La denuncia por desaparición del joven gay quiteño Jean R, de 27 años de edad, presentada en la Fiscalía el pasado 25 de abril por una amiga cercana, movilizó a la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asfadec) y a organizaciones del activismo LGBTQ+ como Diálogo Diverso.

En su testimonio en video publicado en redes sociales, Jean R, destacó que el 19 de abril de 2023 fue llevado contra su voluntad a un lugar en donde se le dijo que "sus males provienen de su orientación sexual". Ahí estuvo hasta el 27 de abril, cuando fue rescatado en un operativo de la Fiscalía y la policía. 

El joven dijo que su familia, que tiene sus documentos y objetos personales, se tomó su nombre sin su consentimiento, para "encubrir el secuestro que sufrí". Habló también de que su desaparición "está siendo investigada por autoridades competentes".

Según relataron sus amigos y pareja, el joven, quien vivía con sus padres al norte de Quito, había ido a retirar sus cosas de la casa de sus progenitores, pues pensaba independizarse, cuando fue llevado a la fuerza a una clínica de tratamiento de adicciones ubicada en Cotacachi, Imbabura. El joven describió el caso como un secuestro realizado contra su voluntad. 

Por lo menos cuatro personas se llevaron a la fuerza al muchacho, según relataron sus amigos, por lo que Asfadec activó su protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas, presentaron en sus redes un cartel en donde se lo declaraba desaparecido. Paralelamente, la amiga del joven presentó una denuncia por desaparición en la Fiscalía de Pichincha. 

El caso de Jean R. disparó las alarmas sobre el funcionamiento de las llamadas clínicas de deshomosexualización, que han sido condenadas internacionalmente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Las clínicas de desintoxicación

Los llamados Centros de Tratamiento de Adicciones (Cetad) están regulados por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) y el Ministerio de Salud, que publican regularmente una lista de los centros que tiene autorización para operar. Este tipo de clínicas tienen el propósito de apoyar a la rehabilitación de personas con adicciones al alcohol y las drogas, y la mayoría de ellos son privados.

Según la información publicada por la Acess, actualmente hay 66 centros aprobados en todo el país, con licencias otorgadas en 2022. La provincia con más centros funcionando es Azuay (25) seguida de Guayas (9) y Manabí (5). En Pichincha tiene permiso actualmente un solo centro. En Azuay, los centros privados de este tipo se concentran en Cuenca. La estadística no recoge información sobre cuáles centros tienen una orientación religiosa y cuáles son laicos. 

Solo de dos de ellos están en Imbabura, en donde se encuentra la clínica a donde fue trasladado, contra su voluntad, Jean R. En esa provincia, hay un centro público, ubicado en la ciudad de Otavalo y otro en la localidad de Antonio Ante. 

Cuando se presentó la denuncia en la Fiscalía por la desaparición de Jean R. los activistas de Asfadec recibieron un correo electrónico de uno de los hermanos del joven, quien pidió que se retire la denuncia por la desaparición en la Fiscalía, pues lo que había ocurrido es que un centro llamado Santa Ana de Cotacachi lo había acogido para un tratamiento contra la adicción al alcohol y las drogas. Como prueba presentó un certificado de dicha clínica, en donde se precisaba que se trataba de un caso de alcoholismo agudo y que el tratamiento podía demorar hasta tres meses. 

Asfadec denunció públicamente la desaparición del joven 

Los secuestros autorizados por los padres 

María Gabriela Alvear, de la organización Diálogo Diverso, siguió de cerca este caso. La activista destaca que en un mes la organización ha recibido dos denuncias de sendos casos en los cuales dos hombres gais mayores de edad en Quito ha sido internados contra su voluntad alegando tratamientos contra el alcohol y las drogas.

Alvear precisó que en el Ecuador se despenalizó la homosexualidad masculina hace 25 años, pero a pesar de ello siguen produciéndose hechos de discrimen y vulneración de derechos.  La activista y abogada de derechos humanos explicó que no hay ninguna posibilidad legal de que un familiar autorice una internación contra la voluntad de las personas mayores de edad que estén en uso de sus facultades. Además, sostuvo que determinar si una persona tiene una adicción, requiere de un criterio médico que en este caso no se ha producido, y que los tratamientos deben ser mayormente ambulatorios.

