Fue el último en hablar en la rueda de prensa del pasado 12 de diciembre. Galo Ortega, padre del periodistas Javier Ortega, anunció que hará una huelga de hambre en el momento oportuno para exigir justicia por el crimen de su hijo en la frontera entre Ecuador y Colombia. El padre hizo un esfuerzo enorme para no llorar ante las cámaras. “Nos han lastimado nuestros corazones”, dijo al referirse a la audiencia en la CIDH. En ese espacio el Estado ecuatoriano -a través del procurador Íñigo Salvador- pidió que el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) termine su investigación del caso hasta el 31 de diciembre y reiteró que el secuestro no fue en Ecuador sino en Colombia.

Las familias del equipo de El Comercio llegaron al Ecuador  —tras la audiencia en Washington— indignadas, pero no sorprendidas. Yadira Aguagallo, pareja de fotoperiodista Paúl Rivas, empezó su declaración afirmando que no pueden confiar en la justicia ecuatoriana. Han pasado más de ocho meses y las investigaciones aún no han identificado a los responsables en “todos los niveles”, opinó.

El espacio fue aprovechado para pedir públicamente al fiscal del caso, Wilson Toainga, para que explique a los familiares su hipótesis de que el secuestro fue en Colombia. “Si fue en Colombia, desde el primer día nos mintieron”, mencionó Yadira al recordar que la Unase, la unidad policial antisecuestros, estuvo al frente de las investigaciones en Ecuador. Don Galo recordó las palabras del fiscal: “Él me dijo que era muy amigo de Javier, lo ha traicionado”. 

De izquierda a derecha, Yadira Aguagallo, Ricardo Rivas y la hermana de Javier Ortega. 

Ecuador no ha incluido en sus indagaciones un análisis del contexto de seguridad en la frontera. Tampoco ha explicado qué pasó el día de la falsa liberación, pese a que un fiscal estuvo esperando a los periodistas en la Base Naval de San Lorenzo y el Gobierno alistaba una rueda de prensa el 28 de marzo. Asimismo no hay paso a las diligencias que piden las familias. A días de la llegada del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH, los peritos lograron prender la computadora de Paúl, pero la encontraron sin archivos.

Todo esto lo narró Yadira sin descartar que el ordenador haya sido manipulado. ¿Por qué no hubo canje con los tres detenidos que pedía Guacho por los periodistas?, fue otra pregunta que se planteó Yadira. “¡Imagínense si no tuviéramos medidas cautelares!”, exclamó Ricardo Rivas, hermano de Paúl, para apuntar que el trabajo del ESE ha sido importante para esclarecer el caso.

Las familias agradecieron al equipo de 20 periodistas de Ecuador, Colombia y Francia por la investigación sobre el asesinato y secuestro de Javier, Paúl y Efraín. El proyecto se llamó Frontera Cautiva y fue publicado en octubre pasado. Al respecto, las familias pidieron a la Fiscalía que tome en cuenta los hallazgos de esa investigación, pero les contestaron que una investigación periodística no tiene la rigurosidad que la justicia penal. “Al contrario hemos encontrado más justicia en ella”, dijo Yadira. 

  ENTREVISTA  

‘Las respuestas de Ecuador fueron las más indignantes’

Foto: CIDH

Jonathan Bock, en primer plano, miembro de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Esta organización lleva el caso de los periodistas en Colombia y participó en la audiencia de la CIDH.

¿Cómo califica la audiencia en la CIDH?

Fue desconcertante, pero sobre todo irrespetuosa con quienes han hecho parte de este proceso y con los ciudadanos de los dos países. Ellos han asistido a una serie de mentiras y opacidad. Ese compromiso por parte de los presidentes Lenín Moreno e Iván Duque, quien también se comprometió entregar verdad en este caso, alguna vez parecieron ser honestos. Pero ahora muy poco se les pueda creer después de todo lo que se ha vivido en la CIDH.

No es el primer proceso que la FLIP llevan un caso de periodistas ante la CIDH. En ese sentido, ¿cómo evalúa a los Estados de Ecuador y Colombia?

Ya hemos tenido la experiencia de ver las dos caras del Estado. En las reuniones de trabajo hay una predisposición, en las declaracione públicas de las máximas autoridades mandan el mensaje de que respaldarán el proceso y que serán garantistas y procurarán verdad y justicia. Y después la otra cara se muestra en las audiencias. Ya lo hemos visto en el caso de Jineth Bedoya (periodista de El Tiempo y activista contra la violencia sexual). No deja de sorprender e indignar.

Las familias cuestionaron tanto a los Estados colombiano y ecuatoriano, pero Colombia al menos presentó algunos resultados, algo que no ocurrió con Ecuador. ¿Fue suficiente lo que presentó su país?

