El 19 de agosto del 2016, el ministerio de Defensa, bajo la titularidad del Ec. Ricardo Patiño, solicitó al Comando Conjunto a la Fuerza Terrestre integrar un Consejo de Disciplina a la teniente Karla Pozo por divulgar información crítica en su cuenta de internet. La acusación en concreto, fue por “realizar actos de manifiesta violencia o indisciplina contra un superior, siempre que el hecho no constituya delito”. Con ella, fueron siete los militares que han sido sometidos a procesos administrativos por mantener activismo en redes sociales, por lo general crítico al gobierno de Rafael Correa.  El argumento contra la teniente Pozo fue que ella había "divulgado expresiones ofensivas e irrespetuosas contras las más altas autoridades como el señor Presidente de la República, el señor Ministro de Defensa Nacional, a través de su cuenta personal de Facebook". Fuentes cercanas a la defensa de los militares inmersos en estas acusaciones, sostuvieron que por lo menos doscientos uniformados, de las tres ramas de las FF.AA. estaban en procesos similares. 

El portal de periodismo de investigación Focusecuador.com, fue atacado innumerables veces durante su corta existencia. Desde ese portal, el activista y periodista Fernando Villavicencio develó la más grande trama de corrupción petrolera de la historia del Ecuador. A mediados del 2016 el portal fue bajado del aire por resoluciones no resueltas de copyright, por denuncias de la Secom ante la empresa estadounidense que le daba servicio de hosting. Luego, sus promotores armaron otro portal focusecuador.net que también fue dado de baja. Luego divulgaron sus investigaciones a través de una plataforma de publicaciones llamada medium.com y también la bajaron.  Es el caso más grave de lo que UD llama abuso de copyrigth con el cual se han visto afectados otros portales como 4pelagados.com; milhojas.is, y este portal, entre otros. El argumento: usar sin autorización fotografías de instituciones oficiales, que aparentemente tinen derechos de propiedad intelectual sobre esas fotos, que la Ley de Transparencia del Ecuador determina como documento público y es de libre uso por parte de los ciudadanos. 

Lo que UD llama Políticas de Red Social, se refiere a acciones que toman las empresas como Twitter o Facebook para bajarse cuentas en redes sociales, sobre todo de críticos al gobierno. En julio del 2016, las cuentas del presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, del activista político Carlos Acosta  y del comunicador social Bernardo Abad, fueron sacadas del aire. A esto se suman los hackeos a las cuentas de varios personajes políticos y periodistas, lo cual se dio durante la campaña electoral. Por ejemplo, en marzo, las cuentas de la asambleísta de CREO, Mae Montaño, y del candidato a vicepresidente de la República de esa agrupación, Andrés Páez, fueron robadas por parte de desconocidos para difundir material calumnioso en contra de Páez. Se trataba de un video corto donde se lo acusaba de delitos como lavado de dinero e incluso se lo vinculaba con varias mujeres, sin el concentimiento de ellas. 

Desde las redes, se han dado también amenazas a la integridad personal y familiar de varios usuarios, sobre todo periodistas. Como ocurrió en septiembre del 2016, cuando los periodustas del portal 4pelagatos.com, José Hernández, Roberto Aguilar y Martín Pallares fueron amenazados a través de redes sociales. Se pudo documentar que una de las amenazas vino de un funcionario público: Alejandoro Álvarez, director nacional de Informes Gubernamentales de la Presidencia de la República. Las amanezas surgieron luego de que el portal publicó una nota de opinión sobre la hija mayor del presidente Rafael Correa, en la cual se criticó que el diario público El Telégrafo, haya publicado una nota de opinion de Ann Dominique Correa. Los datos personales de los periodistas fueron divulgados por internet, así como fotos de sus hijos. 

