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31 de Julio del 2017
Historias
Lectura: 19 minutos
31 de Julio del 2017
Susana Morán
Juliana Campoverde: ¿Una historia de eterna impunidad?

Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, ha impulsado las investigaciones. Ella y su familia encontraron los primeros indicios en una conversación en Facebook. 

El pasado 7 de julio, Juliana Campoverde cumplió 5 años de desaparecida. Es uno de los más de 4.300 casos de personas cuyo paradero es desconocido. Su madre ha impulsado las investigaciones, en medio de la desidia de policías y fiscales. Pero también ha enfrentado el vacío legal que existe para procesar estos casos que pueden quedar en una incertidumbre eterna. ¿Su historia es similar? Escríbanos a planv.com.ec@gmail.com.

En Ecuador, imprimir un cartel con la imagen de un hijo o hija que ha desaparecido puede ser el inicio de la peor de las tragedias. Es el momento en que una familia ingresa a un camino lleno de incertidumbre y de indolencia. El cartel, con el pasar de los días, los meses y los años, cobra incluso el valor de una prueba: el de la impunidad.

De esto sabe Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde. En uno de los tantos afiches que ha hecho, la imagen de su hija resalta por su abultada melena castaña y por su lunar sobre el labio. Pero también aparece con el cabello recogido, en jean, en vestido, con o sin lentes, formal o deportiva. Elizabeth ha inundado sus redes sociales con el rostro de su hija. “¡Mi vida por encontrarte!”, dice en una de ellas.

4.300

desapariciones han ocurrido en Ecuador en los últimos tres años, según el abogado y experto en DDHH, Juan Pablo Albán.

Como a todo encuentro, Elizabeth llegó con uno de esos carteles para la entrevista con Plan V. Han pasado 5 años desde que pegó los primeros afiches en su barrio, la Biloxi, en el sur de Quito. Hacerlo, dice Elizabeth, fue enfrentarse a una realidad que quería negar: la ausencia de su hija. La joven que estaba por ingresar a la universidad desaparició camino a su negocio el 7 de julio de 2012. Estaba por cumplir 19 años. Justamente Elizabeth vio a su hija por última vez en una gasolinera, donde se despidieron. Debía caminar solo seis cuadras hasta su lugar de trabajo. Pero nunca llegó.

Hoy la historia de la desaparición de Juliana reposa en un voluminoso expediente de 70 cuerpos. Pero esa hinchada carpeta legal puede ser tan solo un espejismo de justicia.  El caso de Juliana sigue en el mismo estado que hace 5 años: en el principio. Y ese principio, en Ecuador, se llama “acto administrativo”. Es una figura que abarca todo aquello que no está tipificado como delito. Con un acto administrativo se tramita tanto la devolución de la auto, la pérdida de una mascota o la autorización para la compra de un químico. “A ese nivel están las desapariciones de las personas”, cuestiona María Espinosa, abogada de Elizabeth.

El de Juliana es uno de los tantos casos que ha quedado atrapado en ese vacío legal. Para que sea procesado como un delito con el Código Penal Integral (COIP), explica María Espinosa, se requiere hallar la materialidad del delito. “Es decir necesitamos que Juliana esté muerta y su cuerpo aparezca. O que esté viva y aparezca viva. Es un argumento contrario a los estándares internacionales de derechos humanos. Pero sobre todo es contrario a la lógica humana. El principio de la desaparición es desaparecer a la persona y a la prueba”.

Ecuador ratificó en 2009 la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Este determina que los estados partes tomarán las medidas apropiadas para investigar las desapariciones que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.

Este es un viejo reclamo tanto de expertos y organizaciones de familiares de desaparecidos. En relación a este tema, el COIP solo reconoce como delito a las desapariciones forzadas en las que interviene un agente del Estado (artículo 84). Pero no en todos los casos está involucrada una participación estatal. De allí que organizaciones como Asfadec han solicitado la tipificación de la desaparición a manos de particulares. Es un pedido que llegó a la Asamblea en diciembre de 2015 y permanece en el olvido.

