El 19 de julio de este año, los representantes de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Insumos Médicos, Asedim, alertaron a las autoridades de Salud, a la dirección de la Arcsa (Agencia de Regulación y Control Sanitario) y a la directora del Sercop que el 48% de los 898 proveedores adjudicados en 6448 procesos de compra de insumos y dispositivos médicos, en el periodo 2016 a 2018, no tenían permiso de funcionamiento, de acuerdo a los requisitos de la Arcsa.

Pero eso no era lo peor: de los 433 proveedores sin licenciamiento como establecimiento farmacéutico, el 64% correspondía a personas naturales; es decir, 275 personas habían ganado procesos, en el Sercob, sin cumplir con la Ley Orgánica de Salud y la Ley Orgánica del Sistema de Compras Públicas y las normas secundarias de control sanitario. 

Todo proveedor de la Red Pública Integral de Salud, RPIS, tiene la obligación de cumplir los requisitos técnico-sanitarios para comercializar bienes y participar en todo proceso de contratación pública de medicamentos, dispositivos médicos, insumos médicos, productos dentales, reactivos bioquímicos y de diagnóstico, dijo la Asociación en la carta enviada a las autoridades el 19 de julio.  El gremio llegó a estas conclusiones al cruzar la información del Sercop sobre procesos adjudicados versus la base de permisos de funcionamiento del Arcsa.

En ese periodo el Estado adquirió un aproximado de USD 72 millones en insumos y dispositivos médicos a través del Sercop. El 99% de 3100 productos enlistados fue importado y, por tanto, su acodicionamiento en el país fue autorizado desde enero del 2017 siempre y cuando se lo realice mediante la certificación de buenas prácticas de almacenamiento, lo cual, según la Asociación, no está siendo tomado en cuenta por las instituciones públicas al momento de la compra de dispositivos médicos. "La falta de coordinación simultánea en mecanismos de control entre las instituciones públicas está generando la posibilidad de entrega de productos falsos o de contrabando, lo cual pone en riesgo la salud y la seguridad de los ecuatorianos", advirtieron los agremiados. 

Los dardos apuntan sobre todo a la gestión del Servición de Contratación Pública, por cuanto se pide que establezca como requisitos, para los proveedores de dispositivos médicos y servicios de salud, en los pliegos que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las normas sanitarias, con especial atención en poseer el permiso de funcionamiento vigente, certificación de buenas prácticas de almacenamiento y transporte y los registros sanitarios respectivos. 

El gremio ha insistido sobre el tema, desde que en una carta a las mismas autoridades sanitarias, de septiembre del 2017, hace dos años ya, denunció un caso de falsificación de un reactivo en el Hospital Regional Docente de la ciudad de Ambato. Se trataba de un test para la realización de pruebas de uroanálisis manual, de marca Combur Test, de la multinacional farmacéutica Roche.

El hecho es que la jefetura del laboratorio clínico de dicho hospital regional alertó al distribuidorautorizado de la firma en Ambato. Luego del análisis respectivo, se determino que el producto era falsificado, pues no cumplía ninguno de los 11 parámetros de calidad y menos tenía un inserto o manual de uso dentro del envase.  Al cruzar con información con el número de lote, la sorpresa fue que ese producto falso había sido entregado por un proveedor que había ganado el proceso de subasta inversa que se dio en la institución sanitaria para la adquisición de varios productos, pero que este proveedor no era autorizado por la farmacéutica.

Una comunicación de octubre de ese mismo año, alertaba que, de acuerdo a un análisis de información reportada por el Sercop, se evidenció que más del 70% de los procesos de adquisición de dispositivos médicos, incumos médicos, productos dentales, reactivos bioquímicos y de diagnóstico, se habrían realizado con proveedores que no contaban con el correspondiente permiso de funcionamiento ni certificados de buenas practicas, distribución y transporte. 

Frente a esta denuncia, el Ministerio de Salud respondió que correspondía a cada entidad contratante solicitar los requisitos mínimos técnico-sanitarios para comercializar estos bienes y participar en todo proceso de contratación pública que contemple la adquisición de estos insumos.