En total son 160 ataques y amenazas de este tipo en un año, entre marzo del 2016 y abril del 2017, según reportó la organización especializada en materia digital, Usuarios Digitales, UD. Un promedio de una cada dos días. Estos ataques incluyeron formas como negación de acceso o DDoS, procesos judiciales por publicaciones en internet, amanezas o baja de contenido por supuestos derechos de copirigth, hackeo de cuentas de redes sociales y de correos electrónicos, amenazas a la integridad y vida de las personas-usuarios, usos de falsa información para dañar la reputación a terceros, difusión de datos personales, políticas de red social y legislación amenazante. Más o menos, todas estas formas de ataque se usaron en el Ecuador, y UD atribuye buena parte de estas a emisores vinculados políticamente con el oficialismo.

El informe de monitoreo fue presentado en la segunda semana de mayo del 2017 y , dice Fabian Auz, ingeniero en Electrónica y parte de est grupo, es una muestra fehaciente de cómo las redes en el Ecuador se han ido convirtiendo en un campo de batalla. Auz dijo que las nueve categorías en las cuales ha clasificado las amenazas y ataques contra los derechos son una muestra de lo que pasa en Internet, pero ni siquiera eso justifica una refulación o prohibición de contenidos en internet. Pretender censurar en internet es como que antes se hubiera planteado prohibir la imprenta porque en la época electoral aparecían pasquines contra tal o cual candidato. Alfredo Velazco, del mismo colectivo, dijo que él compara a las redes con un cuchillo de cocina. Es muy probable que un minom porcentaje de personas use un cuchillo de su cocina para suicidarese o agredir a otra persona, incluso matarla. Pero no por eso vamos a prohibir el uso de cuchillos en la cocina o regular su uso en un momento determinado. 

Dos altos funcionarios del gobierno saliente y entrante han expresado con claridad el deseo de que la nueva administración regule las informaciones y comentarios que circulan —hoy libremente— en redes sociales. Para el vicepresidente de la República, Jorge Glas, “Ese es un debate para después de las elecciones pero lo planteo. Yo soy ingeniero en tecnología de la información y la comunicación y creo que el Ecuador, como siempre ha hecho, puede proponer regulaciones de avanzada en algo que será titánico, quijotesco, porque tratarán de unirlo con libertad de expresión que no es tal, es sencillamente que no exista anonimato en redes sociales”. Eso lo dijo al calor de la campaña electoral por la segunda vuelta. Reaccionaba así a la avalancha de denuncias y comentarios en redes que lo vinculaban —al menos políticamente— a las denuncias de corrupción en el sector petrolero. Otro funcionario que pidió expresamente al presidente Lenin Moreno que emprenda una cruzada contra la libertad de comentar e informar en internet, sobre todo en tiempos electorales, fue el nada menos que el presidente del Tribunal de lo Contencioso Electoral, Patricio Baca Mancheno. El abogado expresó de modo vehemente, durante la entrega de credenciales al binomio presidencial electo, el 16 de mayo del 2017, que a través de trolls, de gente sin rostro, se sigue ofendiendo a la familia y la dignidad. Calificó de barbarie estas supuestas ofensas desde las redes, y finalizó pidiendo reformas al Código de la Democracia para que al menos durante la época electoral se regule las redes y la opinión par evitar que se "sigan dañando la honra de gente honesta". Baca Mancheno no se refirió a un caso en concreto. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, no estuvo de acuerdo con la petición: eso es imposible, dijo.

Usuarios Digitales anunció que participará en todo acto o colectivo que se oponga a la censura en Internet, como pretenden funcionarios gubernamentales. 

El impacto de la Ley de Comunicación en internet: la autocensura

Daniela Salazar es subdecana de la faculta de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. En un texto de reciente aparición —que consta en el libro editado por esa universidad, llamado Regulación de internet y derechos digitales en el Ecuador— ella sostiene que la vigencia de la Ley de Comunicación "ha limitado la libertad de recibir, buscar y difundir ideas y opiniones por medio de internet en el Ecuador". Este cuerpo normativo no excluye a internet a su ámbito de aplicación, dice, porque la Ley genera incentivos para que los medios de comunicación tradicionales se conviertan en censores privados de los comentarios que terceras personas publican a través de los portales de internet. Además, la LOC, según la abogada y académica, omite proteger el derecho al anonimato en internet.