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11 de Agosto del 2016
Historias
Lectura: 30 minutos
11 de Agosto del 2016
Redacción Plan V
Janeth Hinostroza: el delito de preguntar

Foto: Archivo PlanV

Una investigación de Janeth Hinostroza (foto) sobre la compra de medicamentos por parte del Estado es detenida por la entidad responsable de la adquisición usando la Ley de Comunicación.

 

El gobierno intenta detener las denuncias periodísticas sobre una multimillonaria compra de medicamentos, usando la Ley de Comunicación. En lugar de rendir cuentas por la calidad de las medicinas compradas y su probable afectación a los ciudadanos, la Secretaría de Contratación Pública, acusó a Janeth Hinostroza y a Teleamazonas de linchamiento mediático ante la Supercom. La sanción llegó horas después de que el presidente Correa arremetiera contra ella y el canal y determinara porqué se les debía sancionar.

Resolución de la Supercom. Lea los argumentos de la defensa de Teleamazonas y del Sercop. Revise el documento aquí.

Cuando la periodista Janeth Hinostroza y su equipo de investigación, del canal Teleamazonas, estaban haciendo los reportajes sobre la compra de medicamentos por parte del Estado ecuatoriano, frente a su departamento aparecieron dos drones, que, según los vecinos, permanecieron estáticos, supuestamente filmando su casa y los movimientos de quienes estaban dentro.

Ella contó también que por esos mismos días recibió una notificación del SRI, para que “justifique” depósitos en su cuenta bancaria por 60 mil dólares, dinero que ella nunca había recibido en su cuenta ni en ninguna parte. Es decir, no existía.

También le hicieron un video, que alguien difundió por redes, donde aparecía el rostro de su esposo, ejecutivo de seguros, supuestamente como contratista del Estado en el Ministerio de Salud, haciendo notar la “paradoja” de que la periodista denunciara irregularidades y problemas en la subasta inversa de medicinas por parte del gobierno y su esposo contratara con el mismo gobierno. Pero todo eso era falso, su esposo ni nadie de su familia directa tiene contratos con el Estado.

A todo ello se sumó una campaña de desprestigio profesional y personal de la periodista, ataques que recrudecían en las redes sociales.

Todo esto fue durante el mes de julio. El sábado 31 de julio, durante el Enlace Ciudadano, el presidente Rafael Correa arremetió contra la periodista, a la que señaló como “deshonesta, mala periodista y de tomar partido en favor de sus intereses”. Y sobre Teleamazonas dijo que: “ciertas cadenas con cloacas con antenas y ciertos periodistas deshonestos, malos, quieren abusar de su poder y quieren acabar con instituciones y defender ciertos beneficios corporativos”. No presentò prueba alguna de sus acusaciones.

Luego sentenció: “qué descaro del periodismo libre e independiente y no muestran la verdad sino que toman partido. En las entrevistas a autoridades interrogaba, no los dejaba hablar, tomaba partido, decía falsedades (…) Esta es la prensa corrupta y deshonesta que debemos enfrentar. Esto es uno de los principales peligros de la democracia y esto es lo que está en juego en las elecciones de 2017. Gracias a Dios tenemos la ley de Comunicación, el derecho a la réplica. Esto debemos denunciar. En otros países esto se llama acoso mediático. Claro linchamiento mediático para proteger a ciertos sectores. Prohibido olvidar”.

Varios días después, el 8 de agosto, el titular de la Superitendencia de la Información, Carlos Ochoa, firmó una sanción contra Hinostroza y el canal por supuesto linchamiento mediático, en el caso del medio y por haber violado normas de ética en el caso de la periodista.

La entidad estatal Supercom conminó a la periodista de abstenerse de reincidir en el cometimiento de actos que se encuentren reñidos con la Ley de Comunicación.

La alerta de Fundamedios reportó al respecto que se trataba de una amonestación escrita en contra de Teleamazonas por linchamiento mediático, o como rezaba la resolución: por “incumplir con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC)”, por lo que el medio deberá pedir disculpas públicas “en el mismo espacio, programas y secciones tantas veces como fue difundida la información lesiva”.

