Desde hace cinco años, los waorani de las comunidades de Dicaro y Yarentaro, en las selvas del Yasuní, enfrentan un proceso penal por el ataque a una familia tagaeri-taromenani ocurrido en el 2013. El ataque se produjo luego de que los tagaeri-taromenani mataran a Ompure y Buganey, una pareja abuelos waorani. Los guerreros waorani fueron a cumplir con su ritual de venganza y esta incursión acabó en tragedia.

Durante estos años, 17 inculpados en esa partida, han pasado a ser víctimas de un sistema judicial que no funciona y que no ha ayudado en nada a resolver los problemas de la selva. Al contrario, cada paso dado por quienes deben impartir justicia, ha creado situaciones de mayor conflictividad y peligro en la zona.

A las puertas de lo que sería la audiencia de juzgamiento por homicidio que se supone será el 4 de diciembre (se ha cambiado, suspendido y postergado varias veces), y, a la par de la visita de la relatora de derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo presentó un informe contundente: en el caso no se cumplió el debido proceso.

El documento, de 26 páginas, hace referencia, primero, a los derechos colectivos de la pueblos y nacionalidades. Tanto el Convenio de la OIT como la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas son claros: para resolver controversias deberán tenerse en cuenta las costumbres, tradiciones, normas y sistemas jurídicos de los pueblos y las normas internacionales de los derechos humanos. “En este caso, el Estado no ha observado el citado corupus juris del derecho de los pueblos indígenas (…) Las autoridades han tenido muchas limitaciones al momento de considerar las costumbres y el derecho consetudinario de la nacionalidad waorani”.

En abril del año pasado, organizaciones civiles y eclesiásticas marcharon en Orellana. Foto: El Comercio

Las principales observaciones al proceso tienen que ver con la interpretación intercultural y el debido proceso; el peritaje antropológico y sociológico como instrumentos básicos para la interpretación de la cultura de los waorani y la aplicación de la normativa penal; la asistencia de traductor o intérprete como garantía del derecho a la defensa y debido proceso; y la celeridad que amerita la causa.

¿Se puede juzgar una guerra como un delito penal? ¿O una guerra amerita dar pasos a favor de la paz y la buena vecindad? En este caso, los operadores de justicia han querido juzgar una guerra con los instrumentos penales y no han dado paso alguno en la construcción de la paz en la zona. Pero además, han puesto en mayor riesgo la vida de los aislados a los que tiene que proteger pues ha crecido la conflictividad en la zona.

El informe de la Defensoría pone algunos puntos en las íes para que jueces y fiscales tomen en cuenta en este caso.

Uno fundamental es el de la traducción. Durante cinco años que ha durado este juicio, primero por genocidio y ahora por homicidio, luego de que se habría encarcelado a unos y a otros no, e incluso luego de que los guerreros festejaran que se había acabado esa historia, porque así lo creyeron, no ha habido traductor en la causa. Traductor que, por cierto, debería traducir palabras y conceptos que ni siquiera existen en su lengua. El traductor, que han nombrado en febrero de 2018, debiera leer miles de fojas que tiene el caso, cientos de diligencias, actas, resoluciones y demás, producidas durante cinco años de juicio. Y con palabras y conceptos que no existen en la lengua wao tededo. El traductor, evidentemente, no podrá con el encargo. No han sido traducidas las diligencias y notificaciones, ni las implicaciones que tiene la prisión preventiva ni este nuevo juicio.  En esas condiciones, los waorani implicados en este proceso no han tenido derecho a la defensa. El informe también anota el incumplimiento del principio de celeridad en los procedimientos y este proceso lleva ya cinco años en los que se ha afectado la vida de la comunidad.

Desde el inicio de estos sucesos trágicos de 2013 el Vicariato de Aguarico y la Fundación Labaka, dieron las alertas. Y también pistas de lo que se podía hacer frente al problema. Miguel Angel Cabodevilla, misionero capuchino, escribió al entonces Fiscal General, Galo Chiriboga y a la Corte Constitucional, sendas cartas sugiriendo unas acciones concretas (ver cartas que se han publicado en este mismo espacio) que podían llevar, por un lado, a esclarecer los hechos y por otro, a buscar el compromiso de los guerreros waorani de ponerle punto final a ese tipo de incursiones, trabajando con ellos en sus deberes y sus derechos. Sus propuestas fueron ignoradas. No fueron discutidas, siquiera.

Con el paso de los años, cinco ya, lo que ha ocurrido es una cadena de decisiones y acciones que no han hecho más que tensar la cuerda, enemistar a unas comunidades con otras, desconfiar de las autoridades llamadas a vigilar los derechos de estos pueblos, gastar muchísimo dinero que la comunidad no tiene, en defenderse de un juicio que, como bien indica la Defensoría del Pueblo, no ha tenido ni siquiera la capacidad de traducir a los waorani acusados, las diligencias que se han realizado. El Estado también ha gastado en cada audiencia, en cada viaje inútil de funcionarios de fiscalía, en peritos y peritajes que no han resuelto la situación y que tampoco han podido aclarar lo ocurrido en 2013.

