Han pasado cinco días desde que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH emitiera un fuerte comunicado sobre las limitaciones que ha tenido el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) que indaga el asesinato de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, de diario El Comercio. Asimismo este lunes 5 de noviembre se cumplen 13 días de la publicación del trabajo periodístico colectivo “Frontera cautiva: tras el rastro de los periodistas ejecutados” que narra las contradicciones y los vacíos sobre este caso, y que fue publicada en 136 medios nacionales e internacionales. Durante este lapso, sin embargo, los gobiernos ecuatoriano y colombiano han mantenido su silencio a esas denuncias. 

El ESE informó el pasado 1 de noviembre que ha culminado la primera etapa de su plan de trabajo. La comisión investigadora tuvo su primera reunión el 25 de junio en Washington con los familiares de las víctimas y las partes involucradas. Anunció que en diciembre estaría listo el informe final de sus pesquisas. Han pasado más de cuatro meses desde que iniciaron su trabajo, pero en su último comunicado hablaron de los “desafíos” que aún existen para llegar a esclarecer el crimen sucedido en la frontera binacional y que conmocionó a una región.

El ESE ha puesto mayor énfasis en sus observaciones al Estado ecuatoriano. Dijo que a ambos estados ha solicitado información para cumplir con su mandato. Sin embargo, en el caso de Ecuador, solicitó a las autoridades que suministre la información requerida de “manera expedita y oportuna”. Aseguró que aún no ha logrado acceder a secciones de los expedientes del caso que el ESE considera relevantes. De hecho, el grupo hizo tres solicitudes, sin que eso se haya cumplido hasta el momento.

Ecuador ha respondido a su vez que según la norma vigente necesita “una autorización” judicial para entregar esa información. También ha mencionado que esta información será pública una vez que concluya la etapa de investigación previa. Sin embargo, el grupo investigador pidió agilidad para que las autoridades judiciales autoricen a la Fiscalía la entrega de esa información.

Pero no es la única objeción. El ESE hizo serias observaciones a la manera cómo la Fiscalía ecuatoriana está llevando adelante las investigaciones. Plantea cuatro sugerencias:

Sobre la Fiscalía de Ecuador:

1. Integrar las evidencias encontradas en otros procesos judiciales. Según el ESE, la Fiscalía General no “ha avanzado satisfactoriamente en la investigación y vinculación a proceso de los responsables”. Pidió a la institución que “realice un esfuerzo integrador que permita incorporar a la investigación las evidencias obtenidas en varios procesos adelantados en relación con las advertencias y los ataques realizados por el denominado grupo Frente Oliver Sinisterra, disidente de la ex guerrilla de las FARC, en la frontera de Ecuador y Colombia entre los meses de setiembre de 2017 y abril de 2018”. Para el grupo investigador el análisis de estos hechos podría “conformar el marco probatorio necesario que permita el descubrimiento tanto de los autores materiales como de los autores mediatos del secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio”.
2. Investigar a los militares del puesto de control. El ESE también recomendó a la Fiscalía “incorporar una nueva línea de investigación en la que se evalúe la actuación y eventuales responsabilidades de los agentes sobre quienes pesaban específicos deberes de garante de la seguridad del equipo periodístico”. Se refiere específicamente a cómo se gestionó el paso de comunicadores mientras se mantuvo en estado de excepción decretado en la zona hacia Mataje. También menciona que es importante esclarecer sobre las recomendaciones que les dieron en el puesto militar antes de ingresar a Mataje, donde fueron secuestrados. Así como establecer si se adoptaron medidas de prevención y protección a los periodistas dado el evidente interés público en los hechos que ocurrían en la zona. La protección de los periodistas es un deber del Estado, recordó en el comunicado.
3. Investigar el móvil del secuestro. El ESE pidió a la Fiscalía investigar “cuál pudo ser el móvil del secuestro y, en particular, indagar si pudo tener origen en la actividad periodística que cumplía el equipo secuestrado”. Para el grupo de seguimiento, “es importante profundizar la investigación en relación al trabajo que realizaban los periodistas y si ello afectaba o podía afectar la operación del grupo irregular o de otros actores relacionados con sus actividades al margen de la ley, lo que a la postre podría abrir otro abanico de posibilidades acerca de la verdad de lo sucedido y de sus responsables”.
4. Realizar pruebas a la evidencia. El ESE dice que la Fiscalía “debe concretar de manera urgente la realización de una serie de pruebas de carácter técnico sobre la evidencia que tiene en su poder, así como analizar con un mapa adecuado (con) los resultados de las interceptaciones telefónicas realizadas sobre los presuntos perpetradores o quienes fungían en distintas funciones de la organización criminal”.

