Back to top
21 de Abril del 2020
Historias
Lectura: 17 minutos
21 de Abril del 2020
Redacción Plan V
Julio Ballesteros: ‘7.000 personas podrían salir de las cárceles del país en esta emergencia’
0

Por medio de indultos con criterios específicos se podría reducir el hacinamiento carcelario. Foto: El Universo

 

El exviceministro del extinto Ministerio de Justicia y experto en temas carcelarios, Julio Ballesteros, cree que con varios mecanismos, entre ellos indultos colectivos e individuales, al menos 7.000 personas podrían salir del hacinado sistema penitenciario por razones humanitarias durante la pandemia. Sin áreas de salud equipadas y presos con bajas defensas, un contagio masivo dentro de las cárceles sería catastrófico, sostiene.

Varios sectores sociales y políticos se han sumado al pronunciamiento de la ONU de reducir el número de presos de las cárceles por la pandemia. ¿Es eso viable en Ecuador?

Julio Ballesteros fue viceministro en el Ministerio de Justicia

Primero hay que entender lo que sucede en los centros de rehabilitación social regionales, que son los grandes, y los pequeños, donde hay más hacinamiento. Nuestra población penitenciaria tiene una alimentación muy limitada. Se dan porciones muy pequeñas lo cual hace que tengamos una población físicamente muy delgada en las cárceles. Usted puede ver personas, que a los ojos de cualquiera, están con deficiencias nutricionales, lo que hace que disminuya sus defensas.

Uno de los diagnósticos que se hizo cuando estuve en el Ministerio es que junto a los problemas gastrointestinales también había un alto porcentaje de enfermedades respiratorias agudas. Es lo mismo que sucede afuera de los centros, pero más exponencial. Porque en cárceles como la Penitenciaría del Litoral o como la Regional de Guayaquil, además de las enfermedades respiratorias agudas, había presencia de tuberculosis y tuberculosis resistente. Es decir, además de tener esta enfermedad no dejaron de consumir drogas, lo cual hizo que se agrave su tuberculosis. En el momento que uno de ellos tuviese COVID-19 sería un cóctel fatal.

En Guayaquil hay aproximadamente 450 privados de libertad en esa condición. No están aislados, sino cumpliendo su pena en los pabellones. Estábamos viendo la posibilidad de ponerlos en espacios separados para que se recuperen y luego volverlos a un espacio común. Conversé con los directores de las cárceles de Guayaquil para que se los reubique dentro de la llamada Roca o zona de máxima seguridad. Ahí había la posibilidad para que, un poco hacinados, sean separados. ¿Para qué? Para que no contagien a los demás y tengan una dieta nutricional distinta para que puedan levantar su sistema inmunológico y curarse de la tuberculosis.

En Latacunga, ocurre esto pero en menor cantidad. Hay un espacio prioritario no solo para atender a los enfermos de tuberculosis sino con otras afecciones crónicas.

Yo creo que pedir que se descongestionen los centros de rehabilitación es un acto humanitario. Pero no creo que las condiciones políticas le permitan al Presidente de la República tomar una decisión de esa magnitud.

¿Por qué no?

Hay delitos (con los) que persiguieron a algunas personas del periodo de (Rafael) Correa. Por ejemplo, hay personas que cometieron delitos pequeños como el hurto de un celular sin violencia y fueron juzgados por asociación ilícita, un tipo penal que usó mucho la Fiscalía en los que no había un elemento fáctico para llevarlos a juicio y ponerles una sentencia por robo. La Fiscalía decía ‘esos dos señores robaron un celular o un centro comercial’, pero eran por cantidades que no llegaban al 50% del salario básico. Entonces la Fiscalía usaba ese tipo penal para lograr condenas ejemplificadoras de tres años. A todo esto el señor Glas fue condenado por este mismo delito y condenado con la pena más alta incluido agravantes. Si usted ve la posición del Presidente, siendo prácticos, no haría que él tomé una decisión porque también saldrían en combo estos señores a los que les ha hecho una suerte de auditoría política.

