¿Qué ingredientes requiere una política de seguridad pública para ser irracional? Para llegar a esa caracterización se requiere conjugar algunos elementos de manera desordenada, irresponsable y sin medir las peligrosas consecuencias que pueden adquirir las decisiones tomadas en esa materia. Esta mala receta, convertida en marca registrada del impopular gobierno que termina funciones, ha sido un recurso utilizado constantemente para tratar los apremiantes problemas de inseguridad en este país.

La mala receta, empleada por ministros y asesores de L. Moreno, mezcló elementos graves y pésimas decisiones con impacto a corto plazo. Todos ellos, mezclados en el campo político y económico, están afectando actualmente a la sociedad y al Estado que mira absorto y sin tener capacidad para remediar el aumento de la criminalidad en todas las variantes posibles. A todas luces, este enorme problema representará un paquete de retos complejos y escenarios estratégicos para el nuevo gobierno porque las nuevas autoridades, principalmente los Ministros de Gobierno y Defensa, tendrán que intervenir de forma rápida desde su gestión para presentar a la ciudadanía resultados que vayan más allá de los discursos eufemísticos que caracterizaron a la campaña electoral. 

Un primer ingrediente de la irracional receta en seguridad pública se relaciona con la oscilación que presentaron las “políticas de seguridad ciudadana”. Haber suprimido el Ministerio del Interior, entidad rectora de la seguridad interna y de la Policía Nacional para reemplazarlo por el de Gobierno, liderado por la cuestionada María Paula Romo, contribuyó a fomentar la falta de conducción estratégica y política de la seguridad. La mencionada exfuncionaria no sólo descuidó este fundamental sector sino que intervino erróneamente en momentos de graves de tensión social como los sucedidos en octubre de 2019, donde se evidenció la carencia de acciones preventivas para reducir los conflictos sociales.

Dicha autoridad estuvo “encapsulada” en los discursos policiales, sin capacidad orgánica y con poca iniciativa política, factores que finalmente contribuyeron para su renuncia y juicio político a finales del 2020 en la Asamblea Nacional.    

  
María Paula Romo, cuando era ministra de Gobierno, durante su comparecencia en el juicio político al que fue sometida por parte de la Asamblea Nacional.  

El erróneo segundo ingrediente tiene que ver con la ondulación, opacidad, falta de profesionalismo y organicidad variable que ha sufrido la Inteligencia nacional. Muestras de esta combinación sobran. Por ejemplo, los graves acontecimientos con resultados nefastos para la vida de militares, policías, periodistas y pobladores se evidenciaron en las fallas de inteligencia producidas sobre la incursión de bandas armadas criminales colombianas en territorio ecuatoriano y el penoso desenlace en la frontera norte en 2018 donde murieron emboscados varios militares y fueron asesinados tres periodistas de un medio de comunicación. Los errores de inteligencia prevalecieron al año siguiente en el gobierno de Lenin Moreno porque el Centro de Inteligencia Estratégica C.I.E, que reemplazó a la SENAIN, fue incapaz de alertar y prevenir para una rápida intervención y negociación pacífica en un contexto cargado de tensiones sociales. Este escenario expresaba anticipadamente una señal de alta conflictividad por la conjunción de la pobreza existente y las medidas económicas antipopulares que se adoptaron, factores que a la postre generaron la mayor protesta social de los últimos años y produjo la muerte de 8 personas e hirió a más de 1500 según informe de la Defensoría del Pueblo y distintos medios de comunicación. En este plano, resulta evidente la falta de profesionalismo de la inteligencia del CIE que no logró interpretar adecuadamente las lógicas organizativas, los discursos, la simbología y la capacidad política que tienen las organizaciones indígenas ecuatorianas. Sin duda, una ardua tarea por hacer y un llamado anticipado de atención para las nuevas autoridades sobre este déficit que involucra también a los subsistemas de inteligencia policial y militar. 

