Siete ecuatorianos, habitantes y dirigentes de la zona de Intag, llegaron a Chile para denunciar las actividades de la empresa estatal Codelco. La estatal minera chilena, junto con la Empresa Minera ecuatoriana, Enami, llevan adelante un proyecto conjunto, Llurimagua, en Imbabura. Las comunidades se han opuesto radicalmente a la explotación minera. Uno de sus dirigentes, Jaime Ramírez, está detenido acusado de “terrorismo” y su hermano Víctor Hugo está en la clandestinidad. En Intag hay un estado de sitio “extraoficial”. Los dos dirigentes fueron denunciados por una agresión a dos funcionarios de la estatal minera, en el contexto de la resistencia en contra del Estado.

En la delegación que llegó a Santiago estuvieron el alcalde de Cotacachi, el Jefe de Comunicaciones del Municipio, una dirigente de la comunidad afectada por el proyecto, la madre de Jaime Ramírez, el vicepresidente de la comunidad y una dirigente de Acción Ecológica de Ecuador.

La agenda incluyó reuniones con trabajadores de Codelco, parlamentarios, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Comunidades impactadas por la megaminería en el Valle de Aconcagua, foros públicos y otras actividades, como la entrega de una carta con 100 000 firmas a las oficinas de Codelco, luego de que la minera se negara a recibir a la delegación.

El martes 4 de noviembre, la delegación mantuvo una reunión en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde los inteños denunciaron la violación a los derechos humanos “cometidos por la minera estatal chilena”. Además, con la Federación de Trabajadores del Cobre (trabajadores de Codelco) y con la Confederación de Trabajadores del Cobre (trabajadores contratistas) donde se contextualizó la relación que se ha tenido con la empresa.

La delegación también se reunió con diputados chilenos, los cuales resolvieron enviar una carta a las autoridades ecuatorianas y chilenas sobre lo que está pasando en la comunidad de Intag.

Este fue el último de los cabildeos de los dirigentes de la comunidad, como un acto de resistencia frente a la intervención, no consultada aseguran ellos, de las dos empresas estatales en su territorio.

Una historia de resistencia

La zona de Intag, Imbabura, tiene una lucha histórica contra el extractivismo. Intag es una zona megadiversa de la provincia de Imbabura presionada por la minería metálica desde 1995. Cuenta con unas 72 comunidades divididas en siete parroquias, una del cantón Otavalo y siete del cantón Cotacachi; está catalogada entre los 36 hotspot ecológicos en el mundo (territorio donde hay especial concentración de biodiversidad) y tiene en sus entrañas las más importantes fuentes de agua de la región. La resistencia del pueblo de Intag contra la minería no es improvisada, "ha sido producto de la toma de conciencia de su gente en la defensa de su patrimonio natural y la conservación de su modo de vida, que desde hace mucho antes se fundó en el Sumak Kawsay", señalan sus dirigentes. Una Intag asediada por las empresas transnacionales mineras y militarizada por el mismo Estado es el escenario de las historias que cuentan sus habitantes, pero lo férreo de su organización ha hecho que muchas veces sean catalogados como territorio impenetrable. Eso hoy está en juego.

Después de haber vencido a la gigante BishiMetals, en 1997, y a Ascendant Copper en el 2008 y lograr la retirada de sus proyectos para la extracción de cobre en la zona, hoy nuevamente enfrentan al propio Estado, a través de Enami-Codelco (esta última empresa estatal chilena). La población sigue alerta ante esta “nueva amenaza extractivista”.

En todo este proceso de resistencia, el Gobierno no ha dudado en perseguir a los dirigentes, los cuales evitan que sus proyectos de desarrollo con la explotación de los recursos mineros se pongan en marcha. Y le tocó el turno a Javier Ramírez, presidente de la Comunidad de Junín, acusado de rebelión y sabotaje por supuestamente agredir a un técnico de  Empresa Nacional Minera, Enami, para evitar que el equipo de la empresa ingresara al proyecto minero Llurimagua.

