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23 de Marzo del 2021
Historias
Lectura: 14 minutos
23 de Marzo del 2021
Redacción Plan V
La crisis de los grilletes toca fondo: miles están inservibles y escasean
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El Gobierno compró 4.000 grilltes en 2016. Ahora, el 70% está dañado. Foto: Luis Argüello / PlanV

 

El 70% de los 4.000 grilletes que existen en Ecuador están dañados. A escala nacional, solo hay 66 dispositivos para nuevos procesados. El SNAI no respondió la pregunta sobre cuántas alertas recibe por posibles problemas con los grilletes o cuando los procesados intentan sacárselos. Expertos sostienen que esta es una medida efectiva para evitar el hacinamiento en las cárceles. Pero no hay un estándar para su uso y los procesados con altos índices de peligrosidad se quedan sin ellos.


El polémico caso de un procesado por narcotráfico a quien un juez le dio arresto domiciliario en Guayaquil porque la Fiscalía dijo que sufría de acción de drogas y no había grilletes pone en el escenario nuevamente la disponibilidad de estos equipos y su adecuado uso.

De acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Atención Integral de Privados de Libertad (SNAI), hay 2.788 grilletes dañados de un total de 4.000. Es decir, el 70% de los Dispositivos de Vigilancia Electrónica (DVE) tiene problemas.

De esos 2.788, un total de 1.337 están inservibles, a otros 455 les falta la correa y 372 podrían ser arreglados. Hasta el 2 de marzo, cuando el SNAI envió la información a Plan V, todavía faltaba por revisar los daños de 624 grilletes.

Los grilletes electrónicos empezaron a utilizarse desde el 2017 en Ecuador. Un año antes, el Ministerio de Justicia, entonces encabezado por Ledy Zúñiga, adquirió los dispositivos a la empresa China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) por un valor de 13,7 millones de dólares. Ese contrato fue analizado por la Contraloría, que determinó irregularidades y glosó por 9,5 millones a Zúñiga. Pero esa glosa, la Contraloría la habría desvanecido, según una investigación.

En la actualidad, solo existen 66 grilletes disponibles, más de la mitad de ellos en Guayaquil. El SNAI detalló que hay otros 151 grilletes para garantía, es decir que están dañados y van a revisión técnica a la empresa proveedora, según explicó el SNAI.

El SNAI, sin embargo, no respondió hasta el cierre de esta edición cuántas alertas recibe al mes por posibles problemas con los grilletes o cuando los procesados intentan sacárselos. Al respecto lo que contestó fue lo siguiente: “Se generan diversas alertas en los diferentes usuarios, debido a la parametrización y las restricciones de movilidad de cada usuario. Por lo que el sistema de monitoreo registra alarmas en el uso del dispositivo, que no son gestionadas a la autoridad correspondiente”. En esta respuesta confusa, se intuye que hay diversas alarmas que no son reportadas necesariamente a las autoridades.

El funcionamiento básico del sistema es el siguiente: el grillete lleva la información de las zonas de movimiento permitidas y prohibidas para el usuario y emite su ubicación en tiempo real. El dispositivo está conectado al internet por una línea celular que a su vez se enlaza con el centro de monitoreo. De hecho, una o varias veces por día, se hacen reportes para verificar el correcto funcionamiento del receptor y de la línea telefónica.

Cada grillete tiene una batería, una correa y un cierre. Las tres partes están conectadas entre sí, de modo que, si se separa una, se genera una alerta. La correa está fabricada con una fibra óptica que cuando se rompe o se intenta abrir -dice el SNAI- activa la alarma. Al menos 455 dispositivos están sin correa.

Sin embargo, el SNAI evadió responder cuántas de esas alarmas sí han sido reportadas por sospecha de retiro o intento de retiro de los dispositivos. Un segundo correo con repreguntas sobre el tema no fue atendido. Si volvemos a las cifras de los grilletes dañados, estas dejan la interrogante: ¿2.788 grilletes fueron dañados por procesados que intentaron sacárselos?

Casos políticos con grilletes, ¿y los demás?

