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4 de Octubre del 2021
Historias
Lectura: 14 minutos
4 de Octubre del 2021
Redacción Plan V
Los hombres de ‘Guacho’ tuvieron privilegios en la cárcel de Latacunga
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Esta es la única imagen de los tres hombres que solicitaba 'Guacho' a cambio de los periodistas. Ellos fueron detenidos en Mataje, Esmeraldas, y trasladados a la cárcel de Latacunga.

 

Aunque eran los hombres más vigilados y de los que dependía la vida de los periodistas Javier Ortega, Pául Rivas y Efraín Segarra, los tres hombres que solicitaba ‘Guacho’ a cambio de los comunicadores tuvieron acceso a celulares en la cárcel de Latacunga. En esos dispositivos se halló el registro de casi 1.000 llamadas durante los días más críticos del secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, según una investigación de la Fundación Periodistas Sin Cadenas.


Una celda donde existe un celular o varios de ellos puede convertirse casi en una cabina telefónica de libre uso para los internos. No es una situación que cause sorpresa en una cárcel ecuatoriana, donde el ingreso de objetos prohibidos, y en especial de dispositivos móviles, ha sido identificado como uno de los mayores problemas de seguridad de las prisiones. Pero, ¿qué pasa cuando los hombres más vigilados del país tienen a disposición celulares y tienen la libertad de realizar casi 1.000 llamadas en solo quince días?

La respuesta está en el libro “Periferias: crónicas del Ecuador invisible”, que publicó la Fundación Periodistas Sin Cadenas, la semana pasada. Esta publicación contiene cinco investigaciones periodísticas y una de ellas trae nuevas revelaciones sobre el caso de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, el equipo periodístico del diario El Comercio que fue secuestrado y asesinado entre marzo y abril de 2018.

Esta investigación siguió la pista de los celulares hallados en las celdas del ecuatoriano Patrocinio Cortez Preciado, alias ‘Cuco’, y de los colombianos Diego Fernando Tobón, alias ‘Diego’, y James Cuajiboy, alias ‘James’. Los tres pertenecían al Frente Oliver Sinisterra (FOS), que estuvo comandando por alias ‘Guacho’ hasta que Colombia lo abatió en diciembre de 2018.  ‘Cuco’, ‘Diego’ y ‘James’ fueron señalados por un atentado contra una patrulla antinarcóticos en noviembre de 2017 y detenidos dos meses después en un operativo. Estaban en la cárcel de Latacunga cuando se desató la peor crisis en la frontera norte que incluyó un atentado con coche bomba al cuartel policial de San Lorenzo y el asesinato de los periodistas. 


El libro periodistico estará disponible en librerías y en formato e-book en Amazon y en otras tiendas. Todo lo recaudado será destinado para nuevas investigaciones. 

Esa fue la respuesta de ‘Guacho’ a la detención de sus hombres y otras acciones policiales en contra de su entorno más cercano. El grupo de ‘Guacho’ secuestró a los periodistas el 26 de marzo de 2018 y el 13 de abril, el entonces presidente Lenín Moreno confirmó su asesinato. Durante el cautiverio de los tres comunicadores, ‘Guacho’ pidió la entrega de sus ‘muchachos’ a cambio de la vida de Javier, Paúl y Efraín. Por eso se los conoce como los ‘intercambiables’. Pero en un lapso de 19 días el intento de regresar a los periodistas con vida terminó en un desenlace fatal.

Pero en esos 19 días, mientras eran los hombres más vigilados y solicitados, ‘Cuco’, ‘Diego’ y ‘James’ se mantuvieron comunicados. Las periodistas Karol Noroña y Mayra Prado reconstruyeron lo que sucedió en esos días caóticos en las celdas de los ‘intercambiables’. Por ejemplo, un día antes de la confirmación del asesinato de los comunicadores, hubo un operativo en la cárcel para requisarles los celulares porque al menos uno de ellos, según la Policía, tenía información valiosa. Según la investigación, los datos de esos dispositivos no fueron analizados a profundidad ni desagregados en los expedientes del proceso por el secuestro y asesinato del equipo periodístico, pese a ser piezas claves del caso.