El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de El Comercio, fue el resultado de una fallida política de seguridad en la frontera con Colombia. En la foto, parientes de los dos periodistas y el conductor asesinados realizan un homenaje en el sitio donde fueron secuestrados: Mataje, provincia de Esmeraldas. Foto: Periodistas sin cadenas

El tercer ingrediente fallido está vinculado con las desacertadas decisiones sobre los programas o políticas penitenciarias. ¿Qué se ganó con eliminar el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos? Las recientes masacres y motines acontecidos en las cárceles del país demuestran que el SNAI (acrónimo del pomposo Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores) no sirve mucho, para ser realistas.

Encargado de administrar más de 60 cárceles en el país, dicha entidad se encuentra permeada por la inoperancia administrativa, carece de presupuesto adecuado y mantiene personal no calificado que se halla infiltrado por la delincuencia organizada y con evidentes muestras de corrupción en varias de sus dependencias. Por varias ocasiones ha sido declarado en estado de emergencia sin resultados concretos que evidencien la reducción de la criminalidad y se ponga orden sostenido dentro de estos centros penitenciarios; al contrario, conforme transcurre el tiempo, las cárceles constituyen un adecuado lugar para el despliegue de la actividad criminal transnacional y facilita la presencia de mafiosas agrupaciones locales que se disputan recursos, territorios y, especialmente, las cadenas logísticas y de resguardo que alimentan un fabuloso e ilegal negocio que involucra a sectores judiciales, funcionarios vinculados al control de la seguridad pública y servicios aduaneros estatales.

En este campo, vuelve a aparecer el problema de déficit de la inteligencia criminal y la discusión que podemos mantener sobre los resultados preventivos, aspecto que toca directamente a las fibras de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional que debe operar casi a ciegas porque no posee articulación con inteligencia penitenciaria, proceso bastante normal en otros países que realizan periódicamente monitoreo de sus subsistemas de inteligencia. ¿Y el CIE?, ni hablar porque a estas alturas duerme la resaca al haberse convertido en un organismo inoperante, manoseado además políticamente por los últimos gobiernos, que convirtieron a funcionarios en pesquisas de baja monta.

Existen graves aspectos adicionales que pueden sumarse a una larga lista de desaciertos en seguridad pública y déficits de programas anticriminales. Podemos empezar por la inexistente rendición de cuentas que requiere presentar la Dirección de Aviación Civil y su pasividad respecto a la presencia de pistas clandestinas a lo largo y ancho del país. Continuamos con el relativo conformismo que ha mantenido el Ministerio de Defensa en relación a la carencia de radares que deben estar armonizados con los instrumentos operativos en aeropuertos civiles y militares, situación que a la postre ha significado que las avionetas de los narcos mexicanos utilicen plantaciones y zonas cercanas a las fronteras y el litoral. Mientras esto sucede, los órganos de justicia y fiscalía tratan de zafar responsabilidades compartidas en los casos que se vislumbra corrupción y protección a diferentes actores criminales en estos últimos años; de hecho, la negativa para someterse a pruebas de control cruzado externo que incluye el análisis financiero sobre patrimonio familiar, nuclear y ampliado, sumado a la oposición de la Judicatura para que los jueces sean evaluados mediante pruebas de confianza o polígrafo, promueve, por el momento, muchas interrogantes e incertidumbres sobre la calidad de la justicia ecuatoriana.

La pista clandestina de Jama, Manabí, es más grande que la pista del aeropuerto de Loja. Foto: Policía Nacional

El cuarto componente de la receta es gravísimo y absolutamente atentatorio contra la seguridad humana del país porque involucra directamente la sustentabilidad operativa del ECU 911 y todas las capacidades técnicas que desarrolla este importante centro de monitoreo, prevención y reacción institucional para mantener el sistema integral del Ecuador.

El gobierno de L. Moreno, mirado desde la irracionalidad e improvisación que le caracteriza, tomó decisiones de política exterior y económica con consecuencias negativas para la seguridad humana y la deuda externa del país. Firmó, con los EEUU, en enero de este año, un memorándum de entendimiento con la IDFC (Corporación Financiera de Desarrollo Internacional por sus siglas en inglés) y obtuvo un préstamo escalonado de 3.500 millones de dólares. El préstamo está sometido a dos condiciones principales y otras secundarias. La primera menciona que el país se compromete a no utilizar tecnología china en las telecomunicaciones. La segunda que se requiere privatizar activos del sector público por un monto similar al préstamo otorgado por la entidad estadounidense y facilitar la inversión extranjera.

