Este es un juicio sobre la censura. La Supercom y sus abogados se sentarán frente a frente a los representates de un diario ecuatoriano, La Hora, para civilizadamente esgrimir sus alegatos frente a tres jueces que determinarán si la censura gana o pierde. 

A la entrada del edificio del nuevo complejo judicial, Luis Vivanco, editor general de La Hora, y Luis Vivanco, jefe de informática del diario, aguantan el frío a la espera de que lleguen sus abogados. Uno de ellos, el respetable exdecano de la Facultad de Derecho a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Santiago Guarderas. 

Aún no les han asignado sala para el juicio que se ventilará en pocos minutos, exactamente a las cuatro de la tarde del viernes 4 de mayo. Hora y día inusuales para este tipo de audiencias. Por la misma puerta principal donde los Vivanco esperan entra uno de los abogados de la Supercom. La entidad estatal ha sido demandada por diario La Hora, en la acción de amparo y pedido de medidas cautelas en contra de la decisión de la Superintendencia de Control de la Información, de sancionar a este diario —y a otros seis medios— por ejercer censura previa (dice la resolución de la entidad estatal) al no publicar ni replicar una información publicada a su vez en el diario argentino Página 12  —en plena campaña electoral por la segunda vuelta— acerca de presuntos negocios off shore del candidato presidencial Guillermo Lasso. 

La sanción a estos siete medios, por no publicar una noticia, causó el rechazo de organismos nacionales e internacionales que defienden la libertad de expresión. Pero fue únicamente diario La Hora, el medio que tomó la iniciativa para demandar una medida de protección acerca de esta sanción que los comina a pagar un multa de 10 salarios mínimos vitales del Ecuador, USD 3.750, en las siguientes 72 horas de notificada la Resolución. Luego Teleamazonas, otro de los medios sancionados, planteó un recurso de amparo. 

Luis Vivanco y Luis Vivanco suben hasta el segundo piso y aunque no saben cuál misma es la sala de audiencias, intuyen con certeza que es ahí, en la puerta donde están varias cámaras  de video, donde debe ser su cita con dos jueces y una jueza del Tribunal de Garantías Penales, que decidirá sobre su petición.  Mientras caminan por el largo pasillo hasta la sala, ubicada al final del recorrido, los fotógrafos les disparan y los camarógrafos los filman. Ingresan y mientras Luis Vivanco el editor se manda una selfie con los abogados, Vivanco el informático prepara los equipos para la exposición con ayuda del Power Point del doctor Guarderas. 

Arriba. La parte acusadora, o accionante, en este caso, llevó a la Supercom a una audiencia por presunta violación a los derechos constitucionales de libertad de expresión, seguridad jurídica y debido proceso. Foto inferior: los abogados de la Supercom,  Elsa Quispe y Alejandro Salguero. A la izquierda, la representante de la Procuraduría.

Frente a ellos ya están ubicadas dos abogadas, la una de la Procuraduría y la otra de la Supercom, y un abogado, joven este, con una traje negro ceñido, una corbata roja y una especie de flor en el ojal. En el estrado aún no están los jueces pero la secretaria del juzgado se encarga con eficiencia marcial de ahuyentar a los últimos trabajadores de la prensa y apurar a los asistentes a tomar asiento. Pasan ya diez minutos de la hora convocada. El salón, como para albergar a unas cuarenta personas, está lleno: del un lado, como si fuera una boda, los acompañantes del Estado: funcionarios jóvenes, bien vestidos, con aire de suficiencia y cierta arrogancia, pelo engominado, grandes portafolios de cuero negro, traje sastre... Del otro lado, hay bullicio: el doctor Guarderas ha llevado a sus estudiantes universitarios, de la carrera de Derecho, para constatar —dirá luego— en vivo y en directo, cómo a pesar de cualquier argumento una justicia que actua como operadora política de un partido y de un gobierno dará su veredicto.

Nadie más acompaña al diario, ni los directivos de otros medios ni estudiantes de periodismo o defensores de derechos humanos ni gremios de periodistas ni activistas de oposición o sindicatos o dirigentes indígenas. Solo un hombre de unos 70 años confiesa en reserva que ha llegado porque vio una invitación el Twitter de Luis Vivanco. Antes de que ingrese el tribunal pregunta: —¿Puede intervenir el público? Porque yo quisiera decir algo. —No señor, es la respuesta. 

