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16 de Junio del 2020
Historias
Lectura: 14 minutos
16 de Junio del 2020
Redacción Plan V
La agenda empresarial y social contra la corrupción vuelve al debate nacional
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Una de las principales razones de las protestas contra el gobierno de Moreno tiene que ver con las denuncias de corrupción en hospitales. Foto: José Jácome. EFE

 

Más de 80 organizaciones empresariales, periodísticas y de la sociedad civil propusieron al país una agenda en la lucha contra la corrupción, la impunidad y por una sociedad honesta y transparente. En ese llamado, estas entidades gremiales pusieron el dedo en la llaga de los males que azotan a un país plagado de latrocinios de los fondos públicos.


La evidencia es clara: en la Asamblea reposan al menos 15 proyectos de ley que buscan normar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Reposan desde hace años, pero ninguno ha pasado de las instancias primarias del procedimiento parlamentario. Y ante la inmobilidad, desidia e indiferencia de los actores políticos y los anuncios fallidos del Gobierno en este tema, tanto la sociedad civil, como los gremios industriales y empresariales se juntaron para dar un nuevo empuje a la lucha por la transparencia. 

Cerca de 80 organizaciones gremiales de empresarios, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil hicieron un compromiso en contra de la corrupción, la impunidad y por la transparencia y señalaron una ruta a la sociedad para que el tema de la honestidad pase a primer plano de las relaciones sociales, estatales, institucionales, comerciales y empresariales. Y pusieron los puntos sobre las íes respecto a las deudas que tienen los sectores oficial y privado en la lucha contra este flagelo en el Ecuador. 

Primero señalaron que vivir en una sociedad libre de corrupción es un derecho constitucional de los ciudadanos ecuatorianos y un deber del Estado, consagrado en el  artículo 3,y que el artículo 204 establece que “el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación”.

Ecuador firmó y ratificó varios instrumentos internacionales respecto a la lucha contra la corrupción: la Convención Interamericana contra la Corrupción CICC y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, CNUCC. También participó en las Cumbres de las Américas comprometiéndose a utilizar los medios a su disposición para la aplicación de los instrumentos internacionales aplicables y la lucha contra la corrupción.

Un primer acuerdo interinstitucional contra la corrupción fue firmado el 15 de noviembre en Quito. Los firmantes fueron el Comité Empresarial Ecuatoriano, el Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa y Ecuavisa, con la participación del  Ministerio de Economía y Finanzas, la Procuraduría General del Estado, el Consejo Nacional de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría General del Estado y la Asamblea Nacional. Se llamó Acuerdo por la ética y transparencia del sector privado.

Ecuador firmó y ratificó varios instrumentos internacionales respecto a la lucha contra la corrupción: la Convención Interamericana contra la Corrupción CICC y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, CNUCC. 

Que, con fecha 15 de febrero de 2019, quienes suscribieron el instrumento antes mencionado, acordaron trabajar en conjunto con la Comisión de Integridad y Anticorrupción del Capítulo Ecuatoriano de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Ecuador) para ejecutar y dar cumplimiento a los propósitos establecidos en dicho documento.

Los firmantes señalaron cinco puntos que les permiten afirmar que la corrupción se encuentra enraizada en el Ecuador desde hace varios años, que contamina a los sectores público y privado y que la corrupción y la impunidad campean en el país, porque: las irregularidades en los contra los fondos públicos se han hecho más notorios; la Función Judicial abre ventanas formales que, en la práctica permite a los delincuentes escapar de la ley y beneficiarse de la impunidad; la falta de legislación en materia de anticorrupción y la debilidad de las sanciones y penas ante el cometimiento de delitos ofrecen un escenario alentador a los corruptos; finalmente, la tolerancia de nuestra sociedad ante estos actos ilícitos ha provocado que la corrupción sea parte de la cultura ecuatoriana y de la toma de decisiones por parte de las autoridades.

