Hace casi un año ya, el 25 de junio del 2019, la Comisión Nacional Anticorrupción, una entidad de la sociedad civil conformada por organizaciones sociales, gremiales y sindicales, presentó ante el entonces presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda, una denuncia sobre compras con presuntos sobreprecios de dos hospitales de Guayaquil, el Teodoro Carbo y Los Ceibos; compras que se hacías usando la figura de convenio de pago. Lo que la CNA definió como compras a dedo. A esta denuncia, los comisionados adjuntaron los nombres de cuatro proveedores, todos ellos personas naturales. Meses después, uno de estos nombres se repetiría en la denuncia de sobreprecios en la compra de mascarillas y otros insumos, por USD 10 millones, durante la pandemia de coronavirus, denuncia que al final le costaría el puesto a Granda y al director del IESS.

Tres meses después, el 30 de septiembre, la CNA entregó más información a la Contraloría General del Estado sobre denuncias relacionadas, nuevamente, a la compra de insumos médicos en los mismos dos hospitales. La denuncia agregaba, para que se investigara una lista de siete empresas proveedoras, entre ellas una estatal china, beneficiaria de contratos de construcción durante el gobierno de Rafael Correa.

Para el 11 de noviembre de ese mismo año, al CNE nuevamente entregó los resultados de investigaciones propias sobre denuncias a proveedores de hospitales de Quito: HCAM (IESS), Pablo Arturo Suárez, Eugenio Espejo y Enrique Garcés, que operaban con similar mecanismo. Esta vez lo hizo ante la Fiscalía General del Estado. Fueron cuatro empresas las denuncias, las que, según la denuncia de la Comisión operaban como lo había hecho una empresa vinculada a la contratación de mascarillas con sobreprecio en el IESS.

Ninguna de estas denuncias tuvo una explicación de las autoridades pertinentes o responsables de las instituciones. Esto a pesar de que también en medios digitales como La Historia, Periodismo de Investigación y este portal se publicaron artículos que revelaron la existencia de una presunta red mafiosa, que empezaba por el H. Teodoro Maldonado Carbo, y se repartía por varios hospitales del sistema de salud del MSP y del IESS. Los reportajes hicieron alusión a la relación que existía entre estos hechos irregulares y los manejos políticos de los hospitales. Es decir, que había un reparto político en el sistema de salud para entregar el manejo de los centros de salud a varios asambleístas, a cambio de apoyo político en la Asamblea.

Entonces llegó el coronavirus. Y con la epidemia las constantes denuncias de compras con presuntos sobreprecios de insumos para la pandemia, como mascarillas, guantes, fundas para cadáveres… Una de estas denuncias tuvo que ver con la compra de 4000 fundas para embalaje de cadáveres en el hospital Los Ceibos, de la red de la seguridad social.  La denuncia consistió en que estas fundas habían sido adquiridas a dedo con un precio de 148,50 dólares cada una, cuando en el mercado supuestamente se las vendía al 10% del costo que había pagado el hospital del IESS.

Fachada del hospital del IESS, en Guayaquil, donde empezaron las denuncias. Foto: El Universo

Prisión preventiva para cuatro detenidos en caso de compra con sobreprecio de fundas para cadáveres de víctimas de #COVID19 en hospital del@IESSec Ceibos de #Guayaquil. Se pagó $148 por c/u cuando en el mercado hay desde los $12. La Fiscalía formuló cargos por presunto peculado. Foto: Policía Nacional

La Fiscalía general inició las investigaciones en el caso de Los Ceibos y detuvo a cuatro personas, entre ellas tres funcionarias del hospital, retuvo a 12 personas para investigaciones y allanó siete inmuebles para recuperar evidencias de este negocio por cerca de medio millón de dólares. Por las continuas denuncias, las autoridades empezaron indagaciones fiscales en nueve hospitales públicos, del MSP, el IESS y la Policía Nacional. De estos, en seis hospitales se habían realizado 65 procesos de compra bajo la modalidad de emergencia para adquirir insumos frente a la epidemia de coronavirus.