La jueza María Mercédez Suárez lleva un vestido ceñido de color gris, que remata en un cuello de tortuga. Su expresión es de hielo, es muy joven, quiere irradiar autoridad. Cuando empiezan a tomar lista ella se ha colocado entre dos jueces, muy formales, que en las dos horas de audiencia no moverán un solo músculo de la cara.  La señora Suárez deja de entrada bien claro quien es la que manda. Conmina al decano Guarderas a que se ponga de pie cuando se diriga al tribunal, regaña a la abogada de la Procuraduría, Carola Samaniego, porque no responde rápido a la secretaría cuando pasa lista de los actuantes en el juicio. 

Puestos todos en orden, el doctor Guarderas, en representación del accionante (así se dice al que pidió la acción de protección), Francisco Vivanco Riofrío, principal de La Hora, toma sus veinte minutos para exponer, con el Power Point, los argumentos para demostrar que con la sanción, la Supercom (el accionado) ha violado los derechos constitucionales a la seguridad jurídica, el debido proceso y la libertad de expresión del periódico. Se toma todo el tiempo de esa primera intervención —de otras dos más que vendrían— para, de una forma pedagógica, explicar que la Resolución de la Supercom se pasó por encima no solo los derechos constitucionales, sino además de resoluciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional que ha interpretado términos y disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación, cuyo artículo 18 —dice la Supercom en su Resolución— violó La Hora al incurrir en censura previa para que los ciudadanos no se enterasen de lo que Página 12 decía del candidato Guillermo Lasso, un tema de relevancia pública según el ente estatal. Hay un argumento central en esa exposición: qué es información de relevancia pública y quién define que lo sea. Pues el licenciado Carlos Ochoa, titular de la Supercom, por encima de la ley y de los mandatos de la Corte Constitucional, dice tajante el doctor Guarderas.

La Corte Constitucional había fallado en una sentencia —que sienta jurisprudencia— que es el Cordicom, o sea el Consejo de Regulación de la Comunciación, el que debe generar los parámetros para definir cuándo, por qué y en cuáles circunstancias una información debe considerarse de relevancia pública. Y hasta la fecha no lo ha hecho. Por tanto, el señor Ochoa ha emitido una sanción sobre algo que no existe en norma alguna y definió lo que es de interés público solo porque se le ocurrió, dice Guarderas. El ex decano se tomará otros treinta minutos, en dos intervenciones posteriores, para redondear sus argumentos. El Código de la Democracia, dice en una de sus intervenciones, regula el periodo electoral e impide claramente que se pueda favorecer o perjudicar a un candidato de modo indirecto a través de propaganda disfrazada de información, que es lo que Página 12 hizo, dice el abogado, y recuerda que con esa información del medio argentino todos los medios controlados directa o  indirectamente por el gobierno replicaron la información y la emprendieron contra el candidato Lasso.

La abogada Elsa Quispe —sin hache le aclara al periodista Miguel Molina— ha realizado comentarios con el abogado Alejandro Salguero durante casi toda la intervención de los accionantes. Su voz es fuerte, sus frases se expresan con contundencia. Minimiza los argumentos del doctor Guarderas: sus reclamos son asuntos de mera legalidad, dice. Y un tribunal constitucional no es el escenario para tratar una mera inconformidad de La Hora con la sanción impuesta. Dice que a su representado, Carlos Ochoa, no es que se le ocurrió que la información de Página 12 era de interés público, sino que eso está normado, y la sanción a La Hora fue argumentada y motivada. El accionante, dice Quispe, debe demostrar en qué momento y de qué manera la Supercom ha violado los derechos constitucionales reclamados. —La jueza Suárez le recuerda que el accionante tiene aún varias intervenciones y le pide que no adelante conclusiones—.  Con el mismo argumento la abogada de la Procuraduría concluye que La Hora solo quiere evitar el pago de la multa. Queremos saber, insiste, cómo se violaron los derechos constitucionales del diario. Para el abogado Salguero el tema es más simple: hubo una campaña electoral  y hubo una información que involucraba a uno de los candidatos. Lo que hicimos —dice— fue defender el derecho de un grupo de ciudadanos a obtener y recibir información sobre ese candidato,  y lo que hicieron esos medios que no publicaron la información del diario argentino fue negar a esos ciudadanos el derecho a conocer información que, en sí misma, era un hecho, sobre ese candidato. Remata Salguero con una frase que expresa todo lo que ahí se debate: quién aplica la censura en verdad: díganle —los siete medios sancionados— a sus lectores que ese reportaje existe, ni siquiera queremos que lo repliquen, solo que existe, y los lectores sabrán discernir. 