Las pruebas que demostraban que el dirigente no estuvo en el lugar del delito, el 8 de abril de 2014, no fueron acogidas. El 9 de abril, Ramírez fue tomado preso luego de una reunión con el ministro del Interior, José Serrano, y hoy permanece en el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra cumpliendo prisión preventiva. No se le ha acusado formalmente de ningún delito y sigue preso; incluso la jueza Nubia Cerón extendió a otro mes la prisión preventiva para "completar las investigaciones".

En las oficinas de Acción Ecológica, se organizó una venta de garaje en solidaridad con Javier Ramírez. 

La impotencia de los amigos y familiares de Javier Ramírez hoy se traduce en solidaridad en todas sus expresiones. Una muestra se dio en el local de Acción Ecológica, en Quito: libros, ropa adornos, juguetes y colada morada donados por quienes menos tienen, llenaron el garaje para ser vendidos. Los estantes estaban cargados de donaciones y de esperanza de las mujeres amigas de los presos que ordenaban los textos donados como si fueran un juego de dominó. Los organizadores de esta minga están estrechamente relacionados con las comunidades de Intag. Ellos han experimentado la convivencia con la selva, han admirado sus paisajes y disfrutado de todas sus especies. La estrechez es símbolo de una causa compartida, de la defensa de los proyectos alternativos y sustentables de desarrollo, como el ecoturismo, la exportación de café o la aspiración de construir pequeñas hidroeléctricas adaptadas al ecosistema para no producir impacto absoluto. En Quito, el jueves 30 de octubre, se unieron las manos para respaldar a Javier Ramírez en su encierro.

Otro acto de apoyo al dirigente, acusado de sabotaje y terrorismo por el Gobierno. 

Javier Ramírez fue apresado sin orden de prisión e incomunicado durante siete horas. Durante este lapso, funcionarios del Estado, con su aparataje policial y civil estuvieron buscando, en la zona de Junín, pruebas para inculpar a Ramírez. Pero su esfuerzo fue infructuoso. Según la declaración juramentada de su médico, el dirigente estuvo en cama afectado de su rodilla por un accidente de motocicleta, el mismo día del supuesto incidente con el funcionario de la Enami. Y como si el compromiso por la defensa de Intag fuese una cuestión de heredad generacional, Víctor Hugo, el hermano de Javier, también está con orden de captura desde abril del 2014, por el delito de rebelión. Victor Hugo está clandestino en el bosque para evitar otro dolor a su madre, Rosario Piedra, quien recuerda que hace casi 20 años mataron a su esposo durante los primeros conflictos contra la minería.

Los miembros de la comunidad se oponen a un proyecto de extracción de recursos naturales en la región.

Ramírez sigue preso en Ibarra, mediante una extensión de la prisión preventiva por considerarlo “peligroso para la sociedad”, según la jueza Cerón. Tiene a sus cuatro hijos y  a su esposa en la más cruda desesperanza en los campos de Junín. Él llegó a una celda de 9 x 27 metros, junto con otros 140 reos. La celda tiene un 300% de sobrepoblación carcelaria, cuando el límite máximo es de 120%, según el Comité Europeo para los Problemas Criminales. Unos comparten cambuches, otros duermen en ratoneras o se instalan en las duchas y baños, y todos contemplan su libertad pasar por el otro lado de los barrotes.

Su abogado Ramiro Román recuerda que la tradición de décadas en Intag ha sido de rebelión en contra de la minería a gran escala. La detención de Ramírez se dio cuando los dirigentes de Intag fueron invitados a una reunión en el Ministerio del Interior. Se realiza la entrevista entre el ministro José Serrano y Polibio Pérez, que es el dirigente de la zona de Junín, y regresa para la población de García Moreno. Retornaban en un bus por la zona de Nanegalito y son interceptados ahí. La Policía pidió papeles y detuvieron a los dirigentes, entre ellos Pérez  y Ramírez. Solo este último es retenido y finalmente trasladado a Ibarra, donde se le hace firmar unos papeles para legalizar la detención.