En cuanto a la periodista que conduce un espacio de entrevistas y opinión matutino, la Supercom la sancionó por “incumplir” con la norma deontológica establecida en el artículo 10, numeral 3, literales a y b de la LOC: “respetar los presupuesto constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública o interés general” y “abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elemento de la información u opiniones difundidas”, respectivamente.

Además, la entidad estatal conminó a la periodista de abstenerse de reincidir en el cometimiento de actos que se encuentren reñidos con la citada Ley.

Este "procedimiento administrativo", inició por una denuncia presentada el 19 de julio del 2016, por el economista Santiago Vásquez Cazar, director del Servicio Nacional de Contratación Pública,  por presunta infracción a lo dispuesto en los artículos 10, numeral 3, literales a) y b); numeral 4, literal j); y, 26 de la Ley Orgánica de Comunicación. La misma se calificó y admitió a trámite, mediante auto de 19 de julio del 2016.

En la audiencia, los abogados de la defensa de Teleamazonas mostraron su extrañeza por la velocidad del proceso: seis días, entre presentada la denuncia y el llamado a la audiencia. Estos procesos según la norma pueden tener hasta tres meses de indagación. Incluso el propio canal Teleamazonas tiene una denuncia anterior presentada desde hace tres meses, en la cual no se ha dado providencias tan veloces. La defensa negó que se haya dado concertación para desprestigiar a una entidad pública como el Sercop, sino que se hizo una investigación sobre la adquisición de fármacos a tres empresaas que aparecían con el mismo dueño y en la misma dirección, según se cita en la propia resolución de la Supercom. Se preguntaba el abogado de Teleamazonas de las razones por las cuales el Sercop se tomaba el pleito en defensa de esas empresas. Además, cuestionó la acusación de linchamiento mediático, pues no hubo concertación con otros medios para supuestamente desprestigiar al proceso de subasta inversa ni al Sercop, "pues yo no puedo concertar conmigo mismo", dijo el defensor.

Pero para la parte acusadora, sí se puede concertar con uno mismo.  Así, dijeron sus abogados y como prueba presentaron un seguimiento del caso en programas distintos, como son el Noticiero 24 horas y los Desayunos. Frente a lo que en un trabajo periodístico se llama diversidad de fuentes, la defensa del Sercop dijo que había concertación con terceras personas que aparecieron  en los reportajes y entrevistas denunciando la subasta y la calidad de los medicamentos. Y que Teleamazonas dedicó 34 espacios al tema: "a través de terceros también se configura este elemento (linchamiento mediático), debido a que a través de las entrevistas que han sido realizadas en estos espacios por parte de Teleamazonas, se ha invitado a personajes que supuestamente están involucrados, se sienten afectados supuestamente por este procedimiento de la subasta inversa corporativa de medicamentos; sin embargo, se promueve la desinformación y se descontextualiza el mensaje correcto que el Servicio Nacional de Contratación Pública, como vocero oficial y dueño de este procedimiento que ha llevado y ha desarrollado a cabo en coordinación con la Red Pública Integral de Salud". 

Para el Sercop no hubo equilibrio informativo, pues hubiesen querido que por cada una de las fuentes consultadas en los reportajes, se entreviste a un vocero del Estado, es decir, uno por uno.

Para los representates del Sercop, no era suficiente que Hinostroza entreviste por media hora a la ministra de Salud y por algo menos de 20 minutos, cada uno, a dos de los principales funcionarios del Sercop. A la entidad le han parecido pocos espacios, apenas tres, entre 34 espacios dedicados al tema. Cuestionaron también el "maltrato" dado a las autoridades, pues con las réplicas y las repreguntas no se les dejaba terminar la idea ni explicar la labor "legal y transparente" que está haciendo el Sercop en este tema. Frete a ese supuesto maltrato, las abogadas acusadoras mostraron el trato de "familiaridad" que se le dio a voceros que estaban custionando el proceso, como a la Sra. Juana Ramos, vocera de la industria farmaceútica, a la que se le llamaba "Juanita". 

Para el Sercop no hubo equilibrio informativo, pues hubiesen querido que por cada una de las fuentes consultadas en los reportajes, se entreviste a un vocero del Estado, es decir, uno por uno. Así lo argumentaron en la audiencia.