Es decir, por la situación de un preso que es opositor al actual Gobierno, Jorge Glas, ¿no se tomaría una decisión para el resto de internos?

Así me parece y es irresponsable. Creo que los privados de libertad, a través de las Defensorías Pública y del Pueblo, podrían enviar pedidos de indultos a nivel individual. Esto es algo que ya se debe hacer. Aunque hay en conflicto dos temas. El uno que es resarcir a la sociedad con el encierro a una persona por el delito que ha cometido y el otro que es mantener su vida, pues está en riesgo. Podría ser que alguien llegue con el virus y termine contaminando a la población penitenciaria y además con escasa posibilidad de atención interna porque no podrían salir a áreas adecuadas. Los dejarían en los mismos espacios de salud de las cárceles, que no tienen todo el equipo necesario para salvar las vidas. Estamos hablando de cerca 40.000 personas en los centros penitenciarios.

"hay en conflicto dos temas. El uno que es resarcir a la sociedad con el encierro a una persona por el delito que ha cometido y el otro que es mantener su vida, pues está en riesgo. Podría ser que alguien llegue con el virus y termine contaminando a la población penitenciaria y además con escasa posibilidad de atención interna porque no podrían salir a áreas adecuadas".


Controles de temperatura a servidores carcelarios en los CRS del país. Foto: SNAI

Entonces deberían enviar los pedidos de indultos, demostrar que están cumpliendo con una pena pequeña y que no han tenido conflictos dentro del sistema. El Ejecutivo debería aprobar los indultos sin mayores informes del SNAI (Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad).

Ahora de forma masiva yo creería que pudiera hacerse una separación por género. Por ejemplo, un grupo puede ser mujeres con condenas por microtráfico, que son las personas que venden droga en las grandes ciudades y así subsisten. Tienen hijos que por lo general son menores de edad. No sabemos si tienen atención de salud allí dentro. Ese es un grupo al que el Presidente podría dejar de salir.

¿Y también las mujeres embarazadas o con enfermedades catastróficas?

Por supuesto. Pero por ejemplo en el caso de un delito grave, como asesinato, tendrá una condena alta, y si está con una enfermedad grave, entonces para evidenciar claramente su situación debería presentar un indulto a través de la Defensoría Pública. Caso contrario se pueden ir personas que realmente tienen temas pendientes muy complicados con la sociedad.

También es importante que los detenidos por apremio, que deben ser 700 u 800, puedan salir de las cárceles y hacer un compromiso de pago de las pensiones alimenticias. Además son personas que entran y salen, entonces pueden llegar con COVID-19 y contaminar al resto.

Lo ideal sería que salga la gente que ya ha cumplido la pena, por ejemplo, aquellas que han llegado al 40% de sus condenas con el anterior Código Penal y darles una prelibertad, sin necesidad que se haga una valoración del perfil criminológico. Hay penas complicadas, las más altas, que son las personas que terminaron con la vida de otra o cometieron delitos sexuales. La sociedad va a reclamar y decir: ¿por qué sacan a los ladrones y a los violadores? Pero es algo que tiene que jugarse el servicio de rehabilitación social y decirle a la sociedad que esa persona ya cumplió y tiene un beneficio penitenciario. Yo dirían que hay 4.000 personas procesadas con ese Código y de ellas unas 1.200 que ya han cumplido sus penas.

También hay personas que han cumplido el 60% de la pena sentenciadas por el Código Orgánico Penal Integral. Estas también deberían salir. Es decir, si se abreviaban los procedimientos internos, habría alrededor de unos 4.000 internos que saldrían. Si les sumamos los 1.000 que están por pensiones alimenticias y las 2.000 mujeres que hay en las cárceles, tendríamos 7.000 personas que podrían salir. Es decir, se descongestionaría el 15% de los centros penitenciarios.