Pero el COIP, vigente desde el 10 de agosto de 2014, hizo más complejo la situación de las familias.  Dispuso que las desapariciones no prescriban. Aunque esto podría ser tomado como un triunfo por las familias, hizo más complejo la situación, según la jurista Espinosa. Es decir un acto administrativo puede estar abierto 1 o 25 años. Eso supone una situación de indefensión jurídica para las familias, sostiene Espinosa, por la falta de preparación de policías y fiscales para las investigaciones y estas pueden quedar, por años, en el mismo estado en el que comenzaron.

Por ejemplo, en el caso de Juliana han pasado 10 fiscales. La primera fue la fiscal Ligia Villacrés y el último el fiscal Jorge Flores. En un informe elaborado por la familia, solo a partir del sexto fiscal se actuó con diligencia en las investigaciones. Fue así que recién a los dos años y medio lograron que se realice la primera reconstrucción de los hechos. El fiscal Jorge Flores, consultado vía telefónica por Plan V, dijo que no podía pronunciarse sobre el estado de las investigaciones en la desaparición de Juliana. Él también lleva el caso de David Romo, cuyo expediente está bajo reserva y ni su madre, Alexandra Córdova, puede acceder; su historia también parecería no tener fin.

Pero los familiares son los que generalmente impulsan las investigaciones. El 8 de marzo de 2017, durante el examen a Ecuador en el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el abogado y experto en DDHH, Juan Pablo Albán, relataba sorprendido en su cuenta de Twitter la intervención del Jefe de la Dinased, quien había dicho que el rol de esa institución era acompañar la búsqueda iniciada por los familiares. Elizabeth, por ejemplo, halló los primeros indicios en los mensajes de Facebook que recibió su hija.

Según Asfadec, en las desapariciones de Juliana Campoverde, Camilo Tobar, Luis Cevallos, Isabel Cabrera y Luis Sigcho se han realizado diligencias de búsqueda consideradas “emergentes” dos años después de los hechos. Por eso la organización las califica de inefectivas.

Hasta ese Comité llegó la historia de Juliana, una fiel creyente y activa seguidora de la iglesia evangélica Oasis de Esperanza.  Fue uno de los 10 casos emblemáticos que Asfadec llevó hasta el órgano internacional. En el documento enviado a los expertos internacionales se exponen las respuestas más inimaginables. Como el de uno de los agentes investigadores, quien le dijo a la madre de Juliana que “hablaría con su pastor personal para ver si le recomendaba o no investigar a los pastores de la iglesia a la que asistía Juliana”.

Ahora, la abogada Espinosa dice tener los elementos suficientes para llevar este caso a una fase procesal formal. Pero las pruebas las recabaron dentro de la figura de plagio, que ya no existe en el actual COIP.  Dentro de esa figura lograron tener elementos para demostrar que había una relación de poder de una persona perteneciente a esa iglesia evangélica sobre Juliana. Pero con el cambio de código, el caso está en una incertidumbre legal. Pero Elizabeth dice que su derecho es saber dónde está su hija. No dejará de buscarla.

  TESTIMONIO  

“Tengo miedo de irme de este mundo sin saber de mi hija”

Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde

Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana. 

“Son 5 años y 13 días que no sabemos nada de mi hija. Las investigaciones han sido muy lentas. Los mismos agentes y la fiscal nos decían que ella debió haberse ido por su propia voluntad, que esperemos 8 meses. Sacaban sus propias conclusiones. Ella iba a cumpir 19 años el 21 de agosto de 2012.

Yo sabía que no estaba pasando bien. Sin mi permiso no se iba a ningún lado. Salimos de la casa juntas, en la Biloxi. Bajamos hasta una gasolinera. Ella tenía un local en la av. Ajaví. Desde la gasolinera a su negocio eran 6 cuadras. En esas 6 cuadras no supimos lo que le pasó. Ella era dueña de una tienda naturista. Nos despedimos a las 09:00 y a las 09:15 mi esposo me llamó y me dijo que le mande a Juliana porque la estaba esperando en el negocio. Me preguntó si estaba con mi hijo pequeño. Pero ella se fue sola. Mi esposo me dijo que él la llamó y escuchó que dos niños jugueteaban y un señor que decía ‘dejen ese teléfono que no es de ustedes’. Eso fue todo lo que supimos de ella.