En el 2019, el SNAI ya hizo un primer diagnóstico y dijo que el número de dispositivos era insuficiente para cubrir al número las personas calificadas por los jueces para la utilización de estos dispositivos. En ese entonces, de los 4.000 adquiridos, 1.998 estaban dañados, es decir el 50%. Ahora, al 2021, es el 70%.

Este sistema busca evitar la innecesaria privación de libertad, disminuir el hacinamiento carcelario y mejorar el sistema de vigilancia y control por parte de las autoridades, de acuerdo con el SNAI.

En la actualidad, esta institución monitorea a 696 personas con grillete. De ellas, 354 están en Guayas, 168 en Pichincha, 60 en Azuay, 17 en Esmeraldas y 14 en Cañar. Estas son las cinco provincias con más procesados con grilletes. En la gran mayoría de provincias hay entre una y cuatro personas con estos dispositivos.

Para el abogado Xavier Andrade, el grillete es un mecanismo idóneo para evitar el hacinamiento carcelario de las personas que están con medidas cautelares. “Es una libertad controlada. En términos legales es idóneo, permite supervisar.  Es más barato comprar grilletes que construir cárceles”, afirma. Pero en la práctica hay problemas, por ejemplo, respecto a la calidad del aparato, la frecuencia de las alertas y su supervisión. “En EEUU hay grilletes con antenas que se colocan dentro de la casa y la alarma suena en el mismo grillete”, cita como ejemplo.


Jorge Yunda, alcalde de Quito, lleva un grillete desde febrero pasado. Foto: Diario Extra

696 personas con grillete son monitoreadas. De ellas, 354 están en Guayas, 168 en Pichincha, 60 en Azuay, 17 en Esmeraldas y 14 en Cañar.

Andrade cree que el gran número de deterioro de los grilletes se debe a que en la compra no se tomaron en cuenta algunos factores como la variedad de climas que existen en el país, ni el contexto cultural donde no hay cuidado de los bienes públicos. Asimismo, sostiene que si la supervisión falla, el mecanismo es inútil. En su opinión, la vigilancia no debería ser la misma para todos. “No todos los delincuentes son iguales, hay diversos grados peligrosidad, alevosía, audacia. Por ejemplo, si es un narcotraficante extranjero no le voy a dar un grillete”.

Para la abogada María del Mar Gallegos está de acuerdo en que estos dispositivos sirven para evitar el hacinamiento en las cárceles. Pero cree que su uso debe basarse en criterios rigurosos. Coincide en que hay escasez de grilletes para personas con alta peligrosidad, pero los hay cuando se trata de casos políticos. Cita el ejemplo del funcionario judicial de Puerto Quito que fue acusado de abusar sexualmente a su hija, pero un juez le dispuso que se presente tres veces a la semana ante las autoridades. “En esos casos sí se debe poner un grillete porque el delito afecta la integridad sexual y la vida de una menor”

Según Gallegos, se ha privilegiado ordenar el uso de grilletes cuando se trata de casos políticos y sostiene que estos dispositivos han sido muy invasivos. Por ejemplo, ella defiende a Linda Guamán, científica y funcionaria de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. Guamán tiene un grillete porque enfrenta un proceso sobre supuestas irregularidades en la compra de pruebas PCR para la detección del virus. Cuando la batería llega al 50% recibe una llamada para que cargue el grillete o le piden que se acerque a realizar un mantenimiento al dispositivo. “Es una medida cautelar, pero al final se sigue manteniendo la presunción de inocencia de la persona. Pero tener un grillete ya es una estigmatización”, sostiene la jurista. “Personas que han violado andan sin grillete, mientras que Linda por presunto peculado tiene uno”.

Otro de sus clientes también fue Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de Rafael Correa, condenado por el caso Sobornos. A Mera se le impuso arresto domiciliario y grillete, después de que le revocaron la prisión preventiva. Pero ambas medidas las cuestionó durante su juicio. “Yo no estoy de acuerdo que a una persona se la arreste por efectos mediáticos; yo estoy pagando el precio de que me he considerado una persona muy cercana a Correa, entonces yo soy el trofeo”, sostuvo a El Universo.

En cambio, Andrade cuenta el caso de uno de sus clientes. Es empresario y por su edad le pusieron el grillete. “Pero tenía que llevar un cable de extensión para mantener cargado el dispositivo, apenas había una alerta tenía una llamada. Él fue declarado inocente en diciembre, pero hasta este mes no le han quitado el dispositivo”.

