Ser mujer en Ecuador

Las alertas siguen prendidas. Las cifras sobre violencia, discriminación y pobreza de las mujeres en el país aún alarman. En Ecuador pueden ocurrir 14 femicidios en tan solo tres semanas. Sucedió en enero de este año. Casi en el mismo lapso, miles de ciudadanas ecuatorianas decidieron dejar el silencio y publicar sus desgarradores testimonios bajo la campaña en redes sociales #PrimerAcoso. Estos innumerables relatos confirman viejas estadísticas sobre la violencia contra la mujer en el Ecuador. Por ejemplo: 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género; 1 de cada 4 ha sufrido violencia sexual; y más del 80% de violaciones ocurre con personas cercanas a la víctima. Estos datos que salen de la última encuesta hecha por el INEC en diciembre de 2011 aún son la pincelada más cercana a esta realidad, pese a que han pasado cinco años. 

Después todo es fragmentado. Esbozar las cifras sobre la situación de la mujer en el país implica zambullirse en las bases del INEC, muchas de ellas sin un desglose por género como en su último estudio sobre pobreza y empleo. En los que sí hay este indicador, los datos no dejan de inquietar. Así se encuentra que en el sector privado por cada mujer afiliada al IESS, existen dos hombres.  Además las mujeres tienen una mayor carga de trabajo no remunerado: 31:49 horas a la semana versus 09:09 horas de los hombres. En un informe de 2014, se hallan otros números: el 25,6% de mujeres es jefa de hogar y el 35,9% era parte del personal directivo en el sector público y privado.

Pero el esfuerzo más cuidadoso para sistematizar esta realidad viene de la sociedad civil.  La Coalición Nacional de Organizaciones de Mujeres hizo una amplia descripción en el Informe Sobre al Comité de la Cedaw en noviembre de 2014. Entre los datos que cita está, por ejemplo, que el salario de las mujeres es 14% inferior al de los hombres;  que el 95% de las mujeres rurales, las mayores productoras de alimentos del país, no accede a créditos; 2 de cada 4 mujeres asisten a educación superior; el 50.4% de las mujeres en edad fértil son pobres; se estiman en 5.000 los casos de trata de mujeres;  y 2 de cada 6 casas de acogida de víctimas de violencia han cerrado.

En el 2020 las mujeres en el Ecuador serán el 51% de la población. En estas elecciones presidenciales representan  6’432.597 votos de los 12’816.698 electores que están habilitados. ¿Qué proponen los candidatos a estas mujeres?

Los candidatos y el olvido de las mujeres

Como ha sucedido con otros derechos, el de las mujeres es otro tema olvidado por la mayoría de los candidatos presidenciales. Solo dos (Paco Moncayo de la ID y el oficialista Lenín Moreno) de los ochos aspirantes han dedicado uno o varios acápites a este tema en sus planes de trabajo. Tres (Patricio Zuquilanda del PSP, Dalo Bucaram de Fuerza.ec y Washington Pesántez de Unión Ecuatoriana) no hacen ninguna mención a este tema. Mientras los tres restantes Iván Espinel (Fuerza Compromiso Social), Cynthia Viteri (PSC) y Guillermo Lasso (CREO) hacen entre una y dos breves menciones a algún aspecto relacionado con las mujeres.

Tres de ochos candidatos tienen una o más propuestas sobre violencia de género. Cinco de los ocho tienen una o más ofertas donde se menciona específicamente empleo para mujeres. Mientras que los temas más abandonados son la educación, los derechos sexuales y la participación política. El más amplio de los proyectos es el de Paco Moncayo, quien tiene propuestas en seis temas relacionados con la mujer. Es el único que además tiene un planteamiento claro sobre el aborto: despenalizarlo en casos de violación (ampliación más adelante).

“Siete de los ochos candidatos desconocen el marco constitucional de protección de derechos y eso es gravísimo”. Ese es el balance de Rocío Rosero, vocera de la Coalición de Organizaciones de Mujeres. Lamenta que en las propuestas presidenciales se hable aún de violencia intrafamiliar como ocurre en la del candidato Guillermo Lasso. “Es una conceptualización vieja, de la época de los 90, reductivista”. Es distinto hablar de violencia de género como una afectación a los derechos de las mujeres, donde el Estado está obligado a protegerlos, obligación vigente desde la Constitución de 2008, explica.

La activista también encuentra “facilismo” en el tratamiento de estos temas, el abordaje de la igualdad desde el “romance” (Alianza País), y “enunciados que se quedado ahí durante todos estos años”. “Necesitamos ser sujetos de derechos con nombre y apellido, después de 10 años de invisibilización”. En este sentido para la Coalición existe un déficit en el marco legal sobre la violencia de género. La agrupación hizo un proyecto llamado “Ley Integral por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias”. Apenas un candidato presidencial, Paco Moncayo, y 26 candidatos a asambleístas se han comprometido a impulsarlo.

