La hidroeléctrica Toachi Pilatón cumplirá el enero próximo 11 años desde que fuera colocada su primera piedra por el expresidente Rafael Correa y aún su inicio de operaciones está en duda. En una década la mega obra, considerada por el anterior Régimen como un proyecto emblemático para el país, ha estado llena de controversias, retrasos y cuestionamientos que aún no logran desatorarse. La semana pasada, Plan V conoció de intensas reuniones entre técnicos y directivos de Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y altas autoridades para definir el rumbo de la obra que está paralizada desde hace dos años. Carlos Pérez, ministro de Energía, dijo a finales de octubre que por lo menos tomaría dos años más concluir la obra.

El último anuncio que hizo el actual Gobierno tuvo que ver con el acuerdo al que llegaron CELEC con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) para el pago de una parte del capital de la inversión realizada por esa entidad en el proyecto. En 2011, el BIESS hizo un préstamo por USD 250 millones para la construcción del proyecto a 20 años plazo. El 31 de octubre pasado se anunció el pago de USD 40 millones y con eso sumarán USD 120 millones. Adicionalmente, Gonzalo Uquillas, gerente de CELEC, informó del pago de 80 millones por intereses hasta esa fecha.

El BIESS entró luego de que se cancelara un préstamo que el extinto Fondo Ecuatoriano para la Inversión en los Sectores Hidrocarburíferos e Hidroeléctricos (Feiseh) había ofrecido por USD 470,5 millones. La salida de Odebrecht del país en 2008, que fue la primera contratista del proyecto, derrumbó ese crédito. Junto al BIESS también ingresó como financista de la obra el Eximbank de Rusia, quien prestó USD 123, 2 millones para financiar el 85% del equipamiento hidro-electro mecánico de la hidroeléctrica. Y será justamente este último punto el principal dolor de cabeza de todo el proyecto.

Las empresas tras el proyecto

El proyecto se encuentra ubicado a unos 80 km de distancia al suroeste de la ciudad de Quito, en las sub-cuenca hidrográficas de los ríos Pilatón y Toachi, que se encuentra en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes, hacia la costa del Pacífico. El proyecto propone la reversión de las aguas del río Pilatón para el río Toachi y la capacidad instalada total de 254 MW en dos centrales: Sarapullo y Alluriquín. Su objetivo era un ahorro promedio anual de USD 110 millones en la compra de combustible para las centrales termoeléctricas.

Pero la historia de Toachi Pilatón es compleja y  llena de actores. Plan V revisó tres informes de Contraloría ejecutados entre 2008 y 2015 (fecha del último examen realizado a la obra). En ellos se observa al menos 10 firmas que han cumplido distintos roles en la ejecución del proyecto que no ha estado exento de controversias con ellas. Aunque los primeros trámites para la obra se remontan al 2005, el primer contrato para su construcción fue firmado el 19 de diciembre de 2007 entre Hidrotoapi y Odebrecht por USD 366 millones.

Ese contrato fue el primer cuestionamiento de la Contraloría al proyecto. Lo consideró como “no favorable para el Estado” porque las  garantías técnicas establecidas para los equipos eran de apenas un año y no se había contemplado un seguro de riesgo. Sin embargo su principal cuestionamiento tuvo que ver con la modalidad de la contratación a través de la figura del ‘swiss challenge’. Este es un proceso de negociación directa con una empresa que asume a su costo y riesgo la elaboración de la propuesta de negocios.

Así la obra fue adjudicada a Odebrecht, pero la Contraloría consideró que la licitación se debió abrir a más empresas. No hubo un informe técnico ni legal que justifique la contratación de Odebrecht, dijo el ente de control. Casi 9 años después de esta observación, Toachi entró a la lista de obras inmersas en el escándalo del caso Odebrecht.