Consideran que los ecuatorianos deben adoptar un rol activo en el combate contra la corrupción y en la promoción y fomento de valores en la sociedad, adoptando las medidas correspondientes en cada  ámbito de acción y exigiendo a las autoridades hagan lo propio en todos los niveles de gobierno.

los ecuatorianos deben adoptar un rol activo en el combate contra la corrupción y en la promoción y fomento de valores en la sociedad, adoptando las medidas correspondientes en cada  ámbito de acción y exigiendo a las autoridades hagan lo propio en todos los niveles de gobierno.

“El En la gráfica, Pablo Zambrano (derecha) y Patricio Alarcón, parte de la Comisión de Integridad.

Predicar con el ejemplo

Los gremios empresariales y demás organizaciones acordaron unir esfuerzos como sector privado para combatir, de manera activa, propositiva y militante a la corrupción desde los sectores y organizaciones a los que representamos, así como a título personal. También predicar la ética pública y privada con el ejemplo, lo cual implica no propiciar, caer, ni prestarse al cometimiento de actos de corrupción.

Decidieron conformar un equipo de trabajo multidisciplinario para trazar proyectos y objetivos comunes a corto, mediano y largo plazo. 

También conformaron una veeduría ciudadana para supervisar y fiscalizar: el destino de recursos provenientes de organismos multilaterales e impuestos; que los procesos de otorgamiento de los créditos que se concedan a través del gobierno se realicen de forma imparcial y transparente, con base en criterios objetivos comprobables; y que los procesos de contratación pública en todas sus fases se realicen de forma transparente y sin irregularidades.

Además pedirán formalmente a los organismos multilaterales que evalúen, auditen y supervisen periódicamente que los fondos entregados al gobierno ecuatoriano sean empleados de forma adecuada y transparente, conforme a los compromisos y objetivos señalados en los respectivos convenios.

A la vez se solicitará activar mecanismos de alerta y “banderas rojas” para la denuncia, seguimiento y sanción de irregularidades y manifiestos actos ilícitos que comprometan el destino de dichos recursos.

Tareas para todos

Los empresarios exhortaron a la Presidencia de la República y los diferentes niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados, a que procedan a la inmediata remoción o destitución de los funcionarios públicos que se encuentren inmersos en actos de corrupción y que no se los vuelva a incorporar en ningún estamento del gobierno.

Pidieron a la Fiscalía General del Estado, a que "continúe ejerciendo de forma eficiente, responsable y patriótica su función de investigación pre-procesal y procesal penal e impulse oportuna y apropiadamente la acusación en la sustanciación penal".

Además, pidieron a la la Asamblea Nacional, a que ejerza la función legislativa "con vocación de servicio y sentido nacional, de forma responsable, honesta, ágil y transparente, libre de intereses políticos u otros que menoscaben el bienestar de los ecuatorianos; y, fiscalice conforme a la Constitución de la República del Ecuador los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y a los órganos del poder público".

A la Función Judicial le exhortaron a que actúe con apego al debido proceso, precautelando siempre la imparcialidad e independencia judicial, rechazando toda forma de denegación de justicia y sustanciando con celeridad los procesos en los que se juzgan actos de corrupción.  Lo mismo al Consejo de la Judicatura, "a fin de que garantice la independencia de la Función Judicial e investigue a aquellos jueces de quienes se presuma actuaciones contrarias a los principios de ética, debida diligencia, imparcialidad y honradez".

pidieron a la la Asamblea Nacional, a que ejerza la función legislativa "con vocación de servicio y sentido nacional, de forma responsable, honesta, ágil y transparente, libre de intereses políticos


La Fiscalía y la Policía Nacional formaron una llamada "Fuerza de Tarea" para atender las denuncias e investigaciones de presuntos actos de corrupcion durante la emergencia. Foto: Fiscalía

Según los firmantes, la Contraloría General del Estado debiera iniciar de inmediato un examen especial a los contratos públicos adjudicados durante el tiempo de la emergencia sanitaria por la propagación del virus COVID-19 y emitir informes en el menor tiempo posible.