Para Alvear, hay familias que caen en engaños sobre sus hijos con orientaciones sexuales diversas, motivados por ideas religiosas o criterios sociales, y que desde el año 2000 se están registrando casos de secuestros a las personas de la diversidad sexual, así como desapariciones que están relacionadas con terapias de "deshomosexualización", que incluyen maltratos y también denuncias de violaciones a mujeres lesbianas.

El joven declinó dar más comentarios sobre el caso, que se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía de Pichincha. Para Alvear, quien destacó la acción de la fiscal, quien concurrió personalmente a la clínica en Cotacachi, la Fiscalía deberá determinar de oficio si en el caso de Jean R. se han cometido más delitos, además de una presunta desaparición forzada y de un posible secuestro, pues el hecho de que los familiares hayan firmado una autorización no tiene valor legal.

La activista asegura que ha podido constatar la operación de centros que amparados en ideas religiosas detienen de manera arbitraria a personas mayores de edad y en uso de sus facultades, sin cumplir con los criterios mínimos que reclama la normativa vigente.

En otros casos, señala, ha sido necesario plantear ante los jueces demandas de habeas corpus por considerar que las supuestas internaciones con permiso de las familias son realmente detenciones ilegales.

Lidia Rueda, presidenta de la Asfadec, relató que la organización recibió una denuncia de una amiga sobre la desaparición del joven Jean R, por lo que activó su protocolo para personas desaparecidas el pasado 25 de abril. Rueda dijo que es importante visibilizar en los primeros días de la desaparición el hecho ocurrido, pues mientras más pronto se haga pública la presunta desaparición hay más posibilidades de encontrar a las personas. Asfadec explicó que difundieron en las redes sociales el afiche en donde ser relató la desaparición de Jean R, y destacó que además de la desaparición se pueden cometer otro tipo de delitos.

Rueda relató que en este caso recibió presiones de la familia de Jean R, en donde se les pedía retirar la denuncia en la Fiscalía y también la alerta sobre la desaparición. Además, en un primer momento, la Fiscalía no quería entregar ninguna información a la amiga que puso la denuncia, con el criterio de que solo entregan información a familiares, a pesar de que en este caso los posibles involucrados son precisamente los integrantes del grupo familiar.

Las posibles desapariciones en este tipo de centros no son un caso aislado, dice la activista de Asfadec: "tenemos casos en donde los directores ni siquiera son médicos. En una ocasión conocimos sobre un centro en el que el director era un corredor de autos", explica.

La versión de la clínica

El representante legal del centro, Joffre Rosero, conversó con este portal y dio su versión de los hechos. Rosero aclaró que no tiene ninguna relación de parentesco con la familia del joven, pero sostuvo que recibió la visita de los padres que estaban en busca de un centro para desintoxicar a Jean R., quien supuestamente tendría problemas de alcohol y consumo de marihuana.

Pero el propietario de la clínica, que asegura que actualmente tiene 18 pacientes en una casa ubicada en la ciudad de Cotacachi, confirma que él y sus empleados viajaron a Quito para llevarse al joven a la fuerza, amparados en una supuesta autorización firmada por los padres. Ya en el lugar, sin embargo, destaca que las puertas del centro se mantienen abiertas y que Jean R. se quedó por su propia voluntad. Por lo menos desde 2017 que la clínica ofrece sus servicios en redes sociales como Facebook. Inclusive, una publicación del Ejército da cuenta de una charla que sobre el tema dieron a los militares de los repartos de Imbabura. 

Rosero  destaca que, efectivamente, el día 27 de abril la fiscal asignada al caso, Verónica Murgueitio, llegó a la clínica en Cotachachi, acompañada de la Policía, y encontró al joven en el jardín, donde estaba realizando una actividad junto con otros internos. La fiscal le preguntó si quería irse y el joven dijo que sí, por lo que un policía le acompañó a la habitación donde se estaba quedando para que retire sus cosas. La fiscal y la policía se llevaron a Jean R, asegura el dueño de la clínica, quien reitera que solamente se le contrató para un tratamiento de destintoxicación cuyo precio prefirió no revelar.