Aun así existe hacinamiento. Y de ahí se podría aplicar este mecanismo de petición individual de indultos, que sería el mayor tamiz para sacar a los privados de libertad.

En manos de la Asamblea está un listado de defensores de la naturaleza y luchador sociales, los cuales aún esperan una amnistía, que el Legislativo puede ampliar para otros procesados que están con prisión preventiva. En el país el 35% de presos están aún con prisión preventiva

¿Cuál es la capacidad de la atención de salud dentro de las cárceles?, ¿podría responder ante una situación crítica de contagios?, ¿con qué equipos cuenta?

Solo para lo elemental, lo único que se puede atender es una emergencia para controlar el dolor o las hemorragias. Nada más. Se planteó la posibilidad de construir un centro de salud para todo el complejo penitenciario de Guayaquil, pero no se logró hacer. Lo que se tiene son dispensarios médicos muy básicos, ahí no podrían ayudar a un interno que tenga complicaciones respiratorias. En Latacunga solo hay un centro médico. El momento que ingrese un caso eso va a ser catastrófico. Una suerte de clasificación es lo más urgente que se debería hacer.

hay personas que han cumplido el 60% de la pena. si se abreviaban los procedimientos internos, habría alrededor de unos 4.000 internos que saldrían. Si les sumamos los 1.000 que están por pensiones alimenticias y las 2.000 mujeres que hay en las cárceles, tendríamos 7.000 personas que podrían salir.

¿A dónde podrían ser llevados los infractores de las medidas de restricción?

Deben vaciar pabellones. En el caso de Quito es complicado, porque el CDP de El Inca está apretadísimo. Salvo que se saque a los que están por pensiones alimenticias, se podría liberar un pabellón y ahí deberían aislar a los nuevos. Todo el expenal García Moreno también está botado y podría ser usado. En Guayaquil, donde está la mayor cantidad de infractores, hay el ex CDP, que fue vaciado para pasar a los internos que debían cumplir la pena a otros centros. Entonces allí hay una capacidad de 250 personas. 

Ahora lo que se ha visto en El Inca son los guías penitenciarios los que llegan contagiados. ¿Cómo prevenir más contagios?

Debe haber un esfuerzo mayor de parte del Estado. Los expertos dicen que si las personas están protegidas totalmente, con mascarillas y guantes, y si se cambia cada cierto tiempo estos equipos, disminuye el riesgo de contagio. Se puede hacer lo mismo con los agentes. Pero entiendo que solo se les da un poco de guantes y mascarillas, y no las más adecuadas. También que no les dejen circular si no están con los guantes, el overol y la mascarilla. Habrá que añadir  el cómo llevar las armas para hacer contingencia dentro de los centros. Porque no hay otro mecanismo. Ellos tienen que salir, no pueden estar como otros privados de libertad. El ingreso de los agentes a las cárceles debe ser más estricto. Me han pasado fotografías de agentes penitenciarios que no tienen ninguna protección y ellos pueden ser transmisores.

Los uniformes y las mascarillas los pueden fabricar en los talleres de Latacunga y Riobamba. Son grandes y hay dinero de autogestión con el nuevo economato. Además, por el uso de teléfonos, el SNAI recibe el 5% de utilidades. Estoy seguro que entre los dos rubros deben haber más de 60.000 dólares. A eso adicione que en Latacunga hay el proyecto ‘tomatito’ (un restaurante en el que trabajaban algunos presos), que disponía de 30.000 dólares de ingresos.

Pueden pedir a las empresas que les entreguen las telas de calidad y las especificaciones técnicas. En una semana tendrán los implementos, estimo al menos dos overoles y 20 mascarillas por agente.

En los recientes motines dentro de las cárceles, ¿se puede decir que los internos están aprovechando esta crisis para desestabilizar las cárceles o hay una preocupación y mayor estrés de los presos adicional a otras situaciones como el hacinamiento?

