La demanda de acción de protección presentada por Christian Veloz, presidente de la Asociación de Profesionales de la Educación, un tecnólogo quien dicta cátedra de Ciencias Naturales en la parroquia de Amaguaña, evidencia los temores de buena parte de la comunidad educativa, sobre todo fiscal, para el retorno al trabajo presencial. Aunque este 12 de enero la acción fue negada por la jueza de Pichincha Norma Medrano, los efectos de la decisión del Ministerio del retorno a las aulas para los 160 mil maestros se habrían suspendido. 

Según dispuso el Ministerio de Educación el año pasado, los docentes debían presentarse el pasado 4 de enero en sus colegios, para realizar desde los colegios las mismas actividades pedagógicas que están realizando ahora por medio de aplicaciones de internet como Zoom, Teams y otros. 

En efecto, los docentes no han suspendido sus actividades. Cecilia, una profesora fiscal del sur de Quito, sostiene que casi todos los días tiene reuniones tanto de juntas de curso, tanto pedagógicas del área en donde dicta su materia, cuanto de planificación, a los que se conectan las autoridades de su colegio, como el rector, el vicerrector y el inspector general. En las juntas de curso, por ejemplo, los profesores de cada materia se conectan vía Teams y analizan el desempeño de cada estudiante, así como buscan las formas de solucionar los problemas que se reportan. 

Acción de Protección

Veloz presentó el pasado 15 de diciembre una acción de protección constitucional contra la ministra de Educación, Monserrate Creamer, y el procurador general del Estado, Íñigo Salvador. Aunque este 12 de enero de 2021 la acción fue negada por la jueza Medrano, el docente sostiene que se logró detener el retorno a las labores presenciales de los maestros, pues en la audiencia, que tuvo lugar por vía telemática, los abogados del Ministerio de Educación sostuvieron que el memorando del 2 de diciembre, con el cual se dispuso el retorno al trabajo presidencial de los educadores, había quedado insubsistente, por lo que el intento de que los docentes vuelvan a trabajar de manera regular en los colegios vacíos está detenido.

Debido a la aparición de una nueva variante del coronavirus, se había establecido que el trabajo presencial de los docentes estaba suspendido por lo menos hasta el 18 de enero de 2021. Según explicó Veloz, al haberse declarado sin valor el memorando del 2 de diciembre del Ministerio de Educación, los maestros siguen en teletrabajo, con excepción de aquellos que laboran en instituciones que están en planes piloto de vuelta a clase.

Todo empezó el pasado 2 de diciembre, cuando el Ministerio emitió un memorando enviado a las direcciones educativas de todo el país disponiendo el retorno de todos los profesores de manera presencial al trabajo. 

Según el Ministerio, la medida buscaba que los maestros refuercen "el trabajo sicoemocional de los estudiantes, el proceso de enseñanza aprendizaje, la permanencia escolar", entre otros. Para el retorno, el Ministerio recomendó las habituales medidas de bioseguridad, como el lavado de manos y que en las reuniones los docentes estén a por lo menos dos metros de distancia. El documento fue firmado por el director nacional de Talento Humano, Lenin López. 

Fue contra este documento que Christian Veloz presentó una acción constitucional de protección, que recayó en la jueza de la Familia del norte de Quito. La magistrada, en su providencia del día 23 de diciembre, ordenó como medida cautelar la suspensión del retorno al trabajo de los docentes, lo que fue informado al Ministerio de Educación.

Según Veloz, los derechos que la orden ministerial violentaba eran el derecho a un hábitat seguro y saludable, el derecho a la integridad física, el derecho al trabajo y el derecho a la protección a las personas integrantes de la familia.

Recomendaciones pero no mascarillas 

Para el denunciante, el Ministerio se limitó a hacer meras recomendaciones, pero no llegó a dotarles de los insumos de bioseguridad, como serían, por ejemplo, las mascarillas y el gel de manos, así como garantizar la provisión de agua potable y jabón para el lavado de manos en las instituciones educativas.

Veloz cuestionó también que la mayoría de las tareas que el Ministerio pretendía que se realicen de forma presencial ya son efectuadas por los docentes, quienes no solamente siguen dando clases por medio de plataformas como Teams, Zoom y otros, sino asistiendo a reuniones, entregando planificaciones y exámenes y manteniendo contacto permanente con las autoridades de sus instituciones. 

Recalcó que la mayoría de colegios no han recibido el adecuado mantenimiento en los meses de cierre por la pandemia, así como tampoco hay suficiente personal de conserjes que realicen las tareas de limpieza y desinfección de los espacios. Recordó además que las conexiones de internet en los colegios suelen ser de bajo velocidad, limitadas a las oficinas administrativas o a los centros de cómputo, y que hay instituciones pequeñas que tienen por lo menos 40 docentes, así como otras en donde los profesores superan los 200. El dirigente se preguntó de qué forma el Ministerio va a garantizar que los docentes sigan dando clase desde los colegios si no cuentan con suficientes conexiones de internet ni equipos adecuados. 