Ramírez vive en Junín con su familia. El proceso en su contra, dice su abogado, es una forma de control social utilizando el derecho penal. Los cargos fueron un ataque a funcionarios públicos que estaban haciendo la socialización del proyecto minero en Intag. "Primero hicieron rendir versiones a algunas personas y uno de los supuestamente atacados dijo que nunca vio quiénes eran. Pero luego hacen una diligencia de identificación y la misma persona lo reconoció", dice Román. Contra el dirigente también apareció una supuesta acusación particular, que fue aceptado a trámite por un juzgado de Ibarra.

La Policía Judicial dijo que iba a a hacer una investigación del hecho, cuenta Román. Al final solo quedaron acusados los dos hermanos Ramírez. "El problema es que se plantea el delito de rebelión. Lo que se ve como una constante en estos casos es el uso de la flagrancia, del procedimiento directo, y el cambio de culpabilidad, los tipos penales, y eso no pueden hacer. Se cambia de cómplices a coautores, y en este país pasa cualquier cosa. Si no hay justicia en este país debemos dar una presencia internacional. Nuestros jueces están controlados por el Consejo de la Judicatura que tiene un asidero en Projusticia y por tanto tienen un cambio de posiciones en la política criminal en las cárceles; ahora se restringen las visitas; en el caso de Javier, luego de una audiencia y una marcha de apoyo fue trasladado y agravada su situación en la cárcel", señala Román.

En la mayoría de procesos, agrega el abogado, el fiscal dice una cosa y el juez cumple a rajatabla. El juez hace lo que el fiscal dice. Eso quiere decir que institucionalmente todo está relacionado para reprimir. Si se habla de un delito de rebelión, continúa Román, que supuestamente es contra funcionarios, estamos protegiendo la explotación a todo nivel. Esto se aplica contra campesinos básicamente. Javier Ramirez es un agricultor pobre, un campesino.

"No creo que los abogados o los ecuatorianos tenemos que callarnos. Voy a ser frontal: en un estado de represión que se vive, un sistema en el cual la Fiscalía hace lo que hacía el fiscal de Stalin, donde se ubica al Estado como un instrumento de represión y el fiscal hace cualquier cosa: el fiscal es el que pide, el que controla todo un esquema de represión. En el 2008 Ecuador hizo eso, dio toda la potestad investigativa y acusatoria al fiscal. En esas condiciones, el juez termina controlado. Estamos dejando en indefensión a las personas. Se expanden los procesos, se hacen las vinculaciones que quiere el fiscal, los jueces asumen las vinculaciones. El proceso no da capacidad de razonamiento al juez. El fiscal puede reapertura de la instrucción fiscal, puede cambiar de tipos penales, culpabilidades y el juez tiene que acatar. Antes no se hacía eso", dice Román.

En el caso de Ramírez, todos los pedidos de sustitución de prisión por medidas han sido negados. Se dice que hizo un delito grave que atañe a la sociedad. Ramiro Román considera que el delito de desacado lo hicieron "para  la protección del poder fascista, como fue Enrico Ferri, que lo hizo para Mussolini y nosotros lo copiamos textualmente. El Código Orgánico Integral Penal, COIP, la copia es textual, y no solo este artículo fascista, sino en el plano de la protección del poder, donde aparece el terrorismo; incluso se copian decretos supremos del general Rodríguez Lara".

A la defensa de Ramírez le preocupa que, en vista de que se hacen constantes cambios al tipo penal, incluso en las audiencias, la Fiscalía tenga bajo la manga algunas cosas para acusar a los campesinos de Intag,

Los cuestionamientos al Estudio de Impacto Ambiental

¿Cuál es la razón de la lucha en contra de la minería en Intag? Son aproximadamente 30 años en que la zona ha contribuido con la materia prima de sus minas de caliza para la fabricación del cemento Selva Alegre, el prometido crecimiento todavía no aterriza en sus tierras, dicen los dirigentes. Con la minería a gran escala todo su ecosistema está amenazado, su modo de vida adaptado a las dádivas de las empresas y a los antojos del Estado que no redistribuye la riqueza con las comunidades.

