mayo del 2018, durante el gobierno de Lenin Moreno y en agosto se integró un Grupo Núcleo, que está integrado por 12 organizaciones del sector público, sociedad civil y centros de educación superior.

El país se sumó a la iniciativa internacional en mayo del 2018, durante el gobierno de Lenin Moreno y en agosto se integró un Grupo Núcleo, que está integrado por 12 organizaciones del sector público, sociedad civil y centros de educación superior.

El Grupo está integrado por la Presidencia de la República, la Secretaría Nacional de Planificación, el Ministerio de Telecomunicaciones, el Ministerio de la Producción, la Defensoría del Pueblo (DPE), la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), la Fundación Ayuda por Internet (Fundapi), el Grupo Faro, la Fundación Esquel, el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la Universidad Hemisferios, así como delegados de Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía, Ministerio del Trabajo, Servicio de Contratación Pública y la Secretaría de Derechos Humanos. Uno de sus objetivos es elaborar el Primer Plan de Acción 2019-2022.

Entre sus pilares, la iniciativa propone la necesidad de transparencia y acceso a la información pública, integridad y rendición de cuentas, colaboración e innovación pública y ciudadana, participación ciudadana, entre otros. 

La beneficiaria de esta propuesta es la ciudadanía de los países participantes, que entre otras opciones, podrá exponer sus necesidades y participar en la búsqueda de soluciones, acceder a información pública de manera oportuna y simple, participar en el diseño, monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como podrá fortalecer sus capacidades y conocimientos en temas de interés común, innovar y dinamizar actividades económicas y visualizar mejores futuros escenarios sociales y económicos del país.

Marcelo Espinel de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Espinel destacó como algunos de los logros de la iniciativa en 2021 la expedición del modelo de Gobierno Abierto, como política pública de observancia obligatoria para la Función Ejecutiva, y también para otras funciones y niveles de gobierno. Se expidió la Política y Guía de Datos Abiertos, se creó la Plataforma de Información de Contratación Pública, la creación de una Caja de Herramientas para Fortalecer la Transparencia, se realizó la formulación del Plan de Simplificación de Trámites y de Mejora Regulatoria y se aprobó una Metodología de Medición de los Servicios Públicos.

Por su parte, Daniel Barragán, de la Universidad Hemisferios, explicó que el Gobierno Abierto incrementa la confianza en el servicio público, transparenta la gestión pública, e implementa acciones de prevención de la corrupción.

Daniel Barragán de la Universidad Hemisferios

Barragán explicó los objetivos del segundo plan de gobierno abierto, que incluirá potenciar el Parlamento abierto, con relación a la Función Legislativa, la justicia abierta, y el llamado Estado abierto en otros ámbitos, como la Función Electoral, la de Transparencia y los gobiernos autónomos descentralizados. 

De su lado, Christian Nieto, de la Defensoría del Pueblo, destacó el derecho humano de acceso a la información y los principios de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, que establece la obligación de los gobiernos de poner la información a disposición de la ciudadanía. 

Nieto destacó que en la actualidad, la tecnología hace posible una comunicación directa entre el Gobierno y la ciudadanía. que al ser adecuadamente utilizada potencia los componentes democráticos de participación y deliberación.

El funcionario destacó que la Defensoría es el órgano promotor del derecho de acceso a la información pública, por lo que pretende contribuir al fortalecimiento de una cultura de transparencia. La Defensoría presenta anualmente a la Asamblea Nacional un informe sobre qué tipo de datos suben las entidades públicas a sus secciones de transparencia. 

Gobierno abierto, una política pública

En los últimos meses del gobierno de Moreno, el 29 de marzo de 2021, la Secretaría General de la Presidencia de la República se emitió el Acuerdo No. SGPR-2021-037, que estableció una política pública de Gobierno Abierto. El acuerdo dispuso que su observancia sea obligatoria para la Función Ejecutiva e indicativa para las demás funciones del Estado y otros niveles de gobierno.

También se oficializó al Grupo Núcleo de Gobierno Abierto, como el espacio de gobernanza y coordinación de las políticas, estrategias y acciones de Gobierno Abierto en el país. Ya en el gobierno de Guillermo Lasso, se aprobó, en septiembre de 2021, aprobar el  Reglamento de Organización y Funcionamiento del Grupo Núcleo. 

