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10 de Enero del 2022
Historias
Lectura: 19 minutos
10 de Enero del 2022
Manuel Novik
La decisión de la Corte Constitucional de proteger el bosque Los Cedros provoca polémica
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El bosque protector Los Cedros tiene más de 200 especies de aves, 180 de orquídeas en un área protegida de más de 600 hectáreas. Fotos: Cortesía de Victor Obando y Kevin Zúñiga

 

La Corte Constitucional prohibió la minería en el bosque Los Cedros, en Imbabura, en donde hay concesiones mineras. La decisión de la Corte es calificada como "histórica" por activistas, pero preocupa a la Cámara de Minería.

Una sentencia de la Corte Constitucional determinó que se vulneraron derechos de la naturaleza y detuvo las actividades mineras en el Bosque Protector Los Cedros, en Imbabura. La zona cuenta con una amplia cantidad de especies endémicas y paralelamente amenazadas. Es una franja de amortiguamiento que protege al Parque Nacional Cotacachi de la actividad humana. La Cámara de Minería y la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) declararon que la sentencia es una vulneración a la seguridad jurídica en el país.

Los Cedros es uno de los últimos remanentes de bosque nublado que permanece relativamente inalterado en el Ecuador. Así lo afirma la sentencia de la Corte Constitucional, que también advierte que el Ecuador ha perdido casi la totalidad de su cobertura vegetal. Según la Corte, que cita a "varios investigadores" se estima que un 96% de las tierras forestales primarias al oeste del país habrían sido deforestadas. El bosque en cuestión es un ecosistema donde confluyen dos zonas de alta biodiversidad: los Andes tropicales y la biorregión del Chocó.

Desde 1994, toda actividad contraria a la conservación del bosque está prohibida. Pero en el 2017, se otorgó una concesión minera dentro del bosque a favor de la estatal ENAMI.

Acciones de protección

Un año más tarde, el alcalde de Cotacachi presentó una acción de protección en contra del ministro de Ambiente y el gerente de la ENAMI. En esta se alegaba que vulneraron los derechos de la naturaleza y que no hubo consulta previa.

Un juez de Cotacachi rechazó la acción, pero el GAD local interpuso una apelación que fue aceptada por la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, que declaró la vulneración del derecho a la participación. Sin embargo, la ENAMI EP continuó con las operaciones y presentó otra acción de protección reclamando una supuesta afectación a la seguridad jurídica.


Planton en las afueras de la Corte Provincial de Imbabura 2. feb 2019. Foto: Cortesía - DAN fotografía

Luego de más de dos años, desde que el GAD local presentara la acción de protección, la Corte Constitucional se pronunció. La Corte indicó que no se ha podido comprobar que la actividad minera pueda mitigar los riesgos de vulneración al ecosistema en Los Cedros. Además, los jueces constitucionales concluyeron que se vulneraron los derechos de la naturaleza y al agua, y que la consulta ambiental no se realizó adecuadamente. Por estas razones, ordenaron que la actividad minera se suspendiera.

Los Cedros es uno de los últimos remanentes de bosque nublado que permanece relativamente inalterado en el Ecuador. Así lo afirma la sentencia de la Corte Constitucional, que también advierte que el Ecuador ha perdido casi la totalidad de su cobertura vegetal. Estiman que un 96% de las tierras forestales primarias al oeste del país habrían sido deforestadas.

La consulta previa

Fred Larreátegui, abogado defensor de la causa ambientalista, cuestionó el modo como se entregaron las concesiones, a sabiendas de que la zona era protegida. “Seguridad jurídica, pero para todos, en el 2017 ¡oh sorpresa!,  ya no existe el derecho a la seguridad jurídica ¿Qué pasó, se les cayó el derecho a la seguridad jurídica, se perdió de la Constitución del ordenamiento jurídico ecuatoriano el derecho a la seguridad jurídica?”, preguntó Larreátegui.


