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20 de Agosto del 2019
Historias
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20 de Agosto del 2019
Redacción Plan V
Iván Granda: "si no hay voluntad política de luchar contra la corrupción, no hay solución para el país"
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Fotos: Presidencia de la República

La Comisión fue conformada con varios expertos extranjeros y su propósito es combatir la corrupción e investigarla. 

 

El gobierno de Lenin Moreno pone en la Comisión de Expertos Internacionales (CEICCE) toda la artillería pesada para luchar contra la corrupción. La CEICCE cuenta con un Estatuto que está en vías de aprobación; sus miembros tienen ya inmunidad diplomática y se espera que en pocas semanas empiece su trabajo. El secretario Anticorrupción, Iván Granda, explica sus alcances.

El Gobierno se siente conforme con la creación de la Comisión de Expertos Internacionales Contra la Corrupción (CEICCE). Su vocero en estos temas, Iván Granda, Secretario Anticorrupción del Ejecutivo, destaca que para los mismos fines Guatemala se demoró cuatro años y Honduras dos. "Desde que el presidente me dio el encargo, me demoré dos meses y medio", y lo hicieron, dice con el mecanismo de buscar fases de transitoriedad que permitan ir construyendo un modelo autónomo e independiente. Y la única forma de garantizar la autonomía de la Comisión ante el Gobierno era que la coordinara la UNODC, la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y las demoras, dice el secretario, han sido por el proceso tan complicado en este tema.


Oficio del secretario Anticorrupción a la directora de UNOCD y secretaria técnica de la CEICCE.

Granda asegura que del gobierno se debe esperar absoluta autonomía en el funcionamiento de la Comisión. Ese es el legado del presidente Moreno, dice. Y en el documento oficial se plantea que la Comisión tenga un periodo de cinco años, y que sea un acuerdo con Naciones Unidas ratificado por la Asamblea Nacional.  Eso implica esfuerzos económicos. El gobierno ha entregado ya un millón de dólares a la CEICCE a través de Naciones Unidas, lo cual ha generado retrasos porque UNODC tiene una oficina centralizada en Suiza para estos temas; pero, precisó Granda, "este presupuesto debe ser ejecutado conforme a las necesidades y prioridades que se establezcan en la Comisión de Expertos, de acuerdo a los lineamientos técnicos y estratégicos que determinen los expertos".

En una carta oficial entregada el 24 de julio a la secretaria técnica de la Comisión, Dorothee Gottwald, Granda dio su conformidad al texto del Estatuto presentado por los comisionados. En esta se dice que la secretaría técnica de la Comisión estará a cargo de la UNODC y que, en este sentido, "tanto los Expertos como la Organización de Naciones Unidas son los llamados a cumplir con los objetivos y actividades de la CEICCE de manera independiente a más de garantizar el respeto a los principios de  autonomía, objetividad, neutralidad y transparencia".

Según la última versión del Estatuto de la Comisión, del 26 de julio del 2019, desde la aprobación del mismo, la Comisión tendrá personalidad jurídica y capacidad legal propia. Para el gobierno y la Comisión esto es fundamental. De acuerdo a la carta dirigida a la señora Gottwald, el secretario Granda y el gobierno sostienen que respecto a la personería jurídica "se debería considerar un mecanismo de coordinación y gestión, con la finalidad de alcanzar dicho objetivo; sin embargo, esta situación no debiera imposibilitar el desarrollo de las acciones y competencias previstas en el Estatuto, por cuanto la presencia de la Organización de las Naciones Unidas suple esa necesidad".


Lea aquí el Estatuto borrador de la Comisión de Expertos, el cual tiene luz verde por parte del gobierno.

La CEICCE tendrá, según el Estatuto, 21 competencias. Entre las principales estás las de suscribir acuerdos bilaterales de cooperación y colaboración con las instituciones de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo y otras entidades. La cooperación institucional y bilateral será el mecanismo central para articular el trabajo de la Comisión de Expertos. Según Iván Granda, esto es necesario porque en la estructura del Estado ecuatoriano rige la autonomía e independencia de las funciones del Estado. 

La Comisión también canalizará, sistematizará y analizará la información que en materia de corrupción suministren personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. También puede solicitar directamente esa información a cualquier entidad, dentro del marco legal. Otras competencias de la Comisión están en el apoyo a la creación de cuerpos especializados anticorrupción en las entidades públicas y privadas, así como "asesorar y asistir, de común acuerdo y de manera coordinada, a las instituciones nacionales en los procesos de investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción de alto impacto, con el máximo respeto a su independencia...".

Granda le dijo a Plan V, en su oficina del quinto piso, ala norte de la Plataforma Financiera, que están de acuerdo con el modelo que los expertos han planteado en el Estatuto: una estructura presencial de dos expertos permanentes, y otros tres itinerantes; que esos expertos duren dos años en sus funciones y que puede ser ampliado al mismo periodo por una sola vez, y que esos expertos sean reemplazados cada tres años de acuerdo a un mecanismo determinado.

El objetivo de la Comisión es pasar por la Asamblea Nacional y que esta dé el aval jurídico y político.  De acuerdo a fuentes consultadas, eso es más que probable y se lo haría al retorno del receso legislativo. "Nosotros, como gobierno, hacemos básicamente lo que los expertos nos piden, información, criterios, apoyos, pero es la UNOCD la Secretaría Técnica y es la que debe apoyar y soportar sus funciones", dice Granda. El funcionario está consciente de que un tema delicado es el personal que trabaje para la comisión, porque se maneja información sensible y delicada.