Sobre el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), los gremios empresariales creen que deber ejercer "de forma ágil, responsable y transparente sus funciones de control y supervisión de la contratación pública en el Ecuador, corrigiendo y optimizando sus procesos y mecanismos, denunciando las irregularidades de que tenga conocimiento ante las autoridades competentes y estableciendo medidas efectivas para prevenir y sancionar los actos de corrupción".

El Consejo Nacional Electoral (CNE), según los empresarios debería ejercer responsablemente sus labores de control y fiscalización de las organizaciones y movimientos políticos registrados y en proceso de registro, cualquiera sea su ámbito de acción; y reportar o denunciar oportunamente ante las autoridades competentes la presunción o existencia del cometimiento de delitos en el ejercicio de las funciones directivas o acciones políticas, más aún cuando se manejen fondos estatales. Exhortaron al CNE para que comprometa a los partidos y movimientos políticos a incorporar en sus estatutos o regímenes orgánicos disposiciones anticorrupción en el manejo interno de las actuaciones de sus miembros directivos, adherentes y afiliados, con causales específicas que tengan como consecuencia la expulsión de los mismos.

Los firmantes, nuevamente recurrieron al Ministerio de Educación y a los organismos que son parte del sistema de educación superior (CES, CACES y SENESCYT) para que ejerzan sus funciones en el marco del respeto y responsabilidad e incorporen de forma transversal la enseñanza de la ética y los valores en las instituciones educativas ecuatorianas.

Sobre el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), consideraron que la lucha contra el comercio ilícito debe ser constante y para el efecto debería disponer la creación de una policía aduanera contra el comercio ilícito para que los controles sean permanentes y no aleatorios.

15 proyectos en la Asamblea...

Los firmantes ha propuesto entablar un diálogo nacional con las autoridades de gobierno para que se establezcan compromisos concretos a corto y largo plazo en materia de anticorrupción.

También han planteado conformar un grupo de expertos que trabajen de la mano con la Asamblea Nacional para consolidar las más de 15 leyes anticorrupción en trámite —incluida la Ley de Extinción de Dominio— en una Ley Anticorrupción sólida y coherente, que incluya normas expresas para la recuperación de activos y fondos ilícitamente apropiados del erario público ecuatoriano y se impulse su trámite y aprobación en el menor tiempo posible.

También buscan apoyar la difusión de las prácticas y procedimientos para evitar la corrupción y promover el cumplimiento (compliance).

Entre estos puntos, también proponen:

Desarrollar campañas de concientización y educación sobre (i) los efectos nocivos de la corrupción desde sus orígenes y (ii) la promoción de valores en la sociedad, para así fortalecer la conciencia sobre la corrupción en todas las edades y culturas.

Generar un espacio seguro para que las personas puedan denunciar actos de corrupción en los ámbitos público y privado y trasladar dichas denuncias a las autoridades competentes para que inicien la investigación correspondiente.

Dar seguimiento a los ofrecimientos y planes del gobierno central y seccional en torno a la lucha contra la corrupción y las medidas tendientes a la reactivación económica post COVID-19.

Promover la implementación de un modelo de Gobierno Abierto, considerando para el efecto, que el Ecuador se adhirió a la Alianza para el Gobierno Abierto en el año 2018 y se ha generado un primer Plan Nacional de¡ Acción de Gobierno Abierto (PAGA).

Crear un sistema de calificación de proveedores para que accedan a los procesos de contratación pública aquellos que cumplan con requisitos objetivos que demuestren su capacidad técnica y legal para el giro de negocio de los bienes o servicios ofrecidos, así como los antecedentes que permitan verificar su desenvolvimiento ético y honesto en la materia sobre la que verse la prestación del bien o servicio.

Solicitar a las autoridades de gobierno, principalmente al Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) a implementar el “Pacto de Integridad” elaborado por Transparencia Internacional que incluye un acuerdo entre el gobierno o una entidad gubernamental y los oferentes que se presentan a la licitación de un contrato público en aras a prevenir las prácticas antiéticas e ilícitas en la contratación pública.

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