El 7 de octubre de este año, la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi exigió la suspensión de exploración avanzada, al mostrar lo que han considerado incongruencias en el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo para el proyecto minero Llurimagua, ubicado en la zona de Intag. La petición de la organización radica en que la empresa consultora responsable del Estudio, Cardo Entrix, juntamente con la Enami y Codelco de Chile, respondan a los comentarios y corrijan los errores que fueron identificados. El EIA (Estudio de Impacto Ambiental) es un documento de 1000 hojas entregado de forma tardía a los moradores. Aproximadamente tuvieron 15 días para analizar el Estudio, pero los expertos coincidieron que hubo omisión de información e inexactitud de los datos. El alto impacto del proyecto Llurimagua empieza en la etapa de exploración avanzada, que fue catalogada en Categoría IV.

En los ríos de la zona es posible ver ya  muestras de contaminación como esta. El estudio de impacto ambiental fue ignorado. 

Los moradores afectados reclaman que no se los ha consultado sobre la intrusión de la actividad minera. El lugar donde la empresa chilena, Codelco, tiene planificado realizar la exploración es bosque primario. El EIA lo categoriza como secundario. Los técnicos que realizaron el Estudio omitieron la existencia del área protegida municipal Área Natural Toisán, de 18000 hectáreas, la cual abarca la totalidad de la concesión minera; la actividad minera está prohibida en esta área. Jamás hubo un estudio riguroso sobre el impacto sobre el turismo en Intag, que es una de las actividades económicas indispensables de la zona, en especial la afectación sobre el proyecto de turismo comunitario EcoJuni, señalan los dirigentes.

El punto más preocupante es el meteorológico; el clima podría secarse por la deforestación. Por otro lado, las muestras que se tomaron para estudiar el comportamiento de quebradas para el EIA, son de una época seca del año y no contaron con el análisis exhaustivo de años que requiere este tipo de estudios.

Según la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, los efectos contaminantes del agua serían alarmantes. Cada taladro utilizará aproximadamente 53.000 litros de agua al día pero el Estudio Ambiental no especifica las quebradas que serán utilizadas. Los tanques de almacenamiento también son insuficientes para retener los residuos y desechos provenientes de los taladros, o las aguas que podrían aflorar de los cuerpos freáticos al ser perforados, aguas que podrían estar contaminadas con metales pesados.

En un artículo de Alberto Acosta, en el portal La Línea de Fuego, se expone  la oposición al proyecto de la Cooperación Japonesa y la Japan Metal Mining, que se basó en el estudio de impacto ambiental realizado en 1996, junto al Estado ecuatoriano. En la cordillera de Toisán, Íntag, según los japoneses, el cobre vendría acompañado de altos niveles de plomo, arsénico y cadmio. El nivel de los dos primeros metales pesados, por efecto de la extracción del mineral, aumentaría en un 10000% y el del cadmio en un 4000%. También se registrarían altos niveles de cromo (1600%) y nitratos (800%).

La riqueza biológica de Intag está amenazada según sus defensores. Expertos afirman que existe gran abundancia de anfibios, pero las empresas no tienen ningún plan de contingencia para proteger a las especies endémicas.

La Empresa estatal ecuatoriana, de su parte, sostiene que el proyecto Llurimagua, en su fase de exploración avanzada, no afectará a las zonas pobladas ni existirá ningún tipo de reubicación de los habitantes de la zona. Cabe recalcar, señalan los técnicos estatales, que la legislación actual dictamina estándares y estudios de impactos ambientales mucho más rigurosos, garantizando que los impactos al ambiente sean controlados o evitados. Aproximadamente, uno de cada mil proyectos de exploración llega a convertirse en una mina productiva.