Sin duda, las dos condiciones. La una que es la poca información que tendrán ellos sobre los contagios, cómo se controlan. Y lo otro que es real, diría yo en un porcentaje más algo, hay gente que quiere sacar partido de las condiciones de emergencia y presionar así para que exista un indulto general. Y este beneficia a personas que cometen delitos execrables y son reincidentes. Entonces de eso hay que cuidarse. Porque una persona que realmente está en el proceso de rehabilitación social no hace eso. Son temerosos de incumplir porque saben que están próximos a un beneficio penitenciario.


Motín en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato el domingo 18 de abril. Foto: Policía Nacional

Los expertos dicen que si las personas están protegidas totalmente, con mascarillas y guantes, y si se cambia cada cierto tiempo estos equipos, disminuye el riesgo de contagio. Se puede hacer lo mismo con los agentes. Pero entiendo que solo se les da un poco de guantes y mascarillas, y no las más adecuadas.

Si se hace indultos individuales van a volver a ocurrir los motines, pero van a poder hacer una clasificación real de quienes merecen este beneficio. Hay gente que puede ser más beneficiosa para la sociedad que esté afuera, en lugar de estar encerrado.

También no se deberían hacer traslados. Eso es lo que les asusta. Si saca un preso de Guayaquil y lo traslada a Latacunga, tenga la plena seguridad que habrá un motín. Me dijeron que esa fue una de las causas por las que hubo problemas en la cárcel de Riobamba.

Han estado sin visitas familiares ni conyugales entonces adentro hay un estrés que desborda lo regular en una cárcel, se debe manejar con mucho cuidado. También hay que conversar con los privados de libertad, hay quienes tienen un liderazgo y pueden contener a los internos.

¿Cómo evitar que las personas más peligrosas o narcotraficantes salgan beneficiados?

Primero que toda decisión que el Presidente tome respecto a un indulto general, por ejemplo, que salgan todas las mujeres que cometieron microtráfico de cocaína y marihuana, debe pasar por el centro de rehabilitación, al SNAI y a la Defensoría Pública para que de forma inmediata, en un plazo de 4 días, un juez de garantías haga el nuevo cómputo de la pena y salga el privado o privada de libertad. Se hace una suerte de tamiz porque hay control de estos organismos. En caso de que el indulto sea pedido de forma individual, el SNAI puede hacer una revisión o investigación, pero también poniéndose plazos, porque hay pedidos de indultos que llevan más de ocho meses.

[RELA CIONA DAS]

Los agoreros predicen más virus, frío, hambre y "calles calientes"
Mariana Neira
¿Cuándo Ecuador podría tener la vacuna contra la COVID?
Redacción Plan V
Escribir en el aire
Marlo Brito Fuentes
La mujer rural, que alimenta al Ecuador, en el mayor olvido antes y durante la pandemia
Susana Morán
Comité Ecuménico de Proyectos: las siete plagas que el coronavirus destapa en Ecuador
Milagros Aguirre
GALERÍA
Julio Ballesteros: ‘7.000 personas podrían salir de las cárceles del país en esta emergencia’
 


[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

Minuto a minuto sobre el coronavirus
Redacción Plan V
Las enfermeras viven su propia crisis en Ecuador
Susana Morán
Coronavirus: así luchan los médicos que están en la primera línea de batalla
Redacción Plan V
Las cárceles y el coronavirus en Ecuador: ¿un coctel explosivo?
Daniel Pontón C.

[MÁS LEÍ DAS]

Juego de tronos en el Hospital Carlos Andrade Marín
Redacción Plan V
30S: militares al rescate; y diez años después, al rescate de los militares
Redacción Plan V
César Montúfar: "enfrentaremos la crisis desde cuatro andariveles articulados"
Fermín Vaca Santacruz
Repsol Ecuador vende todos sus activos por USD 5 millones
Redacción Plan V