Sobre la Fiscalía de Colombia:

1. Más avances. Afirma que existen avances significativos porque la Fiscalía colombiana ha logrado la captura y judicialización de al menos tres de los coautores de los execrables crímenes. El ESE también reconoció importantes avances en lo referido al conocimiento de la verdad de lo sucedido en al menos algunas fases del secuestro y posterior asesinato de las víctimas.

Sobre las acciones de ambas fiscalías:

1. Más colaboración entre fiscalías. El grupo investigador solicitó a las fiscalías de Ecuador y Colombia incrementar el intercambio de información y evidencia para poder completar sus investigaciones dado que, según los primeros avances, el Frente Oliver Sinisterra está integrado por colombianos y ecuatorianos.
2. Chats, negociaciones y operaciones durante el cautiverio. El ESE finalmente acogió la solicitud de los familiares y pidió que se investiguen tres puntos adicionales: 1) Las comunicaciones mantenidas con los perpetradores mientras duró el cautiverio de las tres víctimas con Ecuador; 2) Las negociaciones que tuvieron lugar; 3) Las operaciones que se adoptaron durante el cautiverio de los periodistas, tanto por Ecuador como por Colombia por separado o en conjunto.

La CIDH, a través de la Relatoría y el ESE, insistió en que se deben agotar todas las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de las víctimas. De hecho una primera aproximación a este punto se encuentra en Frontera Cautiva, una investigación lanzada el 24 de octubre pasado por un consorcio de 20 periodistas de Ecuador, Colombia y Francia. Allí se narra que el periodista Javier Ortega sabía de la existencia de un canal de comunicación entre grupos ilegales en la frontera y la Policía ecuatoriana. Además de este hallazgo, el equipo periodístico -del que fue parte Plan V- encontró lo siguiente:

