“Guasmo tomado por pandilleros”, “Un muerto y tres heridos por ataque en barrio marginal”, “Floresta plagada de delincuentes”. Las páginas de sucesos de los diarios del país relataban la situación de inseguridad en el 2003, año en el que se dio la masacre en la farmacia Fybeca, en La Alborada, Guayaquil, el 19 de noviembre.

Comenzaba el año y las portadas se plagaban de noticias sobre Lucio Gutiérrez y el inicio de su mandato, sin embargo, en el interior de los periódicos se contaba cada día más casos de delincuencia, en ese tiempo se vivió un estado de inseguridad generalizado.

En la ciudad de Guayaquil enero empezó con múltiples ataques de pandillas. El día 4, un artículo del diario El Universo contaba que más de 60 000 jóvenes participaban en grupos callejeros. El día anterior se velaba a la pequeña Angy Solórzano de nueve años, víctima de un disparo durante el enfrentamiento entre bandas en la tarde del primer día del año. Wilson Endara y Jaime Murillo eran asesinados por distintas pandillas el día 19. Varias víctimas más fallecieron a manos de bandas ese mes. Claro que estos grupos no eran los únicos protagonistas; varios asesinatos más, múltiples atracos y robos a casas ocurrieron en enero. Durante ese mes ya se habían unido a la policía del Guayas 849 nuevos agentes.

Febrero no fue diferente, varias noticias daban cuenta de la inseguridad en Guayaquil. El día primero, la prensa de la época revelaba que en el parque Centenario se realizaba un atraco cada dos horas. El día 6 otro artículo contó que debido a un aumento 19% de delitos en el país, la Policía y el Ejército realizarían un plan de acción conjunto contra la delincuencia.

Una semana después  se anunció el aumento de un 25% en los asaltos en Guayaquil, según datos de la Policía Judicial. Sobre el plan de acción conjunto las entidades dijeron que su disposición era “respetar los derechos humanos y no causar daños a la sociedad civil”.

Pese a todo, los ciudadanos parecían no estar protegidos ni por el Ejército. A finales de febrero, el día 26, un artículo de El Universo contaba la historia de Ramón Loor. Él era un comerciante de 33 años, había sido detenido por dos policías con los que consumió alcohol en un prostíbulo la noche del 7 de febrero de 2003, estuvo desaparecido desde entonces. El cadáver de Loor fue encontrado el 24 del mismo mes, los policías ya se habían dado a la fuga.

La delincuencia en el país se vivía de modo alarmante, y en los meses posteriores no cesó. En Guayaquil la prensa anunciaba 72 asaltos y 12 robos de vehículos durante el segundo fin de semana del mes de mayo. Los registros de la Fiscalía presentaban denuncias de 99 vehículos en marzo y 149 en abril, reflejando un enorme aumento. En agosto el día 30 el comandante general de la policía Jorge Poveda anunció el incremento de 1000 policías más en Guayaquil y Quito.

El 20 de octubre el alcalde Jaime Nebot habló sobre la inseguridad que se vivía, dijo: “La lucha contra la delincuencia es una lucha interminable, en eso tenemos que asumir la responsabilidad todos, Gobierno, Municipio y ciudadanos”. La situación que se vivía no cambiaba pese al aumento de policías. Atracos, asesinatos por robo, por pandillas, asaltos a bancos eran noticia diaria. Una encuesta realizada entonces por la empresa Datanálisis, reveló que 7 de cada 10 guayaquileños se sentían inseguros. El 84% afirmó haber dejado de realizar sus actividades cotidianas por miedo a la delincuencia.

Al finalizar el año las estadísticas de la Policía Judicial mostraban que en el 2003 el robo de carros, casas, estafas y robos menores fueron los delitos más cometidos en el país. En Guayaquil se registraron 9.283 denuncias por los delitos ya mencionados, de estas 4.256 corresponden a robos en la calle, 1.945 en domicilios y el resto a bancos, buses, entre otros. Según los datos cada día en Guayaquil entre 12 y 14 personas fueron víctimas de robo y se producían atracos en al menos seis casas.

El operativo más grave de ese año

La mañana del 19 de noviembre de 2003 se realizó un operativo policial para detener un atraco en la farmacia Fybeca del barrio la Alborada en Guayaquil, el resultado de este fueron 8 muertos y 3 desaparecidos, ninguno de ellos policía, informó la prensa de esa época.

Dos cadáveres se hallaban en el suelo junto a un vehículo. En el interior de la farmacia yacían el resto, dos cerca de la puerta, otro a pocos metros más hacia el interior de la farmacia, un cadáver más junto a un maletín en la caja de medicinas, estos figuran como los presuntos asaltantes, pero junto a la zona administrativa y al fondo de la farmacia se encontraba dos cuerpos más, pertenecientes a civiles.

Durante los acontecimientos el fotógrafo del diario El Universo, Martín Herrera, pudo capturar el momento en que Erick Salinas, ex agente de la policía judicial, se llevaba detenido a un hombre cubierto el rostro con la camiseta que vestía, más tarde sería identificado por su esposa como Johnny Gómez Balda, desaparecido desde entonces, al igual que César Mata Valenzuela y Erwin Vivar Palma. La Policía no supo explicar qué hacía Salinas en ese operativo y por qué, siendo un civil, hizo esa detención.

Los policías argumentaban que había sido un enfrentamiento armado entre los asaltantes y ellos. Sin embargo, la farmacia no contaba con cristales rotos o destrozos del mobiliario, solo cuerpos sin vida. Los fallecidos fueron José Cañar Reyes, Jazmani Rosero López, Raúl Salinas Chumacero, Miguel Ángel Quishpe Portillo, Richard Gonzalo Tello Jácome, Genny Germán Aguiar Vargas, Gime Córdova y Carlos Andrade Almeida.