Me acerqué a un retén policia y me dijeron que espere. ¡Qué indolentes y qué dolor! Porque si así se manejan con una persona, qué puedo esperar. Les supliqué. Me dijeron que ella se debió haber ido con el enamorado, que esperara las 48 horas para poner la denuncia. Regresé a mi casa y busqué si encontraba alguna nota, pero nada. Esa noche no dormí.

"Han sido tan indolentes desde el primer día. La primera fiscal Ligia Villacrés me dijo que mi hija debe estar embarazada, que espere 8 meses y que ha de regresar".

Volví al siguiente día al negocio de mi hija. Pero ella nunca llegó a abrir el local. Lo más duro fue cuando imprimimos los afiches y cuando empezamos a pegarlos. Lo hicimos al segundo día. Yo no quería creer que mi hija estaba desaparecida. Fui también a Teleamazonas para que me hagan una entrevista, pero no lo logré. Regresé al lugar de los hechos donde desapareció mi hija.

El domingo puse la denuncia en la Policía Judicial. Recién el lunes designaron el fiscal. Como no era hija de ellos no les importó nada. Han sido tan indolentes desde el primer día. La primera fiscal Ligia Villacrés me dijo que mi hija debe estar embarazada, que espere 8 meses y que ha de regresar. Toda mi familia la escuchó. Era una impotencia total. El agente fue otro indolente, era el capitán Gino Pillajo, quien estuvo encargado de la investigación. 

Antes de que Juliana desapareciera nosotros asistíamos a una iglesia cristiana evangélica, en la Biloxi, al sur de Quito. Le encantaba las cosas de Dios. Asistíamos desde que ella tenía 9 años. Participaba en la danza y en el coro de la iglesia. Le gusta mucho cantar. Cuando se graduó en el 2011, tuvo el proyecto de irse a Argentina para estudiar música. Entonces como nosotros asistíamos a esa iglesia teníamos que contarles todo a estos pastores, inclusos nuestros proyectos. Teníamos la obligación de hacerlo. Yo pensé que eso era normal. Y Juliana creció con estas reglas.

Cuando desapareció empezamos a investigar Facebook con quién chateaba y quiénes eran sus amigos. Allí vimos que cuando Juliana estaba decidida a irse, le envían una solicitud de amistad a Facebook. Era un un supuesto pastor y psicólogo llamado Juan Solano. Él le hace que desista del viaje y le dice que Dios le ha revelado que tiene que casarse con el hermano del pastor de jóvenes de la iglesia. Ella le contó al pastor de jóvenes y le dice que espere una semana porque él va a orar para ver qué le revela Dios. Pasó la semana y le dice a mi hija que tiene que casarse con su hermano. Mi hija se asusta y me cuenta todo esto.

Entonces le dije que tenemos que salirnos de esa iglesia e irnos ya. Porque ni yo como madre le puedo buscar esposo. Nos salimos y al mes y medio mi hija desaparece. Pero aún así yo no creía que las personas que desaparecieron a mi hija eran nuestros pastores y peor aún que estaban involucrados.

El pastor principal me llama y le dije por este Juan Solano va a ser investigada toda la iglesia. Parece que se le cayó el teléfono porque se cortó la llamada. Yo no sabía quién era este Juan Solano. Juliana tenía un diario donde tenía todas las prédicas y las oraciones que hacía para Dios, porque ella ya había estado oprimida con esto. Quince días antes de que desapareciera me dijo que Juan Solano le ha enviado un texto bíblico que lo tomó como una amenaza.