En la rueda de prensa hablaron Gustavo Redín de CEDENMA, Elisa Levy de OMASNE, Julio Espinoza, comunero cercano al bosque y Fred Larreátegui, abogado defensor de la causa. Foto: Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador

La Cámara de Minería, de su parte, dijo en un comunicado que el requisito de consulta ambiental no consta en norma ecuatoriana alguna y fue mencionado por la Corte “aplicándolo retroactivamente”. Según la Cámara, se prohibieron actividades extractivas “arbitrariamente” en donde el propio Estado había otorgado concesiones. El comunicado reclama que la Corte no puede reemplazar a la autoridad ambiental y que no tienen conocimiento en la materia, “algunos jueces de la CC intentan imponer requisitos antitécnicos”, reclamaron.

Para Larreátegui, la falta de ley no es excusa para la vulneración de derechos: “la mayor cantidad de concesiones mineras en el país no ha llevado a cabo ningún tipo de consulta porque se amparan en que no existe ley. Pero la Constitución es lo suficientemente prolija en determinar que no se puede alegar falta de ley para vulnerar un derecho. En términos generales, ninguna de las concesiones mineras tiene un proceso de consulta ambiental”, mencionó el jurista.

Una amenaza a la seguridad jurídica es lo que alegaron la Cámara de Minería y la ENAMI EP. Argumentaron que el Ecuador es un país que se muestra seguro para invertir, pero con esta decisión se desconocieron los derechos de concesionarios que invirtieron en el país. “La minería es hoy el cuarto rubro de exportaciones, genera cientos de miles de empleos, contribuye con cientos de millones en impuestos y constituye una alternativa de desarrollo para zonas remotas del país”, según consta en el comunicado de prensa de la Cámara.

Sentencia "histórica"

Sectores ambientalistas calificaron la sentencia como histórica. El investigador Juan Manuel Guayasamín mencionó en una rueda de prensa que el caso Los Cedros fue elegido por la Corte para desarrollar jurisprudencia vinculante al tema, favoreciendo casos similares.

“Es una sentencia histórica, como se la ha catalogado desde diferentes movimientos y organizaciones sociales, porque hace un análisis de cosas que los jueces constitucionales de primer nivel no fueron capaces de desarrollar. En virtud de eso la Corte Constitucional en uso de sus atribuciones de selección de casos, por la gravedad del asunto, por su relevancia y porque no existía un antecedente toma este caso”, dijo Fred Larreátegui, que ha seguido de cerca el caso desde las primeras acciones de protección en el 2017.

Los comuneros mantienen posiciones divididas sobre la presencia de la minería en la zona. Julio Espinoza, de la comunidad El Paraíso, ha sido parte de un proceso de resistencia. Julio contó que ha recibido amenazas y persecuciones por parte de miembros de la empresa minera. “Apoyados por mi hija, que es la socializadora comunitaria de ese proyecto, llegaron 12 personas. Por suerte estaba acompañado y no tuvieron oportunidad de hacer algo”, dijo Espinoza. A pesar de que sus propios familiares están del otro lado de la historia, Espinoza sostuvo que se puede vivir de la agricultura y la minería no es la única alternativa.

El lugareño ha formado un grupo de guardabosques voluntarios. Aducen que no aceptan un sueldo de la compañía minera para garantizar su autonomía. “Las compañías tienen veedores, pero reciben sueldos”, dijo Espinoza. El abogado Larreátegui también ha acompañado el proceso de los comuneros, “hemos estado monitoreando la situación, evidentemente existe mucha preocupación desde el lado de las personas que están activas en la protección del bosque protector, porque han habido amenazas por parte de los trabajadores de estas empresas, diciendo que se han quedado sin trabajo, (reclamándonos) qué van a hacer y de dónde van a obtener recursos económicos”.


Monitoreo participativo Los Cedros en febrero 2020. Los comuneros han organizado grupos de guardabosques voluntarios para resguardar el bosque.

Julio Espinoza ha formado un grupo de guardabosques voluntarios. Aducen que no aceptan un sueldo de la compañía minera para garantizar su autonomía. “Las compañías tienen veedores, pero reciben sueldos” dijo Espinoza.

Otro grupo de comuneros se manifestó en contra de la sentencia emitida por la Corte. Polivio Pérez figuró como representante de los comuneros que abogaron a favor de la minería. Es un exdefensor ambientalista, pues antes decía defender el bosque, el agua y estar en contra de la actividad minera. Hace un tiempo avizoraba un desastre ambiental pero, según Larreátegui, Pérez habría firmado un amicus curiae a favor de la empresa minera.