La demanda pidió y obtuvo que se realice una inspección judicial en la Unidad Educativa Brethren, ubicada en Llano Grande, parroquia Carapungo, en donde se constató la falta de servicios básicos y de instalaciones adecuadas para garantizar el trabajo presencial de los docentes. 

En la demanda se pidió también que el Ministerio informe cuántos docentes están en situación de vulnerabilidad y cuántos se han contagiado de Covid. En el caso de la vulnerabilidad, el Ministerio declaró que se toman en cuenta los criterios dispuestos por el ministerio de Trabajo, que consideran aspectos como enfermedades crónicas no transmisibles tales como hipertensión, diabetes o VIH "en estado terminal" como causales para pedir continuar en teletrabajo. El Ministerio dispuso que sean las autoridades de cada colegio quienes decidan qué docentes van a continuar en teletrabajo y cuáles sí pueden volver a las aulas y oficinas en los colegios. 

Los mensajes de los maestros 

El dirigente puso en conocimiento de la jueza los mensajes recibidos de algunos docentes de su organización de todo el país. Así, Lorena L. escribió "ninguna institución cuenta con esas medidas", mientras Nancy C dijo "yo tomó cuatro buses para llegar". Isabelita P. desde Alausí, sostuvo que en la Unidad Educativa donde trabaja o hay conserje ni servicios básicos y que la localidad se encuentra a dos horas y media de Riobamba. 

Miryam R. agregó que viajar a los lugares de trabajo los expondría al contagio, mientras que Flor B. dijo que la solución que el Ministerio propone es que sean los propios docentes y los padres de familia los que limpien los espacios. 

En efecto, otro documento del Ministerio al que tuvo acceso este portal enfatiza en el "autocuidado" entendido como que cada profesor debe desinfectar los espacios que use por su cuenta, así como llevar su gel y mascarilla. Y en el escenario de que los estudiantes vuelvan a clase, asegura que ellos mismos deberán desinfectar su pupitre al llegar a clase, al retornar del recreo y antes de irse, con el alcohol que deberán traer de sus propios hogares. 

Myreya L. agregó "no hay garantías, tenemos que cuidarnos como podemos", mientras que Fátima A. una docente también citada en el documento presentado a la jueza por Veloz, sostuvo que en las instituciones no hay ni siquiera agua para lavarse las manos, menos aún jabón. 

Pero a pesar de que la acción de protección fue negada por la jueza -quien aceptó el criterio de los abogados del Ministerio de que ya había quedado insubsistente- Veloz considera que la decisión de la magistrada fue un triunfo para los docentes que, aclara, no se niegan a trabajar sino que piden que el retorno se realice en los colegios en donde realmente no hay conectividad y se ha perdido contacto con una importante cantidad de los alumnos. También, sostiene que se debe proveer a los profesores de los insumos básicos para su protección e incluirles en el programa de vacunación. Al momento, el gobierno ha anunciado la vacunación de los médicos y los elementos de la Policía y las Fuerzas Armadas, pero no se ha pronunciado sobre la vacunación de los docentes. 

En la interpretación de Veloz, la acción que presentó significa que los docentes ya no volverán a las instituciones educativas por el momento, aunque admite que el 18 de enero deberían regresar las instituciones educativas autorizadas por el COE Nacional. Al respecto, se mostró confiado en que el vocero del COE, Juan Zapata, ya había anticipado que el retorno de los proyectos piloto podría no darse el 18 de enero, dependiendo de la situación epidemiólogica en el país. 

"Es un triunfo haber logrado suspender el retorno progresivo de las y los docentes a nivel nacional", estimó el dirigente. 

Por su parte, en un comunicado, el Ministerio de Educación si bien destacó que la acción fue negada por la jueza, dijo que "acatará las disposiciones del COE Nacional en las disposiciones del Sistema Educativo" y, por ello, sostuvo que "las decisiones de retorno alternado a las actividades presenciales se dispondrán en atención a la evaluación de la emergencia sanitaria".

De esta forma, en su primer comunicado, el Ministerio no dejó claro cuándo o si es que los maestros serán nuevamente convocados a trabajar presencialmente en los colegios, pero ató su decisión a las medidas del COE Nacional y a la evaluación de la pandemia, sin fijar una fecha específica. 

Finalmente, en horas de la tarde del 14 de enero, el Ministerio indicó que aspira a que los docentes vuelvan a actividades presenciales en los colegios desde el 9 de febrero, así como las instituciones que están en planes piloto, aunque dejó abierta la posibilidad de que eso se modifique de acuerdo con la situación epidemiológica y las resoluciones que, al respecto, tome el COE nacional.