Casi al terminar su intervención una de las abogadas del Sercop, Alexandra Sierra,  dijo: "en este punto también quiero indicar y poner a su consideración que la periodista y reportera Janeth Hinostroza, tiene familiares que están vinculados directamente con la empresa farmacéutica". Pero no presentó prueba alguna de su aseveración incriminatoria de un posible conflicto de intereses. Hinostroza lo niega rotundamente. Sin embargo, en el portal del Sercop, se difundió un artículo http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/varios-millones-de-razones-p... en el cual se asegura que un sobrino de la periodista es un médico que trabaja para una empresa interesada en la Subasta y que eso probaría el conflicto de intereses.

El artículo Uno de la resolución de la Supercom dice que: Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social "Teleamazonas" por inobservar el inciso segundo del artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación. En consecuencia, se le impone las medidas administrativas previstas en los numerales 1 y 2 de la citada norma legal, esto es, la disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal información; y, que se publique la misma, en el medio de comunicación social denunciado, en días distintos, en el mismo espacio, programas, y secciones tantas veces como fue difundida la información lesiva al prestigio y la credibilidad del Servicio Nacional de Contratación Pública, esto es los días 22 y 29 de enero de 2016; 10, 15, y 16 de junio de 2016; y, 5 y 13 de julio del presente año, del programa "Los Desayunos de 24 Horas"; así como, el 13 de julio del mismo año, en el noticiario "24 Horas"; medidas administrativas que deberán cumplirse a partir de un plazo máximo de 72 horas posteriores a la notificación de la presente resolución.

Hay un problema en esa resolución: no determina la falta. Al señalar la Supercom la inobservancia del inciso segundo del artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación, esta se refiere a las medidas administrativas que la Superintendencia puede disponer en caso de que un medio o periodista caiga en la falta de linchamiento mediático. Lo correcto en la resolución, dicen profesionales vinculados a la defensa del medio, hubiese sido que la resolución mecione la inobservancia del inciso primero de ese artículo, que define el linchamiento mediático.

¿Qué es lo que denunció Janeth Hinostroza?

Esta investigación empezó con los resultados de la segunda subasta inversa de medicamentos. En la cual, el Estado destacó el ahorro que para el erario nacional había tenido el proceso.

El 14 de enero del 2016, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) presentó oficialmente la segunda Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos (SICM) en el Ecuador. La primera fue en 2011. Es decir, el gobierno se tomó cinco años para hacer una nueva compra de medicamentos bajo subasta inversa, lo cual, según expertos del mercado, debía hacerse cada año.

En esta ocasión, el Estado tenía previsto invertir USD 500 millones y esperana un ahorro de USD 110 millones. Esta compra abastecería por dos años, a todas los centros de la Red Pública Integral de Salud –RPIS- (Ministerio de Salud, IESS, Seguridad Social de la Policía y de las Fuerzas Armadas).

405

medicamentos de los 700 del cuadro básico de medicamentos estuvieron incluidos en la subasta inversa corporativa.

Solo 405 de los 700 medicamentos que forman parte del Cuadro Nacional Básico de Medicamentos estaban incluidos en la SICM. ¿Porqué no los restantes? ¿Qué tipo de medicamentos eran los que se quedaron fuera de la subasta inversa? ¿Bajo cuál mecanismo de compra se adquirirían estos que quedaron fuera de la subasta? Tampoco se han dado respuestas a eso.

En la SICM participaron 140 proveedores, de los cuales 60% correspondía a empresas nacionales y domiciliadas en Ecuador.

Pero hubo diferencias con la subasta del 2011. En la SICM de ese año primero se debía cumplir con los requisitos técnicos, comerciales y de calidad de los productos para calificar a los oferentes. En esta ocasión sólo se solicitó las ofertas económicas de empresas nacionales e internacionales para ser calificadas,  sin que sea un requisito demostrar experiencia en la comercialización de medicamentos. Solo cuando se calificaría a partir de la oferta económica, las autoridades exigirían los requerimientos técnicos, para lo cual el modelo de adquisición saba 60 días de plazo para obtener el Registro Sanitario en el Ecuador. 