Odebrecht fue expulsada en el 2008 por problemas en otra central a su cargo, San Francisco, y con eso se buscó una nueva firma. Esto llegó en el 2010 cuando CELEC (que absorbió a Hitrotoapi EP) contrató a la empresa china International Water & Electric Corp. CWE para las obras civiles del proyecto. Específicamente se le encargó la construcción de dos plantas generadoras de energía Sarapullo y Alluriquín. Su plazo fue de 44 meses, es decir 3 años y 6 meses. “Vamos a incrementar la generación de energía en Ecuador en febrero de 2014 y cumpliremos la fecha y el plazo de todo el proyecto”, dijo el representante de CWE, Wang Baosheng, en la firma del contrato. Pero no pasó.

Los primeros trámites para el proyecto se remontan al 2005. En el 2007 se firmó el primer contrato con Odebrecht y en el 2017 esta obra aparecería en la lista de obras relacionadas con el escándalo de la empresa brasileña. 

Su filial en Ecuador fue parte del escándalo de los Panama Papers. Según una investigación de El Universo, CWE habría simulado la adquisición de consultorías a dos empresas, una española y otra suiza, para ejecutar los proyectos Cañar y Naranjal, Toachi Pilatón. Según el diario, esto le habría permitido a CWE sacar millones de dólares de Ecuador sin pagar impuestos. Esta empresa además ha sido cuestionada por la Contraloría como lo veremos más adelante.

Otra empresa que se incorporó al proyecto fue la rusa INTER RAO UES. De ella se conoce que el  57,34% de sus acciones pertenecen al Gobierno ruso, aliado del anterior gobierno, y que entre sus accionistas estaría el holding estatal de energía OAO Rosneftegaz, presidido por Igor Sechin, parte del círculo íntimo del presidente ruso, Vladimir Putin. Pero su desempeño en la obra fue criticado duramente hasta que en abril de 2017 quedó fuero del proyecto. La empresa estuvo a cargo de las obras electro e hidromecánicas, que incluían la provisión de los equipos. Pero registró continuos retrasos que a su vez detenían otros trabajos, según la Contraloría. CELEC terminó de manera unilateral el contrato y pasó a la lista de contratistas incumplidas.

Desde marzo de 2017, la empresa rusa interpuso un proceso de mediación ante la Procuraduría. Reclamó sobre determinados valores de la liquidación del contrato, que a su criterio la CELEC debía reconocer. Se han realizado hasta el momento cuatro audiencias de mediación. Pero no se llegó a un acuerdo y el 12 de octubre pasado se ratificó la terminación unilateral del proyecto. Edwin Gordón, subgerente del proyecto Toachi Pilatón, informó a Plan V que tienen previsto demandar a la empresa rusa por daños y perjuicios.

En mayo de 2018, se contrató a la compañía Dueroing S.A para que ejecute un estudio para establecer un cronograma y presupuesto referencial para la conclusión del proyecto. Dicho estudio fue entregado la semana pasada y al momento se encuentra en revisiones.

Otra empresa polémica en la vida de Toachi Pilatón fue Caminosca. En el caso Odebrecht, esta fue relacionada por supuestos pagos de coimas a funcionarios gubernamentales para ser beneficiada con contratos de consultoría y fiscalización para los proyectos hidroeléctricos Sopladora y Toachi-Pilatón, entre otros. Este caso salpicó al ex vicepresidente Jorge Glas, quien actualmente está preso por asociación ilícita en la cárcel de Latacunga.

La infinita lista de problemas

Hasta agosto de este año, el avance del proyecto era del 85,4 %, según datos oficiales de CELEC. La obra que inició con el pie izquierdo desde su primer contrato en el 2007 le siguió un nuevo traspié en la compra de los terrenos. Así lo señala el examen que hiciera la Contraloría entre septiembre de 2008 y marzo de 2012. Allí la institución señala que no se entregaron oportunamente los terrenos para la construcción del proyecto lo que ocasionó un retraso de casi un año. Parte de la obra se asentó sobre en un área de 7.077 m2 del cementerio y dos centros de diversión nocturna en Alluriquín, que necesitaron reubicar.