• Un fiscal esperó en la Base Naval de San Lorenzo para acompañar al equipo periodístico hasta Quito, después de que se conociera que había en marcha una presunta liberación de los comunicadores, el 28 de marzo, dos días después de que fueran secuestrados en Mataje. La supuesta liberación se informó por diario El Tiempo y las autoridades ecuatorianas dijeron haberse enterado por ese medio. Sin embargo, la presencia de un fiscal en la base desde las 18:00, una hora antes de la esa publicación contradice esa versión oficial. Ese día día incluso se desplegó un helicóptero para llevarlos hasta el aeropuerto de Tachina y de ahí iban a ser trasladados a Quito. Pero la liberación nunca se dio.
• A 8 días del secuestro, Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, y dos periodistas más, uno de El Comercio, y otro de El Universo, recibieron un correo electrónico con dos fotos y dos videos. En una foto se leía un breve mensaje escrito a mano por Rivas, en la otra aparecían los tres secuestrados. Quien lo enviaba era un camarógrafo de un canal colombiano. El equipo periodístico lo contactó y él contó que había sido presionado por alias Guacho para enviar el correo. Según el periodista, ni la Fiscalía ecuatoriana ni la colombiana lo han requerido para pedirle información sobre el material que recibió, las amenazas de Guacho y cualquier otra información que pudiera ayudar a esclarecer el caso. En las pericias que se hizo en Quito sobre la procedencia de ese correo se estableció que correspondía a una IP en una casa ubicada por el sector de Santa Prisca. Ninguna diligencia se ha hecho hasta momento para esclarecer qué tienen que ver esa casa con el caso.
• Las autoridades han mostrado indiferencia e indolencia en este caso. Una muestra de eso fue la respuesta del viceministro del Interior, Andrés de la Vega, a las familias. Estas solicitaron conocer información sobre los cuatro escenarios que planteó el exministro de esa cartera, César Navas, durante el secuestro de los periodistas. “No se ha encontrado la rueda de prensa del 9 de abril del exministro Navas a la que se hace referencia”, respondió de la Vega.
• El policía Alejandro Zaldumbide continuó con sus comunicaciones con disidentes de las FARC hasta el 31 de marzo, una semana del secuestro de los periodistas. Por las investigacione sobre el atentado a la estación policial de San Lorenzo se conoció que Zaldumbide chateaba por whatsapp con alias Guacho, según él, bajo órdenes de sus superiores. Estas comunicaciones se mantuvieron hasta el 31 de marzo, cuando se compartió el contacto con Carlos Maldonado, asesor de Navas, para comenzar la negociación. Maldonado, como nuevo negociador, se entrevistó ese día con los tres procesados Patrocinio C., James C. y Diego T que pedía Guacho a cambio de los periodistas. Al día siguiente, recibieron esta respuesta: “Yo no soy de tiempo. Si usted no pudo, le voy a enviar uno a uno en bolsa, me libera a mis muchachos y le libero a sus periodistas”.
• Patrocinio C., James C. y Diego T. fueron detenidos en enero por tráfico de armas. Para agilitar su salida de l cárcel y realizar el intercambio, debían someterse a un procedimiento abreviado. Pero para ello era necesario la petición del fiscal del caso, según lo dispone el COIP. Nunca hubo esa petición.
• El río Mataje es usado por los grupos armados para el transporte de cocaína. Se estima que al año circulan por allí 115 toneladas, según testigos protegidos de la Fiscalía colombiana.
• Entre enero de 2017 y el 21 de agosto de 2018, estos grupos han ejecutado 88 acciones, es decir, casi tres operaciones por semana. Entre ellas enfrentamientos, hostigamientos con la fuerza pública, desplazamiento forzado e incidentes por minas antipersona y explosivos. De estas, 15 ocurrieron en el lado ecuatoriano, según la publicación de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia.
• Las poblaciones a ambos lados del río han sido usadas para la cadena del narcotráfico. En Ecuador, específicamente en Mataje Nuevo, guardan el armamento en caletas, asegura un testigo. Las cocinas para el procesamiento de la hoja de coca se ubicaban en Campanita, aproximadamente a 8 kilómetros de Mataje, río arriba. También hay presencia de sicarios que circulan por poblaciones más urbanas como San Lorenzo. Pero las fuerzas militares aseguran que el problema está en Colombia.
• El aumento de personal militar decretado por los dos Gobiernos es el mayor en área fronteriza alguna en Sudamérica, y ha afectado gravemente la vida cotidiana de las comunidades de zonas rurales de uno y otro lado. Se estima que en la frontera entre ambos países se han desplegado más de 13 000 policías, soldados, agentes de fuerzas especiales, marinos y pilotos que combaten contra ocho grupos armados diferentes que pelean por el control, la producción y exportación de cocaína.
• Sin embargo, pese a la presencia militar a ambos lados de la frontera, la violencia se ha incrementado. Entre julio de 2017 y el mismo mes de 2018, según la Gobernación de Nariño, los homicidios aumentaron 34%, al pasar de 248 a 332. Con 147 asesinatos registrados en los primeros seis meses de 2018, Tumaco es el municipio más afectado por ese delito en todo el departamento, reportando un incremento de 55%. En Esmeraldas, Ecuador, entre enero y agosto de 2017 se registraron 44 asesinatos, mientras que en el mismo periodo de 2018 la cifra alcanzó los 58, un aumento de 31%.
• En Nariño, el pueblo Awá es uno de los más afectados por la militarización. La Guardia Indígena, encargada de proteger el territorio y su identidad, ha discutido con distintas unidades militares que, sin consultar con la comunidad, acampan en sus tierras. La presencia de efectivos, en opinión de los indígenas, los pone en riesgo frente a posibles combates.
• Henry Marín, consejero de Organización y Territorio de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) de Tumaco, dice que desde el asesinato del equipo del diario El Comercio arreciaron las operaciones militares en nueve resguardos. Según Marín, como respuesta a las operaciones militares, las organizaciones armadas ilegales han sembrado minas antipersona en territorio indígena y proferido amenazas contra las autoridades tradicionales.
• En San Lorenzo, Ecuador, la población civil, atemorizada por los enfrentamientos y ataques comenzó a abandonar poblaciones como Mataje, Mataje Alto, Tobar Donoso y El Pan en los primeros meses de este año. La mayoría de sus habitantes han regresado a sus comunidades, pero aún hay familias de El Pan que no vuelven por miedo y viven en condiciones precarias.

Durante seis meses, un consorcio binacional de periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Ortega, Rivas y Segarra fueron ejecutados. La investigación, titulada Frontera cautiva: tras los rastros de los periodistas ejecutados,  revela, además, detalles que los Gobiernos de Ecuador y Colombia sabían y decidieron no divulgar. Este trabajo periodístico tuvo el apoyo de organizaciones como OCCRP, Forbidden Stories, FLIP y Fundamedios. En la investigación participó, en Colombia, la Liga contra el Silencio y Verdad Abierta y por Ecuador, el colectivo Periodistas sin cadenas.