Eso incluso lo dijo el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su informe final sobre el secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín del 11 de diciembre de 2019, una de sus recomendaciones al Estado ecuatoriano fue analizar la información de esos celulares. “Resulta altamente probable que esos teléfonos contengan contactos de interés para la investigación e información derivada del historial de de chats y mensajería que pueden orientar las pesquisas, máxime si sus usuarios eran las personas solicitadas en canje por el FOS y porque se conoce que durante el cautiverio y las negociaciones pudieron tener contacto con los secuestradores”.

un día antes de la confirmación del asesinato de los comunicadores, hubo un operativo en la cárcel para requisarles los celulares porque al menos uno de ellos, según la Policía, tenía información valiosa. Según la investigación, los datos de esos dispositivos no fueron analizados a profundidad.

Para la investigación llamada ‘Los celulares de los intercambiables de Guacho’, que está en el libro, las periodistas revisaron más de 5.000 hojas de expedientes fiscales y buscaron fuentes que corroboren la información extraída. Así lograron identificar que 378 llamadas fueron borradas y decenas de contactos eliminados en los celulares atribuidos a los hombres de ‘Guacho’. Aunque la Fiscalía ha contado con esta información, la falta de pericias y de descoordinación es uno de las conclusiones de la investigación.

El equipo de seguimiento de la CIDH y de la FLIP, que también fueron consultados para este trabajo y que impulsan la causa en Colombia, considera que ni Ecuador ni Colombia han cumplido los acuerdos internacionales ni la cooperación eficaz.

Exfuncionarios ausentes

Con estas nuevas revelaciones, las familias de los periodistas solicitarán nuevas diligencias para esclarecer el caso. Ricardo Rivas, hermano de Paúl, afirmó que pedirán versiones de los fiscales que tramitaron los procesos relacionados con los celulares de los ‘intercambiables’. Desde agosto pasado, la nueva fiscal Johanna Moncayo -la cuarta durante los 3 años y 4 meses de las investigaciones fiscales- ha convocado a varios exfuncionarios de Moreno a que rindan sus versiones. Entre ellos están Ramiro Rivadeneira, exdefensor del Pueblo; César Merizalde, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Andrés Fernando de la Vega, ex viceministro del Interior; Juan Sebastián Roldán, exsecretario de la Presidencia; Andrés Tellez, exasesor del Ministro del Interior; Norman Wray, exasesor del Ministro del Interior; y Luis Eduardo Bustos, ex teniente político de Mataje. En esa convocatoria solo asistió Roldán, quien dijo que juró confidencialidad en el Cosepe. Rivadeneira y Merizalde se presentaron en el segundo llamado.

El 4 de agosto pasado, también solicitó que se oficie al Ministro de Defensa para que se convoque, a través de la Secretaria del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), a una sesión de ese organismo para que de manera concreta se trate sobre la desclasificación de toda la información existente, sea documentos, actas, alertas, informes, videos, audios, etc, en referencia al secuestro y posterior asesinato de los comunicadores. La desclasificación de esos documentos es la principal lucha de las familias.


El 15 de septiembre pasado, la fiscal Diana Salazar recibió a familiares del equipo periodístico de El Comercio.

El 15 de septiembre pasado, las familias insistieron en ese pedido a la fiscal General, Diana Salazar. Se reunieron con ella después de más de tres años. Salazar, apenas asumió el cargo en abril de 2019, se reunió con ellos y prometió públicamente en sus redes personales hacer todo lo posible para que el caso no quede en la impunidad. La de septiembre pasado fue la segunda cita con la funcionaria. Ellos habían solicitado esa reunión, hace un año, a través de una carta, contó Rivas. Diez días antes, el 3 de septiembre, el presidente Guillermo Lasso había declarado estar de acuerdo con esa desclasificación. Las familias han acudido a la Corte Constitucional donde interpusieron una acción de protección por la desclasificación de la información.

Los parientes pidieron a la Fiscal General que se investiguen las operaciones secretas que hubo en la frontera norte y el diseño de una hoja de ruta de nuevos elementos que se pueden investigar.  Insistirán en que sean llamados personajes como el general Pablo Aguirre, quien en la crisis fronteriza estuvo a cargo de la Dirección General de Inteligencia de la Policía. Él ha dado su versión, pero se le solicitó una ampliación de versión a la que se excusó porque dijo estar fuera del país. Las familias pedirán que rinda versión el expresidente Moreno. 