Según el artículo 522 del Código Integral Penal (COIP), el dispositivo de vigilancia electrónica es una de las medidas cautelares que los jueces pueden imponer para asegurar la presencia de la persona procesada. En el caso de arrestos domiciliarios, según el artículo 525, la persona no estará necesariamente sometida a vigilancia policial permanente, pero sí deberá llevar obligatoriamente un grillete.

“Personas que han violado andan sin grillete, mientras que Linda por presunto peculado tiene uno”, María del Mar Gallegos, abogada.

Gallegos dice que no hay análisis estandarizados para que los jueces puedan decidir cuándo se debe imponer un grillete o prisión preventiva. “En Alemania, por ejemplo, tienen un porcentaje de peligrosidad, un estándar mínimo”, argumenta.

En el 2019, el SNAI propuso la adquisición de 9.000 grilletes por un valor de 10,6 millones de dólares. En ese año, estimó que 7.296 personas privadas de libertad podrían requerir de grilletes con la finalidad de vigilar y controlar la ubicación exacta de la persona sentenciada, en regímenes de abierto, semiabierto o en programas de protección. Hacia el 2029, la institución ha proyectado tener 13.364 grilletes.

El SNAI tiene dos centros de control y monitoreo de los dispositivos. Pero estos monitoreos han sido cuestionados. En el informe de la Contraloría del 2018 dice que el software de monitoreo debía interoperar con los sistemas del ECU 911. Asimismo, debía clasificar las alarmas de acuerdo a la gravedad. El software, entregado por la empresa proveedora, sí clasificaba las alertas, pero estas no se transmitían directamente al ECU 911. Para ello, un operador debía hacerlo. “Existiendo el riesgo de la omisión en el envío de las mismas”, agregó la Contraloría.

Otra observación se refirió a que el sistema tampoco enviaba los datos del procesado al ECU 911. Todo era un proceso manual. También había errores en la transmisión de la ubicación del usuario al ECU 911.

Además, el SNAI ha reconocido deficiencias en su equipamiento tecnológico en general. Hacia el 2019, “todo el parque informático debe ser reemplazado”, dice su reporte. El SNAI tiene 1.600 usuarios del sistema integrado de tecnología y la comunicación estaba a 60 Mbps, pero que es lenta debido al incremento de puntos de red.

Sin embargo, el presupuesto del SNAI se ha reducido en los últimos años. “Considero que se necesita más personal y contratar más gente, lo que implica duplicar el presupuesto anual”, dijo Edmundo Moncayo, director del SNAI en su comparecencia ante la Asamblea, el pasado 1 de marzo, por los 80 asesinatos que hubo dentro de cuatro prisiones. En su discurso, dejó claro que lo que menos había eran recursos para todo el sistema penitenciario.

Grilletes a políticos

María de los Ángeles Duarte: La exministra de Rafael Correa fue sentenciada a ocho años de cárcel por el caso Sobornos. Según la Fiscalía se quitó la pulsera del dispositivo y hubo varias alertas. Duarte dejó de contestar las llamadas del SNAI. Ahora está refugiada en la Embajada de Argentina. 

Fernando Alvarado: El Secretario de Comunicación de Rafael Correa se fugó en octubre de 2018, luego de sacarse el grillete. Él tenía un proceso por peculado. Pero en octubre de 2020, fue declarado inocente. Nunca se aclaró cómo evadió el grillete. 

Jorge Yunda: En febrero de 2021, el Presidente de la Corte de Pichincha ordenó que el alcalde de Quito use este dispositivo. Es acusado de peculado en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19. Por la misma causa, Linda Guamán y otras dos funcionarias deben usarlo. Ximena Abarca, secretaria de Salud, también lleva un grillete por el mismo caso. 

Jacobo Bucaram: El hijo del expresidente Abdalá Bucaram dejó la cárcel 4 de Quito el pasado 25 de febrero. Se le puso un grillete antes de dejar la prisión y un juez dispuso además su arresto domiciliario por enfermedad. Está procesado por presunta delincuencia organizada. 

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