El día que desaparece, Juan Solano cierra su cuenta de Facebook. Comparamos las conversaciones de él con las del pastor de jóvenes de la iglesia y eran las mismas. Pedimos a la fiscal que investiguen a estas personas. Todo lo teníamos que hacer nosotros. La fiscal dijo ‘pero estos señores son cristianos, no pueden ser porque son cristianos evangélicos’. Nos dijo que ella era también cristiana evangélica.

Los llamaron a rendir una versión después de mucho tiempo. Si hubieran investigado un cruce de llamadas, detectado coordenadas, automóviles, Juliana estuviera con nosotros, pero no lo hicieron.  Cuando rindieron su versión no nos permitieron estar presentes cuando era mi derecho como madre estar allí. Nos mandó sacando con abogado y todo. Lo único que hice es llorar porque no avanzaba con tanto dolor.  El abogado me dijo: ‘vámonos de aquí, porque se ve tan claro que estos le han pagado’. Ellos escucharon y el pastor hasta se sacó la camisa (en señal de pelea).

Salimos al parque El Ejido y miré al cielo a esperar la voluntad de Dios. Mi desesperación era grande. Una vez que tomaron la versión a toda la familia, fuimos al siguiente día a leer la versión de los pastores. La fiscal nos dijo ellos no son, porque son cristianos evangélicos. Ellos habían hablado mal de Juliana, hasta dijeron que era drogadicta.  Después de que ellos la conocían desde niña. La llamaban la hija porque eran los padres espirituales. Pero luego dijeron que era una conocida.

"Todo lo teníamos que hacer nosotros. La fiscal dijo ‘pero estos señores son cristianos, no pueden ser porque son cristianos evangélicos’".

Después, el pastor de jóvenes rindió por su cuenta una versión libre y voluntaria. Dijo que Juliana fue al trabajo de él (una institución estatal) para pedirle un computador y dinero. Afirmó que le dio 10 dólares. Mi hija jamás había ido a esa lugar. En ese instituto anotaban quien ingresaba, pero nadie la conocía. Era una mentira.

En esa misma versión declara que él es Juan Solano. Dijo que creó esa cuenta para aconsejar a Juliana para que no se vaya para malos caminos. Pero creó esa cuenta para manipularla por medio de la palabra de Dios. Ella era muy creyente en la palabra de Dios.

Esto se dio después de que en varias entrevistas yo había pedido la dirección IP de un mensaje que apareció en la cuenta de Facebook de Juliana al tercer día de desaparecida. Allí decía: ‘gracias amigos por sus preocupaciones, pero tomé mis propias decisiones y quiero que las respeten, no se metan en mi vida’. Palabras que jamás mi hija las utilizaba. Esa dirección IP me la entregan a los 2 años de desaparecida. Y sale justamente del trabajo del pastor.

Ahora hay un informe de un sicólogo forense de México que hasta ahora no lo puedo leer. Llamaron a estas personas a dar de nuevo sus versiones.

Han pasado 10 fiscales con este caso. Los primeros 6 fiscales no hicieron nada. Con la fiscal Laura Machuca (la número 7) recién a los 2,5 años y medio se hizo la reconstrucción de los hechos. Las pericias acabaron en noviembre de 2016. Ya han pasado 8 meses, pero nada sucede aún. Pero el fiscal quiere acusar por femicidio, cuando no tenemos pruebas de ello porque no tenemos cuerpo.

Se suponía que nos iba a atender el nuevo fiscal general, Carlos Baca Mancheno. Pero nos atendió un Geovanny Bravo, coordinador misional de la Fiscalía. ‘Si quieren que los atienda yo a buena hora’, nos dijo. En nuestra desesperación nos toca hasta humillarnos. Cuando es el deber de ellos darnos una respuesta.

Se han burlado de nuestro dolor.  Tengo miedo de irme de este mundo sin saber de mi hija, dónde está, dónde quedó. No pierdo la fe. Es mi derecho de saber dónde está mi hija, voy a seguir hasta el final. Y que se haga justicia de verdad”.

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