De un Tweet de la Fiscalía: 4 de mayo #AHORA | #FiscalíaEc, con el apoyo de @PoliciaEcuador, ejecuta 7 allanamientos en #Guayas, con el objetivo de recabar indicios para la investigación de la compra de fundas de cadáveres con posible sobreprecio para el hospital del #IESS de Los Ceibos, en #Guayaquil. Foto: Fiscalía Ecuador

Sin embargo, las denuncias continuaron. El jueves 7 de mayo, la Comisión Nacional Anticorrupción convocó a una rueda de prensa virtual, a la cual invitó al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, para entregarle los resultados de su última investigación. Según Germán Rodas, vocero de la CNA, el organismo había realizado un muestreo aleatorio de 23 procesos contractuales en diversos hospitales del sistema de salud pública, y encontró sobreprecios en todos los procesos. Además, la Comisión dijo que había hecho una lista de los proveedores y en estos contratos siempre ganaban los mismos. Describió el hecho como una “colusión” que se ha tomado los hospitales, con la complicidad, dijeron de la estructura burocrática de los propios hospitales con algunos proveedores.

El informe de la Comisión señaló que el estudio fue realizado entre el 1 de mayo del 2019 al 31 de marzo del 2020 y favoreció a 11 proveedores, de los cuales siete son personas naturales y cuatro son empresas.  El estudio “confirma que tales procesos, con sobreprecios, fueron posibles gracias a la complicidad entre proveedores y los mandos de dichos hospitales”.

La Policía decomisó computadoras, dinero y documentos de los detenidos. Foto: Fiscalía

Secretaría Anticorrupción Ecuador @SecAnticorrup 4 may. ¡Ya basta de la mano oscura de la corrupción! Gestionamos la dotación de fundas para cadáveres al #CentroForenseManta. Mientras la empresa privada pagó $15.17 el @iessceibos $149. ¿Cómo explicar la diferencia de Billete con signo de dólar? Simple: dolo. Foto: Secretaría Anticorrupción

El ministro Zevallos dijo que recibiría la información y la entregaría a la Fiscalía General para que haga los procesos de investigación. Pero ofreció que acompañaría esta lucha por la transparencia. También dijo que siendo como era un técnico y un científico, no pertenecía a partido político alguno, por lo tanto se comprometía a que las designaciones de los mandos en los hospitales del Ministerio de Salud no responderían a pactos partidistas ni políticos.

El modus operandi de la "mafia hospitalaria"

Para un representante de una empresa proveedora por más de 20 años en el sistema de salud pública, consultado por este portal, resultaba increíble que las autoridades del hospital Los Ceibos haya hecho una contratación de más de 800 mil dólares con invitaciones directas a “proformar” o solo mediante la presentación de proformas. En el contrato constan, dijo, seis o siete direcciones de email a las cuales se les había solicitado proformas y solo en base a eso tomaron la decisión de compra por emergencia.

En esta manera de pedir proformas, dijo otro proveedor consultado por Plan V, los proveedores ponían los precios que querían a los productos que ofertaban. Así, si el precio referencial de una bolsa para embalaje de cadáveres es de 12 dólares, se ponen de acuerdo para ofertar que el más bajo precio sea 148 dólares.

Al parecer es el mismo “modus operandi” en todo lado. La empresa adjudicada, participa siempre en el mercado con la venta de insumos de artroscopia. En realidad, no creo que venda guantes, ni mascarillas, ni fundas para cadáveres, dijo la fuente.

Las fuentes recomendaron a las autoridades de control conseguir las ofertas del estudio de mercado para ver qué marca y con qué registro sanitario estaban cotizando las empresas. Porque también es probable que las empresas presenten sus proformas con la misma marca de producto y el mismo registro sanitario (si es que les pidieron eso con las proformas, porque también hay el riesgo que ni siquiera eso hayan pedido) se podría ver más claramente que se trata del mismo modo de operación de los  “amigos” que se juntan para vender . Con este estilo de venta, dijeron los proveedores consultados,  es más fácil aún porque no es público el concurso de precios y es un proceso de compra direccionado. Plan V supo que, a pretexto de las compras en emergencia, ninguna entidad está subiendo a sus portales ni al portal de compras públicas las adquisiciones directas desde que rige el Estado de Excepción.