Pérez hoy representa a un grupo de comuneros que hicieron un pedido de aclaración a la Corte: “¿A qué vulneración se refieren respecto a los derechos de la naturaleza correspondientes al bosque protector Los Cedros? ¿Por qué la Corte Constitucional no hace referencia a la sentencia de la Corte Provincial de Imbabura que expresamente señala que luego de visitar el lugar in situ verificó que no existen daños ambientales? ¿Cómo se garantiza que el Bosque Protector no sea invadido por la minería ilegal que estaba controlada gracias al trabajo de las comunidades y a la coordinación con los concesionarios legales?”, cuestionó el pedido de Pérez y otros moradores.

También se refirieron en su pedido a la reubicación de 52 trabajadores, los cuales se quedarán sin empleo, y la manera cómo se mitigará la pobreza en la zona ante la eliminación de fuentes de trabajo y qué alternativas de trabajo se dará a 96 proveedores de las comunidades El Paraíso, Magdalena Alto, Brilla Sol y San José de Magdalena.

La Corte respondió que su accionar no está condicionado al razonamiento que puedan hacer otros organismos, refiriéndose a la sentencia emitida por la Corte de Imbabura, sino que realiza su propio análisis de los hechos. En cuanto a la pérdida de fuentes de trabajo, la Corte dijo que el tema no era objeto del pedido de aclaración.


Los Cedros es una fabrica de agua. Ahi nacen 4 importantes rios de la zona de Intag. Foto: cortesía de Victor Obando

La Procuraduría pide precisiones 

La sentencia de la Corte Constitucional argumenta que al existir incertidumbre científica no se puede continuar con la actividad extractiva: “si no sabemos lo que pasa asumimos lo peor, asumimos que una actividad extractiva daña los derechos de la naturaleza”, dijo Gustavo Rodín, presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y Medio Ambiente (Cedenma). Desde la organización piden que la sentencia se amplíe a otras zonas del país, pues afirmaron que hay 541 concesiones mineras que se sobreponen a bosques protectores.

Días después de que se conociera la decisión de la Corte Constitucional, varios comparecientes apelaron. Miembros de comunidades aledañas al bosque, la Procuraduría General del Estado (PGE) y la ENAMI hicieron diversos reclamos a la sentencia. La Corte dio paso a los pedidos, pero aclaró que ninguna instancia podrá modificar su decisión. Las sentencias emitidas por la Corte Constitucional son por Constitución inalterables, solo hay instancias aclaratorias o de ampliación que fueron objeto de este caso.

La PGE solicitó que se indique que la sentencia no es vinculante, es decir es aplicable solo al caso de Los Cedros. El argumento de la Procuraduría es que no se alcanzaron los votos necesarios en todos los puntos discutidos. La Corte aclaró que esto no tenía que ver con un pedido de aclaración o ampliación. A pesar de dejar en claro que el pedido se desviaba de lo permitido, mencionaron que tienen competencia de expedir jurisprudencia vinculante.

“La Procuraduría es el abogado del Estado, del Estado en general. Es una entidad del Estado la que accionó (GAD de Cotacachi), fue la que ha estado en su momento preocupada por los impactos que puede tener este proyecto. La PGE actúa como abogada de las empresas mineras. Eso es muy preocupante, es algo que genera mucha preocupación porque no es una defensa objetiva independiente”, dijo Larreátegui. Para el jurista, eso se evidencia en los planteamientos que hacen en el pedido de ampliación y de aclaración a este caso.

La PGE solicitó que se indique que la sentencia no es vinculante, es decir es aplicable solo al caso de Los Cedros. El argumento de la Procuraduría es que no se alcanzaron los votos necesarios en todos los puntos discutidos.

“Ninguna de estas de estas actuaciones que se hicieron cumplieron con este estándar de la consulta ambiental que establece la Constitución. Ahora estamos como ecuatorianos amenazados de que nos van a demandar ante el CIADI que ya reingreso coincidencialmente hace poco tiempo al Ecuador”, dijo Larreategui.