Para esta subasta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conformó una veeduría ciudadana con 57 observadores. Hasta el momento ninguna comisión técnica o interviniente ha informado algo sobre la SICM.

Los cuestionamientos de sectores vinculados a ese mercado son, entre los más destacados: 

Se invitó a participar del proceso a compañías nacionales, domiciliadas en el Ecuador e internacionales para que participen con medicamentos sin registro sanitario y sin fijación de precios en el país, con el compromiso de que entreguen los registros sanitarios en 60 días desde su notificación como ganadores, cuando usualmente el trámite demora en el ARCSA entre 150 y 180 días y la fijación de precios a veces tarda hasta un año.

Al respecto, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Salud Pública dispone que los pacientes deben ser informados oportunamente sobre las alternativas de tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos y calidad. Entonces, con este proceso se podría incumplir con su derecho al no estar informados de los productos y la calidad de los mismo.

Los pacientes que estén bajo un tratamiento médico que deban acceder a los nuevos medicamentos provistos por la SICM, además de alterar su tratamiento, no tendrán garantías sobre la calidad de estos productos ya que los procesos de control se realizarán solo de manera documental –no analítica- en el plazo de 60 días.

Con Santiago Vásquez  mientras es entrevistado en el set de Teleamazonas.

El Gobierno Nacional esperaba importar medicamentos de bajo costo desde la China, India, Cuba, entre otros, que solo tienen registros sanitarios en sus propios países, que no han podido superar procesos de registro sanitario en Brasil y Colombia y mucho menos en organismos como la EMA y FDA.Los más afectados en este proceso podrían ser los pacientes, los cuales recibirán en su tratamiento productos que ingresan por primera vez al país y que no tengan certificaciones internacionales reconocidas más que las de sus autoridades nacionales, ya que en el Ecuador para la obtención de registro sanitario sólo pasarán por una verificación documental –no analítica- de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Arcsa.

Si llegaran a importarse principios activos que no cumplan con los requisitos que establecen los organismos internacionales con la capacidad técnica de acreditación como son la EMA y la FDA a nivel mundial, para el caso de medicamentos oncológicos bilógicos, no se podrá garantizar la calidad, seguridad, eficacia y buenas prácticas de manufactura de estos productos.

Sólo las empresas que ganen los procesos, tendrán que presentar la documentación (en físico) de los requisitos técnicos, legales y comerciales. Existe un alto riesgo de que los proveedores del exterior no cumplan con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios, ni con la
capacidad logística para abastecer a la RPIS de la cantidad necesaria de medicamentos.

Incumpliendo así con el artículo 363, literal 7 de la Constitución: El Estado será responsable de: Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.

Al respecto, Renato Carló, dirigente de los empresarios farmaceúticos del Ecuador dijo que “la metodología de la subasta inversa favorece a las empresas extranjeras, en especial, porque se les facilita requisitos como el trámite del certificado de vigencia del registro sanitario”. 

Para participar en la subasta las empresas oferentes sólo debían llenar un formulario electrónico –carta de adhesión- en el que señalan que sí cumplen con los requisitos técnicos, legales y comerciales, sin que esto sea demostrado.

Esta vez en el portal del Sercop no se muestran todos los proveedores participantes y no se garantiza que el participante tenga el producto, registros y certificados que avalen la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos fabricados aquí o en el exterior.

Existen empresas nacionales que por la falta de exigencia de documentación que demuestre su capacidad financiera y legal desde el inicio del proceso, han sido declaradas ganadoras y que según los datos registrados en la superintendencia de compañías y SRI no tienen la capacidad de garantizar el correcto proceso de distribución, almacenamiento y abastecimiento.

Los oferentes que no cumplen con todos los requisitos o documentos habilitantes al realizarse momento de la puja o negociación están utilizando los 60 días luego de ganar los procesos.

No existió ningún tipo de negociación entre las empresas nacionales y las que operan en el país con el Sercop, previo a la invitación de empresas que no están domiciliadas en el Ecuador para llegar a un acuerdo que permita establecer condiciones de competitividad en cuanto a precio, oferta y demanda de los productos.

La participación de empresas que no operan en el Ecuador afecta a las nacionales y extranjeras radicadas en el país porque pone en riesgo el empleo e inversión en la economía local, influyendo directamente en la dinamización de la economía.