De la Red Nacional de Gobierno Abierto, provendrán los delegados que integrarán el Grupo Núcleo en su renovación. Se aprobaron los Estatutos de la Red y en este mes de diciembre está prevista su constitución como persona jurídica.

En los últimos meses del gobierno de Moreno, el 29 de marzo de 2021, la Secretaría General de la Presidencia de la República se emitió el Acuerdo No. SGPR-2021-037, que estableció una política pública de Gobierno Abierto. El acuerdo dispuesto que su observancia sea obligatoria para la Función Ejecutiva e indicativa para las demás funciones del Estado y otros niveles de gobierno.

Los datos abiertos

Desde este 24 de abril de 2021, también el gobierno de Moreno, las instituciones de la Función Ejecutiva cuentan con una Política de Datos Abiertos de cumplimiento obligatorio. La elaboración colaborativa de la política de datos abiertos y la guía para su implementación está a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) y tiene como objetivo consolidar los procesos de organización y publicación de los datos que se generan en las instituciones públicas para fortalecer la participación ciudadana, la transparencia gubernamental, mejorar la eficiencia en la gestión pública, promover la investigación, el emprendimiento y la innovación en la sociedad. Se trata de un documento de 51 páginas, dirigido a los responsables de publicar la información que hace precisiones, sobre todo técnicas, con relación a formatos, archivos, criterios para la publicación y selección de la información, entre otros temas. 

El rediseño del Portal de Datos Abiertos

Este es un proceso que está a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y su contraparte de la sociedad civil es Fundapi. Actualmente, el Portal de Datos Abiertos ya fue rediseñado y las entidades de la Función Ejecutiva han creado sus usuarios para cargar los datos.

Hasta el momento, se cuenta con más de 266 conjuntos de datos de más de 45 instituciones públicas y la presentación oficial tendrá lugar este 15 de diciembre. El portal está alojado en el dominio de la Secretaría de Planificación.


El portal de Datos Abiertos es alimentado por varias entidades públicas

Actualmente el portal tiene cargada información en 18 grupos, como por ejemplo, administración pública, ambiente y agua, anticorrupción, comercio e industria, economía y finanzas, salud, seguridad y defensa, entre otros. 

Por ejemplo, si un usuario accede al grupo denominado seguridad y defensa, actualmente encuentra cuatro conjuntos de datos, que han sido subidos por usuarios del sector público. Una reciente entrada del Ministerio de Gobierno es descrita como "Información estadística accesible, oportuna, consistente, integrada, confiable y de calidad sobre los detenidos y aprehendidos, a nivel nacional, local y territorial, que permita conocer las características de esta población, las infracciones a la ley cometidas y establecer una trazabilidad con los procesos judiciales". El usuario, en este caso, tiene la posibilidad de descargar un formato en Excel que contiene las detenciones entre enero y octubre de 2021. 

Actualmente el portal tiene cargada información en 18 grupos, como por ejemplo, administración pública, ambiente y agua, anticorrupción, comercio e industria, economía y finanzas, salud, seguridad y defensa, entre otros.

En otro grupo, llamado Anticorrupción, hay actualmente subidos tres grupos de datos. Un archivo contiene el número de servidores públicos, otro la ejecución de gastos de personal y un tercero un directorio de compañías. Se espera que la plataforma vaya siendo alimentada de forma paulatina por los usuarios del sector público.

La plataforma de contratación pública

Otra página en internet que ayudará a este proceso es la Plataforma de Información Abierta de Contratación Pública, un proyecto que está a cargo del SERCOP y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Ya en el año 2020 se habilitó una plataforma web con datos abiertos sobre los procesos de contratación por emergencia, ínfima cuantía y régimen especial, en especial en lo relacionado con la pandemia del coronavirus. 

Pero la plataforma tendrá también todos los tipos de contratación pública, para lo que se ha contado con la asesoría de la Alianza por las Contrataciones Abiertas, la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción, el  Banco de Desarrollo de América Latina, entre otros. Esta página está alojada en el dominio del Sercop y también se pondrá en línea a mediados de este mes. 

La ratificación del Acuerdo de Escazú

Ecuador ratificó el Acuerdo de Escazú el 21 de mayo de 2020, e inició el proceso para avanzar en su implementación. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y la Universidad Hemisferios generaron un diagnóstico para identificar las brechas entre el Acuerdo de Escazú y el marco normativo, político e institucional vigente.