La salud es otro pendiente. Entre las propuestas en esta materia la disminución de la incidencia en la mortalidad de las madres, la prevención del embarazo adolescente y  ampliar la seguridad social para amas de casa. “Tibio y pobre”, calificó a las propuestas Virginia Gómez, presidenta de la Fundación Desafío. Se ha encontrado en sus acercamientos con candidatos un desconocimiento sobre el Código Orgánico de la Salud que está en trámite en la Asamblea. Teme la posibilidad que el sistema de salud entre a un sistema de pago cuando las mujeres son las principales usuarias. “Lo más preocupante es la ambigüedad” de la normativa, dice Gómez.

Este documento contiene un capítulo sobre derechos sexuales y siete de sus artículos preocupan a mujeres activistas y médicos. A su criterio, no se declara al embarazo adolescente e infantil ni la violencia de género como un problema de salud pública. “Sería un retroceso a los años 90”, agrega Rosero. Otros artículos señalados son los del aborto (16 y 154) pues consideran que el Código pone en riesgo la normativa que operativiza la interrupción legal del embarazo y deja abiertas las puertas para que las mujeres sigan siendo judicializadas. Es una agenda que ha sido calificada por “ultraconservadora” por las organizaciones feministas, donde el aborto ha sido el tema de permanente puja.

El aborto, el tema espinoso de la campaña

Van tres organismos internacionales que ha reclamado a Ecuador por la legislación sobre el aborto. Primero fue la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en marzo de 2015. Luego el Comité de Derechos Humanos de la ONU en julio de 2016 y cuatro meses el Comité contra la Tortura. Todos coinciden en ampliar la despenalización del aborto en caso de violación e incesto. En la actualidad el artículo 150 del Código Penal Integral (COIP) solo lo permite cuando el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental o cuando pone en riesgo la vida de la mujer. Además el Comité de DDHH pidió al Estado asegurar que las barreras legales no lleven a las mujeres a recurrir a abortos inseguros que puedan poner en peligro su vida y su salud.

Aunque este tema es preocupante para los máximos organismos de derechos humanos mundiales, en siete de los ochos planes de gobierno de los candidatos a Presidente no se hace ninguna mención al tema. Como ya se mencionó solo la propuesta de Paco Moncayo, de la ID, tiene una postura explícita de despenalizar el aborto “en principio al menos por casos de incesto o violación, aún cuando la mujer no padezca discapacidad mental y en el caso de discapacidad fatal del feto”.  Pero Plan V planteó la pregunta a los candidatos ¿Está de acuerdo con la legalización del aborto?, como parte del proyecto periodístico www.brujulaelectoral.ec. Este portal permite a los usuarios identificar el aspirante presidencial que más coincide con sus aspiraciones o creencias. Los ocho candidatos respondieron la pregunta de la siguiente forma:

●  Patricio Zuquilanda. El candidato no respondió ni sí ni no. “Hay circunstancias en la vida de las naciones en las que se va a determinar si el aborto es bueno o malo (...). A través de discusiones nacionales, de razones sociales, científicas y políticas se saca la verdadera razón de esta materia”.

●  Iván Espinel. No. “Porque desde el momento de la concepción de la vida, donde se une un espermatozoide y un óvulo que forman el huevo cigoto, ya estamos con los derechos fundamentales”.

●  Cynthia Viteri. No. “Respeto la vida desde su concepción y respeto la vida en todas sus expresiones. La planificación familiar aunque parece un tema general es realmente intrínseco”.             

●  Dalo Bucaram. No. “Para mí el aborto es un crimen. Se lo busca disfrazar de derechos. Pero en la práctica es un ser humano matando a otro sin ningún derecho. No lo apoyaría, tampoco impondría mi criterio en el caso de que se abra el debate y se sometería conjuntamente con la consulta que vamos a emprender”.           

●  Guillermo  Lasso. No. “Mi postura personal es la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.

●  Paco Moncayo. Sí. “Pero solo en caso de violación o aborto terapéutico”.               

●  Washington Pesántez. Sí. “Pero en circunstancias especiales como el del aborto terapéutico o por violación debe darse ese paso. El Estado debe proteger la vida desde su concepción”.

●  Lenín Moreno. El candidato no respondió ni sí ni no. Pero dijo: “Proponemos abrir un espacio de diálogo para discutir este tema, que no debe ser politizado en época electoral”.

