La situación de los Derechos Humanos en el Ecuador no ha variado significativamente durante la administración de Rafael Correa, mientras aumenta la preocupación internacional frente a las medidas más polémicas del Gobierno, como la Ley de Comunicación y los decretos que limitan las libertades.

El caso ecuatoriano fue debatido en el marco del Exámen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se realizó en Ginebra, Suiza, el pasado el 1 de mayo de 2017.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que permite evaluar cada cinco años la situación de Derechos Humanos de los 193 países miembros de Naciones Unidas y así promover avances en la materia. En 2012 Ecuador tuvo su segundo Examen en el que recibió 24 observaciones relacionadas con el derecho a la libertad de expresión, por parte de 18 Estados que mostraron su preocupación por la situación de este derecho fundamental.

Por lo menos 26 estados emitieron observaciones y recomendaciones directamente relacionadas a la situación de la libertad de expresión, prensa y asociación en el Ecuador. La cita tuvo una duración de más de tres horas. Por lo menos doce países expresaron su preocupación por la libertad de asociación.

Para Gobiernos como los de Canadá, México, Estados Unidos, Suiza, Costa Rica, República Checa y Bélgica la situación de la libertad de expresión y el trabajo de periodistas y medios de comunicación en el país es preocupante, así como las restricciones a la libertad de asociación y al trabajo de las organizaciones sociales.

Los Estados que emitieron sus observaciones y recomendaciones sobre la situación de las libertades de expresión, prensa y asociación en Ecuador fueron: Bélgica, Canadá, Botswana, Costa Rica, Brasil, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Liechteinsten, México, Montenegro, Holanda, Perú, República de Corea, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos  y Australia.

Los gobiernos extranjeros mencionaron normas como la Ley Orgánica de Comunicación y los Decretos Ejecutivos 16 y 739, y pidieron expresamente su reforma o derogatoria, pues estos países piensan que no respetan los estándares internacionales contenidos en los instrumentos de Derechos Humanos.

El secretario de Comunicación, Patricio Barriga (Izq.), defendió el esquema de control de medios que impera en el Ecuador. 

Para el Gobierno alemán, la criminalización de la protesta social es un problema grave en Ecuador, por lo que recomendó revisar las normas del Código Orgánico Integral Penal en lo referente a delitos como ataque y resistencia, sabotaje y terrorismo.

Para Australia, Botswana, Brasil, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Montenegro, Holanda, Perú, República de Corea, Eslovaquia, España, Suecia, Ucrania y Reino Unido las restricciones al ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, la falta de garantías para el trabajo periodístico, la situación de las organizaciones de la sociedad civil y las amenazas y represalias que sufren activistas y defensores de derechos fundamentales, fueron motivo de preocupación. 

Al evento asistió una nutrida delegación del Gobierno. Junto con los funcionarios viajaron algunos asesores y personal de seguridad. La delegación oficial estuvo conformada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Guillaume Long, por el secretario de Comunicación, Patricio Barriga, y otros funcionarios del Ejecutivo, así como la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, y la vocal del Consejo de la Judicatura, Karina Peralta. El canciller estuvo acompañado de la embajadora del Ecuador en la ONU, María Fernanda Espinosa, quien ha sido mencionada como posible canciller del Gobierno de Lenin Moreno. 

Long, en su intervención final aseguró que pareciera que los Estados hablaron de un país distinto a Ecuador producto de la "desinformación", que según el canciller, se debe a "unas pocas organizaciones, financiadas desde el extranjero".

La sesión del lunes es el inicio de un proceso que tendrá lugar a lo largo de esta semana. El miércoles 3 de mayo, un grupo de países conformado por Bolivia, República de Corea y Costa de Marfil elaborará el informe con la evaluación y las recomendaciones recibidas durantes el EPU en el caso ecuatoriano. El viernes 5 de mayo tendrá lugar la sesión de adopción del informe en la que el Estado del Ecuador se pronunciará al respecto. La adopción del informe final normalmente está prevista unos tres meses después del EPU, dijeron activistas. En dicha sesión, es posible la participación de hasta 10 oradores de la sociedad civil.

