El testimonio de la joven Jhajaira Urresta es impactante. La noche del 12 de octubre de 2019, en el marco de las protestas en  contra del aumento de los precios de los combustibles que sacudieron al país y al Gobierno, ella y un grupo de vecinos de La Tola, en el centro de Quito, que habían salido a manifestarse con cacerolas fueron reprimidos por la Policía.

Un policía antitomotines, a quien no puede identificar, pues llevaba armadura y casco, le apuntó con un lanzagranadas. El arma, que está diseñada para lanzar un cartucho de gas lacrimógeno, estaba a entre dos y tres metros de ella. La joven comunicadora y modelo alzó las manos como en las películas, y tiró al suelo la cacerola y la cuchara de palo pero, aún así, relata, el uniformado que lucía las siglas GOM en el uniforme le disparó con el lanzagranadas en la cara. 

Comunicadora y modelo, Jhajaira Urresta sufre graves secuelas tras ser herida de gravedad por la Policía Nacional. Foto: Diario Extra

El lanzagranadas tiene el único propósito de arrojar la bomba lacrimógena a larga distancia. Al tocar el suelo, el cartucho libera los gases. Pero algunos policías decidieron durante las protestas de octubre usarlo como arma disparando contra los rostros de las personas.

Urresta cayó al suelo bañada en sangre. El impacto de la bomba, que explota en gases calientes, le había arrancado el ojo izquierdo de raíz, dañado la nariz y golpeado el cráneo. La llevaron al Hospital Militar en donde los médicos le informaron que no podían salvar el ojo y que se concentraban en salvarle la vida, pues la grave herida le había hecho perder mucha sangre. La joven forma parte de los más de mil heridos registrados en el país durante las protestas, en donde perdieron la vida no menos de once personas. 

Urresta se considera, actualmente, discapacitada. Aunque su familia pudo costear una prótesis ocular, sufre hemorragias en la cuenca vacía. Afirma que no puede hacer esfuerzos, y que la nariz dañada por el golpe también tiene complicaciones. El impacto del proyectil policial la afectó el cráneo y los huesos de la cara. Su vida no ha vuelto a ser la misma desde esa noche: aficionada al andinismo, ha tenido que dejar toda actividad al aire libre. 

Varios ciudadanos, de distintas edades y condición social quedaron parcialmente ciegos por impacto de bombas lacrimógenas de la Policía Nacional. Fotos: Diario El Comercio

Polémica con María Paula Romo

Pero el caso de Urresta tiene otra particularidad: ella ha denunciado, en una entrevista con el periodista Fabricio Vela, de Radio Majestad, que el 29 de octubre, a los pocos días del ataque, tuvo una reunión con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La comunicadora sostiene que había conocido en el pasado a Romo y que fue a la cita acompañada de su madre. Una asesora de Romo, a quien no identifica, estuvo presente en la conversación. La ministra, dijo, les pidió que apaguen los celulares y les habló de que, así como ella, había muchos policías heridos y lesionados tras las protestas. 

Según Urresta, la ministra la dijo que "cuánto quería" para dejar de reclamar por la agresión policial que había sufrido. Esto, aseguró, le indignó, lo que motivó que Romo -que le habría saludado de abrazo y beso- se despidiera fríamente de ella. 

La joven asegura que es víctima de seguimientos por parte de policías de uniforme y que, inclusive, dos de ellos, en una moto, llegaron hasta su casa y amenazaron de muerte a su padre en plena calle. Asegura que tiene fotos de los agentes que no contentos con amenazarles, les hicieron gestos obscenos, se subieron a la moto del Estado y se fueron. 

Romo, de su lado, respondió en Twitter que las afirmaciones de Urresta son simples mentiras y que otras personas presentes en la reunión con ella pueden certificarlo. Escribió "mentira" con mayúscula. No dijo nada sobre seguimientos e intimidaciones policiales a Urresta o a su familia como denuncia la comunicadora.

Al desmentido se sumó en Twitter la asesora María Gabriela León, quien dijo haber sido la persona que estuvo en la reunión en el despacho del Ministerio de Gobierno: "el día de la reunión me presenté con nombre y apellido, ud tuvo oportunidad de hablar de lo sucedido, de que la ministra le escuchara a usted y a su madre y jamás manifestó lo que usted ha dicho. Nunca. Ud sabe que está faltando a la verdad, lo sabe perfectamente", escribió en la red social.

El Diario El Comercio documentó las historias de por lo menos seis personas más que, alcanzadas por bombas o perdigones de la Policía, perdieron un ojo durante las protestas de octubre. La mayoría de ellos, hombres jóvenes que aseguran que no tenían participación en los motines. 