Carlos Andrade Almeida tenía 32 años y era padre de una niña de tres meses, esa mañana fue a la farmacia por pañales y encontró la muerte con 11 disparos en su cuerpo. Junto a su cuerpo se halló una granada de mano, que según la policía entonces, no detonó pero fue activada. La Policía dijo que la granada fue llevada por los asaltantes, pero no pudo explicar por qué apareció junto al cadáver de quien no era asaltante.

Su esposa, Dolores Vélez, había sido avisada por el guardia del conjunto habitacional en el que vivía, que habían disparos en el barrio. Presintiéndo lo peor partió a buscar a su conyugue y al llegar vio como subían su cadáver en una camioneta. Durante 11 años no ha cesado su lucha por que se haga justicia.

Gime Córdova trabajaba como repartidor de la farmacia, estaba a punto de terminar su turno cuando sucedieron los hechos. Su cuerpo sin vida tenía un disparo en la nuca. Córdova era padre de un niño de dos años, esa mañana le esperaban en casa su hijo y su esposa Dolores Briones, pero no llegó. Una hora y media después cuando salieron a buscarlo se enteraron de su muerte.

Gracias a la foto que publica El Universo, donde se observa la detención de Johnny Gómez Balda, a quien su esposa reconoció en la foto, pudo saberse que la desaparición del mismo fue responsabilidad de la Policía. Pese a que su rostro fue cubierto por la camiseta que vestía, su esposa María Dolores Guerra reconocía a su marido.

Gómez, según contó su esposa al diario, era un comerciante de carnes en el camal municipal, había sido detenido por tenencia de armas el mes de junio del mismo año, un arma que usaba “para protegerse”, la cual tampoco le había sido devuelta desde entonces. María Dolores contó que el mismo día de la detención, aproximadamente a la 21H00, recibió una llamada de su marido, le advertía que estaba en el patio de la PJ encerrado en un carro rojo y que lo iban a matar. César Mata Valenzuela también desapareció el 19 de noviembre de 2003 y al igual que Johnny Gómez ese día, afirma la familia, llamó a pedir ayuda, realizó tres llamadas que contestó su hermano, en ellas explicaba que le tenían encerrado en un vehículo rojo, pedía que vayan con la prensa y hagan bulla. Erwin Vivar Palma es el otro desaparecido.

Durante los días posteriores las declaraciones de la policía afirmaban que la única persona que había sido detenida el 19 de enero de 2003 fue Seydi Vélez, quien en 2006 fue condenada a seis años de reclusión menor por robo con violencia en la farmacia Fybeca. Cuando se le preguntó a Erick Salinas sobre la detención, este afirmó haber entregado al detenido al sargento Gaybor, sin embargo la policía negó que fuese Johnny Gómez Balda el de la foto y afirmó haberlo interrogado y luego soltado.

Dieciséis días después del suceso, el 5 de noviembre del 2003, un texto de apoyo a la policía se publicaba en los periódicos. Dicho texto estaba suscrito por el alcalde Jaime Nebot, el gobernador Alberto Merchán, los presidentes de las cámaras de la Producción y asociaciones de Televisión y Radio, la Cruz Roja y los Bomberos.

Cinco días después el entonces comandante de la Policía, Jorge Poveda, dio explicaciones a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Explicó que la operación había sido dirigida por el mayor Eduardo González, quien no lo había comunicado a su superior, ni tenía autorización para llevar a cabo la operación. También declaró que González había sido trasladado a Guayaquil para investigar un supuesto atentado contra el alcalde Jaime Nebot y a otras autoridades.

Los agentes que participaron en el operativo fueron detenidos el 3 de diciembre del 2003 y permanecieron en prisión sin medidas cautelares, hasta el mes de abril de 2004. El día 27 de dicho mes, 14 de los 20 policías detenidos, se reincorporaron a sus funciones. Dos días después se ordenaba fianza para los seis restantes, entre los que estaba Eduardo González quien comandó el operativo. Finalmente el 27 de septiembre del 2004 la Segunda Sala de la Corte Distrital de la Policía sobreseyó a los 20 agentes implicados.

Durante casi 10 años los involucrados estuvieron libres, sin embargo, el 14 de noviembre de 2013 volvieron a presentarse ante una audiencia, citada por la Fiscalía, donde se les acusa de grave violación de los derechos humanos y ejecución extrajudicial. En el informe de 2010 de la Comisión de la Verdad, esta clasificaba a las muertes en la farmacia Fybeca del 19 de enero de 2003 como grave violación de los derechos humanos, recomendando a la fiscalía investigarlo.

Con la creación de la Dirección de Derechos Humanos en la Fiscalía se decide investigar el caso de “Las Dolores”.  La nueva investigación incluyó al ex comandante general Jorge Poveda, a quien se acusa de coautoría por haber ordenado el pase de González a Guayaquil, dos meses antes de los sucesos. Los indicios que la fiscalía indicó son que quienes actuaron en el caso “las Dolores” podrían haber sido un grupo especial antidelincuencial formado, al margen de la ley, por policías de Guayaquil.

El juicio es contra de 31 presuntos implicados, de los cuales 28 son policías, 14 de ellos en activo y el resto en servicio pasivo. También se investiga a tres abogados que fueron jueces policiales en el 2003. El juez Jorge Blum estableció prisión preventiva para 20 de los procesados, cinco deben presentarse cada 15 días ante un juez y seis tienen prohibido abandonar el país durante los 90 días que durará la instrucción fiscal.