Esta empresa que vendió las fundas, recordaron las fuentes, también estuvo involucrada en los convenios de pago ilegales que hizo un gerente del hospital Teodoro Maldonado para hacer compra de insumos médicos sin procesos de compras públicas.  Los informes de la Comisión Anticorrupción del Guayas y de la Contraloría General del Estado se enfocaron en la gestión del gerente Jairala Zunino, en donde "los contratistas y proveedores de insumos médicos y medicinas salían a concursar —y ganaban— como sale una liebre de la chistera de un mago: de la nada. Lo de concursar podría resultar en un mero formalismo, pues en realidad los proveedores tenían certezas desde el momento mismo en que eran invitados. No hacía falta siquiera tener una empresa de respaldo, o un capital o un patrimonio con el que se pueda responder como garantía en caso de incumplimiento o resarcimiento al Estado. Nada de eso. Bastaba ser una persona natural, tener las ganas de intervenir y ofrecer al cliente —el hospital Teodoro Maldonado Carbo— todos los insumos requeridos a los precios más convenientes para el vendedor", según el reporte periodístico.

Pie del Twet de Jorge Wated. Estas son las Fundas para Fallecidos...son totalmente de construccion artesanal y definitivamente muy difícil que su costo sea de $148.oo No se va a aceptar que en los hospitales jueguen con la salud y el dinero del @IESSec y los Ecuatorianos @Lenin. Foto: Twitter Jorge Wated

Todo el modus operandi y los presuntos miembros de esta red “mafiosa” como la han calificado los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, y que ahora sorprende a las autoridades y el propio Presidente Moreno, ya fue publicado a inicios de noviembre del 2019, hace seis meses, por este portal en cooperación con los portales periodismodeinvestigación.com y lahistoria.ec. Pocas semanas después, estos dos últimos portales publicaron una investigación integral en la cual se demostraba la relación entre los políticos y el reparto de los hospitales. El informe tomó el simbólico nombre de Arroz verde en la salud: el reparto de los hospitales. El contundente reportaje, entregado en dos partes revelaba que cerca de 1900 millones de dólares, en provisión de medicinas y servicios hospitalarios era la cifra que sostenía el reparto del poder del gobierno de Lenin Moreno, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS.

Denunciaba cómo caciques provinciales de distinto color y legisladores atornillados en la Asamblea Nacional, eran parte de este nuevo arroz verde, en referencia al caso  de sobornos denunciado mese antes por el mismo grupo mediático de investigación. Las delegaciones provinciales de la Comisión Anticorrupción en Santo Domingo y Manabí se hicieron eco de las denuncias. Pero el gobieno no. Aunque los responsables políticos de las instituciones a repartir eran la ministra de Salud, Catalina Andramuño y el presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Grada, nadie respondió por esas revelaciones de la prensa, y cosa extraña, nadie tampoco en la Asamblea dijo una palabra sobre el tema, ni siquiera el correísmo y el socialcristianismo, opositores acérrimos del Gobierno.

Los dos funcionarios únicamente cayeron víctimas de los malos manejos administrativos, cuando la epidemia cobraba su precio mortal en el país, sobre todo en Guayaquil. Andramuño renunció al cargo (aunque le fue pedida la renuncia) y Granda finalmente sucumbió a la ola de denuncias por presuntos sobreprecios en compras de insumos médicos para luchar contra el COVID-19.

¿Una mujer europea dirige la red?

Luego salieron a la luz varias denuncias de tono similiar, desde distintas fuentes, probando que el problema de la corrupción hospitalaria no era un asunto de casos aislados sino todo un sistema armado para delinquir, con un modus operandi similar al crimen organizado, según dijo una fuente del mismo gobierno de Moreno.