Para el analista político Luis Verdesoto, quien brindó una rueda de prensa vía Skype desde Suiza, para evaluar la sesión, fue evidente que el Gobierno ecuatoriano menosprecia el trabajo de las embajadas de los países amigos, que remiten a sus países sus propios reportes sobre la situación de las libertades en Ecuador. 

Verdesoto relató que algunos países cuestionaron los afanes del Ecuador de eregirse como defensor de derechos humanos cuando hay problemas de libertad de expresión y asociación en el interior de nuestro país. Verdesoto señaló que la delegación ecuatoriana presentó al país como un lugar en donde la fecunda producción de más de 150 leyes constituye una garantía de derechos, pero la realidad en el Ecuador es diferente. Para el analista, fue poco prudente por parte de los delegados oficiales sostener que hay desinformación, y lo calificó como una "inmodestia". Dijo que el discurso más "desagradable" de la delegación oficial fue el que defendió las limitaciones de libertad de expresión en Ecuador. "Le hicieron un pésimo favor político al presidente electo Lenin Moreno", dijo Verdesoto, pues estima que la delegación oficial en la ONU no le ha dado margen de maniobra al nuevo Gobierno en materia de derechos humanos, pues el canciller Long ha prácticamente dejado escrito el guión en la materia al nuevo Gobierno. 

Verdesoto agradeció el apoyo de redes internacionales de derechos humanos que han apoyado el viaje de delegados de la sociedad civil ecuatoriana. Para el experto, se debe tener una actuación proactiva sobre los derechos humanos, y sostuvo que el Gobierno podría "desperdiciar" una posibilidad de mejorar la situación de los derechos humanos en el país. 

Por su parte, Mauricio Alarcón, director de Fundamedios, sostuvo que en 2012 Fundamedios participó en el EPU, y en esa época, el país ya "batió un récord" en recomendaciones y observaciones. Destacó que 26 estados han cuestionado la situación de la libertad de expresión en el Ecuador, y cómo las leyes en nuestro país no cumplen con estándares internacionales. Para Alarcón, "no hay garantías en el Ecuador" para la prensa libre, lo que es un hecho claro para varios países de la comunidad internacional.

Marcelo Espinel, Lotty Andrade, Mauricio Alarcón y Rosana Palacios comentaron la audiencia en la ONU

El fenómeno se debe a que el Estado ecuatoriano "es el principal hostigador" de la prensa en el país. Señaló cómo los decretos ejecutivos 16 y 739 incumplen normas internacionales, y aclaró que las organizaciones no gubernamentales siempre han sido reguladas, pero no ha habido, por parte del Gobierno, el afán de cumplir con los estándares internacionales. 

Alarcón dijo que el Comité de Derechos Humanos de la ONU también se pronunció el año pasado, y llamó al Gobierno a hacer "un mea culpa" que permita garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. También mencionó que países como Holanda, Estados Unidos, Costa Rica y Perú declararon que no hay independencia entre las funciones del Estado en el Ecuador, lo que afecta a la calidad de la administración de justicia. Mencionó las detenciones a quienes marcharon el 1 de mayo y las rectificaciones de la Fiscalía en un caso de corrupción a pedido del presidente Correa. Alarcón agregó que el Ejecutivo debe respetar a la justicia y garantizar su independencia. 

De su lado, Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señaló que la reforma del sistema judicial que emprendió el Gobierno debía garantizar la independencia de los jueces. Cuestionó el abuso de la figura del "error inexcusable" para sancionar a los jueces y determinar cómo funcionarios del Gobierno están influyendo en las decisiones judiciales. La justificia independiente, dijo Espinel, es clave para garantiza la situación de los derechos humanos en Ecuador. 

Lotty Andrade denunció que los decretos 16 y 739 han sido utilizados para desmantelar organizaciones como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y para implementar un sistema de control de las organizaciones sociales. Andrade dijo que la respuesta del Estado a las recomendaciones se produciría el viernes, y mostró su preocupación por lo que considera el desconocimiento del canciller Long a la historia de la lucha de derechos humanos en el Ecuador. 