El gobierno ha ofrecido también que Ecuador Estratégico realizará una inversión por USD 5’645.773 para el desarrollo de Íntag, destinados para la construcción de una Unidad del Milenio, Centros de Salud tipo A, una unidad de policía comunitaria, sistemas de agua potable y electrificación.

La información oficial completa del proyecto puede verse aquí.

Al respecto, la postura del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, se hizo escuchar. Mediante un comunicado dirigido al presidente de la República, Rafael Correa, la entidad afirmó que “el proyecto minero en Llurimagua, utilizará grandes cantidades de agua y provocará su contaminación y acidificación así como la destrucción de sus nacientes”.

La organización considera legítimo el derecho de las comunidades de defender la naturaleza y de resistir ante la intromisión de la minería en sus territorios. Ramiro Román recuerda que, si bien estos códigos son principios de legalidad, no están por encima de los convenios firmados por el Estado ecuatoriano en torno a la garantía y defensa de los derechos humanos.

Reflexionamos cómo la minería contamina primero el alma humana...

El activista Carlos Zorrilla, relata la visita que hizo a la cárcel de Ibarra. 

Ahora Javier Ramírez enfrenta el juicio por rebelión con estoicismo. Carlos Zorrilla, uno de los activistas más connotados en contra de la gran minería, relata su experiencia de visitarlo en la prisión de Ibarra, este viernes 7 de noviembre.

"Pongo el despertador para las cinco de la mañana pero a las cuatro y media ya estoy despierto.  Después de varias tazas de café, pan con queso, y de chequear los correos y noticias, salgo de mi casa a las seis y quince para alcanzar el bus de las siete de la mañana en dirección a Otavalo. El bus se atrasa un poco, así que el apuro con el cual caminé los cuarenta y cinco minutos hasta Santa Rosa fue de gana.  Al entrar al bus, me saluda Julio Espinosa, quien tiene un asiento reservado; él se ofreció a acompañarme a visitar a Javier Ramírez.  De Otavalo, tomamos otro bus a Ibarra, y un taxi hasta la cárcel (me cuesta llamarla centro de rehabilitación, porque sería mentir).

"Al entrar a su celda, la primera impresión es su sonrisa al vernos llegar. Vemos también a su esposa, Iliana Torres quien lo visita todas las semanas, y a su prima Norma.  Nos abraza a Julio y a mi y nos da la bienvenida. Despues de saludar a Iliana y a Norma , le entrego el diario El Comercio y le regalo dos libros para que se entretenga: el Derecho al Tambor, de Judith Kimberly (caso Restrepo), y Zoom, un libro de cuentos de la autora Gabriela Alemán. Nos sentamos en cajones de madera donde los reos guardan su pocas pertenencias, y contra reloj, pues solo tenemos una hora y media antes de tener que salir, conversamos sin parar actualizándonos de la situación relacionada con la minería.

"Hablamos también de su vida en la celda, compartida en estos momentos con otros 119 reos; la mayoría de los cuales duermen en "esponjas" en el suelo.  Lo primero es contarle las últimas noticias sobre la expedición de su madre, doña Rosario Piedra, su prima y reconocida activista Marcia Ramírez, y el presidente encargado de la comunidad de Junín, Lauro Lucero, a Chile, juntamente con el Alcalde de Cotacachi.  El viaje, digo en resumen, fue un éxito total (el regreso del grupo fue este sábado 8 de noviembre) y le cuento sobre las reuniones que tuvieron con la Comisión de Derechos Humanos en el Senado Chileno, al igual que con el Ministerio de Minas de Chile, funcionarios de Codelco,  y el Sindicato de Trabajadores del Cobre, quienes expresaron su sorpresa de lo que estaba pasando en relación a la presencia de Codelco en el Ecuador. Expresaron su total solidaridad con la familia Ramírez al mismo tiempo que rechazaron los atropellos en contra de Javier y las comunidades inteñas, a raíz del arresto y detención ilegítima de Javier Ramírez el 10 de abril. 