La ENAMI reclamó que se aclare que están facultados a solicitar un nuevo registro ambiental previa consulta, ante lo que la Corte respondió que ya no deben realizarse actividades que amenacen a los derechos de la naturaleza dentro del ecosistema del Bosque Protector. Pero la empresa agregó otro reclamo, “Si la certidumbre científica, por definición, es imposible de alcanzar, ¿es el principio de prevención inaplicable a toda actividad humana? ¿Sostiene la Corte Constitucional que, ante la incertidumbre científica, el único remedio posible es la prohibición de actividades?”. La Corte respondió que presentaron evidencias científicas sobre el impacto que pueden tener actividades extractivas en el ecosistema y que los accionados no han demostrado lo contrario.

Según el abogado Larreategui las consecuencias de estos casos se ven el largo plazo. “Son devastadores los impactos a perpetuidad, en veiticinco a treinta años las empresas se van, pero no se van llevando en sus aviones o en sus barcos las piscinas de relaves ni en transferencias bancarias esas piscinas de relaves que se quedan en el Ecuador. Son tus hijos, tus nietos los que van a tener que lidiar como ciudadanos o como tomadores de decisiones que van a hacer con esas piscinas de relaves en uno de los países más megadiversos del mundo, en el país más densamente poblado de América Latina”, concluyó Larreategui.

La Cámara de Minería cuestiona la postura "académica" de la Corte 

El vocero de la Cámara de Minería, Andres Ycaza, confirmó que Cornerstone Capital Research, la compañía que estaba asociada con ENAMI en el proyecto Río Magdalena de Los Cedros, le ha notificado con la demanda al Estado ecuatoriano en base al tratado de protección de inversiones con Canadá. “Esto ya ha activado un mecanismo de protección de inversiones a nivel internacional”, dijo Ycaza. Según el vocero de la Cámara, la compañía había dejado de realizar actividades mineras meses antes a la sentencia y habrían solicitado la cancelación de los registros ambientales.

Un elemento importante para Ycaza es la categorización que la Corte Constitucional ha dado a los bosques protectores. “Ha dicho que son corredores biológicos, zonas ambientalmente sensibles y consecuentemente que el Ministerio de Ambiente debe tener mucho cuidado en cuanto a los licenciamientos ambientales en bosques protectores”.

Andrés Ycaza argumentó que la Corte Constitucional ha reducido su decisión a un debate académico subjetivo. Para la Cámara de Minería, el Plan de Manejo Ambiental es un elemento objetivo que especifica lo que se va a realizar, cómo se va a remediar y cuenta con la aprobación de la autoridad ambiental.

Ycaza argumentó que la Corte Constitucional ha reducido su decisión a un debate académico subjetivo. Para la Cámara de Minería, el Plan de Manejo Ambiental es un elemento objetivo que especifica lo que se va a realizar, cómo se va a remediar y cuenta con la aprobación de la autoridad ambiental. “Eso es un elemento con el cual nosotros disentimos dramáticamente. Definir un debate académico o saber cuál va a ser un debate académico lo suficientemente válido podría ser algo muy subjetivo” dijo Ycaza.

“El Ministerio del Ambiente es un ministerio que lleva buen tiempo manco, o sea que no tiene suficientes manos para todo lo que tiene en pendientes” dijo Ycaza. Afirmó que Ambiente tiene pocos técnicos de minería y poca gente en el área de calidad ambiental que es la que tiene que licenciar. Una estadística que levantó la Cámara de Minería decía que una licencia ambiental para minería en explotación no bajaba de los 16 a 18 meses. Para Icaza, con el proceso de consulta ambiental, eso se va a modificar.

“Sí preocupa el tinte quizás demasiado proambiental de la Corte Constitucional y caer en este juego de permisión-restricción, permisión-restricción. Nos preocupa caer en este juego de que todo tiene que resolverse con un sí o no a la minería”, concluyó Icaza.

El vocero argumentó que la minería es una industria al igual que muchas otras y que es lícita. Además, dijo que a escala internacional hay precedentes de cómo la minería ha contribuido a la reducción del cambio climático y que hay jurisdicciones de las cuales ya no se usa agua dulce para la industria minera.

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