Las compras directas, a proveedores fuera del país deberían realizarse sólo en casos de emergencia o ante la falta de productos en el Ecuador, según lo establecen las normas de producción nacional.

A pesar de que la industria farmacéutica en el Ecuador es una de las más auditadas por el Estado en todas sus áreas, se prefirió optar por precios internacionales más bajos sin tener en cuenta la afectación que provocarían a todo el sistema productivo, tecnológico y comercial del país.

El orden establecido por la SICM para la presentación de la documentación habilitante demuestra que el principal objetivo del gobierno es lograr un ahorro sin tomar en cuenta la seguridad clínica de los pacientes con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas que por ninguna circunstancia pueden tener alteraciones durante su tratamiento.

Los oferentes que no cumplen con todos los requisitos o documentos habilitantes al realizarse momento de la puja o negociación están utilizando los 60 días luego de ganar los procesos, para realizar los trámites y obtener la documentación que les falta. Cuando eso debería ser parte del proceso calificador de los medicamentos.

Al respecto de estas dudas, el Sercop presentó en su portal un comparativo de precios de 40 (de los 405) medicamentos adquiridos por el Estado en esta subasta, de la cual dijo que eran precios reducidos y los medicamos de ata calidad. http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/estado-adquirio-medicamentos...

Pero, los problemas para Janeth Hinostroza empezaron por cuestionar precisamente la calidad de los medicamentos y la entrega de casi el 30% de las adquisiciones a una empresa particular, que según la investigación había proveído ya medicamentos de dudosa calidad. 

Las fuentes iniciales de Hinostroza fueron las organizaciones de pacientes que mostraron su preocupación por la calidad de los medicamentos adquiridos: pacientes transplantados, los oncológicos y los hemofílicos. La preocupación consistía en que los medicamentos había tenido varios problemas: muchos efectos secuandarios, no tenían el mismo efecto curativo o paliativo y habían causado un deterioro en su calidad de vida ni en la salud de estos pacientes crónicos. 

El primer cuestionamiento surgió de esas fuentes: ¿cómo garantizas calidad si la subasta inversa se define primero por el precio y luego se le pregunta al escogido si tiene registro sanitario o no?

El primer cuestionamiento surgió de esas fuentes: ¿cómo garantizas calidad si la subasta inversa se define primero por el precio y luego se le pregunta al escogido si tiene registro sanitario o no? Primero ganar por precio y luego se empieza a pedir papeles: una opción también riesgosa porque un papel tampoco garantiza calidad. El modelo estipulaba que si el ganador no presentaba los documentos requeridos, el que quedó en segundo lugar por precio podía ser el proveedor de ese medicamento, y así sucesivamente. Hubo casos de proveedores que quedaron muchos lugares atrás y que fueron llamados a presentar sus registros de calidad, con lo cual la ventaja relativa del precio fue relativizándose.  El Sercop se ha defendido con el argumento de que el registro sanitario es requisito fundamental para la compra de esa medicina.  ¿Pero eso también causaria demora en la adquisición de ese medicamento, dado que la empresa llamada a proveer recién se pondría el tarea? Para el Estado la alternativa a la demora era seguir comprando a las empresas que ganaron la anterior subasta de medicamentos.  Un cheque último al proceso de la subasta es que 130 ganadores no habían presentado los registros necesarios que exigía el proceso. 

El otro cuestionamiento surgió del sentido común y la experiencia: si los ganadores para vender 425 medicamentos recién entran en proceso para obtener o revalidar el registro sanitario, ¿se lo puede hacer de todos en dos meses, como ofrece la Arcsa? ¿Con qué seguridad de que ese registro esté bien hecho y sea una garantía real sobre la calidad de los medicamentos? ¿Hay la infraestructura y y equipo humano suficiente para ello?