"Con Javier, en la cárcel, reflexionamos sobre la triste realidad de cómo la minería contamina el alma humana, como algunos íntimos amigos de Javier, mucho antes de que percibir la contaminación ambiental.  Nombra con tristeza a algunos amigos que se vendieron personalmente y vendieron a la comunidad por un sueldo de la Enami.  Hablamos de los intentos de las empresas de presionarlo para que negocie con la promesa de que será puesto en libertad, si es que ayuda a que la comunidad acepte la minería... Lo que me dice, con toda su impactante humildad, es que si sale del la cárcel, será como el hombre inocente que es, y que no quiere oír hablar de negociaciones de ninguna clase. La lucha sigue, dice y punto. 

"Al mismo tiempo que se siente indignado y agotado por los más de 210 días en la cárcel sin motivo, no desmaya en luchar por los principios que ha sustentado la resistencia en Intag.  Reconoce que le han robado una parte muy valiosa de su vida. Por un instante, cómo no va a ser, noto un profundo resentimiento, ira tal vez, contra todo el sistema corrupto jurídico que lo tiene privado de su libertad y alejado de sus cuatro hijos menores de edad y su esposa; ira contra las empresas mineras chilena y ecuatoriana, y el  verdadero actor quien esta detrás de todo: el gobierno de Rafael Correa, la codicia de unos pocos y la maldita minería que ha envenenado a comunidades enteras antes de que se explote una sola libra de cobre. 

"Cuando Julio menciona que trajo de Intag pepas de tagua, que alguien dijo que Javier necesitaba, él se alegra de pronto; Javier se levanta y corre en busca de unas pequeñas figuras en forma de pato que hace poco aprendió a tallar gracias a un amigo que comparte su celda. Me siento muy honrado cuando me regala la primera escultura que talló, y nos muestra otras que está cerca de terminar.  Se anima mucho con el trabajo, que es realmente de alta calidad, en especial porque nunca lo había hecho antes.  Le digo que haga todos los que pueda, que en la Casa Intag, en Otavalo, los vamos a vender.

"Conversamos de la mejor forma de que su esposa pueda entrar a la celda con la tagua, ya que la policía no deja pasar absolutamente nada además de la cédula del visitante, libros y revistas. Ella dice que como esposa tiene más libertad para entrar otras cosas, y que no lo ve tan difícil. Hacia el final, conversamos sobre la difícil situación jurídica que se encuentra con una jueza que parece que responde a órdenes para que no salga en libertad, y también comentamos la ausencia del principal abogado defensor, Ramiro Román, quien faltó a la última audiencia donde se ratificó el inicio de juicio por rebelión (recién después de siete meses) . Le sugiero que lea la parte del Código Orgánico Integral Penal que trata ese delito para que esté más capacitado sobre su situación y pueda ser más activo en el juicio.  Quedamos que Iliana se lo traiga al siguiente día, junto a las pepas de Tagua.

Antes de irnos le preguntamos qué podemos hacer por él, y se muestra muy preocupado por la situación económica de su familia. Además de Iliana y sus cuatro hijos, en la casa se encuentra la prima de Javier, Norma y su hija. Julio y yo nos comprometemos para seguir buscando apoyo de donde sea.

"Ya cerca de las doce del día no despedimos para que Javier esté un poco más de tiempo con su esposa y prima. Le doy mi teléfono de nuevo (lo había perdido) para estar más en contacto.

"Fue mi segunda visita. Al igual que la primera, genera poderosos sentimientos, a la vez que conmueve la dignidad de Javier y conmueve también su humildad, su perseverancia ante semejante injusticia y atropellos a sus derechos. De modo ineludible, la actitud de Javier inspira a cualquiera, pero a la misma vez salgo de ahí más indignado por todo esto, y mucho más motivado que antes para seguir luchando contra el sistema que lo tiene privado de su libertad sin iniciar juicio alguno por tanto tiempo. Me empuja a buscar y encontrar nuevas formas de resistencia, de denuncia de este régimen que encarcela por defender derechos consagrados en la Constitución y tan enraizados en este noble pueblo llamado Intag".