Bajo el suelo de Íntag se esconde un tesoro. El Gobierno de Rafael Correa puso los ojos en Cotacachi (Imbabura), donde un yacimiento de cobre y molibdeno consolidaría el “potencial geológico” de Ecuador. Las acciones para confirmar esa ‘riqueza’ se emprendieron a inicios del 2015 y un año después los resultados se dividen entre promesas y reclamos.

Sobre el suelo de Íntag existe un tesoro. En la zona donde actualmente se desarrollan tareas de exploración, previo a la extracción minera, se levanta El Chontal. Se trata de un bosque protector primario, en donde se alojan dos de los 34 puntos biológicos más importantes del planeta. De concretarse el proyecto Llurimagua de minería a gran escala, 12 especies de mamíferos, como jaguar, oso de anteojo, tapir de montaña, mono ‘cabeci-café’;  y aves en peligro de extinción se verían afectados. Por su riqueza ecológica, el lugar funciona desde 1998 como una reserva en donde se desarrolla turismo ecológico, actividad que hoy en día está perjudicada por la presencia, según los activistas, de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami) y la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco).

Estas instalaciones comunitarias, construidas para turismo, fueron ocupadas por empleados de la Emami y la subsidiaria ecuatoriana de Codelco en el Ecuador.

El pasado 7 de enero a través de un boletín publicado en la web de la Enami se anunció la finalización de la primera fase de exploración. De acuerdo al artículo, se realizaron 15 092 metros de sondajes, repartidos en 12 pozos. De allí se extrajeron muestras de rocas para analizarlas en laboratorios para proceder próximamente con la explotación.

Carlos Zorrilla es experto en temas de minería y además dirigente de la organización Defensa y Conservación Ecológica de Íntag, (Decoin). El activista explica que desde el ingreso de los equipos y perforadoras de la alianza Enami-Codelco, en febrero de 2015, ocurren una serie de violaciones y atropellos que atentan contra el medio ambiente y los habitantes de las comunidades aledañas a Íntag. “Lo primero que se dio fue una invasión en los territorios comunitarios, en el bosque manejado para turismo. También tapearon y destruyeron senderos, con lo cual es casi imposible que los turistas ingresen. Cuando empezaron las perforaciones, metieron diésel, y sustancias químicas que se usan para lubricar las perforadoras”, sostiene.

Al respecto, William Sacher, investigador de minería a gran escala, señala que cualquier tipo de exploración minera tiene un conjunto de impactos. En el caso de Íntag donde las actividades se desarrollan en lo que fuera una reserva comunitaria dotada de riqueza ecológica y turística, los impactos aumentan. Según el también académico de la Flacso y Universidad Central, en Ecuador el problema es que no hay ejemplos de minería a gran escala, y en particular a cielo abierto, como se avizora será el proyecto Llurimagua.

En la zona es evidente la presencia de desechos debidos a las tareas de prospección que realiza la minera chilena. 

“En Ecuador, la minería todavía se asocia a la de socavón, a la antigua, con vela… y no tiene nada que ver. Es un conjunto de intervenciones en un territorio. Es difícil transmitir la violencia y la magnitud de la destrucción que la minería a gran escala implica”, indica Sacher. Él y Zorrilla coinciden en que en este tipo de extractivismo los impactos sociales y su carácter dramático se expresan antes que los medioambientales.

La conflictividad es uno de los primeros fenómenos sociales que resulta de esa intervención. El académico lo atribuye a la presencia de un actor foráneo, la empresa transnacional, que llega al territorio con una manera distinta de entenderlo, así como a la naturaleza y el concepto de bienestar. Paralelamente, impone un proyecto que implica transformación del espacio y su tejido social. Esa presencia genera incertidumbre y cuestionamientos.

Este es un de los senderos utilizados por los turistas que visitaban el bosque comunitario.

“Íntag se ha caracterizado por ser una zona tranquila, de gente buena, acogedora y pacífica. He visto un cambio en los valores”, reconoce el vocero de Decoin. En su opinión, antes la familia y la comunidad tenían más valor que lo material. “Ahora, gracias a una política agresiva de las empresas y el Gobierno se los pinta como pobres y se alega que la minería les sacará de esa situación, lo cual es falso”, enfatiza Zorrilla.