El  Acuerdo de Escazú es un instrumento regional que busca garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, así como proteger a las personas defensoras del ambiente y el territorio. Además, está avanzando en la definición de una Mesa de Democracia Ambiental, como un espacio asesor que acompañe la implementación de las disposiciones del Acuerdo.

La hoja de ruta para la implementación del estándar EITI

Ecuador forma parte de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), que es un estándar global para promover la gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, gasíferos y mineros. La aplicación del estándar en nuestro país ha avanzado de manera significativa en los últimos meses.  El responsable de esta actividad es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, junto con  Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Grupo FARO, Corporación Participación Ciudadana y Universidad Hemisferios. 

El EITI garantiza la transparencia y la rendición de cuentas con respecto al modo en que se gestionan los recursos naturales de un país. En el Ecuador se encuentra en sus etapas iniciales de implementación.

El desarrollo de capacidades para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública

Está actividad está a cargo de la Defensoría del Pueblo con la Corporación Participación Ciudadana como contraparte. Ambas entidades partieron de un diagnóstico sobre la aplicabilidad y cumplimiento de la  Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), un norma aprobada a principios de este siglo, cuya reforma se hace necesaria por el cambio de las tecnologías y de las necesidades de información de la ciudadanía. Según la Defensoría, se hace necesaria una reforma que le permita a la Defensoría controlar el cumplimiento de la publicación de información de transparencia, lo que actualmente no ocurre, pues no hay posibilidades de sanción al respecto. 

La estrategia fue denominada Caja de Herramientas para Fortalecer la Transparencia y contiene materiales metodológicos y pedagógicos. Según los autores, brinda a las instituciones, organizaciones y personas en general varias alternativas e insumos de trabajo, con por lo menos cuatro ejes temáticos: rectoría eficiente, mejoramiento de la transparencia, fortalecimiento de las capacidades institucionales y apertura institucional.

"Esta caja de herramientas es el resultado de un proceso que incluye una detallada revisión del marco normativo sobre este tema, en el ámbito nacional e internacional; así como el abordaje -con una metodología participativa con los actores clave- de los principales problemas y dificultades que existen en el ámbito de las instituciones del Estado, de las organizaciones sociales y de las personas en torno a la transparencia y el acceso a la información pública, como sustento de los derechos de participación para asegurar el ejercicio de los demás derechos, con el objetivo de brindar una solución a esta realidad para los actores responsables", se explica en el documento, que tiene 78 páginas. 

El Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y de Género 

A cargo de esta iniciativa están la Secretaría de Derechos Humanos y las contrapartes son organizaciones como Fundación Diálogo Diverso, Fundación Esquel y una de sus actividades ha sido el  Observatorio Ciudadano de Violencia de Género, Diversidades Sexo-genéricas y Prevención de la Corrupción como una Forma de Violencia en Ecuador. Tiene la finalidad de prevenir y efectivamente erradicar la violencia de género contra las mujeres en el Ecuador. 

Durante este año se han realizado 16 cumbres y con representantes de más de 100 cantones del país y se ha socializado los avances del diseño de la planificación para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Buena parte de los resultados de esta iniciativa se pueden ver en su página web, que recoge investigaciones, testimonios y otros recursos. 

Durante este año se han realizado 16 cumbres y con representantes de más de 100 cantones del país y se ha socializado los avances del diseño de la planificación para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

La simplificación de los trámites

En este ámbito participan la Presidencia de la República y el Mintel, mientras el IAEN actúa como contraparte. En el 2021 se construyó el Plan de Simplificación de Trámites con 120 planes de las instituciones de la Función Ejecutiva, mientras que 28 entidades ejecutan el Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites Se había propuesto simplificar por lo menos 432 trámites  para el 2021,  lo que se logró en 137 casos. 

La creación de una estrategia para la mejora de la Calidad de los Servicios Públicos

En esto interviene el Ministerio de Trabajo, mientras la contraparte es el Colegio de Administradores Públicos de Loja. Entre enero y junio de 2021,  se realizaron mediciones sobre la calidad de los servicios públicos a 104 instituciones y se capacitó a 312 servidores en todo el país.  La medición de la calidad de los servicios públicos se hizo mediante una encuesta en línea que se está realizando desde el mes de julio de 2021. 24 instituciones de la Función Ejecutiva están utilizando la herramienta CESP y se han capacitado a 56 instituciones para su posterior implementación.

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