Un ex director médico de un hospital público del MSP, denunció que el gerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo, que salió por los casos de corrupción denunciados, fue recolocado como director financiero del Hospital Enrique Garcés, del Sur de Quito y puso como gerente de servicios generales a del mismo hospital a funcionarios vinculados entre sí y con la red de proveedores, que según las denuncias estaba dirigida por una una mujer de origen rumano. Esta grupo de proveedores serían los únicos que obtienen los contratos mediante el uso de varias empresas vinculadas entre sí. Luego, el funcionario que pasó por el Teodoro Maldonado y el Enrique Garcés, recaló como gerente en el hospital más grande del MSP, el Eugenio Espejo. El grupo también controlaría las gerencias de hospitales como la Maternidad Nueva Aurora, Pablo Arturo Suárez y el H. Docente de Calderón. Todo esto para que las adquisiciones que por entonces los hospitales hacían de manera autónoma, sean direccionadas a este grupo de proveedores, según las fuentes.

Aunque el sistema de corrupción hospitalaria era un secreto a voces entre los proveedores del sistema, entre algunos legisladores, ya era una certeza para la prensa investigativa del país, para la Comsión Antocorrupción y las entidades de control como la Fiscalía y la Contraloría, que recibieron de la CNA todas las evidencias, sin que hasta el mes de mayo del 2020 se vieran resultados tangibles de las denuncias. Cuando estas, por su número, monto y emocionalidad en época del COVID-19 acorralaron al Gobierno, el presidente Moreno emitió un decreto que reformaba el reglamento de la Ley de Contratación Pública para quitar a las unidades de salud pública y del IESS la autonomía para adquirir medicamentos e insumos médicos, aunque podían mantener discrecionalidad en generar las necesidades de compra.  Luego, la propia ministra de Gobierno, María Pula Romo, denunció en su cuenta de Twitter que en el H. de la Policía Nacional de Guayaquil se habían hecho adquisiciones similares, amparados en el decreto de Estado de Excepción, de fundas para cadáveres a 130 dólares cada una.

El jalón de orejas de la Fiscal General

El gobierno también puso en acción al proactivo secretario Anticorrupción,  José de la Gasca, quien empezó a generar informaciones en las redes sociales de lo que sabía su oficina y a presentar requerimientos a las fiscalías provinciales. Esto generó la reacción de la Fiscal General del Estado, quien en una larga carta al presidente Moreno le conminó a parar la acción de esta secretaría, pues, según el organismo rector de la investigación penal en el Ecuador, afectaba las propias investigaciones y alertaba a los presuntos culpables. 

La fiscal Salazar le dijo al Presidente que: "bajo estas dolorosas circunstancias que le ha tocado enfrentar al país, desde la Fiscalía General del Estado y dentro del marco de sus competencias, se ha habilitado todo el aparataje para que, a través de las diferentes Fiscalías Provinciales, se inicien de oficio todas las investigaciones relacionadas con actos de corrupción derivados de la contratación pública en estado de excepción, y en todos los casos que se generan de la corrupción de funcionarios públicos, mismos que se tramitan desde la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción a nivel nacional, bajo una política de cero tolerancia a la corrupción e impunidad, con profesionales especializados.

"Actividades investigativas se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a los diferentes fiscales que se encuentran a cargo de las investigaciones, así como también por la información que se publica diariamente en redes sociales, sin ser sujetos procesales.

"En este contexto convencional, constitucional y legal, ante la política de austeridad implementada desde el ejecutivo, es mi obligación, hacer notar a usted señor Presidente, que ya existen instituciones públicas creadas por la Constitución y la ley, que vienen combatiendo la corrupción de manera técnica y jurídica, cada una dentro del marco de sus competencias como son: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Contraloría General del Estado.

"Bajo este análisis, resulta imperioso que, desde el ejecutivo, se analice si es beneficioso para el país, financiar a una institución pública, cuyas atribuciones ya se encuentran debidamente determinadas e implementadas por otras instituciones, como es el caso de la Fiscalía General del Estado, como única titular de la acción penal".