En el alegato final, Guarderas dice con claridad que lo que buscaban los denunciantes de ese llamado Observatorio de la Calidad de la Información, que denunció a los siete medios, era que la prensa no gubernamental se sumara a una campaña de linchamiento mediático contra el candidato de la oposición, y que eso no iba a suceder nunca, porque los medios como La Hora hacen periodismo y no propaganda. Esa misma frase ha estado circulando en etiquetas en redes sociales con fotos de las redacciones de La Hora de todo el país, donde los periodistas han aparecido con carteles que dicen: La Hora no pasa Página (12) porque hacemos periodismo, no propaganda. El abogado que está junto a Guarderas y representa también a Vivanco Riofrío, joven y vestido menos formalmente que sus colegas, pide al tribunal que acepte la acción de amparo. Y dice que habla en nombre de todos estos estudiantes de Derecho que los acompañan y que han acudido a ver cómo los jueces ejercen justicia.

La jueza y los otros dos jueces se van a deliberar. Dicen a los actuantes y al público que permanezcan en la sala. Cuando los jueces desaparecen por la puerta posterior hacia, se supone, una sala de deliberaciones, el ambiente se relaja. Guarderas sale al pasillo donde están varios medios como Teleamazonas y Ecuavisa. Vivanco, el editor, que ha permanecido en silencio absoluto junto a los abogados de La Hora, sale a fumar un cigarrillo electrónico. Se sienta alejado de todo el mundo a revisar su celular. 

Guarderas pregunta al grupo de periodistas sobre sus empresiones respecto a la actitud de los jueces. La pregunta no es entendida, pues la respuesta es ambigua. Si vieron sus rostros, pregunta a los periodistas; si notaron alguna expresión que refleje su decisión posterior. La respuesta es el silencio porque cae en el mundo de lo insondable. Lo que se debate, dice uno de los periodistas al abogado, es sobre quiénes son los censuradores. El gobierno, de modo perverso —dice— ha logrado con esta Resolución de la Supercom, dejar en claro que los censuradores son los que medios que dicen luchar contra la censura del gobierno y encima reclaman libertad de prensa. Para los abogados de la Supercom, más allá de de los temas de legalidad o de derechos constitucionales, debe quedar escrito, y para siempre, que los medios privados censuran y niegan a los lectores el derecho a una recibir información de un hecho, más allá de que estén o no de acuerdo con sus contenidos.

La censura. ¿Quién entonces ejerce la censura? El gobierno es paranoico, dice otro periodista. Todo gobierno autoritario es paranoico, y lo increíble es que la censura, desde la definición clásica la imponen los Estados autoritarios, o los poderemos monopólicos, pero ahora aparece como que la censura lo aplican los periodistas.

La censura o los censores no tienen buena imagen de sí mismos: prefieren endilgar a otros las acciones de censurar. Prefieren usar otros términos, usar eufemismos. A la censura, le diran derechos, dice el premio Nobel de Literatura 2003, John M. Goetzee. En Ecuador, dice un periodista que cubre este juicio, las autoridades se han inventado algo tan genial como perverso: constituye censura también no publicar informaciones y es el Estado paranoico el que define, imagina o constituye como verdad jurídica, el mundo irreal maravilloso de lo potencialmente publicable, de lo hipotético. Ahora nadie sabe —dice el doctor Guarderas— a qué atenerse, porque cualquier hecho o noticia que circula por el mundo y que no ha sido tomado en cuenta por un medio no oficial, puede convertirse en delito solo por el acto de ser ignorado.

El tribunal regresa luego de una hora, cuando ya hasta los policías de la escolta judicial quieren irse. La jueza, con la misma expresión de hielo, anuncia lo que en los pasillos ya se preveía: el pedido de La Hora ha sido negado, porque no se reclama una violación constitucional sino un hecho de mera legalidad. Exactamente el argumento de los abogados de la Supercom. Así que La Hora pierde, y de inmediato anuncia que se acoge al derecho a la resistencia.

Queda en firme el hecho de que el gobierno, y cualquier persona vinculada políticamente al partido de gobierno, se convierte en editor de todos los medios de comunicación, el que decide qué se debe publicar y qué no. Por tanto, al negarse el recurso de amparo, la censura ha ganado.

A la salida, los alumnos del doctor Guarderas conversan con su maestro.