Andrade dijo que las recomendaciones de la ONU "tienen carácter vinculante" y que su incumplimiento deteriora la calidad de vida de los ecuatorianos. Precisó que las organizaciones que concurrieron a Ginebra no han sido financiadas por el Estado, y cuestionó que la misión oficial haya ido "a pasarla bien" a nombre del país en Suiza. Espinel denunció que hay organizaciones financiadas por el Estado que se dedican a decir que "todo marcha de la mejor manera" en el país. 

De su parte, Alarcón precisó que si el Estado rechaza las recomendaciones, presentará "una imagen internacional negativa" y evidenciará que no se está comprometiendo con los derechos humanos. 

Al finalizar, fueron 83 estados los que formularon recomendaciones al Ecuador, sobre diversos temas relacionados con derechos humanos. 

Las razones del Gobierno

Por su parte, el Gobierno presentó una ponencia en Ginebra relacionada con  su versión sobre los derechos humanos en el país. En el documento, de 23 páginas, se recoge la posición del Gobierno con relación al cumplimiento de las observaciones formuladas por la ONU. El documento precisa que "en respuesta al compromiso voluntario asumido en el Consejo de Derechos humanos, el Estado ecuatoriano en cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, creó la plataforma SIDERECHOS, cuyo lanzamiento se dio en 2014. Esta plataforma contiene cuatro herramientas: un buscador de estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, una biblioteca de informes, una sección de creación de informes de Estado, y otra de seguimiento a las recomendaciones y obligaciones internacionales derivadas de los órganos de tratados. La plataforma no solo permite que la ciudadanía se informe sobre sus derechos y los estándares adecuados para su exigibilidad, sino que permite al Estado realizar el seguimiento de sus políticas públicas derivadas de las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos".

El Gobierno informó a la ONU que "en 2013 se creó la versión digital e impresa de un documento de difusión sobre el EPU de 2012, el documento contiene: el Informe Estatal, el Informe compilado de sociedad civil y el Informe del Grupo de Trabajo. La versión digital fue compilada en el portal web del MJDHC y fueros distribuidos 1000 ejemplares de la versión impresa a diferentes sectores de la sociedad civil y del Estado".

También destacó que "en el marco de la Conferencia Habitat III, celebrada en Quito en octubre de 2016, Ecuador copatrocinó en evento paralelo “Juntos por ti – Construcción de Viviendas Accesibles para personas con discapacidad afectadas por el terremoto”, en coordinacióncon la Oficina del enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Accesibilidad, Sr. Lenin Moreno, FENEDIF y CONADIS. Durante dicha conferencia, también tuvo lugar una Mesa redonda de organizaciones no gubernamentales “Personas con discapacidades”.

Según el Ejecutivo, el "Informe Estatal para el EPU fue preparado a través de la plataforma SIDERECHOS, la cual permitió verificar el cumplimiento de cada una de las recomendaciones realizadas en 2012 y trabajarlas de manera interinstitucional. Este fue el plan piloto con el que se ha establecido un mecanismo para seguimiento de las recomendaciones que realicen al Estado ecuatoriano todos los órganos del sistema universal y regional para la protección de los derechos humanos.

También señaló que "el Protocolo Facultativo sobre procesos de comunicación de la Convención de los Derechos del Niño se encuentra en proceso interno para su ratificación".

Para el Gobierno, "el Ecuador es un país comprometido con la protección de los derechos humanos, y en este sentido ha planteado a la comunidad internacional una iniciativa para la creación de un instrumento sobre transnacionales y derechos humanos. Así, el 26 de junio de 2014, en el marco del Consejo de Derechos Humanos, se aprobó la Resolución A/HRC/RES/26/9, gracias a la propuesta conjunta de los Gobiernos de Sudáfrica y de Ecuador, con la que se dio origen a la creación del Grupo de Trabajo Intergubernamental que tiene como mandato elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre la materia, el cual permitirá a los Estados cumplir con su obligación de proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por terceros, incluyendo las empresas transnacionales, al tiempo de mejorar la rendición de cuentas, el acceso a medidas de remediación para las víctimas de tales violaciones, y su futura prevención".

En el texto se tratan temas como salud, educación, minorías sexuales, vivienda, derechos culturales, acceso al agua, medio ambiente saludable, personas con discapacidad, movilidad humana, niñez y adolescencia, adultos mayores, entre otros aspectos.