El presidente Moreno "refresca la memoria" y anuncia que "defenderá los derechos de autoridades, ministros y ministras"

En un mensaje a la nación de ocho minutos de duración, el presidente Lenin Moreno reiteró la postura de su Gobierno sobre los sucesos de octubre. En el mensaje, titulado "postura de Ecuador frente a los actos de octubre", el presidente consignó su rechazo al anuncio de la Conaie de demandar al Gobierno por los excesos en la represión de las manifestaciones.

El mandatario se declaró "un hombre de paz" pero admitió que le ha "descompuesto emocionalmente" haber recibido "con indignación" la amenaza de demanda. "Parece que quieren que olvidemos los hechos de esos días", dijo el mandatario y reiteró que "se intentó derrocar al Gobierno" mientras la Policía "no disparó ni una sola bala"ni usó "armas letales".

La cadena incluyó el testimonio de una policía que dijo en el Palacio de Gobierno que los manifestantes les amenazaron con matarles, mientras "un policía perdió un ojo". Recordó también el secuestro de policías por pobladores de Calderón y "manoseos" de los indígenas contra policías mujeres. 

El presidente reseñó ataques contra los periodistas y contra ambulancias y hospitales "algo que nunca ha ocurrido en el planeta", así como atentados contra edificios estatales y municipales. También insistió en que el incendio de la Contraloría fue para "desaparecer información", mientras hubo saqueos en varias ciudades del país. 

"Está claro de qué lado vino la violencia y el pueblo jamás lo olvidará", dijo el presidente, quien sin embargo reconoció que hay derecho de protestar "en paz y respeto". "A lo mejor pudimos mejorar la comunicación", dijo el presidente en tono coloquial. 

"Ahora piden aministía", cuestionó el presidente, y recordó que "la ley es para todos", por lo que "la justicia independiente" está juzgando a "quienes cometieron delitos". 

Moreno cree que hay dirigentes indígenas que "se creen patrones" y que el país sabe "quienes han recibido ayuda de los prófugos en Europa". 

Abogó por los derechos de "los derechos de todos" pero mencionó en especial a "las autoridades, ministros y ministras", y anunció que el Gobierno "defenderá a sus policías y funcionarios". 

Los informes sobre octubre se acumulan

El caso de Urresta evidencia que están lejos de esclarecerse los hechos de octubre, a pesar de la serie de informes que, al respecto, han producido entidades del Estado ecuatoriano y observadores internacionales como las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las violaciones a los derechos humanos, que se concretraron en muertes, heridas, detenciones arbitrarias y otros, fueron reportados desde los primeros días por este portal, que detalló como se buscaba invisibilizar los hechos desde el Estado, y como empezaron a acumularse historias de represión y abusos policiales durante el paro. 

Aunque la Asamblea Nacional investigó los sucesos y emitió un informe, este no apuntó a ningún responsable. Una comisión de la Asamblea recibió 74 testimonios y decenas de documentos y tras siete semanas, publicó en diciembre de 2019 un informe en donde no hubo ni cifras ni responsabilidades concretas. El informe de la Asamblea se quedó en una mera condena política de la violencia en general.

Desde el Estado, también emitió una serie de informes la Defensoría del Pueblo. La entidad se dedicó a emitir cifras sobre muertos y lesionados como consecuencia de los choques entre la Policía y los manifestantes. La Defensoría emitió siete informes técnicos, en los que recogió algunas cifras y testimonios, así como un informe final que remitió a la Corte Constitucional.  El último informe fue emitido hasta el 14 de octubre de 2019. 

Adicionalmente, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos hizo público otro informe, elaborado por una misión internacional conformada por la Asamblea Permanente por los derechos humanos de Argentina, la Mesa Nacional Unitaria de Sobrevivientes de Prisión Política de Chile, Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social de México con el acompañamiento de cobertura de Barricada TV, medio social de Argentina. El documento también contiene testimonios sobre los sucesos ocurridos en el país durante las protestas. La Cedhu dijo también que durante las protestas y en las semanas posteriores fue evidente el uso abusivo del derecho penal para criminalizar o disuadir el derecho a la resistencia en el país. 

Desde instancias internacionales también hubo reportes. Uno de ellos, emitido por la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michel Bachelet, quien emitió un pronunciamiento sobre los hechos en el Ecuador. En su pronunciamiento, Bachelet pidió "que se lleven a cabo investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos en Ecuador – incluyendo muertes, violaciones de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, y detenciones arbitrarias - y el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas, entre otras, perpetrados durante las protestas". La alta comisionada agregó que "El equipo (de la ONU) recibió informes procedentes de víctimas y testigos que indican que la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas y a los criterios internacionales, entre otros aspectos por el empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza. Los agentes del orden incluyeron a la Policía y a los militares, estos últimos desplegados tras la declaración del estado de excepción. Víctimas y testigos denunciaron el uso reiterado por parte de las fuerzas de seguridad de gases lacrimógenos y perdigones disparados a corta distancia contra los manifestantes. El uso de gases lacrimógenos y perdigones causaron cientos de heridos y posiblemente algunas de las muertes".