Este tipo de condicionamientos constituyen una aberración según el diario El País que en su edición digital del 5 de febrero afirma que el relacionamiento de los EEUU. hacia América Latina no debe guiarse por su política hacia China. “La noción de que los países latinoamericanos deberían utilizar solo tecnología estadounidense o europea, con resabios de la doctrina Monroe, es tan anacrónica como contraproducente. Revive los peores aspectos de la diplomacia del dólar estadounidense de principios del siglo XX". De esa manera, introducidos indirectamente en una pugna geopolítica intercontinental de resultados impredecibles, este pequeño país se ve abocado a ir desmantelando la tecnología china que funciona desde 2012 con transferencia de conocimiento de la empresa estatal CEIEC y Huawei. 

El ECU 911 funciona con 4.300 cámaras de video vigilancia y otros componentes sistémicos. Brinda cruciales servicios para la seguridad ciudadana y la prevención de delitos, constituye un soporte fundamental para la observación de fronteras, representa un instrumento vital para el monitoreo de la sismicidad y recursos hídricos, sin dejar de mencionar la articulación que realiza con el sistema de información nacional y los cuerpos de bomberos en todo el territorio ecuatoriano. En momentos de crisis y pandemia como la que estamos atravesando, el sistema integrado facilita la tarea a numerosos organismos de socorro, atención médica y despliegue operativo de la Policía Nacional y FFAA debido a la amplia cobertura tecnológica que dispone en sus instalaciones que se encuentran repartidas en varias provincias.       

El préstamo mencionado permitiría el acceso casi exclusivo de empresas estadounidenses a la expansión de tecnología 5G en CNT, la venta de las antenas de telecomunicaciones, la renovación de equipos y cámaras de vigilancia del ECU 911, entre otras acciones. ¿Qué se pretende obtener cuando se habla de desarticular el principal componente tecnológico con el que cuenta el país para su seguridad humana? La situación es confusa porque más allá del discurso montado sobre la privatización de las entidades públicas ineficientes, ¿se ha pensado en las consecuencias inmediatas de estas acciones en la seguridad pública y humana del país?

De cumpirse las condiciones del préstamo otorgado por el organismo estadounidense IDFC, Ecuador deberá desmontar la tecnología china que hace funcionar el sistema del ECU 911. Foto: PlanV

No se trata de cambiar unas centenas de cámaras de videovigilancia de una marca por otra. El sistema integrado acopla diferentes tecnologías y con el paso del tiempo ha cobrado importancia estratégica por armonizar sinergias institucionales difíciles de conseguir. Las decisiones políticas tomadas para concretar los proyectos de “monetización”, eufemismo discursivo para denominar a las privatizaciones, vulnerarán la sustentabilidad técnica e impactará negativamente en la seguridad pública y humana del Ecuador. Dejarán —en un corto tiempo con estos desaciertos e irracionalidades—, ciegas, mudas y sordas a un conjunto de instituciones que dependen del ECU 911 para realizar su trabajo y brindar protección a la población. Imaginémonos escenarios indeseables donde la fiscalía no pueda obtener pruebas visuales, otro en el que Policía Nacional este limitada para rastrear y obtener trazabilidad sobre la delincuencia organizada, uno adicional donde la Aduana se encuentre sin ojos en los diferentes repartos donde trabaja, y uno complementario que pondrá a las FFAA atadas de manos cuando existan inundaciones o terremotos porque no existirá capacidad digital interconectada para atender las situaciones de riesgo y emergencia nacional.

No se trata de ser negativo o pesimista. La situación está advertida. Es muy probable que el elegido Presidente G. Lasso, el Almirante (r) F. Donoso que estará al frente del Ministerio de Defensa y el Sr. C. Monge a cargo de la cartera de Gobierno, asumirán profesionalmente estos posibles escenarios y trabajarán arduamente para minimizar las consecuencias perversas de la irracionalidad política que nos hereda el impopular gobierno saliente.