¿Qué tan permeables son las instituciones este momento para cooperar con una comisión internacional? ¿No cabrán los celos institucionales, o el mismo boicot a las tareas de la comisión por parte de mafias enquistadas en las instituciones?

Esta experiencia es única en el mundo, dice Granda. Y la diferencia con otras experiencias es que la comisión en Guatemala se superpuso a la estructura institucional de ese país, con plenos poderes, y creó un problema pero además no se generó una institucionalidad fuerte. Lo que ha dicho el presidente Moreno, dice Granda, es que el país necesita sobre todo una institucionalidad fuerte e independencia de poderes. Y ese es, si se quiere, el mandato fundamental de la Comisión y de las Naciones Unidas; apoyar para que esto se logre. Así, la comisión y la UNOCD deben dar todo el apoyo necesario a la Fiscalía, a la Contraloría, a las superintendencias y a todos los organismos para que tengan la experticia y el soporte suficientes para vencer a la corrupción.

¿Qué tan permeables son las instituciones este momento para cooperar con una comisión internacional? ¿No cabrán los celos institucionales, o el mismo boicot a las tareas de la comisión por parte de mafias enquistadas en las instituciones? A esta pregunta, Granda dice que depende de las instituciones, pero él entiende que hay una magnífica relación con la Fiscalía, con el contralor... "todos estamos en el mismo camino respecto de este tema".


El secretario anticorrupción, Iván Granda, ha liderado el proceso de institucionalización de la Comisión. 

Para viabilizar el trabajo de la CIECCE el secretario expone dos caminos: uno es la firma de un memorando entre Naciones Unidas y la Cancillería ecuatoriana, sin pasar por la Asamblea. Y el otro camino es pasando por la Asamblea. "Estos temas son muy técnicos y demoran, dice Granda. Todos quisiéramos que la Comisión esté en su segunda fase, y en este caso se plantea un modelo que debe irse engranando. Si se demoran tres meses en un estatuto es porque este es «la Biblia» de la Comisión, que garantiza su total autonomía, y en eso estamos de acuerdo tanto el coordinador residente del Sistema ONU en Ecuador, Arnauld Peral, el canciller y nosotros. No queremos que sea apéndice de nadie, que sea autónoma y ese estatuto es lo que lo garantiza su modelo institucional".

Pero el secretario Granda admite que hay que ir desatando nudos. Y el primero es consolidar una Comisión robusta e institucionalmente fuerte. Pero ese es nuestro deseo, sin embargo es responsabilidad de Naciones Unidas. Lo otro es que los comisionados tengan inmunidad en torno al ejercicio de su gestión. Esto tiene un trámite: el pedido de Naciones Unidas al canciller del Ecuador, pedido que ya ha sido aceptado.  El siguiente paso es la personería jurídica: la ley vía Asamblea o memorando de entendimiento.

Para la selección de los comisionados se establecieron cinco perfiles de hombres y mujeres que cumplieran con los criterios de Naciones Unidas en contra del crimen organizado y lucha contra la corrupción.

Hay una segunda fase y en esta permanecerán dos expertos como residentes en el Ecuador, pero deberá hacerse de acuerdo a los estándares y modelo de las Naciones Unidas. Aunque la conformación de la Comisión ha sido rápida comparada con otros procesos, Granda destaca el trabajo del representante de Naciones Unidas en el Ecuador y del canciller José Valencia. El canciller, dice Granda, ha tomado contacto con todo el cuerpo diplomático acreditado y a nivel técnico, el principal trabajo de la Secretaría Anticorrupción fue escoger a los expertos y conformar la comisión. 

Para la selección de los comisionados se establecieron cinco perfiles de hombres y mujeres que cumplieran con los criterios de Naciones Unidas en contra del crimen organizado y lucha contra la corrupción. Luego los nombres y los candidatos. En esa selección estuvieron el presidente de la Federación de Abogados, Ramiro García; el embajador Proaño Arandi, Dorothee Gottwald, el canciller Valencia y el secretario Granda.

¿Hasta dónde serán los límites de la Comisión en los casos de alto impacto? ¿Cómo no se cruzarán con la Fiscalía, la Contraloría, la Asamblea o la propia Secretaría Anticorrupción? El secretario Granda dice al respecto que el país tiene que entender que la titular de la acción penal es la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía tiene autonomía e independencia, dice Granda y admite que antes él lanzaba los casos públicamente y luego los iba a dejar en la Fiscalía, ahora los presenta en la Fiscalía, sin anuncios previos y espera que la entidad haga su trabajo. "El país tiene que disciplinarse y entender que el país pasó por diez años de correísmo donde no importaba lo que pasara, las personas tenían que actuar con una lógica estalinista en el manejo de la institucionalidad, yo nunca llamo a un juez, nunca lo amenazo, voy al Consejo de la Judicatura y pongo una queja, me han rechazado varias; hay cosas increíbles que pasan con los jueces, por ejemplo notificar con el allanamiento al que va a ser allanada, es una locura, pero no por eso podemos irrumpir en la justicia", dice.  Así que lo que debe ocurrir es que cada institución cumpla con su deber de acuerdo a sus competencias.

¿Y si la institucionalidad no se quiere dejar ayudar por la Comisión? ¿Si la República del Ecuador no quiere ser apoyada por la Comisión? Granda dice que ahí no habría solución al cáncer de la corrupción; si no hay voluntad política en la lucha contra la corrupción nada se resuelve. Pero estamos en un momento de aprendizaje de cómo se hace cuando se respetan las instituciones y su independencia. "El correísmo reventó la institucionalidad y seguir con ese error es estar proclive para siempre al populismo y al autoritarismo y esto es sinónimo de impunidad y corrupción", dice.

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