Finalmente una empresa ecuatoriana ganó los mayores items de la subasta inversa. Esta es representada por Marco Serrano Mejía, de la empresa Ginsberg.  Al final de la subasta, con las cifras preliminares (en los próximos días el Sercop ha ofrecido el informe final) se tiene que hubo 405 procesos, con un valor referencial de USD 352,2 millones, de los cuales, luego de las pujas se asignaron USD 123,2 millones. Lo cual representaría un ahorro para el Estado de USD 229 millones. De estas cifras generales, la industria nacional ganó procesos por USD 52,3 millones y los importadores USD 70 millones.  De la industria nacional ganadora, un solo proveedor (Ginsberg y otros) obtuvo USD 32 millones, es decir el 65%.

Pero son cifras preliminares. Esto podría cambiar radicamente luego de que muchas empresas ganadoras no habían presentado papeles, en la segunda parte del proceso, por lo cual los porcentajes pueden cambiar en el informe final.

Las dudas de Hinostroza se centraron en eso: ¿Hay una empresa en Ecuador con las condiciones para producir medicamentos a tan bajo precio y con tan buena calidad? Si es así, se dijo, somos una potencia mundial. Y cuando se puso a investigar los antecedentes de esta empresa ganadora se metió en líos con el gobierno. Por indagar y obtener documentación sobre los antecedentes de los problemas que habían tenido varios medicamentos en el IESS vendidos por esta empresa. En un informe que la periodista presentó en Teleamazonas, un caso de cuatro pacientes que recibieron medicación en una quimioterapia y de las cuales dos murieron. Hubo un informe del Comité de Farmacovigilancia del IESS al Arcsa sobre los casos y el pedido de que se investigue esa medicación por sus reacciones adversas y por una supuesta alteración física del cuadro clínico. El documento fue mostrado a la Ministra de Salud en el set de Teleamazonas y la respuesta de la funcionaria fue que de eso nada sabía, y que investigaría al respecto. Pero, según la periodista, la Agencia Reguladora lleva un año en conocimiento de eso, ¿y con dos muertas, y no pasa nada? Otra de sus preguntas. 

Con tales antecedentes ¿Cómo le siguen comprando? Fue una de las preguntas al Sercop, y la respuesta fue también una pregunta: ¿Y usted por qué se dedica a investigar a esa sola empresa?

Hinostroza empezó a pedir información a los hospitales y centros de salud y obtuvo datos de que la mayor cantidad de alertas emitidas se referían a esta empresa. Otras empresas también lo tienen, pero según la investigación de Teleamazonas la empresa nacional ganadora de la subasta inversa tenía el mayor número de alertas. Con tales antecedentes ¿Cómo le siguen comprando? Fue una de las preguntas al Sercop, y la respuesta fue también una pregunta: ¿Y usted por qué se dedica a investigar a esa sola empresa? La resolución de la Supercom donde se la declara reo de linchamiento mediático y de violar normas de ética dice lo mismo: que la periodista se dedicó a investigar solo a tres empresas cuando hay tantas en el Ecuador. Claro, responde: es la empresa ganadora de la subasta inversa, la proveedora en los próximos dos años de decenas de medicamentos para los pacientes de los hospitales públicos. O sea, de los más pobres.

Otro medicamento para la hipertensión también tuvo alertas. El seguro social detectó un error de etiquetado en el blister. Al medicamento lo etiquetaron como suplemento de hierro y ácido fólico. El informe llegó al Arcsa y al Sercop, sin respuesta alguna. 

El caso más famoso fue el del Calcitrion, qie se hizo viral en redes porque aparecía una persona abriendo una cápsula del medicamento y no había nada dentro. Hinostroza obtuvo un informe sobre el tema hecho por el Arcsa y dirigido al seguro social, en el cual se determinaba que las cápsulas del medicamento, que son diseñadas para dar dosis en polvo, contenían gel sino que no había medicamento dentro. La periodista presentó ese informe al aire, y la respuesta de las autoridades fue que era un informe preliminar. El informe salió bajo el título de Resumen y firmado por los laboratoristas, donde se determinaba que las cápsulas Calcitrion en mención sí tenía el medicamento. Ese informe fue motivo de un pedido de rectificación, pero el informe, según Hinostroza no es un documento oficial del Arcsa al seguro social. ¿Cómo es posible que sigan comprando medicamentos con informes que nunca entrega el Arcsa? fue un de sus últimas preguntas.

Hasta que llegó la sanción de la Supercom, ¿para que deje de hacer preguntas?

 

 

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