Como se observa el 50% de las posturas son conservadoras y apelan a la protección de la vida desde la concepción. Un 25% está abierto a avanzar a la despenalización del aborto por violación y el 25% restante no aclaró su postura sobre este tema. En este último grupo se encuentra el candidato oficialista Lenín Moreno, quien ha dicho que este tema no “debe ser politizado en época electoral”. Pero según los grupos focales con jóvenes que hizo Plan V junto con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para desarrollar www.brujulaelectoral.ec este tema apareció entre sus inquietudes. En el portal www.brujulaelectoral.ec de las 4.163 participaciones, 2.324 (56%) se pronunció a favor de la legalización del aborto. Mientras tanto, la judicialización de mujeres por abortar sigue en aumento. Hasta el 2017, el Consejo de la Judicatura ha registrado 82 casos.

  ENTREVISTA  

“Queremos que nos crean cuando decimos que nos han violentado, nos han violado, nos han denigrado y descalificado”

Elizabeth Ernst, socióloga, consultora y feminista

¿Qué impresión le deja los planes de gobierno de los candidatos presidenciales respecto a los derechos de la mujer?

Fuera de ciertos pronunciamientos claros del candidato Paco Moncayo respecto a su compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres y despenalizar el aborto por violación, ninguno de los candidatos, ni la candidata mujer, se han pronunciado claramente al respecto. Los derechos de las mujeres no son una prioridad. Tampoco se transversaliza el enfoque de género que visibiliza las brechas existentes entre hombres y mujeres, y las del campo y la ciudad, para formular propuestas concretas para eliminarlas. Es necesario hacer acercamientos claros en los temas laborales, de la carga global de trabajo, el acceso a la educación, a la salud, a los temas relacionados al embarazo adolescente, la mortalidad materna, acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres. Ninguno de los candidatos se ha pronunciado sobre la escalada de femicidios en este mes de enero de 2017.

¿Coincide con que los distintos aspirantes en estas elecciones han olvidado el debate de los derechos en general y en específico los de las mujeres?

Coincido totalmente con esta afirmación. Parecería que las propuestas de los candidatos presidenciales se realizan al margen de las repercusiones diferenciadas que pueda tener en la población del país. Si bien es importante salir de la crisis, no lo es menos considerar las brechas de género que se producen en momentos de crisis, donde las mujeres son las que tienen menos opciones de acceso al trabajo, son las más rápidamente separadas de sus cargos y las más explotadas. La consecuencia es que se acentúa la feminización de la pobreza que repercute en las condiciones de vida de las familias y de la sociedad.

El tema del aborto es uno de los temas que de alguna forma ha estado presente en el debate electoral, aunque con mucha irregularidad. Pero para usted como activista, ¿qué otros temas debieron estar en la agenda de los candidatos?

El tema del aborto es muy importante y es bueno que se lo debata a profundidad entre los y las candidatas. Una de cada cuatro mujeres víctimas de violencia, también ha sufrido violencia sexual. El aborto está relacionado con la violencia y con el embarazo adolescente. Todos los embarazos en menores de 14 años son producto de violación y las niñas y adolescentes no tienen una respuesta en este tema por parte del Estado. Es más, cuando recurren a un aborto, se las penaliza a ellas y no a quienes las violaron. La mayor parte de los casos ocurren al interior de las familias: son padres, padrastros, abuelos, tíos, primos, hermanos. Cuando esto ocurre, la familia prefiere ocultar el problema y no denunciar. Las niñas y los adolescentes son culpabilizadas y silenciadas. El honor familiar y su unidad pesa más que los derechos que éstas tienen. La mortalidad materna también está relacionada con el aborto, puesto a mayor cantidad de abortos inseguros, mayor riesgo de muerte. Los suicidios por embarazos tempranos inducen a niñas y adolescentes a tomar esta decisión tan drástica. El Estado no tiene una política de prevención respecto a estos temas que no son normales ni naturales.

¿Cuáles son los retos que tiene el futuro Presidente en relación a políticas sobre derechos de la mujer?   

Implican el desarrollo de políticas integrales, en donde el eje sea la prevención contra la violencia y la generación de una verdadera cultura de respeto y paz. No queremos solo despenalizar el aborto por violación, queremos que los hombres de nuestro país, no nos violen ni violenten ni nos consideran su propiedad privada. Queremos que las  niñas, adolescentes y mujeres se sientan seguras en su hogar, en la calle, en el bus, en las escuelas y en la iglesia. Queremos que nos crean cuando decimos que nos han violentado, nos han violado, nos han denigrado y descalificado. Queremos que la justicia no diga que exageramos, queremos que nuestros hijos e hijas vivan con respeto, igualdad de derechos y oportunidades. Estos son los principales retos. Recordar continuamente  que vivimos es un estado de derecho y que los Derechos Humanos también nos pertenecen.