Otra pericia que solicitaron tiene que ver con los indicios recabados en la camioneta de Efraín Segarra, que fue hallada en Mataje abandonada. Buscan que haga pruebas dactiloscópicas para identificar a quién pertenecen esas huellas. Según las familias, esa diligencia no se hizo porque les informaron que Criminalística supuestamente no tenía los reactivos. 

Los parientes pidieron a la Fiscal General que se investiguen las operaciones secretas que hubo en la frontera norte y el diseño de una hoja de ruta de nuevos elementos que se pueden investigar.

Desde minería hasta una banda criminal binacional

El libro publica además otras cuatro investigaciones, donde la falta de acceso de información fue uno de los mayores retos para los miembros que conforman la Red de Periodismo de Investigación, que elaboraron los siguientes textos: 

  1. Oro de sangre Esmeraldas

Esta investigación expone la destrucción de uno de los 10 pulmones naturales del mundo: el Chocó ecuatoriano que entre el 2000 y el 2017 perdió el 61% de su bosque, es decir, cerca de 2 millones de hectáreas, y la contaminación de los ríos Santiago, Cayapas y Onzole están afectados por la actividad minera. Estos son la vía de conexión entre 46 comunidades indígenas chachi, una comunidad épera (Santa Rosa) y 16 comunidades afrodescendientes. Y como hecho reciente se cuenta el abandono en el que viven las familias de las cinco personas que murieron en un deslizamiento de tierra en una mina de San Lorenzo, en el año 2020. Una de las víctimas era un niño, lo que da cuenta del trabajo infantil. Con el reportaje se busca atraer la atención gubernamental hacia los cantones fronterizos con las tasas más bajas de pobreza y altas en inseguridad.


Una de las investigaciones aborda el caso de las víctimas de la minería en Esmeraldas y del trabajo infantil en esas actividades. Foto: Diario El Norte

  1. Los primeros pasos de una banda transnacional en Ecuador (Carchi)

Esta investigación devela lo que pasa en la frontera norte con una banda transnacional que se dedica al tráfico de personas y extorsionan a las personas en la línea de frontera. Se trata de la banda El Tren de Aragua que está dando sus primeros pasos en Ecuador. Pese a la resistencia de la Policía ecuatoriana, se pudo confirmar que un grupo de venezolanos detenidos durante el año pasado tienen antecedentes en otros países y son parte de la banda que extorsiona a sus propios compatriotas. En esta investigación participó la periodista venezolana Ronna Risquez, quien ha seguido al grupo criminal fuera de las fronteras de Venezuela durante tres años.El proceso de investigación no fue fácil porque la información desde algunas instituciones públicas está centralizada y los requerimientos de provincias son derribados a Quito.

  1. Manta, la ciudad de las obras inconclusas (Manabí)

Este trabajo muestra el estado actual de las obras inconclusas en Manta luego del terremoto del 16 de abril de 2016. La investigación se centró en entrevistas a las poblaciones mayormente afectadas por la construcción de la vía Manta-Colisa y en la revisión documental de los informes de Contraloría y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si bien es cierto que los medios nacionales han tocado este tema en repetidas ocasiones, no se ha logrado una respuesta del Gobierno Nacional. Se espera que esta pieza periodística permita que los trabajos de rehabilitación de las ciudades se retomen y sean concluidos.

  1. Nadie se hace cargo del agua contaminada que apaga la vida de los tsáchilas (Sto Domingo de los Tsáchilas)

La investigación denuncia la contaminación de los ríos que ha generado la industria agroalimentaria en Santo Domingo y el deterioro del territorio Tsáchila. Se muestra evidencia documental sobre los niveles de contaminación que existen y la casi nula responsabilidad empresarial sobre este daño a los ríos. La autora de este reportaje tuvo que vencer la resistencia de las entidades privadas para dar información. Su  intención es que el tema sea conocido y que haya una reparación medioambiental, por eso es importante la réplica que pueda tener este tema.

 

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