Aquí el reconocimiento se lo lleva el que fue peor. Ninguna de las dos posturas fue satisfactoria, sin embargo las respuestas que dio el Estado ecuatoriano es a todas luces la más indignante, pues presentó unos argumentos que no tienen razón. Y los que estamos involucrados en el proceso seguimos preguntándonos cuál es su estrategia. Entonces Ecuador se llevó el premio al peor, pero eso no quiere decir que Colombia estuvo bien. Sobre todo porque manejaron una hipótesis que no se sustenta y es muy débil. Es la que afirma que el asesinato de los periodistas de El Comercio no estaría relacionado con el oficio periodístico. Que la Fiscalía maneje a esta alturas ese tipo de tesis no sabemos si es una carta para generar una distracción o para medir una reacción. Sin embargo, eso no se sustenta ante toda la evidencia que hay: el equipo de periodistas estaba en una misión de trabajo. Toda la información corrobora que ellos fueron secuestrados por el trabajo que estaban haciendo. Después de ese hecho ocurrió el secuestro extorsivo y después -por el incumpliento de un gobierno- se dio la orden (de matarlos), pero son sucesos que pasaron después del secuestro. No hay que desviar la atención de qué fue lo que causó la acción inicial.

El procurador Íñigo Salvador pidió a la CIDH levantar las medidas cautelares. ¿Qué opinión le deja esa postura?

Esa es la postura que menos me sorprende, pues nosotros entendemos que a los Estados les conviene que se levanten las medidas y que se acabe el Equipo de Seguimiento Especial (ESE). Sin embargo no compartimos para nada esa posición. Creemos que no han existido las garantías suficientes para el trabajo y no se ha entregado la información en los tiempos requeridos. Eso es algo que el ESE ha venido advirtiendo. En estas condiciones no ha podido terminar con el trabajo. La FLIP, Fundamedios y los familiares creemos que es necesario que continúe el trabajo del ESE. El Procurador no fue transparente al acusar al ESE de haber tenido el tiempo suficiente.

De todo lo que se dijo en la CIDH, ¿qué es lo que más les sorprendió a ustedes como fundación defensora de libertad de expresión?

Creo que lo que dijo el Procurador de que el secuestro no ocurrió en Ecuador. Aún no terminamos de entender ese anuncio que se dio sin mostrar evidencia. Después la Fiscalía colombiana mostró de manera detallada los lugares donde fue el secuestro. Más allá de esa salida en falso del Procurador, demuestra que hay una estrategia más agazapada de cómo están trabajando los estado: sin coordinación y colaboración entre ellos. Buscan tirarse la responsabilidad de uno a otro. Es volver meses atrás y recordar también que el Estado colombiano dijo que el hecho ocurrió solo en Ecuador.

Ecuador ha sido un estado ausente en la CIDH. Verlo sentado frente a las víctimas fue una imagen nueva para el país. ¿Cómo describiría el ambiente previo y durante la audiencia?

No hay que desconocer ese antecedente. Creo que quedó en evidencia y fue uno de los reclamos que se hizo al Estado ecuatoriano, que se le notaba un resquicio de revanchismo frente a la CIDH. Ecuador dijo que no, que estaba comprometido y que había un cambio en el país. Fue un ambiente donde hay otras audiencias y una tensión que es evidente. Pero no hubo ningún detalle que yo resaltaría. La sensación es como cuando uno entra a un ring de boxeo: antes hay tensión y cierta cordialidad, en el ring es lanzar los puños y una vez finalizado es dar la mano y abrazarse. Evidentemente la intervención del Estado ecuatoriano generó la indignación de los familiares, quienes lloraron. Pero eso ya fue en los alegatos.

¿A qué temas Colombia está huyendo de entregar información?

Pues sobre todo el Ministerio de Defensa para conocer realmente cuáles fueron las actividades ofensivas que realizó el Ejército y de qué manera pudo eso haber tenido un efecto en cómo se desenvolvió el secuestro.

¿El ex ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha respondido preguntas al ESE o a las familias?

Tengo entendido que no.

¿Y la Fiscalía de Colombia lo ha llamado a declarar?

No sé si el exministro haya sido llamado a rendir declaraciones. Creo que no porque lo tendríamos presente. Sé que hubo una petición formal de información y que hubo muchas demoras, pero el Ministerio de Defensa hace poco entregó la información a la Fiscalía, pero no sabemos su calidad. Pero esa ha sido una constante hasta finales de noviembre que el ESE dijo que había sido especialmente difícil conseguir información de Defensa.

Ustedes presentaron la investigación de Frontera Cautiva en la audiencia para que se toma en sus hallazgos. ¿Qué respuestas tuvieron en la CIDH?

Pudimos presentarla en dos minutos por reloj porque el tiempo fue muy corto. Se hizo énfasis en la liberación que se terminó frustrando y en por qué no ha existido ninguna respuesta oficial frente a la evidencia de que hubo un operativo para una posible liberación de los periodistas.

¿Hace cuánto no ocurría un crimen contra un periodista -con secuestro- en Colombia?

Hay algunos casos con secuestro y asesinato hace un buen tiempo. Hubo dos asesinatos en el 2016 y uno en el 2017. El número de casos ha disminuido si lo comparamos con 15 años atrás. Creo que deberíamos remontarnos a 20 años atrás cuando fue secuestrada una periodista y después asesinada. En los años recientes no ha pasado algo así.

¿Por qué es importante que un crimen contra un periodista no quede en la impunidad?

Al generarse un manto de impunidad en los crímenes contra la prensa se termina permitiendo que aparezca un nuevo agresor porque se entiende que hay vía libre en ese sentido. Especialmente es importante porque se afecta además al derecho de los ciudadanos a recibir información. En estos casos es la ciudadanía la última víctima de estos homicidios. Y el alto grado de impunidad que hay en Colombia tiene un grado de responsabilidad de que estos círculos de violencia continúen durante décadas.