De su lado, en un reciente pronunciamiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también relató los sucesos de octubre.

Según la CIDH, "Durante la visita, entrevistó a un total de 439 personas y registró 380 testimonios que reclaman ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas. En esa línea, las denuncias incluyen la falta de consulta y participación en la adopción de medidas que afectan derechos sociales de la población, irregularidades en la presentación de denuncias y acciones de protección de garantías constitucionales; falta de información a familiares respecto de personas detenidas y fallecidas; obstaculización a la prestación de servicios médicos en hospitales públicos; hostilidad y alegados actos de agresión contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadores de distintos medios de comunicación privados, comunitarios y digitales; así como la utilización del sistema penal en contra de manifestantes, líderes sociales y de oposición".

El informe recoge los testimonios, en especial, de las muertes de personas durante las protestas, la mayoría de ellas en el centro de Quito, sitio del conflicto. La CIDH formuló algunas recomendaciones, entre las que están:

"a. Respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. En esa misma medida, asegurar que los operativos de seguridad con respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según protocolos de actuación que sean congruentes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley.

b. Establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias.

c. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular, mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación. En relación con éstos últimos, el Estado debe garantizar el respeto de la independencia de los medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura.

d. Garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales.

e. Mantener, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo que permita consultar y brindar información a las personas afectadas por las decisiones económicas asumidas por las autoridades.

f. Fortalecer las medidas adoptadas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas.

g. Diseñar instituciones que promuevan y que no inhiban o dificulten la deliberación publica, incluyendo el desarrollo de protocolos de protección y seguridad con enfoque intercultural para que las fuerzas policiales y demás entidades provenientes del Estado realicen su labor ajustándose a derecho;

h. Adoptar todas las medidas a fin de garantizar el derecho de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores a participar en manifestaciones sociales con la debida protección de su derecho a la libertad de expresión y de reunión. La CIDH recuerda que, en los pueblos indígenas, el vínculo y acompañamiento entre las generaciones y grupos etarios constituye un elemento de su cosmovisión necesario para el traspaso de la herencia cultural y proyección del colectivo como pueblo;

i. Mantener el llamado a la paz y al diálogo, a fin de evitar estigmatizaciones y propiciar un ambiente de diálogo con todos los sectores de la sociedad; y abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen, criminalicen o generen un ambiente de intimidación hacia líderes y lideresas indígenas. La CIDH advierte que, por sus características económicas, sociales y culturales, en el caso de lideresas y líderes indígenas, la criminalización y la estigmatización pueden tener consecuencias negativas en los valores, usos y costumbres de la comunidad o comunidades donde ejercen su liderazgo;

j. Avanzar las investigaciones correspondientes a las muertes de personas indígenas ocurridas en el marco de las manifestaciones, de manera diligente, efectiva e independiente que conduzcan al juzgamiento y sanción de los responsables, así como a obtener las medidas de reparación individuales y colectivas correspondientes a las víctimas y sus familiares, comunidades y nacionalidades indígenas;

k. Con la participación de las organizaciones indígenas, capacitar en materias de derechos humanos e interculturalidad a los servidores públicos encargados de tareas de mantenimiento del orden público".

El informe recibió críticas del Gobierno por un supuesto "sesgo" que, se dijo desde el Ejecutivo, pone en duda su imparcialidad. 

"Lo que muchos pueden llamar sesgo es realmente un enfoque de derechos": Sybel Martínez

Una nueva comisión

Pero mientras se acumulan los informes sobre qué ocurrió en octubre, una nueva comisión conformada por la Defensoría del Pueblo se prepara para revisar los hechos. Se trata de una comisión conformada por Sybel Martínez, Xavier Zavala, Juan Carlos Solines y Juan Cueva, quienes fueron invitados para analizar los sucesos desde una nueva óptica. 

La Comisión conformada por la Defensoría espera tener sus primeros resultados hasta marzo de este año. Conversamos al respecto con Sybel Martínez. 

¿Cuáles son los objetivos y los plazos de esta nueva Comisión?