El informe de la Defensoría del Pueblo da cuenta de que el caso no tiene los elementos suficientes que permitan a los administradores de justica realizar una interpretación intercultural de la norma penal que se aplica y analiza el error de comprensión, que implica incluso que “la persona acusada pueda conocer la norma pero que no la interioriza por vivir en mundos culturalmente separados al mundo cultural del derecho penal oficial”

La voz de la relatora Victoria Tauli-Corpuz

Esta semana la voz sensata sobre este asunto la puso la relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Victoria Tauli Corpuz, quien, en 10 días de presencia en Ecuador, pudo hacerse una idea amplia de lo que ocurre en Ecuador. El documento de Declaratoria de Fin de Misión puede leerse completo en https://goo.gl/FDtpSK

Sobre este tema particular, la relatora dijo lo siguiente: “Durante mi visita pude recibir información detallada sobre la situación de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Se me informó de que el Ministerio de Justicia está desarrollando una política en este sentido, y que se han adoptado algunas medidas encaminadas a su protección en aplicación de las medidas cautelares dictaminadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y teniendo en cuenta las Directrices de las Naciones Unidas sobre los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial de la Amazonía y el Gran Chaco.

"Pese a ello, debo señalar que las recomendaciones sustantivas que tanto yo como mis predecesores hemos realizado sobre el tema no parecen haber sido adecuadamente consideradas. En mi opinión, para garantizar la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial es necesario resolver las causas subyacentes que afectan a sus derechos fundamentales y que explican los conflictos que se han producido en los últimos años entre grupos aislados, comunidades waorani y terceras partes.

"Estas causas subyacentes están vinculadas a la falta de reconocimiento y protección de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en aislamiento. Como ya mencionaron anteriores titulares del mandato, la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) no incluye la extensión total de sus tierras ancestrales.

"Además no ha existido una adecuada protección frente a intrusiones ilegales, que están empujando a los pueblos indígenas en aislamiento hacia las tierras y territorios de otras nacionalidades indígenas, en especial los waorani.

Aún más preocupante es el hecho de que el Estado este concediendo licencias extractivas que afectan dichas tierras ancestrales. De acuerdo a la información recibida, la extensión del Parque Nacional Yasuní ha sido considerada un desarrollo positivo, resultado de la consulta popular de 2018, pero la decisión de proceder con la explotación petrolera en el área de amortiguamiento puede producir impactos graves e impredecibles sobre los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la zona.

La falta de desarrollo de un plan de paz amplio junto con la nacionalidad waorani es un serio vacío para la protección de todos los grupos waorani, incluidos aquellos en aislamiento. He recibido también información sobre la situación del proceso penal contra personas waorani implicadas en la masacre de 2013. Teniendo en cuenta las alegaciones de falta de un debido proceso, la duración y falta de claridad en la causa, y la falta de un enfoque intercultural, muchos actores han recomendado la anulación del proceso. Me gustaría solicitar al Gobierno de Ecuador que resuelva de manera efectiva los mencionados problemas subyacentes que afectan a los waorani y a los grupos aislados de la zona, y que trabaje junto a la nacionalidad waorani con el objetivo de conseguir una paz duradera”.

A eso se suma su reflexión de la relatora sobre la justicia indígena: “Persisten graves problemas para el pleno reconocimiento de la jurisdicción indígena. Se me ha informado sobre la interferencia de la justicia ordinaria en procesos que se están considerando bajo la justicia indígena; sobre reiteradas negativas de operadores de la justicia ordinaria a declinar competencias a favor de la justicia indígena; y de casos de doble juzgamiento debido a la falta de reconocimiento de las sentencias de la justicia indígena. La Corte Constitucional señaló limitaciones en la jurisdicción indígena en el caso de crímenes contra la vida.

En este sentido, me gustaría subrayar que los estándares internacionales de derechos humanos no señalan este tipo de limitaciones. De acuerdo con las autoridades de la justicia indígena, la opinión del Gobierno y del sistema de justicia ordinaria en relación con la justicia indígena sigue siendo racista y discriminatoria. Los sistemas de justicia indígena se consideran apropiados sólo para tratar cuestiones domésticas y menores, mientras que sólo la justicia ordinaria es competente en cuestiones penales graves”.

Este martes, 4 de diciembre, se supone que se desarrollará esa nueva audiencia, llamada de juzgamiento. Los waorani acusados están en la indefensión. También están en la indefensión los tagaeri-taromenani. Mientras el Estado no archive ese juicio y no  haga un plan de paz coherente, sostenido y respetuoso de los derechos humanos, la violencia seguirá pesando sobre los más débiles.