Agregó que se comunicó con los padres tras el allanamiento policial, con el fin de conocer más detalles del caso, pues asegura que no conocía sobre la orientación sexual del joven ni ofreció nunca un "tratamiento" para ello.

Pero cuando se le pregunta a Rosero sobre los permisos de la clínica, asegura que los tiene "en trámite" desde 2021, cuando vencieron los que tenía. En su interpretación, las clínicas de ese tipo pueden seguir trabajando aun cuando no tengan permisos en regla.

Acess clausuró la clínica de Cotacachi

Este medio se comunicó con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) que precisó que la clínica de Rosero no tiene autorización vigente para operar. Los permisos solo tienen una duración de un año y deben ser renovados. Ante la denuncia, la Agencia realizó un operativo y procedió a la clausura del centro este 10 de mayo. En la acción participaron la Policía, la Gobernación de Imbabura, la Defensoría del Pueblo y personal del Ministerio de Salud, y constataron que, tal como había relatado el representante del centro a este medio, no había indicios de que ahí se realicen terapias de "deshomosexualización". 

#Imbabura | ¡Nos activamos ante denuncia ciudadana!
En #Cotacachi, clausuramos un establecimiento que ofertaba tratamiento contra las adicciones.
La medida provisional de protección se adoptó porque el lugar no contaba con permiso de funcionamiento otorgado por la #Acess pic.twitter.com/jZg05KdjM0

— Acess Ecuador (@Acess_Ec) May 10, 2023

Santiago Jácome, director de comunicación de la Acess, precisó en su respuesta a un pedido de información sobre este caso que "según el histórico de licenciamiento del Sistema de Establecimientos prestadores de Servicios de Salud, el CETAD Santa Ana de Cotacachi, obtuvo licenciamiento por primera vez el 01/11/2017, mismo que tuvo vigencia al 01/11/2021. Sin embargo el unicódigo con el que obtuvieron este licenciamiento (42087) se encuentra en estado desactivado".

Acess precisó también que la clínica había abandonado su proceso de renovar sus permisos: "crea un nuevo unicódigo para la renovación del permiso de funcionamiento en el año 2021, sin embargo, cancela el trámite debido a la ampliación del grupo etario. Con fecha 02 marzo 2021 ingresa solicitud de asesoramiento técnico jurídico, es decir, inicia desde la primera fase (de tres) el proceso de regularización. El mismo que llega hasta la revisión de Programa Terapéutico y Reglamento Interno. En marzo 2022 solicita cancelar el trámite nuevamente debido a cambio de dirección, mencionando que se trasladan a una nueva dirección en el mismo sector, y que debido a este cambio no existe atención a usuarios, comenta que posteriormente se dará a conocer la nueva dirección. Posteriormente acude en agosto 2022 solicitando la desactivación y cierre de establecimiento, mismo que una vez gestionado con la dirección correspondiente, se da paso. Hasta el momento, el establecimiento no ha vuelto a tener comunicación de intenciones de iniciar su proceso de regularización", señaló la Agencia.

La Agencia precisó también que "el 23 septiembre 2022 se visitó el establecimiento donde se verificó que ya no está prestando atención en salud, no cuenta con rótulo y está siendo intervenido en su infraestructura".

La normativa que rige a este tipo de centros está contemplada en el acuerdo ministerial 80, de agosto de 2016, firmado por la entonces ministra de Salud, Margarita Guevara.

Según el artículo 17 de dicho acuerdo, "la internación como estrategia terapéutica es el último recurso a emplearse por los profesionales  de la salud, debe ser voluntaria y estar debidamente  justificada". La norma precisa inclusive que si la situación de la persona adicta pone en peligro la vida de terceros, se deberá recurrir a una orden judicial para lograr la internación.

En ningún caso, el acuerdo ministerial autoriza la internación de alguien contra su voluntad, con la simple firma de un permiso de otros familiares, sean o no los padres. En el artículo 21, se precisa que está prohibido atender pacientes sin el permiso vigente, que los pacientes no pueden ser retenidos contra su voluntad, ni les está permitido a los centros ofrecer o prácticar tratamientos que puedan afectar la orientación sexual y la identidad de género de las personas. En este caso, se habrían violado varios aspectos de la normativa vigente.