Tengo todas las energías puestas en la Comisión. Somos cuatro miembros, al principio se invitó también a Rosalía Arteaga, quien se excusó. Nos hemos planteado entregar el informe el 24 de marzo, pues pensamos que es necesario más tiempo de que habíamos estimado al principio. La información es tan importante que debemos tomarnos el tiempo de hacerlo bien. Tuvimos un intercambio de ideas con una ex secretaria ejecutiva de la CIDH y con una ex funcionaria de la Comisión de la Verdad en Guatemala, con las que tomamos en cuenta los insumos y diseñamos un cronograma y una metodología de trabajo. 

¿Cuáles serán sus insumos?

Vamos a trabajar con el informe de la Asamblea Nacional, que tiene 900 anexos que hay que revisar, el último informe de la CIDH, el que emitió la Alta Comisionada de la ONU, y los informes que elaboró la Defensoría del Pueblo. Hay también organizaciones de derechos humanos que presentaron un informe conjunto. Toda la información la vamos a recibir hasta el 14 de febrero, de todas las personas que tengan conocimiento de lo que ocurrió, que sean víctimas y que puedan aportar información. También tenemos un correo electrónico y la comisión va a recibir a quienes quieran concurrir personalmente. En todo el país se receptarán testimonios en las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en las provincias, y los testimonios serán grabados para la revisión de los comisionados. 

Se dice desde el Gobierno que ha habido un sesgo contra los funcionarios públicos, ¿van a pedir información oficial?

Sí, hemos pedido información a varios estamentos del Estado, como el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía, la Medicina Legal, el Ministerio de Salud, que esperamos entreguen hasta el 22 de febrero. Sino nos entregan esa información insistiremos y sino hay lo haremos constar en el informe. 

¿Van a contar entonces con el apoyo logístico y técnico de la Defensoría?

Sí, la Defensoría puede hacer por su cuenta una investigación defensorial, pero la Comisión va a contar con 18 personas, que se han divivido en equipos con un comisionado a la cabeza. Vamos a trabajar en algunos ámbitos, invitaremos a las entidades del Estado para preguntar lo que no esté claro de testimonios anteriores. A la ministra de Gobierno, por ejemplo, le hemos pedido que nos indique si las bombas lacrimógenas estaban caducadas o no, a la Fiscalía hemos pedido que nos informen sobre cómo van los procesos, al Ministerio de Salud datos sobre los formularios de epicrisis, así como las autopsias. Las cámaras del 911 también han sido respaldadas.

Desde el Gobierno hay un relato claro: algunas muertes han sido "accidentales", hubo personas que "se cayeron" y otras explicaciones similares. ¿Qué opina al respecto?

Lo interesante aquí es investigar. Es posible que haya habido muertes accidentales. Queremos cruzar los datos que en su momento manejó la Defensoría. Hay que considerar que hay víctimas que merecen reparación y justicia. Por ahí también va nuestra labor. Hemos hechos acercamientos con un centro oftalmológico que ha brindado soporte para personas que perdieron ojos, pues esa es una situación muy difícil. Se trata de personas que requieren de prótesis casi cierto tiempo, colirios, un desgaste sicosocial permanente. No podemos decir cuánto cuesta el sufrimiento de éstas personas, pero hemos podido determinar que una buena prótesis ocular cuesta USD 750, y un colirio, según nos ha dicho Jahaira Urresta, hasta 40 dólares. 

Estas lesiones en los ojos al parecer se producen por el uso deliberado de las bombas lacrimógenas como armas. ¿Se puede creer que la Policía tenía la orden de usar así las granadas de gas?

No puedo responder eso todavía, pero para poder saber si hubo un patrón de ese estilo incluso hay que hacer una investigación más detallada. En Chile, por ejemplo, la tendencia fue disparar las bombas del dorso hacia arriba, cuando los protocolos indican que estas bombas no se deben lanzar contra el cuerpo de los manifestantes. Para demostrar si hubo un patrón se requiere analizar vídeos y otras evidencias y lo vamos a hacer por medio de expertos. 

El Gobierno ha respondido a la CIDH hablando de un "sesgo". ¿Qué opina al respecto?

Creo que lo que muchos pueden llamar sesgo es realmente un enfoque de derechos. La CIDH no es una simple ONG, y no se puede tener una visión miope de la implica y de la importancia de sus informes. Fue el propio Estado el que invitó a la CIDH y la comisión tuvo entrevistas con todos los actores. Hubo hechos violentos dentro de la protesta y también hubo responsabilidad del Estado. Hay que determinar cuánta es la responsabilidad del Estado. 

¿Cuál debe ser el rol de la justicia en este caso?

Las recomendaciones de la CIDH son muy decidoras. Hacen falta impulsos fiscales, hay denuncias y no se tramitan todavía. La reparación integral pasa por procesos judiciales y sentencias ejecutoriadas. De lo que nos han dicho los denunciantes como Urresta no hay acción de la Fiscalía. La madre de Marco Oto también estaría en el mismo caso.