Para la realización de este artículo se solicitó una entrevista con un vocero de la Enami. El requerimiento, hasta la publicación de la nota, no tuvo respuesta. En ese sentido, de acuerdo a la información disponible en la web de la Empresa Nacional Minera, 3.4 millones de dólares se invertirán anualmente en el proyecto Llurimagua. Además, se expone que Ecuador Estratégico invertirá 5.645,773 millones de dólares en el “desarrollo de Íntag”. El dinero se distribuirá en una unidad educativa del milenio, centros de salud, UPC, sistemas de agua potable y electrificación.

William Sacher considera que el debate en torno al concepto “desarrollo” responde a una política modernizadora que deslegitima las formas de vida y organización social que salen del sistema capitalista.

Para el experto, el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha puesto todo el aparato del Estado al servicio de la empresa minera y sus intereses. Eso implica el uso de la fuerza pública. “La presencia policial tiene un impacto sobre la población. Genera incertidumbre, angustia, miedo, depresión… La sensación de amenaza torna muy difícil la vida”, comenta. Esta estrategia es una suerte de disciplinamiento social, previo a la explotación. Un ejemplo de ello es el encarcelamiento en mayo de 2014 de Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín, tras un enfrentamiento entre funcionario de la Enami y los pobladores que intentaron frenar el ingreso de los funcionarios a la zona.

Varios árboles milenarios han sido talados para construir plataformas y campamentos mineros, pero los permisos prohiben la tala de vegetación mayor a 10 cm de diámetro.

Carlos Zorrilla sostiene que cada vez que hay un aumento de la actividad de exploración en el área hay una reacción desde la comunidad. “El turismo comunitario está impactado por la presencia de las empresas, se meten a la fuerza, dañan los caminos. Llegan turistas y los funcionarios exigen que se registren. Ellos (trabajadores Enami- Codelco) ingresan a la fuerza, alegando que los papeles no están en regla. A veces no permiten que los pobladores entren a su bosque”, denuncia el activista.

Los impactos sociales son los primeros en evidenciarse, pues suceden antes de que se concrete la explotación. No obstante, durante la fase de exploración sí hay huellas ambientales que perjudican a los distintos ecosistemas.

Caminos dentro del bosque utilizados por la empresa y sus trabajadores sin permiso de la comunidad, afectando al turismo.

En este contexto, es preciso aclarar que la zona de extracción correspondiente al proyecto Llurimagua ha sido intervenida, esporádicamente, desde hace 20 años. La japonesa Bishimetal Exploration Company fue la primera en explorar el área, en los 90. Actualmente hay pozos de aquella época que no fueron sellados correctamente y desde donde brota agua contaminada.

Según Zorrilla, se analizó el líquido de esas perforaciones y contenía arsénico. “Todo el subsuelo de Llurimagua está contaminado”, reclama. El activista añade que los operarios de Codelco y Enami talaron bosques primarios, milenarios, para armar los campamentos con esa madera. Dicha actividad, en sus palabras, está prohibida.

Como investigador, Sacher reconoce que referirse a la contaminación de las aguas es complicado. Sucede que en Ecuador no hay datos históricos que permitan construir una línea base para evaluar en qué medida la intervención actual transforma la calidad del medio ambiente y todos sus componentes en relación al pasado.

En la fase de exploración, la contaminación se produce porque se realizan perforaciones a profundidad, que pueden arrojar o no información relevante. El proceso implica una conexión de redes subterráneas mediante acuíferos que pueden hacer contacto con rocas cargadas de metales pesados, azufre, y degenerar en contaminantes.

En los 90 Bishimetal elaboró un estudio de impacto ambiental en la zona. El análisis indica que realizando la extracción en una mina de 450 000 toneladas de cobre puro habría deforestación masiva e incluso desertificación en el área. Codelco, la primera productora de cobre a escala mundial, pretende ratificar un depósito de 2.260,000 toneladas de cobre puro incrustado en 318 millones de toneladas de subsuelo… “Esto es un crimen contra la naturaleza”, sentencia Zorrilla.

Esta vertiente de agua, resultado de la prospección, no fue sellada sino hasta enero de 2016. 

La Enami promociona su presencia en Íntag, a través del proyecto Llurimagua, como una fuente de ingresos para los pobladores y una actividad complementaria a la agricultura y el turismo. También acotan que durante la fase de exploración usa tecnologías amigables que no tienen impactos negativos en el ambiente, pues no requieren de sustancias químicas.

Zorrilla y Sacher no coinciden en la promoción de la Enami. Ambos concluyen que no hay minería que no devaste el ambiente.