En la bitácora de su construcción, las empresas encargadas han sido señaladas de forma reiterada por el ente de control. Por ejemplo, CWE -que está a cargo de la obra civil- fue increpada por no usar el equipo necesario para la ejecución del proyecto entre julio de 2011 y enero de 2012, especialmente los jumbos de 2 brazos señalados en su oferta. En su lugar usó martillos neumáticos, lo que también provocó retrasos. Cuando fue contratada en el 2010 su plazo máximo de entrega eran 1.340, es decir tres años y seis meses.

Entre 2008 y 2012, la Contraloría señaló retrasos en el inicio de la obra civil. Identificó además problemas en el sostenimiento de la bóveda de uno de los túneles, asimismo en el túnel de desvío el hormigón colocado no cumplía con los 10 cm de espesor necesarios y en la excavación de los túneles no se utilizó el equipo de ofertado, entre otros.

Incluso se observaron graves riesgos para la seguridad de los trabajadores, que según la denuncia no contaban con el equipo adecuado. También en enero de 2012 se encendieron mechas para la voladura de rocas sin que fuera comunicado al personal. También cuestionó el cambio de personal, sin evaluar previamente las hojas de vida de los técnicos principales, encargándose la dirección de los trabajos, a personal sin la experiencia necesaria.

En el último informe del ente de control que analiza el periodo de 2012 hasta el 2015, los atrasos y los contratiempos inundaban la obra. En ese reporte, registró 16 áreas con retrasos. La falta de entrega de los planos fue el principal problema. Los diseños de detalle estuvieron a cargo de la empresa Asociación ASTEC C&C, que a su vez subcontrató a la Consultora Lombardi S.A. Ellos señalaron que los retrasos se debían, entre otras cosas, a la intermitente entrega de información y continuas modificaciones realizadas por el fabricante de los equipos electromecánicos, la rusa INTER RAO UES. Sobre los planos de la presa Toachi, la consultora dijo que las causas del retraso se debían a las nuevas condiciones geológico-geotécnicas y topográficas.

La central ha pasado por problemas que van desde el terreno, la falta de planos y el uso de equipos no adeacuados. 

Las excusas fueron aceptados por la Unidad de Negocio de Hidrotoapi en abril de 2013 y se aumentó el plazo. Pero hasta febrero de 2015, fecha de corte de ese examen, Hidrotoapi no contaba con los diseños de detalle de todas las obras del proyecto. Es decir contrató una obra sin su diseño definitivo. Esto generó retrasos e incremento de costos, dijo el ente de control. La obra que en el 2007 tuvo un presupuesto inicial de USD 366 millones pasó al 2015 a USD 435,3 millones con varios contratos complementarios incluidos.

Adicional durante la construcción se halló una falla geológica por lo que la casa de máquinas Alluriquín debió ser rediseñada. Solo ese cambio tuvo un costo adicional de USD 4,5 millones. También en los trabajos se halló otro tipo de rocas que no estuvo contemplado en el proyecto, lo que ocasionó retrasos en todos los frentes de trabajo, de hasta 420 días. CWE por ese cambio buscó un pago adicional de USD 14,8 millones.

A enero de 2015 los principales retrasos estaban en los trabajos para la captación Pilatón, en la casa de máquinas de Sarapullo y en la presa Toachi. “El contratista INTER RAO UES no ha cumplido con la compra del material”, dijo la Contraloría. El Gerente General de la empresa rusa contestó a los cuestionamientos diciendo que las demoras se debían a “atrasos de la obra civil”.  Esta firma a su vez había subcontratado a otra empresa rusa, Tyazhmash. La controversia con esta empresa llegó a su punto máximo en abril de 2017, cuando CELEC dio por terminado el contrato.

En la actualidad, la obra civil tiene un avance del 97,6%. El principal retraso de la se encuentra en el equipamiento hidro y electromecánico que quedó estancado. Esta es la fase más crítica, según el subgerente  Edwin Gordón, y solo ha llegado al 66%. Luego de casi dos años de paralizado el proyecto y por las condiciones climáticas de la zona, CELEC informó a Plan V que fue necesario realizar el mantenimiento a los equipos montados y almacenados en los diferentes sitios del proyecto para evitar su deterioro. La Unidad de Negocio de Termopichincha ha ayudado en esa tarea.